TA VAL - Sentencia 76001-33-40-021-2016-00505-02 (06-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

PROCESO: 76001-33-40-021-2016-00505-02

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO —

LABORAL—

DEMANDANTE: SARA ALIRIA VICTORIA HOLGUÍN

carlossanchezjuridico@gmail.com camilomurcia1982@hotmail.com

DEMANDADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

notificacionesjudiciales@cali.gov.co carlossanchezjuridico@gmail.com jamith.valencia@cali.edu.co

MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DE CALI

(procjudadm19@procuraduria.gov.co)

ASUNTO: NIVELACIÓN Y HOMOLOGACIÓN SALARIAL CON

RESPECTO A LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS EN

OTRO CARGO. CONFIRMA DECISIÓN QUE NEGÓ

PRETENSIONES.

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES

Santiago de Cali, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decidirá la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia 64 del 18 de mayo de 2022, proferida por el Juzgado 21 Administrativo de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. La señora Sara Aliria Victoria Holguín presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el distrito de Santiago de Cali, en la que solicitó

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. La señora Sara Aliria Victoria Holguín presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el distrito de Santiago de Cali, en la que solicitó la nulidad del oficio 4143.3.13.4097 del 28 de agosto de 2015, que negó la nivelación salarial de la demandante, quien ejerce el cargo de auxiliar administrativo , código 407, grado 6, frente a los funcionarios que ocupan el cargo de profesionales universitarios grado 2 y 4 que, según la actora, realizan funciones iguales en las instituciones educativas del ente territorial.Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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3. A título de restablecimiento del derecho, pidi ó que se ordene a la demandada a que reconozca y pague a la demandante la diferencia salarial y prestacional que existe entre el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 6 y el cargo de profesional universitario, grado 4. Así mismo, pidió que , en lo sucesivo, se ordene que su remuneración salarial y prestacional sea la que devenga el profesional universitario, grado 4. Por último, pretende la indexación de las sumas conforme al IPC1 vigente y que se paguen las diferencias de los aportes a la seguridad social.

2. Hechos

4. Relató que, por Decreto 411.0.20.0284 del 27 de abril de 2012, el distrito de Santiago

IPC1 vigente y que se paguen las diferencias de los aportes a la seguridad social.

2. Hechos

4. Relató que, por Decreto 411.0.20.0284 del 27 de abril de 2012, el distrito de Santiago de Cali incorporó a Sara Aliria Victoria Holguín al cargo de auxiliar administrativo, grado 6 de la planta de cargos de esa entidad. Que, el 10 de mayo de 2012, la actora se posesionó en ese cargo según acta de posesión 4143.3.12.1.12091 , con una asignación salarial de $ 1’302.626.

5. Afirmó que los empleados, como la demandante, que se desempeñan en el cargo de auxiliar administrativo, código 407, grado 6, y aquellos que son profesionales universitarios con escalafón grado 2 y grado 4 desarrollan las funciones que la actora realiza de forma adicional a las asignadas. Lo anterior, en acatamiento a la Circular nro. 4143.3.10.4662 del 25 de agosto de 2014 en la que la Secretaría de Educación de Cali impartió órdenes iguales a los auxiliares y/o profesionales.

6. Señaló que , por oficio 4143.3.13.4097 del 28 de agosto de 2015, el distrito de Santiago de Cali negó la solicitud de nivelación salarial al personal administrativo

(entre ellos, la demandante) adscritos a la dependencia de la Subsecretaria para la Dirección y Administración de la entidad Territorial.

3. Normas violadas y concepto de violación

7. La parte demandante dijo que, por el proceder del distrito de Santiago de Cali, se vulneró el artículo 13 de la CP, la Recomendación 111 de la OIT, el artículo 5 de la

3. Normas violadas y concepto de violación

7. La parte demandante dijo que, por el proceder del distrito de Santiago de Cali, se vulneró el artículo 13 de la CP, la Recomendación 111 de la OIT, el artículo 5 de la Ley 6 de 1945 y el artículo 143 del Código Sustantivo del Trabajo.

8. Básicamente, la parte actora planteó que el acto administrativo que negó la homologación y nivelación salarial desconoció el principio de a igual trabajo, igual salario. Relató que las funciones de auxiliar administrativo son las estipuladas en el Decreto 00267 del 24 de junio de 2003.

9. Sin embargo , afirmó que la demandante —desde su posesión — viene desempeñando actividades adicionales a las de su cargo y que son las mismas asignadas a los profesionales universitarios grado 2 y 4, que realizan actividades de pagaduría y tesorería . Como ejemplo de lo anterior, trajo a colación el cargo desempeñado por el señor Álvaro Hugo Alegría Ramírez (profesional universitario grado 4 en la Institución Educativa Celmira Bueno Orejuela) . Así mismo, c itó las

funciones de profesional universitario así:

1 Índice de Precios al Consumidor.Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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• Novedades de nómina. • Firmas de cheques. • Compras de suministros y materiales de aseo, papelería, reparación y mantenimiento.

Sentencia de segunda instancia 3

• Novedades de nómina. • Firmas de cheques. • Compras de suministros y materiales de aseo, papelería, reparación y mantenimiento. • Compras de bienes y equipos. • Pagos de cuenta de cobro y servicios. • Dar cumplimiento al manual de contratación y tesorería de los fondos de servicios educativos, que son elaborados por los consejos directivos de las instituciones educativas contemplados en el Decreto 4791 del 2008.

10. Desde esa perspectiva , concluyó que Sara Aliria Victoria Holguín desempeña funciones que implican una asignación salarial superior a la que devenga actualmente, pues existe una clara homogeneidad en el desempeño de funciones entre la demandante y los profesionales universitario s que realizan funciones de pagaduría y tesorería de las instituciones educativas.

4. Contestación de la demanda2

11. El apoderado del distrito de Santiago de Cali se opuso a las pretensiones de la demanda. Dijo que la clasificación de cargos y el sistema salarial permiten la existencia de empleos con funciones similares, pero remuneraciones diferentes, siempre que esto se justifique en razones objetivas, como el grado de responsabilidad asignado a cada puesto.

12. A su juicio, para reclamar la igualdad de salario, se debe demostrar que ambos trabajadores realizan el mismo trabajo bajo las mismas condiciones de eficiencia, responsabilidad, intensidad y calidad. Sin embargo, en este caso, Sara Aliria Victoria Holguín no ha demostrado que su labor se haya ejercido en igualdad de condiciones con el cargo de profesional universitario, por lo que ha incumplido con la carga de la prueba del artículo 167 del CGP.

Holguín no ha demostrado que su labor se haya ejercido en igualdad de condiciones con el cargo de profesional universitario, por lo que ha incumplido con la carga de la prueba del artículo 167 del CGP.

13. Aclaró que, por Decreto 0145 del 16 de abril de 2003, se crearon unos empleos y se adicionó la planta de personal administrativo de las instituciones educativas oficiales del distrito de Santiago de Cali ( financiada con los recursos del Sistema General de Participaciones). Así, se profirió el Decreto 00267 de 2003 que adoptó el manual específico de funciones y requisitos de los empleos administrativos de esa planta de personal, por lo que la actora ha desempeñado las funciones para las que fue nombrada y que cualquier función adici onal asignada ha respetado siempre la naturaleza de su cargo, conforme a lo estipulado en el Decreto 00267 de 2003.

5. Sentencia de primera instancia3

14. Mediante sentencia 64 del 18 de mayo de 2022, el Juzgado 21 Administrativo de Cali negó las pretensiones de la demanda , pues consideró que la parte actora no

2 Índice 3, carpeta «1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)», archivo pdf. «2016-00505-00 CUADERNO 1.pdf» , folios 141—149 (expediente de segunda instancia en Samai). 3 Índice 3, carpeta «1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)», archivo pdf. « 0015. SENTENCIA 1RA INSTANCIA» (expediente de segunda instancia en Samai).Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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Demandante: Sara Aliria Victoria Holguín

(expediente de segunda instancia en Samai).Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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logró demostrar que cumplía sus funciones en igualdad de condiciones con los profesionales universitarios grado 4. Enfatizó que Sara Aliria Victoria Holguín no acreditó que su desempeño laboral se diera con la misma eficiencia, responsabilidad, intensidad y calidad que el de los profesionales con los que comparaba su situación.

15. Manifestó que, aunque la demandante realizaba algunas funciones similares a las de los profesionales unive rsitarios, esto no significaba que estuviera ejerciendo el mismo cargo. Al respecto, a nalizó la diferencia de la naturaleza del cargo que desempeñaba la demandante (auxiliar administrativo —nivel asistencial— grado 6) con el que pretendía equiparar su salario (profesional universitario —nivel profesional— grado 4). De esta forma, concluyó que los requisitos de formación y experiencia eran diferentes, lo que justificaba así la disparidad en la remuneración.

16. La primera inst ancia no evidenció que la actora haya asumido la totalidad de responsabilidades propias del cargo de profesional universitario grado 4, lo que impedía aplicar el principio de «a trabajo igual, salario igual ». Estimó que, p ara que procediera la nivelación salarial, era necesario demostrar no solo la similitud en las funciones, sino también la igualdad en la categoría del cargo, la preparación académica y la experiencia profesional, aspectos que la actora no cumplía, ya que

procediera la nivelación salarial, era necesario demostrar no solo la similitud en las funciones, sino también la igualdad en la categoría del cargo, la preparación académica y la experiencia profesional, aspectos que la actora no cumplía, ya que solo contaba con formación de bachiller y no con un título universitario.

17. Reiteró que la diferencia en la remuneración no era arbitraria ni discriminatoria, sino que respondía a parámetros legales establecidos para la estructura salarial del sector público. En consecuencia, determinó que no se había probado la vulneración del derecho a la igualdad ni la existencia de una razón jurídica para ordenar la nivelación salarial solicitada.

6. Apelación4

18. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso de apelación. A su juicio, la primera instancia no valoró en debida forma las pruebas aportadas, ya que no tuvo en cuenta algunos documentos. Hizo especial énfasis en la Circular (oficio) nro. 4143.3.10.4662 de 2014, que establecía directrices para la liquidación de horas extras de auxiliares administrativos y profesionales que realizaban funciones de pagador. Añadió que se presentaron manuales de funciones de distintos años y documentos fina ncieros como conciliaciones bancarias, comprobantes de egresos y actas de l Fondo de Servici o Educativo (FSE), que demostraban la similitud de las funciones desempeñadas por distintos funcionarios del área administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali.

19. Afirmó que la parte demandante ejercía las mismas funciones de pagaduría y tesorería que los profesionales universitarios grado 4, pero sin recibir la misma

del área administrativa de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali.

19. Afirmó que la parte demandante ejercía las mismas funciones de pagaduría y tesorería que los profesionales universitarios grado 4, pero sin recibir la misma remuneración. En este sentido, hizo referencia al artículo 53 de la CP, que establece el principio de «trabajo igual, salario igual », así como al Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prohíbe la discriminación en materia de empleo y condiciones laborales.

4 Índice 3, carpeta «1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)», archivo pdf. «0016. RECURSO APALEACION DTE» (expediente de segunda instancia en Samai).Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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20. Sostuvo que sí existían pruebas suficientes que demostraban la discriminación salarial y el incumplimiento de las normas laborales por parte del distrito de Santiago de Cali. Para ello , hizo alusión a la modificación de los manuales de funciones en años posteriores, lo que, según el demandante, se hizo con el propósito de ocultar la igualdad de actividades desempeñadas por diferentes cargos administrativos. Adujo que esta práctica constituía una estrategia para justificar diferencias salariales y para evitar la nivelación de sueldos entre empleados que realizaban las mismas funciones.

21. Además, denunció una práctica discriminatoria del distrito de Santiago de Cali,

diferencias salariales y para evitar la nivelación de sueldos entre empleados que realizaban las mismas funciones.

21. Además, denunció una práctica discriminatoria del distrito de Santiago de Cali, ya que , según la apelación, la entidad territorial había contratado a más de diez profesionales universitarios grado 4 y grado 2 para realizar funciones asistenciales adicionales, tales como pagaduría y tesorería, sin reconocer el mismo derecho de nivelación salarial a los funcionarios administrativos de menor grado , pero que realizaban las mismas actividades.

22. También se refirió al Decreto 4791 de 2008, que regula la gestión financiera de los Fondos de Servicios Educativos y exige que los manuales de funciones especifiquen quién debe ejercer la función de tesorería o pagaduría. Según la apelación, el distrito de Santiago de Cali incumplió con esta obligación, permitiendo así que funcionarios de distintos niveles salariales realizaran las mismas funciones sin una regulación clara.

23. Resaltó que la diferencia salarial entre la parte demandante y los profesionales universitarios grado 4 no tenía justificación objetiva, pues, aunque los requisitos académicos para acceder al cargo fueran distintos, las actividades desempeñadas eran esencialmente las mismas. En este sentid o, expuso que la falta de nivelación salarial representaba una práctica discriminatoria que contraría los principios en materia laboral.

7. Trámite en segunda instancia

24. El Juzgado 21 Administrativo de Cali, mediante auto 493 del 29 de junio de 20225, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 64 del 18 de mayo de 2022.

24. El Juzgado 21 Administrativo de Cali, mediante auto 493 del 29 de junio de 20225, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 64 del 18 de mayo de 2022.

25. Por auto del 24 de octubre de 20226, el Tribunal Administrativo del Valle admitió el recurso de apelación y advirtió que durante la ejecutoria de esa providencia las partes podían pronunciarse sobre el recurso de apelación, mientras que el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

5 Índice 3, carpeta «1_ED_01PRIMERAINSTANCIAZ(.zip)», archivo pdf. «0018. auto No. 493 del 29 de junio de 2022 exp 2016-00505-00 » (expediente de segunda instancia colgado en Samai). 6 Índice 6 del expediente de segunda instancia colgado en SamaiProceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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26. Sin embargo, según la constancia secretarial del 12 de diciembre de 2022, una vez notificada y ejecutoriada la providencia del 24 de octubre de 2022 , las partes y el Ministerio Público guardaron silencio7.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

27. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación presentada por la parte

CONSIDERACIONES

1. Competencia

27. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación presentada por la parte demandante contra el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 21

Administrativo de Cali.

2. Problema jurídico

28. En los términos del recurso de apelación , la Sala determinar á si la decisión de negar las pretensiones de la demanda estuvo ajustada a derecho, porque no se demostró que la diferencia en la remuneración salarial de la actora era arbitraria o discriminatoria para ordenar su nivelación salarial. O si, como lo dice la apelación, se encuentra acreditado que l a demandante, quien ocupa el cargo de auxiliar administrativo código 407 grado 6, tiene derecho a que le sea n reconocidas las diferencias salariales y prestacionales frente a los funcionarios que desempeñan el cargo de profesional universitario grado 4 , ya que la actora ejerce las mismas funciones.

3. Solución al caso

29. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda, porque, de los medios de prueba , no se pud ieron establecer los elementos estructurales establecidos en la jurisprudencia para que proceda la nivelación salarial.

30. Para sustentar esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes aspectos: i) el proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos; ii) el principio «a trabajo igual salario igual» y prueba para que proceda la nivelación salarial . Jurisprudencia aplicable , y iii) el caso concreto.

3.1. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los

para que proceda la nivelación salarial . Jurisprudencia aplicable , y iii) el caso concreto.

3.1. El proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos

31. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto 1607 del 9 de diciembre de 2004, se pronunció frente al proceso de homologación del personal administrativo al servicio de los establecimientos educativos, replicado recientemente por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en sentencia del 19 de septiembre de 20248.

7 índice 11 del expediente de segunda instancia colgado en Samai. 8 C.P. Fl avio Augusto Rodríguez Arce, expediente: 08001 -23-31-000-2014-00796-01(2678-19). Reiterada en sentencia del 19 de septiembre de 2024, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, expediente: 08001 23 33 000 2014 00916 01 (3341-2019)Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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32. En el referido concepto, se explicó que , con la Ley 43 de 1975 9, se nacionalizó el servicio de educación primaria y secundaria, que venían prestando los departamentos, municipios, inten dencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1° de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

departamentos, municipios, inten dencias, comisarías y distritos. Dicho proceso se llevó a cabo desde el 1° de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.

33. Luego, a través de la Ley 60 de 199310, se ordenó la descentralización del servicio educativo. Allí se dispuso la entrega por parte de la Nación, de los bienes, el personal y los establecimientos educativos, a los departamentos y distritos, por lo que quedó determinado que el personal administ rativo del sector educativo que venía prestando sus servicios a la Nación por mandato legal debía entregarse al respectivo ente territorial, para que entren a formar parte de sus plantas de personal.

34. La Ley 715 de 2001 11pretendió municipalizar el serv icio educativo que había quedado en el departamento. Al respecto, el Consejo de Estado (2019)12 advirtió que la nueva legislación, a diferencia de la Ley 60 de 1993 —que fijaba un porcentaje de recursos que luego se prorrateaba entre los departamentos y di stritos, para ser distribuidos entre los sectores de educación y salud —, estableció un porcentaje de los recursos para cada uno de los sectores que posteriormente se repartiría entre los municipios, distritos y departamentos (artículo 4 de la Ley 715 de 2001).

35. En la misma jurisprudencia, el Alto Tribunal explicó13 que, con los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 715 de 2001, se llevó a cabo el proceso de descentralización territorial de la educación que entregó a los departamentos, distritos y municipios certificados, la planeación, dirección y prestación directa del serv icio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.

de la educación que entregó a los departamentos, distritos y municipios certificados, la planeación, dirección y prestación directa del serv icio educativo en condiciones de equidad, eficiencia y calidad.

36. Por último, r efirió que la Ley 715 de 2001 estableció que las plantas de cargos docentes de las instituciones educativas serían organizadas de forma conjunta por la Nación, los departame ntos, distritos y municipios en un plazo máximo de dos años (artículos 34 y 37) . Además, la provisión de cargos de las plantas financiadas con recursos del SGP14 se debía realizar por la entidad territorial dando prioridad al personal que ya estaba vinculado y que cumplía con los requisitos para ejercer el cargo (artículo 34).

37. Respecto de las implicaciones del citado proceso de descentralización, la Sala de Consulta y Servicio Civil consideró las siguientes:

9 «Por la cual se nacionaliza l a educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones». 10 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones». 11 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».

356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros». 12 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de marzo de 2019, radicación número: 66001-23-33-000-201600423-01(3575-18). 13 Ibidem. 14 Sistema General de Participaciones.Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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1. como consecuencia del proceso de descentralización del sector educativo, las entidades territoriales debían recibir el personal administrativo contemplado en las respectivas plantas de personal adoptadas conforme a la ley, mediante el procedimiento de la incorporación, previa homologación de los cargos, sin detrimento de la autonomía de las entidades territoriales, para determinar la estructura de sus administraciones, fijar las escalas salariales de sus empleados públicos, y establecerles un límite máximo salarial, dentro del cual las entidades pudieran ejercer sus competencias según su situación fiscal. ii) la incorporación suponía, de un lado, que los departamentos debían reajustar, atendiendo sus necesidades, su estructura orgánica y funcional para cumplir con los fines del servicio educativo y, de otro, que la inclusión en la nueva planta debía tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el nivel de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales

tomar en cuenta no sólo el aspecto formal de los empleos, como su nomenclatura y grado, sino de manera primordial su clasificación por la naturaleza de las funciones, el nivel de responsabilidad y los requisitos para su ejercicio, con sujeción a los manuales respectivos, para de esta manera determinar la remuneración, lo cual debió cumplirse dentro del proceso de homologación. iii) las condiciones de incorporación n o estaban sometidas a la discrecionalidad de las autoridades departamentales, sino a las resultas de un estudio técnico concertado que permitiera ubicar los servidores en el grado de remuneración que correspondiera a las funciones que debían cumplir, a los requisitos exigidos para el cargo que conforme a las necesidades del servicio debían desempeñar y a los demás elementos estructurales del empleo, dentro de los límites establecidos por el Gobierno Nacional en desarrollo de los decretos reglamentarios de la Ley 4 de 1992. iv) el personal administrativo tenía una connotación muy particular, en tanto si bien, sus salarios debían ser cubiertos con el situado fiscal, cuando el salario en la entidad territorial fuera superior al que devengaba en la Nación, esa d iferencia debía asumirla esta última, pues se imponía la nivelación, pero los recursos propios se comprometían si la incorporación desconoció los parámetros legales o el límite reglamentario de incremento salarial dispuesto por el Gobierno. v) en el evento de existir mayores costos con ocasión del proceso de homologación en virtud de la Ley 715 de 2001, si el proceso se cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asumirlos el Sistema General de Participaciones; si no existía disponibilidad, serían de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo contrariando

se cumplió conforme a derecho y existía disponibilidad, debía asumirlos el Sistema General de Participaciones; si no existía disponibilidad, serían de cargo de la Nación. Si el respectivo municipio homologó e incorporó al personal administrativo contrariando el orden jurídico, respondería con sus recursos propios.

3.2. El principio «a trabajo igual salario igual» y prueba para que proceda la nivelación salarial. Jurisprudencia aplicable

38. La Corte Constitucional 15 indicó que el principio «a trabajo igual, salario igual », responde a un criterio relacional, propio del juicio de igualdad. En ese contexto, el test de igualdad es una herramienta metodológica para la valoración de la posible afectación del derecho fundamental en una situación concreta. Al respecto, se debe verificar la identidad existente en las funciones que desarrollan dos sujetos, «si están sometidos a un régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo para proceder a establecer si, a pesar de ello, cada uno recibe una remuneración diferente».

39. En tal sentido, la discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación. Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras: (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluaci ón y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura

15 Sentencia T-833 de 2012, expediente T-3.561.818Proceso: 76001-33-40-021-2016-00505-02

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institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se muestran prima facie análogos , y (iii ) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos empleos.

40. De acuerdo con lo expuesto, la protección consti tucional del principio de « a trabajo igual, salario igual » se sustenta en la eficacia de los principios mínimos del trabajo, tanto de remuneración acorde con la cantidad y calidad de la labor, como el de la primacía de la realidad sobre las formas dentro de la relación laboral16.

41. En lo que corresponde a la solicitud que haga el funcionario de la nivelación salarial, la Corte Constitucional ha reiterado que debe acreditar que cumple idénticas funciones a las asignadas al cargo del cual reclama el salario. También que en el empleo asume idénticas responsabilidades a las dispuestas para este y, finalmente, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo. En resumen, para determinar si el sa lario debe ser igual entre dos trabajos se debe acreditar que: «i) ejecutan la misma labor, ii) tienen la misma categoría, iii) cuentan con la misma preparación, iv) coinciden en el horario y, finalme