CC - T017-2020

Sentencia T-017/20

PRINCIPIOS DE CELERIDAD, ECONOMIA Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Juez de tutela no puede negarse a tramitar una acción excusado en un decreto que solo prevé reglas para el reparto

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE

UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Configuración CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Accionante tomó posesión de su curul como representante a la Cámara

Referencia: Expediente T-6.998.967

Acción de tutela interpuesta por Seuxis Paucias Hernández Solarte contra la Fiscalía General de la Nación

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020) La Sala Cuarta de Revisión (en adelante, la “Sala”) de la Corte Constitucional (en adelante, la “Corte”), integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. La acción de tutela fue interpuesta el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) por Seuxis Paucias Hernández Solarte, actuando por intermedio de apoderado judicial1, contra la Fiscalía General de la Nación, por considerar que se le desconocen sus derechos a la participación, a la paz y a la

reincorporación política, así como los derechos de las víctimas, por la negativa de la autoridad demandada a autorizar el traslado del accionante al Capitolio Nacional con el propósito de tomar posesión como Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2018-2022. 1 Se aporta copia del poder otorgado por el accionante a Gustavo Enrique Gallardo Morales. Ver cuaderno principal, fl. 15.

A. HECHOS RELEVANTES

2. El veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017), en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, el “Acuerdo Final”), Seuxis Paucias Hernández Solarte suscribió un documento mediante el cual manifestaba su “compromiso de terminar el conflicto y no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional o legal vigente” y que “cono[cía] el Acuerdo Final suscrito por las FARC-EP y el Gobierno Nacional y manif[estaba] un compromiso de responsabilidad con su finalidad, obligaciones y sus metas, incluyendo contribuir a las medidas y los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el proceso de tránsito a la vida civil”2.

3. El veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el accionante fue beneficiario de la amnistía de iure, otorgada mediante el Decreto 1565 de

20173.

4. El primero (1º) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), Seuxis Paucias Hernández Solarte suscribió, ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción

Especial para la Paz (en adelante, la “JEP”), un acta de compromiso, en virtud de la cual señalaba que se “acog[ía] libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y queda[ba] a disposición de esta, conforme a las condiciones establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), aprobado por el Acto Legislativo 01 de 2017, para efectos de la reincorporación política, social y económica”4.

5. El diez (10) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), el accionante fue inscrito ante el Consejo Nacional Electoral como cabeza de lista del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común–FARC (en adelante, el “Partido FARC”) para la circunscripción de Atlántico, en las elecciones para Cámara de Representantes, correspondientes al periodo 2018-20225. El mencionado órgano le había reconocido personería jurídica a dicho partido el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), de conformidad con el Acto Legislativo 03 de 20176. El once (11) de marzo de dos mil dieciocho (2018) se llevaron a cabo dichas elecciones.

6. El nueve (09) de abril de dos mil dieciocho (2018), el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte fue capturado por la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la orden de captura internacional emitida el cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Federal de los Estados Unidos –

Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York7.

7. Mediante Resolución No. 1597 del diecinueve (19) de julio de dos mil

dieciocho (2018), en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2017, 2 Cuaderno principal, fl. 42. 3 Cuaderno principal, fl. 1. 4 Cuaderno principal, fl. 43. 5 Cuaderno principal, fl. 2. 6 Cuaderno principal, fls. 1 y 2. 7 Cuaderno principal, fl. 2. 2 el Consejo Nacional Electoral asignó curules al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, para el periodo constitucional 2018-2022, al Partido FARC. Para el caso de la Cámara de Representantes, las curules se asignaron al primero de la lista de las cinco (5) circunscripciones territoriales a las que fueron inscritas. Así, por la circunscripción del Atlántico se asignó una curul al mencionado partido, la cual correspondió a Seuxis Paucias Hernández Solarte8. En consecuencia, se expidió la credencial correspondiente9.

8. Posteriormente, a través escrito del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), tras la asignación de su curul, el accionante solicitó a la Fiscalía General de la Nación concederle permiso para asistir a la toma de posesión como Representante a la Cámara, la cual tendría lugar el veinte (20) de julio de dos mil dieciocho (2018)10. En igual sentido, radicó petición ante la JEP, en la misma fecha, solicitando la concesión de un permiso excepcional, para efectos de tomar posesión en la instalación del Congreso11.

9. En respuesta a esta comunicación, mediante auto del dieciocho (18) de julio

de dos mil dieciocho (2018), la JEP argumentó que, según el artículo 139 de la Ley 65 de 1993, el competente para resolver sobre las peticiones de permisos excepcionales formuladas por procesados es el funcionario judicial competente, es decir, la Fiscalía General de la Nación, según precisó el auto 401 de junio de 2018 de la Corte Constitucional. En consecuencia, declaró su falta de competencia para conocer de la petición formulada a ella por el accionante12 (ver supra, numeral 8). Por su parte, mediante escrito del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), la Fiscalía General de la Nación contestó indicando que “se encuentra privado de la libertad en virtud de lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)”13.

10. Adicionalmente, por intermedio del escrito del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), el accionante le solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, el “INPEC”) que autorizara su remisión el martes veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018) a las instalaciones de la Cámara de Representantes, con el fin de asistir a la plenaria de esa corporación convocada para ese día14. En esa fecha presentó la misma petición a la Fiscalía General de la Nación15.

11. En respuesta a esta solicitud, el mismo veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), el INPEC indicó que debía presentar tal solicitud ante la Fiscalía General de la Nación, por cuanto el accionante se encontraba privado

de la libertad por cuenta de esa entidad16. Por su parte, la Fiscalía General de la 8 Cuaderno principal, fls. 28 a 35. 9 Cuaderno principal, fl. 18. 10 Cuaderno principal, fl. 4. 11 Cuaderno principal, fl. 98. 12 Cuaderno principal, fls. 99 a 101. 13 Cuaderno principal, fl. 16. 14 Cuaderno principal, fl. 20. 15 Cuaderno principal, fl. 23. 16 Cuaderno principal, fl. 17. 3 Nación reiteró lo dicho en el escrito del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)17 (ver supra, numeral 9).

12. El veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), el accionante suscribió un acta de posesión como Representante a la Cámara, dirigida al Representante Alejandro Chacón Camargo, entonces presidente de dicha corporación. En el mencionado documento, manifestó que “la imposibilidad de hacer esta posesión de manera personal proviene de una externalidad que se escapa de mi voluntad, me encuentro inmerso en fuerza mayor por acto de autoridad ejercido por un funcionario público”18. Tal acta fue firmada por el accionante y por tres (3) testigos.

B. LA DEMANDA DE TUTELA

13. Por los hechos expuestos, el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), el accionante, actuando mediante apoderado, presentó acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación.

14. En primer lugar, sostuvo que se vulneraron sus derechos políticos, pues se desconoció el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos (“CADH”). Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), al interpretar dicha norma, indicó que una restricción a los derechos políticos impuesta por vía de sanción solo procede por condena, por juez competente, en un proceso penal. En este sentido, citó el caso López Mendoza vs. Venezuela, en el que la Corte IDH advirtió que se violaron los derechos políticos del señor Leopoldo López Mendoza, pues su restricción había sido ordenada por una autoridad administrativa y no fue resultado de un proceso penal19.

15. Consideró que el razonamiento expuesto en el caso citado resulta aplicable en el actual, por cuanto la restricción de sus derechos políticos fue ocasionada por la captura de la Fiscalía General de la Nación en el trámite de extradición, es decir, no fue producto de una condena penal. Por ello, sostuvo que “[l]a Fiscalía General de la Nación está impidiendo el caso (sic) y el desarrollo en las funciones y cargo público del cual es titular el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, en relación con el Acto Legislativo 03 de 2017”20. Indicó que el accionante no se encuentra inmerso en los supuestos previstos en los artículos 279, 280 y 296 de la Ley 5 de 1992, en los que se determina el concepto de las inhabilidades y las causales de pérdida de investidura. Afirmó, que tampoco en el caso se aplica lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, relacionado con las faltas absolutas y temporales, por no tener proceso penal abierto en Colombia.

16. En segundo lugar, señaló que los contenidos del Acuerdo Final son parámetro de validez y son de obligatorio cumplimiento para todas las ramas 17 Cuaderno principal, fl. 159. 18 Cuaderno principal, fls. 49 y 50. 19 Cuaderno principal, fl. 6. 20 Cuaderno principal, fl. 7. 4 del poder público, en virtud del Acto Legislativo 02 de 2017. Consideró que la Fiscalía General de la Nación incurrió en “una conducta desleal y por tanto contraria al principio de buena fe”21, al impedirle tomar posesión el veinte (20) de julio como Representante a la Cámara, “procurando que de manera involuntaria mi poderdante incurra en una de las causales de pérdida de investidura al impedir la posesión”22.

17. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se protegiera el derecho fundamental de su representado a la participación política, reconocido en el artículo 23 de la CADH y 40 de la Constitución Política, y que, en consecuencia, se ordenara a la Fiscalía General de la Nación trasladarlo al Congreso de la República para tomar posesión del cargo y para asistir a las sesiones de la Cámara de Representantes. Como pretensión subsidiaria, pidió que declarara su posesión como Representante a la Cámara para la legislatura 2018-2022. A su vez, en defecto de la anterior solicitud, requirió que se ordenara a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes “llamar a posesionarse como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico al segundo de la lista presentada por el Partido Alternativa Revolucionaria del Común, y suspender los términos para no aplicar la figura de la pérdida de la

investidura”23, esto último por configurarse un supuesto de fuerza mayor.

C. ADMISIÓN DE LA DEMANDA, MEDIDAS

PROVISIONALES, PRUEBAS DECRETADAS Y SOLICITUD DE NULIDAD DE LO ACTUADO Admisión de la demanda, vinculación a la Cámara de Representantes y medida cautelar decretada mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

18. La acción de tutela de la referencia fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A, quien, mediante providencia del treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), dispuso que carecía de competencia para conocer de ella, por lo que la remitió a los juzgados administrativos del circuito judicial de Bogotá para que se decidiera de fondo.

19. Mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió la acción de tutela de la referencia, vinculó al proceso a la Presidencia de la Cámara de Representantes y decretó la siguiente medida provisional: “Mediante esta providencia se ordena a la Doctora Ana Fabiola

Castro Rivera Directora de Asuntos Internacionales de la Nación – Fiscalía General de la Nación – Oficina de Gestión Internacional que en el término de 4 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia conteste y notifique al accionante la 21 Cuaderno principal, fl. 11. 22 Ibíd. 23 Cuaderno principal, fl. 14. 5 respuesta a la solicitud de traslado presentada por el ahora actor a dicha entidad el 23 de julio de 2018, bajo radicado No.

20186110769392”24.

20. Ante el incumplimiento de la medida provisional, el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá reiteró la orden, “so pena de continuar con el trámite de desacato”25.

21. Igualmente, mediante providencia del nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se vinculó al Congreso de la República y se le otorgó un (1) día para contestar la acción de tutela26.

Contestación de la Fiscalía a la medida cautelar decretada mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

22. Mediante escrito del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, contestó el auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), proferido por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá (ver supra, numeral 19). En él, abordó los siguientes

asuntos:

23. Indicó que la extradición es una figura que se fundamenta en la cooperación de la comunidad internacional en la lucha contra el delito. Afirmó que, según el artículo 35 de la Constitución, dicha figura jurídica se podrá conceder, solicitar u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos o, en su defecto, con la ley. En este sentido, señaló que el Código de Procedimiento Penal regula el trámite y en su artículo 509 indica la facultad del Fiscal General de la Nación de decretar la captura de una persona solicitada en extradición por parte de un Estado

extranjero. Manifestó que esta captura “tiene su razón de ser en el interés del Estado extranjero, así expresado, por conducto diplomático, en obtener la privación de la libertad de la persona requerida”27. Adujo que, por esto, la naturaleza de la captura es distinta al proceso penal ordinario, por lo que “[l]a persona que se encuentra capturada con fines de extradición no es objeto de las instituciones procesales contenidas en el Capítulo III del Título IV – Libro II de la Ley 906 de 2004, relativas a las medidas de aseguramiento”28.

24. Agregó que la detención preventiva y la captura con fines de extradición tienen alcance jurídico distinto: mientras que la segunda pretende realizar los fines de la administración de justicia, la primera se decreta por la existencia de indicios graves de responsabilidad (según la Ley 600 del 2000) o cuando se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva (según la Ley 906 de 2004). Sostuvo también que, según el auto 401 de 2018, el Fiscal General de la Nación es el competente para ordenar 24 Cuaderno principal, fl. 74. 25 Cuaderno principal, fl. 64. 26 Cuaderno segundo, fl. 165. 27 Cuaderno principal, fl. 108.

28 Ibíd. 6 la captura con fines de extradición contra las personas sometidas al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante, el

“SIVJRNR”).

25. Argumentó también que la acción de tutela se dirige contra el Fiscal General

de la Nación, por ser quien ordenó la captura con fines de extradición contra el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. Explicó que, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Fiscal General de la Nación serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los tribunales superiores del distrito judicial o a los tribunales administrativos. Por lo anterior, solicitó a la Jueza Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá “que se declare incompetente para conocer de la presente acción de tutela, presentada por el accionante ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, y, en consecuencia, se decrete la nulidad de lo actuado hasta el momento en el presente procedimiento”29.

26. Consideró la Fiscalía General de la Nación que no era posible conceder la solicitud planteada por el accionante para asistir a las sesiones del Congreso de la República. Asimismo, señaló que “es incompatible con la naturaleza jurídica de dicha figura [la restricción del derecho a la libertad fundada en una orden de captura suscrita por el Fiscal General de la Nación] permitir que una persona asista a trabajar normalmente ante una entidad pública como lo es el Congreso de la República”30.

27. Finalmente, con relación a la medida provisional ordenada por el juez de instancia, afirmó que “carece de objeto por hecho superado”31. Así, frente a la petición formulada por el accionante el diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 8), hizo referencia al escrito de respuesta del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 9),

la cual fue notificada a través del INPEC al tutelante el veintitrés (23) de ese mismo mes32. A su vez, frente al escrito presentado por el accionante el veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 10), afirmó que fue contestado mediante escrito del mismo día (ver supra, numeral 11) y notificado nuevamente por el INPEC al señor Hernández Solarte, lo cual sucedió al día siguiente33. Intervención de la Procuraduría 187 Judicial Administrativa de Bogotá con relación a la medida cautelar decretada mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)

28. Mediante escrito del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dirigido al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Procuraduría 187 Judicial Administrativa de Bogotá, indicando que 29 Cuaderno principal, fl. 110 revés. 30 Cuaderno principal, fl. 109 revés. 31 Cuaderno principal, fl. 110. 32 Cuaderno principal, fl. 138. 33 Cuaderno principal, fl. 161. 7 la medida provisional le parecía “pertinente y necesaria”34, pues la contestación de la Fiscalía General de la Nación, del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 9), a la petición formulada por Seuxis Paucias Hernández Solarte dos días antes (ver supra, numeral 8), “es una respuesta escueta que no da cuenta del origen, antecedentes o contexto”35.

Resaltó también que el accionante presentó otra petición a la Fiscalía General de la Nación el veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 10), frente a la cual “no se aportó respuesta”, misma que “es fundamental para entrar a emitir concepto de fondo por parte de la Procuraduría en la acción de amparo, y más aún para dirimir el objeto de la tutela”36. Medida cautelar decretada mediante auto del primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

29. Una vez recibida la comunicación de la Fiscalía General de la Nación del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 22), el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá decretó una nueva medida provisional, mediante auto de esa misma fecha, consistente en lo siguiente: “Se declara la fuerza mayor para los efectos del artículo 183 de la Constitución Nacional respecto de la posesión como Representante a la Cámara del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, identificado con cédula de ciudadanía número 92.275.786 y se ordena la interrupción del término para su posesión, en los términos referidos en la parte considerativa de este auto”37.

Auto del primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual se resuelve una solicitud de nulidad de lo actuado

30. Mediante providencia del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se refirió a la solicitud de nulidad planteada por la Fiscalía General de

la Nación (ver supra, numeral 25). Indicó que la acción de tutela fue inicialmente repartida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ver supra, numeral 18) y este consideró que carecía de competencia, por lo que la remitió a su despacho. Adicionalmente, manifestó que esta ha indicado que en materia de tutela solo existen dos factores de asignación de competencia, previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, a saber: (i) el juez del lugar donde se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales invocados o donde se producen los efectos de tal vulneración o amenaza y, (ii) en caso de acciones de tutela contra medios de comunicación, la asignación a los jueces de circuito del lugar donde ocurrieron los hechos. Por lo anterior, concluyó que el Decreto 34 Cuaderno principal, fl. 82. 35 Cuaderno principal, fl. 75. 36 Ibíd. 37 Cuaderno principal, fl. 114. 8 1983 de 2017 fija reglas de reparto, más no de competencia, por lo que rechazó de plano la solicitud estudiada38. Apelación contra la medida provisional decretada mediante auto del primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018), presentada por el Presidente de la Cámara de Representantes

31. Mediante escrito del tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), Alejandro Carlos Chacón Camargo, actuando como Presidente de la Cámara de Representantes, presentó recurso de apelación contra la medida provisional decretada por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través de la providencia del primero (1º) de agosto de dos mil

dieciocho (2018)39 (ver supra, numeral 31).

32. En primer lugar, señaló que la juez de conocimiento carecía de competencia para adoptar la decisión cuestionada, debido a que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, las tutelas dirigidas contra las actuaciones del Fiscal General de la Nación son repartidas para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores de distrito judicial o a los tribunales administrativos. En el mismo sentido, argumentó que el juez de tutela no puede valorar el caso fortuito o fuerza mayor para dejar sin efectos la causal contemplada en el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución y en el numeral 7 del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, ya que esta es una facultad atribuida de forma exclusiva al Consejo de Estado, en la que no pueden inmiscuirse acciones de carácter constitucional.

33. Además, argumentó que en el presente caso no se reunían los elementos que configuran la fuerza mayor que justifique la posesión, tal como se solicitó mediante la medida provisional decretada el primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 29), pues (i) en el presente caso no se presentó un hecho de la naturaleza, sino una acción (captura) derivada de la propia actividad presuntamente delictiva del accionante; (ii) el hecho de haberse proferido en su contra orden de captura, que se hace efectiva mediante las circulares rojas de la Interpol, hace previsible la consecuencia de la privación de la libertad con fines de extradición; y (iii) la captura no constituye un elemento externo al agente, sino que, por el contrario, es producto de su propia

acción.

34. Finalmente, aseguró que las medidas provisionales mencionadas carecían de objeto. Por un lado, indicó que el término suspendido ya había finalizado antes de que se decretada dicha medida, pues corrió del veinte (20) al veintiocho (28) de julio de dos mil dieciocho (2018), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Constitución. Por otro lado, afirmó que el accionante ya había solicitado en dos ocasiones permiso para posesionarse en el Congreso de la República y para asistir a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, obteniendo respuesta oportuna los días diecinueve (19) y veintitrés (23) de julio 38 Cuaderno principal, fl. 123. 39 Escrito firmado por el señor Alejandro Carlos Chacón Camargo, en calidad de presidente y representante legal de la Cámara de Representantes. Cuaderno segundo, fls. 138 a 146. 9 de dos mil dieciocho (2018), esto es, incluso antes de que fuera presentada la acción de tutela.

35. En consecuencia, solicitó se revocara la providencia del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá (ver supra, numeral 29), y, en su lugar, se hiciera cesar la medida provisional allí decretada40.

Pruebas solicitadas por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá

36. Mediante auto del seis (6) de agosto de dos mil dieciocho (2018), solicitó al Fiscal General de la Nación y a la Directora de Asuntos Internacionales de la

Fiscalía General de la Nación que indicara el fundamento jurídico que le otorgaba competencia para resolver las peticiones formuladas por el accionante. Igualmente, les pidió adjuntar el soporte probatorio pertinente para sustentar la respuesta.

D. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y DE LA VINCULADA Contestación de la Fiscalía General de la Nación41

37. El ente acusador dividió su intervención en seis (6) puntos, que se resumen

a continuación:

38. Sobre la medida provisional decretada: cuestionó la medida provisional adoptada por el juez de instancia, argumentando que no se precisó qué derecho fundamental se encontraba amenazado. Además, puso de presente que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, no se puede alegar la vulneración de un derecho fundamental por el solo hecho de que se adelante un trámite administrativo de extradición, en el cual se observan todas las reglas del debido proceso.

39. Seguidamente, expuso que la naturaleza jurídica de la captura al interior de un trámite de extradición hace improcedente que el capturado acuda a la Cámara de Representantes a fin de ejercer sus distintas actividades legislativas. En este sentido, adujo que el derecho a la participación política en los términos que alega el accionante no hace parte del catálogo de garantías que el Estado debe reconocer a las personas privadas de la libertad.

40. De igual forma, señaló que el juzgado incurrió en un error al decretar la medida provisional basada en la configuración de la fuerza mayor, ya que (i) la

captura de una persona solicitada en trámite de extradición es previsible; y (ii) se desconoció el principio según el cual nadie puede invocar su propia culpa para obtener provecho. 40 Cuaderno segundo, fl. 131. 41 Oficio de fecha 02 de agosto de 2018, suscrito por la doctora Ana Fabiola Castro Rivera en calidad de Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Cuaderno principal, fls. 191 a 202. 10

41. En este sentido, hizo un recuento doctrinal y jurisprudencial del concepto de fuerza mayor, concluyendo que, para que se configure dicha fuerza mayor en un caso concreto, el efecto del fenómeno presentado no solo debe ser irresistible, sino también imprevisible y exterior al agente, o sea, no serle imputable desde ningún ámbito. A partir de lo anterior, manifestó que, al ser la fuerza mayor un hecho que generalmente proviene de la naturaleza, cuya externalidad supone la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer, en el presente asunto no se configura un evento de fuerza mayor como causal que permita exonerar al señor Hernández Solarte de su deber de tomar posesión de su cargo en el Congreso, pues el hecho de que haya sido capturado es producto de la acción presuntamente delictiva del procesado. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la medida provisional decretada.

42. Sobre la falta de competencia: sostuvo que, a pesar de lo resuelto por el superior jerárquico del funcionario judicial de conocimiento, en virtud del cual este último debió asumir la competencia del presente asunto, se desconocieron las reglas sobre reparto y competencia previstas en el Decreto 1983 de 2017,

que establece que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Fiscal General de la Nación corresponden a los tribunales superiores del distrito judicial o a los tribunales administrativos en primera instancia.

43. Ausencia de vulneración del derecho a la participación política: señaló que, de conformidad con la sentencia C-034 de 2015, el ámbito del derecho a la participación política que se debate en el presente asunto exige el cumplimiento de ciertos requisitos, tales como (i) enmarcarse en los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución, como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la imparcialidad, la celeridad y la publicidad; (ii) preservar el interés general; y (iii) procurar que los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Carta Política sean alcanzados.

44. Señaló que el accionante se encuentra privado de la libertad en virtud de una orden de captura con fines de extradición, y, como consecuencia lógica y directa de esa circunstancia, algunos de sus derechos fundamentales se encuentran suped