CC - C237-2020
Detalles
- Título
- CC - C237-2020
- Autor
- Corte Constitucional
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Constitucional
- Año
- 2020
Sentencia C-237/20
DECRETO LEGISLATIVO EN DESARROLLO DE ESTADO DE
EMERGENCIA QUE ADOPTA MEDIDAS TRANSITORIAS
ESPECIALES EN MATERIA DE PROCESOS DE INSOLVENCIA-Exequibilidad condicionada DECRETOS DE DESARROLLO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICAParámetro de validez constitucional
DECLARACION DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA POR GRAVE CALAMIDAD PUBLICA-Control constitucional formal y material
DECRETO LEGISLATIVO DE DESARROLLO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Fuentes normativas La Corte ha indicado que los requisitos mencionados se encuentran en tres fuentes normativas concretas, todas ellas integradas al parámetro de constitucionalidad: (i) las disposiciones de la Carta Política que regulan los estados de excepción (Arts. 212 a 215 C.P.); (ii) el desarrollo de esas reglas, previstas en la LEEE-; y (iii) las normas de derecho internacional de los derechos humanos que prevén tanto los requisitos de declaratoria, como las garantías que no pueden ser suspendidas en esas situaciones excepcionales (derechos intangibles) (Arts. 93.1 y 214 C.P.). La existencia de un régimen jurídico con sujeción al cual deben ejercerse las competencias que surgen de la declaratoria de un estado de excepción concretan el principio de legalidad que, como lo ha indicado este Tribunal (i) obliga a que el Gobierno actúe con sujeción a las normas nacionales que rigen los estados de excepción; y (ii)
exige que las suspensiones extraordinarias de los derechos y libertades que tengan lugar en razón de la crisis no sean incompatibles con las obligaciones del Estado y, en particular, con aquellas derivadas del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de finalidad El juicio de finalidad está previsto por el artículo 10 de la LEEE. A la luz de este juicio, toda medida contenida en los decretos legislativos debe estar directa y específicamente encaminada a conjurar las causas de la perturbación y a impedir la extensión o agravación de sus efectos. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de conexidad material El juicio de conexidad material está previsto por los artículos 215 de la Constitución y 47 de la LEEE. Con este juicio, se pretende determinar si las medidas adoptadas en el decreto legislativo guardan relación con las causas que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. La Corte Constitucional ha señalado que la conexidad debe ser evaluada desde dos puntos de vista: (i) interno, esto es, la relación entre las medidas adoptadas y las consideraciones expresadas por el Gobierno Nacional para motivar el decreto de desarrollo correspondiente y (ii) externo, es decir, el vínculo entre las medidas de excepción y los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO
DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA-Juicio de motivación suficiente El juicio de motivación suficiente ha sido considerado como un juicio que complementa la verificación formal por cuanto busca dilucidar si, además de haberse formulado una fundamentación del decreto de emergencia, el Presidente ha presentado razones que resultan suficientes para justificar las medidas adoptadas. Dicha motivación es exigible frente a cualquier tipo de medidas, siendo particularmente relevante para aquellas que limitan derechos constitucionales, por cuanto el artículo 8 de la LEEE establece que los “decretos de excepción deberán señalar los motivos por los cuales se imponen cada una de las limitaciones de los derechos constitucionales”. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de ausencia de arbitrariedad El juicio de ausencia de arbitrariedad tiene por objeto comprobar que en el decreto legislativo no se establezcan medidas que violen las prohibiciones para el ejercicio de las facultades extraordinarias reconocidas en la Constitución, la LEEE y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. La Corte Constitucional debe verificar que las medidas adoptadas en los decretos legislativos: (i) no suspendan o vulneren el núcleo esencial de los derechos y libertades fundamentales; que (ii) no interrumpan el normal funcionamiento de las ramas del poder público y de los órganos del Estado y, en particular, (iii) que no supriman o modifiquen los organismos y las funciones básicas de acusación y juzgamiento.
CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO
DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y
ECOLOGICA-Juicio de intangibilidad El juicio de intangibilidad parte del reconocimiento que ha hecho la jurisprudencia constitucional acerca del carácter “intocable” de algunos derechos, los cuales, a la luz de los artículos 93 y 214 de la Constitución, no pueden ser restringidos ni siquiera durante los estados de excepción. La Corte ha establecido que en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, se consideran como derechos intangibles el derecho a la vida y a la integridad personal; el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos; la prohibición de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación; la libertad de conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, de favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal; el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer matrimonio y a la protección de la familia; los derechos del niño a la protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; el derecho a no ser condenado a prisión por deudas; y el derecho al habeas corpus. Son igualmente intangibles los mecanismos judiciales indispensables para la protección de esos derechos. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de no contradicción específica El juicio de no contradicción específica tiene por objeto verificar que las
medidas adoptadas en los decretos legislativos (i) no contraríen de manera específica a la Constitución o a los tratados internacionales; y (ii) no desconozcan el marco de referencia de la actuación del Ejecutivo en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, el grupo de medidas descritas en los artículos 47, 49 y 50 de la LEEE. Ha destacado la Corte que entre las prohibiciones se encuentra, por expreso mandato constitucional y legal, la consistente en que el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en el artículo 215. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de incompatibilidad El juicio de incompatibilidad, según el artículo 12 de la LEEE, exige que los decretos legislativos que suspendan leyes expresen las razones por las cuales son irreconciliables con el correspondiente estado de excepción. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de necesidad El juicio de necesidad, previsto en el artículo 11 de la LEEE, implica que las medidas que se adopten en el decreto legislativo sean indispensables para lograr los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción. La Corte ha señalado que este análisis debe ocuparse (i) de la necesidad fáctica o idoneidad, la cual consiste en verificar fácticamente si las medidas adoptadas permiten superar la crisis o evitar la extensión de sus efectos, de
manera tal que se evalúa si el Presidente de la República incurrió o no en un error manifiesto respecto de la utilidad de la medida para superar la crisis; y (ii) de la necesidad jurídica o subsidiariedad que implica verificar la existencia dentro del ordenamiento jurídico ordinario de previsiones legales que fueran suficientes y adecuadas para lograr los objetivos de la medida excepcional. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de proporcionalidad El juicio de proporcionalidad, que se desprende del artículo 13 de la LEEE, exige que las medidas que se adopten en desarrollo de los estados de excepción sean respuestas equilibradas frente a la gravedad de los hechos que causaron la crisis. Igualmente, la Corte ha precisado que el examen de proporcionalidad exige que las restricciones a derechos y garantías constitucionales se impongan en el grado absolutamente necesario para lograr el retorno a la normalidad. Advierte la Corte que este examen particular no excluye, naturalmente, la aplicación del examen de proporcionalidad cuando ello se requiera, por ejemplo, para controlar restricciones a derechos constitucionales, por ejemplo, en el juicio de ausencia de arbitrariedad. CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO DE ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Juicio de no discriminación El juicio de no discriminación, el cual tiene fundamento en el artículo 14 de la LEEE, exige que las medidas adoptadas con ocasión de los estados de excepción no entrañen segregación alguna, fundada en razones de sexo, raza,
lengua, religión, origen nacional o familiar, opinión política o filosófica o de otras categorías sospechosas. Adicionalmente, este análisis implica verificar que el decreto legislativo no imponga tratos diferentes injustificados. MEDIDAS DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Se fundamentan en la competencia constitucional del Estado para intervenir en la economía PROCESOS CONCURSALES-Finalidad REGIMEN DE INSOLVENCIA-Finalidad y principios Con apoyo en estos principios el régimen concursal establece reglas sustantivas y procedimentales. Su alcance y aplicación depende, en buena medida, del modo en que la regulación pondere las diferentes tensiones que las situaciones de insolvencia suscitan. Así, debe establecerse (i) si las reglas privilegian formas de amparo colectivo fomentando actividades de concertación, cooperación y coordinación entre el deudor y los acreedores o si, por el contrario, preservan formas de amparo individual a fin de proteger a determinados acreedores, con el riesgo de afectar la continuidad de la empresa. Igualmente, le corresponde al respectivo régimen definir (ii) si fomenta perspectivas de corto o largo plazo, en función de las cuales puede preferirse la garantía inmediata de los créditos o el aplazamiento de su exigibilidad. Igualmente, los regímenes concursales definen, en atención a la comunidad de pérdidas que a ellos subyace, (iii) reglas para distribuirlas entre los diferentes acreedores. Incluso, en situaciones de crisis extrema (iv) las normas deben establecer si se extinguen definitivamente los créditos de algunos de los acreedores con el propósito de incentivar el salvamento de las
empresas. REGIMENES DE INSOLVENCIA-Ámbito de configuración La Constitución, salvo algunos mínimos que se indican más adelante, no ofrece una respuesta sustantiva y definitiva. Significa ello la obligación de reconocer a las autoridades con competencias ordinarias o excepcionales un ámbito de configuración relativamente amplio para (i) identificar los fines del régimen de insolvencia, (ii) elegir los instrumentos requeridos a efectos de alcanzar tales fines y (iii) emprender ponderaciones específicas de los diferentes intereses en juego. Es claro, advierte la Corte, que el ejercicio de tales competencias en desarrollo de poderes de excepción del Presidente de la República, se sujeta a las restricciones especiales previstas en las disposiciones constitucionales y estatutarias que conforman el régimen jurídico de los estados de excepción.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN
MATERIA DE INTERVENCION ECONOMICA-Alcance PRINCIPIOS RELEVANTES DEL PROCESO CONCURSALUniversalidad e igualdad REGIMEN DE INSOLVENCIA-Exclusión de votación a acreedores internos y vinculados no desconoce el derecho a la igualdad ACUERDOS DE REORGANIZACION-Capitalización de activos y pasivos ACUERDOS DE REORGANIZACION-Reactivación empresarial La Sala Plena encuentra que la regulación bajo examen (i) contribuye efectivamente a la continuidad de la actividad económica del deudor; (ii) no interfiere en ninguno de los derechos de los asociados dado que la adopción de la decisión así como la concesión o no de determinados privilegios, requiere su participación; (iii) contribuye a la protección del crédito debido a
que se trata de un instrumento para cumplir la prestación debida mediante la suscripción de las acciones o los bonos, de modo que los acreedores ven así satisfecho total o parcialmente su crédito; (iv) regula de manera precisa el procedimiento para llevar a cabo la operación; (v) establece a favor de los socios iniciales una preferencia para adquirir los diferentes tipos de participaciones en caso de que sean posteriormente enajenadas; y (vi) establece restricciones razonables al término dentro del cual las entidades financieras, titulares de bonos, deben enajenarlos considerando las limitaciones que naturalmente tienen para realizar ciertas inversiones. ACUERDOS DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS-Igualdad de los acreedores convocados ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Mecanismo de solución de conflictos MECANISMOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS-Procedimientos extrajudiciales de recuperación y reorganización empresarial
Referencia: expediente RE-286
Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 560 de 2020, “Por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia, Social y Ecológica”.
Magistrado ponente:
JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS
Bogotá, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veinte (2020). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, especialmente las previstas en el numeral 7 del artículo 241 y el parágrafo del artículo 215 de la Constitución Política, una vez
cumplidos los trámites y requisitos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente
SENTENCIA
I. ANTECEDENTES
1. El Gobierno Nacional, invocando las facultades previstas en el artículo 215 de la Constitución Política, expidió el Decreto 417 del 17 de marzo del año en curso, por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de 30 días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo Coronavirus COVID-19.
2. En desarrollo de lo anterior expidió el Decreto Legislativo 560 del 15 de abril de 2020 “[p]or el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del Estado de Emergencia,
Social y Ecológica”.
3. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica del Decreto Legislativo 560 de 2020 para que efectuara el control oficioso de constitucionalidad de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 215 y el numeral 7 del artículo 241 de
la Carta Política.
4. Por reparto realizado en sesión virtual de la Sala Plena, le correspondió al Despacho del Magistrado Ponente el conocimiento del control de constitucionalidad del referido decreto de desarrollo, actuación que ingresó el 22 de abril del presente año.
5. Mediante Auto del 27 de abril de 2020 el Magistrado ponente asumió el conocimiento del Decreto Legislativo 560 del 15 de abril de 2020, decretó
pruebas, comunicó el proceso de revisión del decreto a la Presidencia de la República y a los ministerios que conforman el Gobierno Nacional, ordenó la oportuna fijación en lista, invitó a participar en el proceso a organizaciones y a universidades y dio traslado del proceso al Procurador General de la Nación.
II. TEXTO DEL DECRETO OBJETO DE REVISIÓN
6. El siguiente es el texto de las medidas adoptadas en el Decreto 560 del 15 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial No. 51286 de abril 15 de
20201. 1 El texto completo del decreto, incluyendo sus motivaciones, se encuentra en el Anexo No. 2 de esta providencia. “DECRETO 560 DE 2020 disponibles desde la entrada en vigencia (abril 15) del presente Decreto Legislativo, hasta dos (2) años contados a partir de la Por el cual se adoptan medidas entrada en vigencia del mismo. transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, en el marco del ARTÍCULO 2. Acceso expedito a los Estado de Emergencia, Social y mecanismos reorganización. Las Ecológica solicitudes de acceso a los mecanismos de reorganización presentadas por EL PRESIDENTE DE LA deudores afectados por las causas que REPÚBLICA DE COLOMBIA, motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y En ejercicio de las atribuciones que le Ecológica de que trata el Decreto 417 confiere el artículo 215 de la del 17 de marzo de 2020, se tramitarán Constitución Política, en concordancia de manera expedita por las autoridades con la Ley 137 de 1994, y en desarrollo competentes, considerando los recursos
de lo previsto en el Decreto 417 del 17 disponibles para ello. El Juez del de marzo de 2020, «Por el cual se Concurso no realizará auditoría sobre el declara un Estado de Emergencia contenido o la exactitud de los Económica, Social y Ecológica en todo documentos aportados ni sobre la el territorio nacional», y información financiera o cumplimiento de las políticas contables, lo cual será de (…) responsabilidad exclusiva del deudor y su contador o revisor fiscal, según DECRETA corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de requerir que se certifique que se lleva TÍTULO I la contabilidad regular y verificar la completitud de la documentación. No RÉGIMEN CONCURSAL obstante, con el auto de admisión podrá ordenar la ampliación, ajuste o ARTÍCULO 1. Finalidad y ámbito de actualización que fuere pertinente de la aplicación de mecanismos información o documentos radicados con extraordinarios de salvamento y la solicitud, a fin de que se puedan recuperación. El régimen de insolvencia adelantar eficaz y ágilmente las etapas regulado en el presente Decreto del proceso, so pena de las sanciones a Legislativo tiene por objeto mitigar la que haya lugar. extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas que ARTÍCULO 3. Flexibilización en el pago motivaron la declaratoria del Estado de de pequeños acreedores para mitigar su Emergencia Económica, Social y afectación con el proceso de Ecológica de que trata el Decreto 417 reorganización de la empresa. A partir del 17 de marzo de 2020, y la de la presentación de la solicitud de recuperación y conservación de la admisión a un proceso de
empresa como unidad de explotación reorganización de un deudor afectado económica y fuente generadora de por las causas que motivaron la empleo, a través de los mecanismos de declaratoria del Estado de Emergencia salvamento y recuperación aquí Económica, Social y Ecológica de que previstos. trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el deudor podrá pagar Las herramientas aquí previstas serán anticipadamente a los acreedores aplicables a las empresas que se han laborales no vinculados y a los afectado como consecuencia de la proveedores no vinculados, titulares de emergencia antes mencionada, y estarán pequeñas acreencias sujetas al proceso de reorganización, que en su total no del 17 de marzo de 2020, se podrán superen el cinco por ciento (5%) del incluir disposiciones que flexibilicen los total del pasivo externo. Para estos plazos de pago de las obligaciones, efectos, no se requerirá autorización pagos a los acreedores de distintas previa del Juez del Concurso, pero clases de forma simultánea o sucesiva y deberá contar con la recomendación del mecanismos de alivio financiero y promotor, en caso de haber sido reactivación empresarial que cumplan designado. El deudor, conjuntamente con las siguientes condiciones: con el promotor, en caso de haber sido designado, deberán informar al Juez del 1. Capitalización de pasivos. El acuerdo Concurso sobre tales pagos dentro de los de reorganización podrá contener la cinco (5) días siguientes a su capitalización de pasivos mediante la realización, aportando la lista suscripción voluntaria, por parte de discriminada de los acreedores, su clase cada acreedor interesado, de acciones o
y la cuantía, así como los soportes la participación que corresponda según correspondientes. el tipo societario, bonos de riesgo y demás mecanismos de subordinación de Para el pago de los referidos deudas que lleguen a convenirse. acreedores, el deudor podrá vender, en condiciones comerciales de mercado, Las acciones o bonos de riesgo activos fijos no afectos a la operación o correspondientes a acreencias giro ordinario del negocio, que no capitalizadas por los establecimientos de superen el valor de las acreencias objeto crédito se contabilizarán como de pago. La venta de los bienes en las inversiones negociables y deberán mencionadas condiciones no requiere venderse dentro del plazo de vigencia del autorización previa del Juez del acuerdo. Concurso. Sin embargo, en el evento en el que sobre el activo pese una medida Los bonos de riesgo que se suscriban cautelar deberá solicitar su dentro de los acuerdos a que se refiere la levantamiento al Juez del Concurso. Si el presente norma se computarán como una Juez del Concurso lo encuentra ajustado cuenta patrimonial y, en caso de a la ley, librará los oficios de liquidación de la empresa reorganizada, desembargo correspondientes, sin se pagarán con posterioridad a todos los necesidad de auto. No obstante, lo pasivos externos y antes de cualquier anterior no podrá implicar el reembolso a favor de los accionistas. desconocimiento de los derechos de los acreedores garantizados. El uso de los Las acciones y bonos de riesgo recursos para propósitos distintos a los provenientes de la capitalización de indicados, hará a los administradores pasivos podrán conferir a sus titulares
responsables solidaria e ilimitadamente toda clase de privilegios económicos e, por los perjuicios causados, y estarán incluso, derechos de voto especiales en obligados a reembolsar las sumas en determinadas materias del ente cuestión, sin perjuicio de la societario, así como el derecho a un responsabilidad penal que pueda dividendo o remuneración mínima y resultar aplicable. preferencial, siempre y cuando tales prerrogativas sean aprobadas por el ARTÍCULO 4. Mecanismos de alivio máximo órgano social del deudor financiero y reactivación empresarial. conforme a la ley y los estatutos. En los acuerdos de reorganización de los deudores afectados por las causas que Para la emisión y colocación de las motivaron la declaratoria del Estado de acciones y bonos de riesgo provenientes Emergencia Económica, Social y de capitalización de créditos, será Ecológica de que trata el Decreto 417 suficiente la inclusión en el acuerdo del reglamento de suscripción. En señalados en el artículo 226 del Código consecuencia, no se requerirá trámite o General del Proceso. autorización alguna para la colocación de los títulos respectivos y el aumento 2.2. Ser aprobada por una mayoría de del capital podrá ser inscrito, sin costo, acreedores externos que representen por en el registro mercantil de la Cámara de lo menos el sesenta por ciento (60%) de comercio competente, acompañado de la aquellos con vocación de pago. La copia del acuerdo y el certificado del mayoría se calculará excluyendo votos representante legal y el revisor fiscal, o de acreedores internos y vinculados. en su defecto del contador de la entidad, sobre el número de títulos suscritos y el 2.3. No afectar los derechos de
aumento registrado en el capital. acreedores laborales, pensionados, alimentos de menores o acreedores La enajenación de las participaciones garantizados, en los términos de la Ley sociales provenientes de capitalizaciones 1676 de 2013. implicará una oferta preferencial a los socios, en los términos previstos en el 2.4. Disponer la cancelación, sin acuerdo. Para la enajenación a terceros contraprestación, de los derechos de se recurrirá a mecanismos de oferta accionistas o socios. pública o privada, según se disponga en el acuerdo y de conformidad con las 2.5. Señalar la nueva estructura del disposiciones propias del mercado capital social del deudor, indicando qué público de valores. Lo anterior, sin acreedores hacen parte del pasivo perjuicio de lo previsto en disposiciones interno, el valor nominal y número de legales especiales que sean aplicables a sus participaciones. la enajenación de participaciones sociales en determinadas entidades o por 3. Pactos de deuda sostenible parte de cierta clase de socios. Con el fin de reducir los términos de Para efectos de la aplicación de estas pago de las obligaciones en el tiempo, en disposiciones, se deberá entender que se los acuerdos de reorganización, se refiere a todos los tipos societarios y, podrán incluir pactos de deuda por ello, cuando se hace referencia a las sostenible, bajo los cuales no se acciones, esto resulta aplicable a los contemple un cronograma de pago y la demás tipos de participación que extinción total de las obligaciones a corresponda según el tipo societario. favor de las entidades financieras como parte del acuerdo, sino su El Gobierno nacional reglamentará el reestructuración o reperfilamiento, para
régimen propio de los bonos de riesgo. lo cual deberá ser aprobada por el 60% de la categoría de acreedores
2. Descarga de pasivos. Cuando el financieros. En estos casos, los términos pasivo del deudor sea superior a su del acuerdo de reorganización se valoración como empresa en marcha, el entenderán cumplidos cuando el deudor acuerdo de reorganización podrá emita y entregue a esos acreedores los disponer la descarga de aquella parte títulos que contengan los términos de las del pasivo que exceda la mencionada obligaciones respectivas. valoración. Para lo anterior, el acuerdo deberá: ARTÍCULO 5. Estímulos a la financiación del deudor durante la 2.1. Estar acompañado de una negociación de un acuerdo de valoración elaborada mediante una reorganización. Entre el inicio del metodología generalmente aceptada y proceso de reorganización y la que cumpla con todos los requisitos confirmación del acuerdo de reorganización de los deudores En todo caso, los demás acreedores afectados por las causas que motivaron podrán presentar propuestas de el Estado de Emergencia Económica, financiación, propias o de terceros, en Social y Ecológica de que trata el condiciones menos gravosas que las Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el presentadas por la concursada. En tal concursado podrá obtener crédito para caso, si el Juez del Concurso considera el desarrollo del giro ordinario de sus que las condiciones presentadas son negocios durante la negociación. Estas menos gravosas, el deudor podrá optar, obligaciones tendrán la preferencia dentro de los tres (3) días siguientes, por
prevista en el artículo 71 de la Ley 1116 seguir el trámite de la autorización con de 2006. En este evento, no se requerirá dicha propuesta o ajustar su propuesta a la autorización del Juez del Concurso. los términos menos gravosos. De no optar por alguna de estas alternativas, la En el evento en el que la concursada solicitud de autorización se rechazará de demuestre al juez del concurso que no plano. logró obtener nueva financiación para el desarrollo del giro ordinario de sus PARÁGRAFO 1. En todos los eventos negocios en las condiciones anteriores, regulados en esta norma, la concursada podrá solicitar autorización para deberá demostrar que los activos no obtenerla en las siguientes condiciones: comprometidos en las operaciones de crédito son suficientes para asegurar el
1. Respaldar el crédito con garantías pago de las obligaciones alimentarias de sobre sus propios activos que no se los niños, niñas y adolescentes, encuentren gravados a favor de otros pensionales, las salariales y prestaciones acreedores o sobre nuevos activos derivadas de los contratos de trabajo, en adquiridos. caso de haberlas.
2. Otorgar un gravamen de segundo PARÁGRAFO 2. La solicitud de grado sobre los activos previamente autorización prevista en este artículo se gravados con garantía. tramitará mediante petición escrita del deudor, con la recomendación del
3. Otorgar una garantía de primer grado promotor, en caso de haber sido sobre bienes previamente gravados, con nombrado. De la solicitud se correrá el consentimiento previo del acreedor traslado por diez (10) días. Durante el garantizado que será subordinado. En traslado, los interesados podrán
ausencia del consentimiento de dicho presentar sus observaciones y acreedor, el juez podrá autorizar la propuestas alternativas de financiación creación de la garantía de primer grado menos gravosas. El Juez del Concurso siempre que el deudor concursado podrá solicitar información adicional y demuestre que, a pesar del nuevo decretar pruebas, si lo considera gravamen, el acreedor originalmente necesario. El Juez del Concurso podrá garantizado gozará de protección resolver de plano mediante auto escrito razonable. La protección razonable o en audiencia. supone establecer o implementar medidas para proteger la posición del PARÁGRAFO 3. A efectos de preservar acreedor garantizado, tales como la la empresa y el empleo, la Dirección de realización de un pago anticipado total o Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN parcial de las obligaciones garantizadas, y las entidades del Estado podrán hacer la sustitución del activo objeto de la rebajas de sanciones, intereses y capital. garantía por uno equivalente, la Las acreencias de primera clase a favor realización de pagos periódicos, entre de estas entidades públicas quedarán otras. subordinadas en el pago dentro de dicha clas
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