TA VAL - Sentencia 76001-3333-013-2019-00296-02 (13-03-2025)

REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA -SEGUNDA INSTANCIASantiago de Cali, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación No. 76001-3333-013-2019-00296-02

Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Demandante LUZ AMALIA AÑASCO NOGUERA

liliana_gutmann@hotmail.com agp323@yahoo.com

Demandado : FISCALIA GENERAL DE LA NACION

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Tema: BONIFICACION JUDICIAL/DECRETO 382 DE 2013

Decisión CONFIRMA SENTENCIA QUE ACCEDE PARCIALMENTE A LAS

SÚPLICAS DE LA DEMANDA

Mag. Ponente : FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ

Procede la Sala Segunda Jurisdiccional de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 277 del 29 de agosto de 2024, por la cual el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali, accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES :

Por conducto de apoderado judicial la señora Luz Amalia Añasco Noguera, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, en ejercicio del medio de control d e nulidad y restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 1, demanda2 a la fiscalía general de la Nación, en orden a obtener las siguientes,

DECLARACIONES:

restablecimiento del derecho , consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 1, demanda2 a la fiscalía general de la Nación, en orden a obtener las siguientes,

DECLARACIONES:

 Que previa inaplicación de la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones”, contenida en el artículo 1º del Decreto No. 382 de 2013, se declare la nulidad de l Oficio N° SRAP-31000-136 de mayo 8 de 2019 y de la Resolución No. 21977 del 31 de julio de 2019, que por medio de los cuales la Fiscalía general de la Nación negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. 2 Índice 013 del expediente digital de primera instancia. Archivo 01. Páginas 01-09. Plataforma SAMAI.2

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 salarial para liquidar las prestaciones sociales a favor de la señora Luz Amalia Aña sco Noguera.

 Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la fiscalía general de la Nación el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas por la demandante, causadas desde el 1 de enero de 2013.

• Que se dé cumplimiento a la sentencia con arreglo a lo dispuesto en los artículos 187, 188, 192 y 195 del CPACA.

Los HECHOS expuestos por la parte actora como fundamento de sus pretensiones, se sintetizan en la siguiente forma:

188, 192 y 195 del CPACA.

Los HECHOS expuestos por la parte actora como fundamento de sus pretensiones, se sintetizan en la siguiente forma:

La actora quien sostiene una relación legal y reglamentaria con la fiscalía general de la Nación elevó petición ante dicha entidad, solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales devengadas.

En respuesta a dicha petición se expidió el acto administrativo por medio del cual la fiscalía general de la Nación despachó negativamente la solicitud de la demandante. Dich a decisión al ser sometida al recurso de apelación fue confirmada íntegramente a través de la resolución atacada.

RAZONES DE LA DEFENSA

Contestó la fiscalía general de la Nación3, que los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador al titular de la acción penal a través del Decreto 382 de 2013, el cual se encuentra vigente al ceñirse a la Constitución y la ley.

Explicó que, la Corte Constitucional mediante sentencia C-279 de 1996, declaró exequible la frase “sin carácter salarial”, contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, con base en que el legislador puede determinar qué componentes constituyen salario y “el considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona derechos de los trabajadores y, no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado Colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional.”

trabajadores y, no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado Colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional.”

Agregó que el Decreto 382 de 2013 tuvo su origen en un acuerdo de voluntades fruto de las negociaciones del Gobierno Nacional, con las asociaciones sindicales, quienes

3 Índice 017 del expediente digital de primera Instancia. Plataforma SAMAI.3

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 debatieron, y acordaron que la bonificación judicial tendría factor salarial únicamente para la base de cotización al sistema general de pensiones y de seguridad social en salud. Que por tanto no e s posible que posteriormente se desconozcan o se intenten modificar los acuerdos logrados.

LA SENTENCIA APELADA

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Cali4, inaplicó por inconstitucional la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenida en el inciso primero del artículo 382 de 2013. Declaró la nulidad de los actos acusados . Declaró parcialmente probada de oficio la excepción de prescripción trienal y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Para el efecto sostuvo el juez de primera instancia que, resulta violatoria de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales en materia del trabajo que prevalecen en el orden interno, que definen el alcance del concepto de remuneración y, del

Para el efecto sostuvo el juez de primera instancia que, resulta violatoria de las normas constitucionales, tratados y convenios internacionales en materia del trabajo que prevalecen en el orden interno, que definen el alcance del concepto de remuneración y, del parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que ordenó nivelar la remuneración de los servidores de la fiscalía general de la Nación, la estipulación contenida en el artículo 1º del Decreto 382 de 2013, por parte del Gobierno Nacional, al tener en cuenta la bonificación mencionada "únicamente" para determinados fines no prestacionales como factor salarial, constituyéndose en una disposición que carece de legalidad al no ir de la mano la Constitución Política.

RECURSO DE APELACIÓN

La fiscalía general de la Nación, inconforme con la decisión anterior decidió recurrirla en apelación esgrimiendo que5, el artículo 3º del Decreto 382 de 2013, consagra que: “Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier di sposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos".

Recordó que, la bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013, es producto de una negociación colectiva en la que participaron los representantes de las agremiaciones sindicales de la fiscalía general de la Nación y la Rama Judicial, quienes estuvieron de acuerdo con que este emolumento únicamente constituya factor salarial para la “base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

estuvieron de acuerdo con que este emolumento únicamente constituya factor salarial para la “base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

4 Índice 035 del expediente digital de primera Instancia. Plataforma SAMAI. 5 Índice 037 del expediente digital de primera instancia. Plataforma SAMAI.4

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02

Remató escribiendo que, si la demandante considera que los negociadores designados por la Rama Judicial y la fiscalía general de la Nación, no cumplieron a cabalidad con sus compromisos en materia de nivelación, es precisamente la acción de simple nulidad (art. 137 Ley 143 7/11) o de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 Ley 1437/11) el escenario propicio o adecuado para descalificarlos, si pretende desconocer los acuerdos alcanzados.

Finalmente, solicito que debe aclararse la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, por cuanto solo se puede aplicar en los casos en los que se presente una evidente contradicción entre un disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales, y por lo tanto las autoridades judiciales deben argumentar suficientemente esta contradicción, toda vez que de no hacerlo la decisión puede llegar a desconocer los mandatos legales o reglamentarios.

CONSIDERACIONES.

1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado contra la reseñada sentencia, según el artículo 153 del CPACA.

2. Manifestación de impedimento.

1. Competencia

Este Tribunal es competente para conocer en segunda instancia del presente proceso, en virtud del recurso de apelación incoado contra la reseñada sentencia, según el artículo 153 del CPACA.

2. Manifestación de impedimento.

El Magistrado Jhon Erick Chaves Bravo, considera que 6 tiene interés en las resultas del proceso por cuanto la demanda persigue el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales; emolumento que dijo, también percibe su hermano Diego Gerald Chaves Bravo, en su condición de Juez de la República y, por ello, estima, que estaría incurso en la causal de impedimento prevista en el artículo 141 -1 del CGP.

Norma que es del siguiente tenor:

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:

1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso (…)” (Negrillas fuera del texto original).

Para la Sala es evidente que el Magistrado Jhon Erick tiene interés directo en las resultas del proceso, pues la decisión que aquí se tome, compromete su imparcialidad, toda vez

6 Índice 012 del expediente digital de segunda instancia. Plataforma SAMAI.5

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 que el objeto de discusión es el carácter salarial del porcentaje devengado por concept o de bonificación judicial que no ha sido reconocido a los servidores públicos tanto de la Rama Judicial como de la fiscalía general de la Nación, a título de factor salarial para

que el objeto de discusión es el carácter salarial del porcentaje devengado por concept o de bonificación judicial que no ha sido reconocido a los servidores públicos tanto de la Rama Judicial como de la fiscalía general de la Nación, a título de factor salarial para liquidar sus prestaciones sociales.

Luego, es claro que se configura la cau sal aducida, dado que se encuentra afectada la autonomía e imparcialidad del Magistrado Chaves Bravo. Por ende, será separado del conocimiento del asunto.

Como quiera que, la aceptación del impedimento del Magistrado de la referencia no afecta el quorum decisorio por cuanto Magistrado Ronald Otto Cedeño Blume quien también hace parte de la Sala Segunda, en Sala Plena del 6 de julio de 2022, manifestó que su serenidad no se ve comprometida para conocer de las demandas que persiguen el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para liquidar prestaciones sociales; no hay lugar a reconformar la Sala con otros Magistrados que integran las otras Salas del Tribunal.

3. Alteración del turno para fallo.

Sobre el orden para proferir fallo, la Ley 446 de 1991, establece en su artículo 18 que es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en igual orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal.

A su vez consagra que, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse ora por la naturaleza de los asuntos ya a solicitud del agente del Ministerio Público o a su importancia jurídica y trascendencia social.

Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse ora por la naturaleza de los asuntos ya a solicitud del agente del Ministerio Público o a su importancia jurídica y trascendencia social.

Al respecto, la Corte Constitucional 7 ha señalado que, los criterios fijados por la anterior disposición referente a “la naturaleza de los asuntos o a sol icitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”, ofrecen al juez un marco de discrecionalidad importante para definir cuándo un asunto puesto a su consideración puede ser resuelto sin atención al turno de respuesta que le ha sido fijado.

Explica la Alta Corte que, el principio del respeto de turno de fallo no es absoluto, pues las circunstancias especiales del caso pueden autorizar un trato prioritario, confiriendo la ley al funcionario judicial la valoración de las circunstancias que permitirían modificar ese orden de decisión.

7 En sentencia T-945A/086

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 En este caso en particular y concreto se alterará el turno para fallar, dándosele un trato prioritario, de acuerdo con la naturaleza del asunto, en tanto se trata de un tema que en anteriores oportunidades ya ha sido analizado y discutido por esta Sala Jurisdicción de Decisión, con una postura definida, lo cual es una causa justificable para la alteración del turno.

4. Problema jurídico

Se plantea así:

¿La bonificación judicial creada en favor de los servidores públicos de la fiscalía general de la Nación , mediante el artículo 1º del Decreto 38 2 de 2013, constituye factor salarial

4. Problema jurídico

Se plantea así:

¿La bonificación judicial creada en favor de los servidores públicos de la fiscalía general de la Nación , mediante el artículo 1º del Decreto 38 2 de 2013, constituye factor salarial para liquidar prestaciones sociales, al margen de que la propia disposición restrinja su aplicación solamente para los aportes en salud y pensión?

4.1. Tesis de la Sala

La bonificación judicial creada en favor de los servidores públicos de la fiscalía general de la Nación, mediante el artículo 1º del Decreto 38 2 de 2013, constituye factor salarial para liquidar prestaciones sociales, al margen de que la propia disposición restrinja su aplicación solamente para los aportes en salud y pensión.

4.2. Metodología de la decisión

Para resolver el interrogante así descrito , la Sala Jurisdiccional de Decisión , hará lo siguiente: i. Analizará los requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad ii. Auscultará acerca de la creación de la bonificación judicial iii. Revisará la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha dictado sobre la materia iv Con base en los medios de prueba, definirá si la bonificación judicial que perciben los actores es un factor salarial que debe computarse al momento de liquidar prestaciones sociales v Finalmente, se dispondrá sobre la condena en costas.

5. Marco normativo

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 6 de diciembre de 2019, expediente radicado bajo el No. 76001-33-33-003-2016-00254-01, con ponencia de la Magistrada Luz Elena Sierra Valencia, ya tuvo la oportunidad de resolver el pro blema jurídico aquí descrito.7

2019, expediente radicado bajo el No. 76001-33-33-003-2016-00254-01, con ponencia de la Magistrada Luz Elena Sierra Valencia, ya tuvo la oportunidad de resolver el pro blema jurídico aquí descrito.7

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 Por lo que, en respeto a ese precedente horizontal, esta Sala de Decisión, reproducirá las reglas jurisprudenciales más relevantes fijadas en su momento por esta Corporación Judicial.

5.1. Requisitos para aplicar la excepción de inconstitucionalidad

La citada excepción está prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, así: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades”.

Sobre la supremacía de la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional desde sus inicios estableció que debe prevalecer sobre cualquier norma de inferior rango, puesto que: “…La función de la Constitución como determinante del contenido de las leyes o de cualquier otra norma jurídica, impone la consecuencia lógica de que la legislación ordinaria u otra norma jurídica de carácter general no puede de manera alguna modificar los preceptos constitucionales, pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría…”8.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Alta Corporación, ha dicho que en atención al

pues la defensa de la Constitución resulta más importante que aquellas que no tienen la misma categoría…”8.

En ese sentido, la jurisprudencia de la Alta Corporación, ha dicho que en atención al postulado superi or consignado en el artículo 4 ibidem, nuestro sistema de control constitucional es de carácter mixto, es decir que, po r una parte la Corte Constitucional ejerce un control concentrado o abstracto de constitucionalidad respecto de las leyes que se someten a su estudio, en este caso produciendo efectos erga omnes en su decisión, y por otra, se encuentra el control difuso que puede ejercer cualquier autoridad administrativa o judicial en determinado caso concreto, cuando advierta que una ley u otra norma jurídica de inferior rango es contraria a la Constitución, siendo excepcional su aplicación.

De igual forma, enfatizó la Corte Constitucional en sentencia C122 de 2011 9, que conforme a las competencias atribuidas en el numeral 2 del artículo 237 ejusdem, al Consejo de Estado le corresponde ejercer el control concentrado de los decretos reglamentarios expedidos por el Gobierno Nacional, cuya competencia no esté atribuida a la Corte Constitucional.

En ese orden, el control por vía de excepción, cuya aplicación puede ser de oficio o a solicitud de parte, tiene como característica, que sus efectos son inter partes, por tanto, la norma legal o reglamentaria exceptuada por inconstitucional continua vigente en el ordenamiento jurídico y se predica su validez.

8 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995. 9 Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.8

ordenamiento jurídico y se predica su validez.

8 Corte Constitucional, sentencia C-069 de 1995. 9 Magistrado Ponente: Juan Carlos Henao Pérez.8

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 En el campo de la acción de tutela, la Corte Constitucional también ha desarrollado la figura de la excepción de inconstitucionalidad, reflexionando que en virtud del artículo 4º de la Constitución, dicha figura constituye una “herramienta jurídica -política de protección al principio de supremacía constitucional” que garantiza en cada caso concreto, “su jerarquía y materialidad dentro del sistema de fuentes del derecho” y la cual puede ser aplicada de manera oficiosa o a solicitud de parte, cuando se configure alguno de los siguientes requisitos:

“… (i) La norma es contraria a lo s cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad.

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucio nal o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento ius fundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales…”10.

fundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales…”10.

Dicho criterio ha sido reiterado por el Máximo Tribunal Constitucional en sentencias T861 de 201611, T43712 del 30 de octubre de 2018 y T – 42413 del 18 de octubre del mismo año.

De conformidad con lo anterior, como quiera que en el caso de marras , la norm a cuya inaplicación pretende el actor, no ha sido objeto de control abstracto de constitucionalidad por parte del Consejo de Estado, ni tampoco reproduce en su contenido otra norma que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibilidad por parte de las autoridades jurisdiccionales competentes, la Sala considera que resulta procedente la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, para efectos de determinar si se configura el tercer presupuesto establecido por la Corte Constitucional, a saber, “ la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento ius fundamental (…)”, dado que la demandante argumenta en su demanda que la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenido en el artículo 1º del Decreto 382 de 2013, es contrario al artículo 53 de la Constitución y al contenido de la Ley 4ª de 1992.

5.2. Creación de la bonificación judicial - Decreto 382 de 2013En desarrollo de las normas generales señal adas en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno

1992.

5.2. Creación de la bonificación judicial - Decreto 382 de 2013En desarrollo de las normas generales señal adas en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 382 de 2013, mediante el cual creó una bonificación judicial

10 Ver sentencia T-681 de 2016. 11 Magistrado Ponente: Jorge Iván Palacio Palacio. 12 Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo. 13 Magistrado Ponente: Alejandro Linares Cantillo.9

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica e l régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto número 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto No. 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, a la cual únicamente se le atribuyó el carácter salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y Seguridad social en salud.

La expedición de dicho Decreto también tuvo lugar en razón al paro judicial adelantado en el año 2012 por p arte de los jueces, fiscales y empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, cuya finalidad fue lograr la nivelación salarial ordenada por el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, situación que condujo al gobierno nacional y a los representantes de los funcionarios y empleados de dichas entidades a suscribir el Acta de acuerdo del 6 de noviembre de 2012, en la que se estableció:

nacional y a los representantes de los funcionarios y empleados de dichas entidades a suscribir el Acta de acuerdo del 6 de noviembre de 2012, en la que se estableció:

“(…) 1.- Reconocer el Derecho a los Funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a tener una nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, atendiendo criterios de equidad.

2.- Para los efectos a que se refiere el numeral anterior, el Gobierno Nacional dispondrá de la suma de UN BILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL MILLONES ($1.220.000.000.000) DE PESOS Mcte, cifra que se distribuirá en los presupuestos anuales, iniciando en la vigencia fiscal de 2013, y culminando en la vigencia Fiscal de 2018 (…)

El proceso de ajustes en los sistemas de remuneración de los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, iniciará igualmente en la vigencia fiscal del 2013 y se realizará de forma equivalente al proceso que se realice para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, con el monto que para ello se requiera (…)”. (Negrillas fuera del texto original).

En ese orden de ideas, el Decreto 38 2 de 2013, consagró la bonificación judicial de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1. Créase (sic) para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá

1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1º de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla:

(…)

PARAGRAFO. La bonificación judicial creada en el presente artículo se ajustará a partir del año 2014 de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC); en consecuencia no le aplica el incremento que fije el Gobierno Nacional para las asignaciones básicas en el año 2013 y siguientes.

A partir del año 2014 y hasta el año 2018, los valores señalados en las tablas del presente artículo contienen un ajuste equivalente a una variación proyectada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del dos por ciento (2%) respecto del valor de la bonificación judicial asignada en el año inmediatamente anterior.

En el evento en que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) c ertificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para las vigencias fiscales de los años 2014 a 2018 inclusive, sea diferente al dos por ciento (2%)10

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la

Expediente Radicación No. 76001-33-33-013-2019-00296-02 proyectado para el valor de la bonificación judicial para los mismos años, el Gobierno Nacional ajustará las tablas correspondientes para la respectiva vigencia en la diferencia que se presente.

Para el año 2019 y en adelante el valor mensual de la bonificación judicial será equivalente al valor que se perciba en el año inmediatame nte anterior reajustado con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE.

ARTÍCULO 2°. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título d e bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.

ARTÍCULO 3. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10º de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

(…)

ARTÍCULO 5. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte

carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.

(…)

ARTÍCULO 5. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2013.

La citada norma fue modificada por los Decretos Nos. 022 de 2014, 1270 de 2015, 247 de 2016, 1015 de 2017, 341 de 2018 y 993 de 2019, respecto a los porcentajes de liquidación de la bonificación judicial ; sin embargo, se mantuvo la restricción de considerarla como factor salarial únicamente para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

5.3. Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la bonificación judicial

Recientemente se destaca que la Alta Corporación en sentencia del 6 de abril de 2022 14, se pronunció sobre el carácter salarial de la bonificación judicial creada mediante Decreto 382 de 2013, para los servidores judiciales de la Fiscalía General de la Nac ión, la cual resulta aplicable al caso sub -examine.

En dicha providencia se precisó que la aludida bonificación, tiene naturaleza salarial en tanto es un pago que se percibe de forma habitual y periódica por parte de los empleados y funcionarios de la F iscalía General de la Nación; que fue creada para materializar la nivelación salarial consagrada por el legislador en la Ley 4ª de 1992, por lo cual, atribuirle una naturaleza diferent