CC - SU312-2020

Sentencia SU312/20 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL-Concepto y fundamento La prescripción de la acción penal es una garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano a fin de que se defina su situación jurídica dentro de un término fijado en la ley, por cuanto es contrario al derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 superior, que una persona tenga que estar sujeta perpetuamente a una imputación que se ha proferido en su contra DELITOS DE LESA HUMANIDAD-Imprescriptibilidad de la acción penal En el ordenamiento jurídico nacional, por regla general, la acción penal prescribe en los términos establecidos por el legislador, pues con ello se garantiza el derecho al debido proceso de los asociados y se exige que exista efectividad en la persecución criminal por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, en razón de las obligaciones internacionales que limitan las actuaciones del Estado colombiano y la necesidad de investigar y juzgar ciertas conductas dada su gravedad para el conglomerado social, a modo de excepción, la acción penal es imprescriptible frente a los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra hasta que se individualice y vincule a un proceso al presunto responsable, porque a partir de este último momento inicia a contabilizarse el plazo de extinción respectivo. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL FRENTE A DELITOS DE GENOCIDIO, LESA HUMANIDAD Y CRIMENES DE GUERRA-No es absoluta Aunque se puede afirmar que, en principio, la acción penal es imprescriptible

frente a delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, lo cierto es que cuando existe un sujeto individualizado y formalmente vinculado a un proceso por dichas conductas, respecto a éste comienza a contabilizarse el término de extinción más amplio existente en el ordenamiento.

CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA

FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO Y

CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL

ESTADO CADUCIDAD-Concepto Esta Sala ha explicado que la caducidad “es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia”. Igualmente, este Tribunal ha indicado que el fundamento de la figura “se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica”.

TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION

DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD,

GENOCIDIO Y CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado Según el precedente contencioso administrativo en vigor, el medio de control de reparación directa está sujeto al término de caducidad legal, cuando el hecho generador del daño alegado en el mismo constituye un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, bajo el entendido de que el plazo de dos años para acudir al sistema judicial se computa desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación, por acción u

omisión, del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle la responsabilidad patrimonial respectiva.

TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION

DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD,

GENOCIDIO Y CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE

AGENTES DEL ESTADO-Jurisprudencia constitucional

UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE

APLICACION DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION

DE REPARACION DIRECTA EN DELITOS DE LESA

HUMANIDAD

(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.

DERECHO A LA REPARACION DE VICTIMAS DE GRAVES

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DE

LA JUSTICIA TRANSICIONAL-Garantía a través de 2 indemnizaciones administrativas o procesos de investigación, juzgamiento y sanción ante la JEP La existencia de un sistema de justicia transicional vigoroso como el introducido en el país por el Acto Legislativo 01 de 2017, permite concluir que el derecho a la reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos no sólo se puede garantizar a través del medio de control de reparación directa, sujeto a término de caducidad, sino por otros mecanismos, cuyos plazos de extinción son más amplios, como las indemnizaciones administrativas o los procesos de investigación, juzgamiento y sanción ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESImprocedencia por cuanto no se configuró defecto sustantivo, desconocimiento de precedente, ni violación directa de la Constitución en acción de reparación directa La Corte Constitucional estima que la autoridad judicial no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, ya que en el Auto cuestionado se fundamentó la decisión de declarar la caducidad de la demanda de reparación directa en una interpretación razonable y proporcionada del derecho positivo, y a partir de una de las posturas jurisprudenciales vigentes para la época.

Referencia: Expediente T-7243742

Acción de tutela interpuesta por Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Magistrado ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de dos mil veinte (2020).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos expedidos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 23 de noviembre de 2018, y por la Sección Quinta de la misma corporación, el 31 de enero de 2019, dentro del proceso de amparo de la referencia. 3

I. ANTECEDENTES

1. Hechos 1.1. El 20 de abril de 2016, Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata interpuso demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, con el fin de obtener el resarcimiento patrimonial por los daños causados con ocasión del homicidio de su progenitor Luis Eduardo Jaramillo Zapata el 22 de abril de 2006, en el municipio de Ituango

(Antioquia), presuntamente por miembros de la Brigada Móvil No. 111. En concreto, en el escrito introductorio, la actora argumentó que: (i) El medio de control presentado no estaba sometido al término de caducidad de dos años establecido en el derecho positivo, puesto que el hecho dañoso imputable al Estado tiene su origen en un delito de lesa humanidad y, por consiguiente, la imprescriptibilidad penal que se predica de dichas conductas criminales se hace extensiva a la acción contencioso administrativa. (ii) La responsabilidad de los miembros del Ejército Nacional por el homicidio de su ascendiente fue constatada en un proceso contencioso administrativo previo, en el cual el Juzgado 19 Administrativo del

Circuito de Medellín, en sentencia del 19 de diciembre de 2009, y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 18 de enero de 2011, ordenaron la reparación patrimonial de 19 familiares de Luis Eduardo Jaramillo Zapata2. 1.2. A través de providencia del 19 de mayo de 2016, el Juzgado 35 Administrativo de Medellín admitió la demanda presentada por Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata y, en consecuencia, dispuso su traslado a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional3. 1.3. La Nación, a través del apoderado judicial del Ministerio de Defensa, propuso la excepción previa de caducidad del medio de control de reparación directa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, argumentando que entre el momento en que ocurrió el hecho dañoso y el instante en que se interpuso la demanda contencioso administrativa, trascurrieron más de dos años4. 1.4. El 18 de noviembre de 2016, el Juzgado 35 Administrativo de Medellín declaró probada la excepción previa propuesta por la Nación y, en este 1 Cfr. Folios 5 a 25 del cuaderno 1 del proceso contencioso administrativo con número de radicación 0500133-33-035-2016-00319-00. 2 Cfr. Proceso contencioso administrativo con número de radicación 05001-33-31-019-2006-00113-00. 3 Cfr. Folio 27 del cuaderno 1 del proceso contencioso administrativo con número de radicación 05001-33-33035-2016-00319-00. 4 Cfr. Folios 37 a 46 del cuaderno 1 del proceso contencioso administrativo con número de radicación 0500133-33-035-2016-00319-00. 4 sentido, desestimó la demanda presentada por Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata, al considerar que el medio de control interpuesto había caducado de conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, comoquiera que: (i) Trascurrieron más de dos años entre el instante en que la actora tuvo conocimiento del hecho dañoso que fundamenta la solicitud de reparación (año 2006) y el momento en el que radicó el escrito introductorio pretendiendo la compensación patrimonial de dicho menoscabo (año 2016). (ii) Ante la existencia de distintas posturas jurisprudenciales en torno a la caducidad del medio de control de reparación directa cuando el hecho dañoso es causado por un delito de lesa humanidad, se acogía a la tesis expuesta por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, en el fallo T-490 de 20146, y por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en Auto del 10 de febrero de 20167, según la cual las normas que se refieren a la imprescriptibilidad de la acción penal frente a algunas conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos, no pueden ser aplicadas por vía de analogía a las demandas contencioso administrativas, por tratarse de instituciones autónomas e

independientes. 1.5. Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata apeló dicha decisión, argumentando que el juez de instancia debió acoger la interpretación jurisprudencial que hace extensible la imprescriptibilidad que se predica de la acción penal frente a delitos de lesa humanidad al medio de control de reparación directa, puesto que es la hermenéutica que en mayor medida atiende a los mandatos constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado colombiano8. 1.6. Mediante Auto del 28 de febrero de 20189, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia, reiterando los fundamentos del a-quo10. Al respecto, cabe mencionar que dicha corporación resaltó la conformidad de la decisión impugnada con la jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado11, la cual consideró como el precedente más adecuado para resolver el litigio, en tanto que 5 Cfr. Folios 75 a 77 del cuaderno 1 del proceso contencioso administrativo con número de radicación 0500133-33-035-2016-00319-00. 6 M.P. Mauricio González Cuervo. 7 C.P. Hernán Andrade Rincón (Rad.: 2015-00934-01). 8 Cfr. Folios 75 a 77 del cuaderno 1 del proceso contencioso administrativo con número de radicación 0500133-33-035-2016-00319-00. 9 M.P. Gonzalo Zambrano Velandia.

10 Cfr. Folios 105 a 114 del cuaderno 2 del proceso contencioso administrativo con número de radicación 05001-33-33-035-2016-00319-00. 11 Cfr. Sentencia del 13 de mayo de 2015 (C.P. Hernán Andrade Rincón – Rad.: 2014-0072-01) y Auto del 10 de febrero de 2016 (C.P. Hernán Andrade Rincón - Rad.: 2015-00934-01). 5 diferencia de forma rigurosa los conceptos de imprescriptibilidad penal y caducidad de la acción contencioso administrativa.

2. Demanda de tutela 2.1. El 29 de agosto de 201812, Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata, a través de apoderado judicial13, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión del Auto del 28 de febrero de 2018, en el que la autoridad accionada confirmó la decisión del juez de primera instancia de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa que impetró con el fin de obtener el resarcimiento de los daños causados por el homicidio de su progenitor14. 2.2. Específicamente, la actora indicó que en la providencia reprochada el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en una violación directa del artículo 93 de la Carta Política, porque desestimó la demanda en contra del Ejército Nacional con base en lo dispuesto en el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo, aunque dicha norma no debió utilizarse para resolver el caso en virtud de los tratados internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad. 2.3. En concreto, la accionante indicó que al tratarse de una demanda de reparación directa en la cual el hecho dañoso alegado tuvo su causa en un delito de lesa humanidad, lo procedente no era aplicar dicha disposición legal, sino extender la imprescriptibilidad de la acción penal contemplada en el artículo 29 del Estatuto de Roma al medio de control contencioso administrativo, a efectos de que el Estado colombiano atendiera sus obligaciones internacionales contempladas en los artículos 8° y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en torno al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos15. 2.4. En el mismo sentido, la demandante señaló que el Tribunal Administrativo de Antioquia también incurrió en un defecto sustantivo, porque el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no era la norma aplicable para decidir sobre la caducidad de la demanda, comoquiera que lo procedente era utilizar las disposiciones sobre la imprescriptibilidad penal de los delitos de lesa 12 Cfr. Acta individual de reparto visible en el folio 48 del cuaderno principal. 13 Cfr. Poder visible en el folio 47 del cuaderno principal. 14 Folios 3 a 47 del cuaderno principal. 15 Para sustentar este argumento, la actora citó las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos dentro de los casos: (i) Almonacid Arellano Vs. Chile, (ii) Barrios Altos Vs. Perú y (iii)

La Cantuta Vs. Perú, así como la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005 y el principio 24 del conjunto de principios actualizado para la Protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad de la misma organización internacional. 6 humanidad contempladas en los tratados internacionales suscritos por Colombia. 2.5. Igualmente, la actora explicó que, al desestimar el medio de control de reparación directa, el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció el precedente judicial, según el cual existe una correlación de incidencia entre la imprescriptibilidad penal de los delitos de lesa humanidad y el término de caducidad de la acción contencioso administrativa, contemplado en: (i) Las providencias del 30 de marzo de 201716, 14 de septiembre de 201717 y 11 de mayo de 201818 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. (ii) Las decisiones del 17 de septiembre de 201319, 7 de septiembre de 201520, 2 de mayo de 201621, 5 de septiembre de 201622, 24 de octubre de 201623 y 30 de mayo de 201824 de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. (iii) La Sentencia T-352 del 6 de julio de 201625 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. (iv) Los fallos de tutela del 7 de septiembre de 201526, 13 de julio de 201727 y 10 de mayo de 201828 de la Sección Quinta del Consejo de Estado. (v) El Auto del 10 de mayo de 2018 del mismo Tribunal Administrativo de Antioquia29.

2.6. Además, la accionante sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que omitió estudiar las pruebas que demuestran que el homicidio de su ascendiente constituye una actuación del Estado que se enmarca en la tipificación de un delito de lesa humanidad. 2.7. De otra parte, la demandante advirtió que el amparo presentado cumple con los requisitos generales de procedencia, porque se trata de una acción de tutela que busca la protección de derechos fundamentales de una víctima de la violencia ante una serie de yerros judiciales palmarios, la cual se interpone 16 C.P. Ramiro Pazos Guerrero (Rad.: 2014-01449-01). 17 C.P. Danilo Rojas Betancourth (Rad.: 2016-02780-01). 18 C.P. Ramiro Pazos Guerrero (Rad.: 2016-00536-01). 19 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Rad.: 2012-00537-01). 20 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Rad.: 2013-00035-01). 21 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Rad.: 2014-00069-01). 22 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Rad.: 2016-00587-01). 23 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Rad.:2016-01722-01). 24 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (Rad.: 2016-01418-02). 25 M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 26 C.P. Alberto Yepes Barreiro (Rad.: 2015-01676-00). 27 C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (Rad.: 2017-01509-01).

28 C.P. Alberto Yepes Barreiro (Rad.: 2017-01905-01). 29 Rad.: 2017-019051-01. 7 dentro de los seis meses siguientes a la fecha en la que fue proferida la decisión cuestionada y frente a la que no procede ningún recurso. 2.8. Con base en lo expuesto, Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata solicitó que se amparen sus derechos fundamentales y que, en consecuencia, se deje sin efectos el Auto del 28 de febrero de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y se le ordene a dicha autoridad que expida una nueva providencia en la que se abstenga de declarar probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa que interpuso en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional.

3. Admisión de la demanda de tutela y traslado A través de Auto de 3 de septiembre de 201830, la Sección Cuarta del Consejo de Estado: (i) admitió la acción de tutela de la referencia, (ii) ordenó notificar del inicio del proceso al Tribunal Administrativo de Antioquia, y (iii) dispuso la vinculación al trámite del Juzgado 35 Administrativo de Medellín, del Ministerio de Defensa y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Estado.

4. Contestación de la demanda de tutela El Tribunal Administrativo de Antioquia se opuso a la prosperidad del amparo31, argumentando que la decisión cuestionada no incurrió en los defectos indicados en la acción de tutela, ya que: (i) se fundamentó en la aplicación razonable de las disposiciones del derecho positivo que estipulan la

caducidad del medio de control de reparación directa; y (ii) siguió la interpretación sobre la materia de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, adoptada en un conjunto de providencias en las que se resolvieron casos con supuestos fácticos similares.

5. Intervenciones de las autoridades vinculadas al proceso 5.1. El Ministerio de Defensa solicitó denegar el amparo pretendido32, al estimar que la decisión reprochada no fue arbitraria, puesto que se sustentó en las normas legales referentes a la caducidad del medio de control de reparación directa, las cuales fueron aplicadas adecuadamente al caso concreto. 5.2. A su vez, el Juzgado 35 Administrativo de Medellín pidió no acceder a las pretensiones de la acción de tutela33, toda vez que la actora:

(i) Busca reabrir el debate jurídico agotado en su debida oportunidad ante las autoridades naturales de la causa, con base en una serie de argumentos 30 Folio 50 del cuaderno principal. 31 Folios 60 a 65 del cuaderno principal. 32 Folios 68 a 70 del cuaderno principal. 33 Folios 70 a 72 del cuaderno principal. 8 que dan cuenta de su desacuerdo con la decisión acusada, pero que no son constitutivos de un yerro con la entidad constitucional suficiente para tornar procedente la acción de tutela. (ii) A partir de una interpretación alternativa a la expuesta por las autoridades que conocieron del medio de control que promovió en contra de la Nación, pretende remediar su falta de diligencia para gestionar la reparación por los daños causados por el homicidio de su progenitor, en

tanto que los demás familiares de Luis Eduardo Jaramillo Zapata sí presentaron la demanda respectiva dentro del término legal y fueron indemnizados. (iii) Invoca de manera descontextualizada una serie de precedentes presuntamente aplicables al caso, ignorando que para la fecha de la decisión atacada no existía una posición jurisprudencial uniforme sobre la materia.

6. Decisión de primera instancia 6.1. Mediante Sentencia del 23 de noviembre de 201834, la Sección Cuarta del Consejo de Estado denegó el amparo solicitado, al evidenciar que la decisión cuestionada proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia se enmarcó en la autonomía e independencia judicial que le otorga la Constitución para interpretar de manera razonable el ordenamiento positivo35. 6.2. En concreto, la corporación de instancia tomó nota de que la autoridad demandada, ante la inexistencia de un criterio jurisprudencial unificado sobre la materia objeto del litigio, optó por acoger la posición que consideró que mejor se ajustaba al sistema normativo, reiterando para el efecto un conjunto de decisiones de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de

Estado.

7. Impugnación El 7 de diciembre de 2018, Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata impugnó el fallo de primera instancia36, reiterando los argumentos de su escrito tutelar, e indicando la necesidad de aplicar la jurisprudencia de las Subsecciones B y C de la Sección Tercera del Consejo de Estado a su caso, en tanto que constituyen el precedente que permite satisfacer de mejor manera los mandatos constitucionales referentes a la reparación patrimonial de las

víctimas de violaciones a los derechos humanos.

8. Decisión de segunda instancia 34 C.P. Milton Chaves García. 35 Folios 83 a 89 del cuaderno principal. 36 Folios 97 a 102 del cuaderno principal.

9 A través de Sentencia del 31 de enero de 201937, la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmó el fallo de primera instancia, reafirmando los fundamentos del a-quo referentes a la constitucionalidad de la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia38.

9. Trámite en sede de revisión 9.1. Con ocasión de la solicitud presentada por la parte accionante39, mediante Auto del 28 de marzo de 201940, la Sala de Selección de Tutelas Número Tres de la Corte Constitucional escogió para revisión el expediente de la referencia con fundamento en el criterio objetivo denominado “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial”, contemplado en el artículo 52 del Reglamento Interno de este Tribunal41. 9.2. En atención al informe presentado por el magistrado ponente, en la sesión ordinaria del 26 de junio de 2019, la Sala Plena de la Corte Constitucional asumió el conocimiento del proceso T-724374242. 9.3. A través de autos del 11 de septiembre43, 7 de octubre44 y 8 de noviembre de 201945, esta Corporación decretó una serie de pruebas con el fin de obtener mayores elementos de juicio para adoptar una decisión de fondo46. En

atención a dichos proveídos: (i) El Juzgado 19 Administrativo de Medellín remitió en calidad de préstamo el expediente con número de radicación 05001-33-31-019-200600113-0047, contentivo de la demanda de reparación directa presentada por María Consuelo Zapata y otros48 en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. (ii) El Ministerio de Defensa allegó un informe en el que señaló que las investigaciones internas adelantadas con ocasión de la muerte del Luis Eduardo Jaramillo fueron archivadas en el año 200649. 37 C.P. Rocío Araújo Oñate. 38 Folios 113 a 124 del cuaderno principal. 39 Folios 1 a 16 del cuaderno de revisión. 40 Folios 17 a 33 del cuaderno de revisión. 41 Acuerdo 02 de 2015. 42 Folio 36 del cuaderno de revisión. 43 Folios 47 a 49 del cuaderno de revisión. 44 Folios 97 a 99 del cuaderno de revisión. 45 Folio 124 del cuaderno de revisión. 46 Al respecto, cabe resaltar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte, en dichas providencias se dispuso que los términos para fallar se suspenderían mientras se recaudaban las pruebas decretadas. 47 Folio 60 del cuaderno de revisión. 48 En dicho proceso la parte demandante estuvo conformada por los siguientes familiares de Luis Eduardo Jaramillo: María Consuelo Zapata, William Edilson Jaramillo Zapata, Arlidia Yoaira Jaramillo Zapata, Cristian Mauricio Jaramillo Zapata, Dalida Andrea Jaramillo Zapata, Dayana Vanesa Jaramillo Zapata, María Eva Zapata de Jaramillo, Luis Eduardo Jaramillo Montoya, María Consuelo Jaramillo Zapata, Marta Gloria

Jaramillo Zapata, Luz Mariela Jaramillo Zapata, Beatriz Elena Jaramillo Zapata, María Rosario Jaramillo Zapata, Raúl Darío Jaramillo Zapata, María Eugenia Jaramillo Zapata, Joaquín Emilio Jaramillo Zapata, María Doralba Jaramillo Zapata y Publia de Jesús Jaramillo Zapata. 49 Folios 92 a 96 y 202 a 203 del cuaderno de revisión. 10 (iii) El Fiscal 28 Penal Militar envió un informe en el cual explicó que la investigación penal adelantada con ocasión de la muerte de Luis Eduardo Jaramillo en contra de Oswaldo Chiquito Suárez, Héctor Fabio Díaz Silvestre, Julio Roberto Mendivelso Torres, Luis Ney Yustre Trujillo, Edilson Javier Castillo Sarmiento, Yeisson Castrillón Velázquez, Fabián López Fernández, Reinaldo Monsalve Zeas y Luis Fernando Rodríguez Gómez, fue remitida por competencia a la Fiscalía General de la Nación el 26 de octubre de 201650. (iv) La Fiscalía General de la Nación informó que entre los años 2016 y 2019 adelantó un conjunto de actuaciones dirigidas a recaudar los elementos de juicio necesarios para determinar la culpabilidad penal de los investigados por el homicidio de Luis Eduardo Jaramillo. Sin embargo, el ente acusador aclaró que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1957 de 2019, no es competente para llevar a juicio a los indiciados, comoquiera que se trata de un asunto de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz51. (v) La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

informó que, a través de la Resolución 1029 del 3 de octubre de 2013, le reconoció a Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata una indemnización administrativa con ocasión del homicidio de su progenitor, la cual fue cobrada el 25 de agosto de 2016 mediante procedimiento bancario en el municipio de Ituango52. (vi) El Juzgado 35 Administrativo de Medellín remitió una copia digital del expediente con número de radicación 05001-33-33-035-2016-0031900, contentivo de la demanda de reparación directa presentada por Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional53. (vii) Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata envió un escrito en el que expresó que en el mes de abril de 2006 tuvo conocimiento del homicidio de su progenitor por parte de miembros del Ejército Nacional, así como que tardó más de 10 años en interponer el medio de control de reparación directa, porque: (a) se distanció de su hogar con ocasión de su reclusión en un centro penitenciario entre los años 2001 y 2005, y debido a que (b) tenía temor de las represalias que pudieran tomar las fuerzas militares en su contra54. 9.4. A través de Auto del 16 de diciembre de 201955, este Tribunal dispuso el traslado de los elementos probatorios recaudados a las partes del proceso con 50 Folio 64 del cuaderno de revisión. 51 Folios 141 a 142 del cuaderno de revisión. 52 Folios 119 a 123 del cuaderno de revisión.

53 Folios 89 a 90 del cuaderno de revisión. 54 Folios 69 a 71 del cuaderno de revisión. 55 Folio 143 del cuaderno de revisión. 11 el propósito de que, si lo consideraban pertinente, se pronunciaran sobre los mismos. En virtud de lo dispuesto en dicha providencia: (i) La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sostuvo que, debido al alcance de su objeto misional y la discrecionalidad que le otorga la ley para intervenir en los procesos de amparo, no se pronunciaría sobre la acción de tutela presentada por Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata56. (ii) Nelcy Elizabeth Jaramillo Zapata le solicitó a la Corte que ampare sus derechos fundamentales, así como que se pronuncie sobre la constitucionalidad y convencionalidad de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en torno a la caducidad del medio de reparación directa en tratándose de daños causados por delitos de lesa humanidad57.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

1. Competencia Esta Sala es competente para revisar los fallos proferidos dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la

Constitución Política58.

2. Legitimación en la causa 2.1. Previo al planteamiento de los problemas jurídicos a resolver, es necesario establecer si en esta oportunidad se satisface la legitimación en la causa por activa y por pasiva de la acción de tutela. - Legitimación en la causa por activa 2.2. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela puede

ser ejercida por cualquier persona directamente o “por quien