CC - T030-2020

Sentencia T-030/20

DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Procedencia de la acción de tutela para su protección DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR RURAL-Vulneración por suspensión de acceso a servicio de internet ACCESO AL SERVICIO DE INTERNET FORMA PARTE DE LA FACETA PRESTACIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIONGarantía El servicio de internet es una de tantas herramientas con que cuentan las personas dedicadas a la docencia para asegurar el goce efectivo del derecho fundamental a la educación. Las instituciones educativas no pueden dejar de preparar a los niños y a las niñas a ser parte de una sociedad estructurada en tecnologías de la información, hace parte de su desarrollo armónico e integral. Cómo se haga y por qué medio, es una cuestión que compete a las autoridades encargadas en democracia para tomar tales decisiones. Hay muchos casos en los que, por ejemplo, los estudiantes accedan a dicha tecnología de la información desde sus casas o en lugares públicos. REGLA DE NO REGRESIVIDAD-Definición Conforme con la jurisprudencia constitucional, debe ser entendida como “la prohibición no absoluta de regresividad (regla) [que] es una de las manifestaciones del principio de progresividad el que, antes que una obligación de no hacer (el regreso arbitrario en el contenido prestacional de los derechos), implica una obligación amplia de hacer, cada vez más exigente para ‘lograr gradual, sucesiva, paulatina y crecientemente la plena efectividad’ del contenido prestacional de los derechos constitucionales.” De la anterior definición se tiene que se trata de una

categoría jurídica separable del principio de progresividad, pues si bien son conceptos interrelacionados, son jurídicamente diferenciables. Por un lado, “la regla, es decir, la no regresividad es una manifestación del principio e implica una obligación de no hacer para el Estado, pero sobretodo se desprende del principio de interdicción de la arbitrariedad. Por otro lado, el principio de progresividad supone obligaciones de hacer con miras a garantizar, gradual y sucesivamente la plena efectividad de los derechos, en el contexto de las capacidades económicas e institucionales del Estado.” REGLA DE NO REGRESIVIDAD-Características Entre las características de la regla de no regresividad se cuentan las siguientes. Primero, no es absoluta, “pues se entiende que existen situaciones que de conformidad con determinaciones de racionalización de recursos y con el momento histórico de cada Estado admiten el retroceso de la efectividad de algunas garantías, sin que ello suponga necesariamente una arbitrariedad, lo cual se verifica mediante el análisis de razonabilidad y proporcionalidad de la medida.” Segundo, es aplicable tanto al Legislador como a la Administración. Frente a esta última, ha señalado que no basta que las entidades territoriales justifiquen el retroceso con las crisis o restricciones financieras, pues dichas autoridades en la ejecución de las políticas públicas deben responder a criterios de planeación; lo contrario, sería trasladarle a los administrados la carga de soportar errores propios de la administración. Tercero, “en virtud de este principio no es posible avalar la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para lograr

la protección integral de los derechos”. Y, quinto, en relación con las facetas prestacionales de los derechos, es exigible por la vía judicial “(1) la existencia de una política pública, (2) orientada a garantizar el goce efectivo del derecho y (3) que contemple mecanismos de participación de los interesados.” TEST DE NO REGRESIVIDAD EN EL DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES-Decisión de suspender servicio de internet a estudiantes de escuela rural, constituye una medida regresiva REGLA DE NO REGRESIVIDAD EN LA GARANTIA DE LA FACETA PRESTACIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACION DE LOS MENORES DE EDAD-Se desconoció por suspensión injustificada del servicio de internet, del que venían disfrutando los menores en escuela rural DERECHO A LA EDUCACION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SECTOR RURAL-Orden de garantizar acceso y uso del servicio de internet en escuela rural Referencia: Expedientes T-6.427.652 y T6.451.601 (AC) Acción de tutela instaurada por Diana Marcela Ocampo Villegas y otras, actuando en representación de sus respectivos hijos, contra la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia y la Secretaría Municipal de Jericó (T-6.451.601); y, Hernán Darío Nanclares Nanclares contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y la Subdirección para la Industria de las Comunicaciones (T-6.427.652)

Magistrada Ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020)

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y la 2 Magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela interpuesta por Diana Marcela Ocampo Villegas y otras, actuando en representación de sus respectivos hijos, contra la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia y la Secretaría Municipal de Jericó (T-6.451.601); y, Hernán Darío Nanclares Nanclares contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, Edatel, Une, Colombia Móvil S.A. y Colombia Telecomunicaciones (T-6.427.652).1

I. ANTECEDENTES En seguida, se exponen los hechos relevantes de cada uno de los expedientes, las decisiones de instancia y las actuaciones adelantadas en Sede de Revisión.

Expediente T-6.451.601

1. Hechos y solicitud El 20 de junio de 2017, Diana Marcela Ocampo Villegas, Gladis Elena Morales, Luz Nélida Morales Ríos, Ana Liner Mosquera y Leidy Yuliana Henao interpusieron acción de tutela contra la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia y la Secretaría Municipal de Jericó, actuando en representación de sus respectivos hijos,

quienes son estudiantes de la Escuela Institución Educativa Normal Superior sede CER. En su criterio, la suspensión injustificada del servicio de internet, del que venían disfrutando los menores estudiantes en la institución educativa, vulnera los derechos fundamentales a “gozar del servicio de internet en su proceso educativo.”2 Lo anterior, con base en los siguientes hechos:3 1.1. Durante el 2015, la Escuela Institución Educativa Normal Superior sede CER, ubicada en la vereda La Leona (municipio de Jericó -Antioquia-) prestaba el servicio de conexión a internet a la comunidad educativa, que se podía usar por medio de 1 La Corte Constitucional, mediante Auto del 14 de noviembre de 2017, proferido por la Sala de Selección Número Once, seleccionó para revisión y acumuló los asuntos objeto de pronunciamiento, con base en el criterio objetivo “asunto novedoso”. La acción de tutela correspondiente al expediente T-6.451.601 fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó (Antioquia) y, en segunda instancia, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia; y, la de radicado T-6452.652 fue decidida, en primera instancia, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia y, en segunda instancia, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 2 Escrito de acción de tutela. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio N° 2 (Reverso). 3 Adjuntaron fotocopias de los siguientes documentos: constancia emitida por la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Jericó de los estudiantes Nicolás Morales Ríos, Harold García Henao,

Sebastián Arcila Ocampo, Andrés Felipe Arcila Ocampo, Sofía Morales Ríos, Alfredo Morales Ríos y Sofía Osorio Mosquera (folio N° 4); y, registros civiles de nacimiento de los menores representados por sus respectivas madres (folios 5 a 11). 3 diez (10) computadores del plantel educativo.4 1.2. Las accionantes manifestaron que, el 16 de noviembre de 2016, el internet fue suspendido, sin mediar explicación alguna. De manera que, desde entonces los estudiantes y los docentes no han podido acceder a dicho servicio.5 1.3. Las accionantes solicitaron que se ordene a las autoridades administrativas correspondientes el restablecimiento del servicio de internet en la Institución Educativa Normal Superior sede CER La Leona, pues en su criterio “no se trata de un servicio de lujo sino de uno esencial para las actividades humanas, del mismo rango de la energía, el gas, el acueducto, la telefonía.”6

2. Contestación de la acción de tutela 2.1. Contestación de la Alcaldía de Jericó. El 21 de junio de 2017, solicitó la denegación del amparo invocado, con base en dos argumentos. En primer lugar, afirmó que si bien el acceso al internet es importante, su garantía no es obligatoria en los términos de lo establecido en la Ley 715 de 2001. En particular, citó el artículo 15, que establece la destinación y el orden de prioridad de los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participación. Sobre el particular, afirmó que en caso de disponibilidad presupuestal “se pueden destinar recursos a transporte escolar, según el acceso y ubicación geográfica de los estudiantes. Asimismo, a alimentación escolar, según los términos establecidos en

la directiva No.13 del 11 de abril de 2002”7 del ICBF y del Ministerio de Educación Nacional. En segundo lugar, manifestó que ha garantizado a los menores representados “la educación gratuita a la que tienen derecho, lo que denota que dicho ente territorial ha venido cumpliendo con la normatividad ya referida, materializándose, de ese modo, el derecho fundamental a la educación.”8 Con sustento en lo anterior, concluyó que no ha amenazado ni vulnerado los derechos fundamentales de los menores de edad, pues ha cumplido con las obligaciones que en materia de educación le corresponde garantizar. 2.2. Contestación de la Secretaría de Educación de Antioquia. El 22 de junio de 2017, solicitó al juez de tutela que desestimara las pretensiones presentadas por los accionantes, con fundamento en los siguientes argumentos. Primero, ha garantizado el derecho fundamental a la educación de los menores de edad, quienes tienen acceso a educación gratuita y “si bien es muy importante el acceso a la conectividad del servicio de internet, su no prestación, no impide que se preste el servicio público 4 Respuesta de la Gobernación de Antioquia-Secretaría de Educación al Auto de Pruebas del 29 de enero de 2018. Expediente T-6.427.652, Cuaderno Nº 4, folio 46 (reverso). 5 Escrito de acción de tutela. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio N° 2 (Reverso). 6 Escrito de acción de tutela. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio N° 2 (Reverso). 7 Contestación de la Acción de Tutela presentada por la Alcaldía de Jericó (Antioquia). Expediente T6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 21 (Reverso). 8 Contestación de la Acción de Tutela presentada por la Alcaldía de Jericó (Antioquia). Expediente T6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 21 (Reverso). 4 esencial de la educación.”9 Bajo esa línea, consideró que no existe una vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital y los derechos de los niños. Segundo, manifestó que se garantiza el derecho fundamental a la educación al ofrecer educación pública gratuita en todos los niveles, que cuenta con una planta física y con una docente nombrada en propiedad. Cuarto, afirmó que “no se encuentra impuesta la obligación [legal] de prestar el servicio de conectividad a internet”;10 en concreto, señaló que ni el artículo 13 ni el 14 de la Ley 115 de 1994 lo establecen como objetivo ni fundamento de la prestación del acceso a la educación.

3. Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela 3.1. Primera instancia. El 20 de junio de 2017, el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Jericó (Antioquia) (i) admitió la acción de tutela; (ii) ordenó la notificación de dicha providencia a las entidades accionadas; (iii) vinculó a la Escuela Rural Institución Educativa Normal Superior, sede CER La Leona, en calidad de accionada; y, (iv) citó a las accionantes para que declararan bajo gravedad de juramento sobre los hechos que fundamentaron la acción de tutela.11

El 5 de julio de 2017, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Jericó (Antioquia) negó

la protección los derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad humana y al mínimo vital. Consideró que si bien el 9 Contestación de la Acción de Tutela presentada por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 27. 10 Contestación de la Acción de Tutela presentada por la Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 27. 11 El 22 de junio de 2017, las accionantes presentaron declaración juramentada sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela. Diana Marcela Ocampo Villegas manifestó que la vulneración del derecho a la educación se debe a que quitaron el servicio de internet en el Colegio, requerido para que “los niños aprendan las cosas de sistemas y todo lo que los profesores les enseñan” (Cuaderno N° 1, folio 18). En este mismo sentido, Leidy Yuliana Henao Ortiz afirmó que “a los niños les hace falta el internet en la Escuela, para hacer tareas y para subir hasta el pueblo les queda muy difícil, en la escuela hay computadores pero no hay internet y uno no tiene la forma de mandarlos o de subir con ellos [al pueblo]” (Cuaderno N° 1, folio 19); y, Gladis Elena Morales Ríos señaló que el internet es necesario, dado que a los niños les “ponen tareas de internet y les toca venir al pueblo a pagar internet, por no tener el recurso en la vereda, toca subir a pagar al pueblo y en ocasiones uno no tiene y tampoco es confiable mandarlos

porque no uno (sic) está seguro de que estén haciendo tareas, por lo que uno no puede estar pendiente en el pueblo y en la vereda y no se puede estar pendiente de ellos e irse para la escuela.” (Cuaderno N° 1, folio 20) El 27 de junio de 2017, Luz Mery del Socorro Tamayo, docente de la Escuela Normal Superior sede La Leona, manifestó en su declaración que el internet es un servicio requerido para las áreas de informática e inglés, “porque los profesores no estamos muy capacitados para el área de inglés nos servimos del internet, en informática les conseguí un profesor de informática y él requiere para esta área el uso de internet y en general todas las áreas y el internet es una herramienta muy eficaz para esto. En la escuela se trabaja la metodología de Escuela Nueva, que básicamente ellos (niños) trabajan con unas fichas en las cuales los temas deben ampliarse y el internet es básico para ello.” (Cuaderno N° 1, folio 32) También declaró que si bien el plantel educativo cuenta con biblioteca, la misma está desactualizada. Además, afirmó que el acceso a internet era brindado por la Secretaría de Educación a través de Edatel y que dicho servicio no se continuó prestando porque “según dicen los secretarios de educación no ha hecho convenio con Edatel.” (Cuaderno N° 1, folio 32 (reverso)) Por último, consideró que las accionantes “tienen razón en el sentido que ahora todo funciona con redes y es injusto que teniendo computadores que fueron dados para colocarles internet, casi sin usar, porque solo usan Word, se está desaprovechando un recurso que en este momento está siendo la diferencia, de ahí que los niños del campo se trasladan al

pueblo y la primera materia que pierden es informática.” (Cuaderno N° 1, folio 32 (reverso)). 5 acceso a internet es una herramienta importante, no se trata de un “derecho de raigambre fundamental, ni su suministro se encuentra constituido como obligación expresa a cargo de las instituciones accionadas, ni en la Ley General de Educación, ni en la Ley 715/2010 que organiza la prestación de los servicios de educación.”12 Además, afirmó que gran parte del sustento de la acción de tutela es la pereza o desidia de los estudiantes de recurrir a los libros de consulta, disponibles en la biblioteca del plantel educativo. 3.2. Impugnación. El 10 de julio de 2017, Diana Marcela Ocampo Villegas y Ana Liner Mosquera Córdoba impugnaron la sentencia de primera instancia, con base en los siguientes argumentos. Primero, insistieron en que el servicio de internet es esencial para una educación de calidad. Al respecto, afirmaron: “[s]e dice que en ninguna parte la ley obliga a prestar el servicio de internet a los estudiantes, pero la ley tampoco dice que hay que suministrar servicios de energía y acueducto en las instituciones educativas, pero debe hacerlo, porque esos servicios hacen parte de la garantía de un servicio educativo completo y eficaz.”13 Segundo, afirmaron que se vulnera el derecho a la igualdad de los estudiantes de instituciones educativas urbanas y rurales, pues mientras las primeras cuentan con el acceso a internet, las segundas no. Además, en “la demanda se cita jurisprudencia en cuanto a la necesidad de proveer, especialmente en las escuelas rurales, todos los servicios

para un adecuado proceso de aprendizaje.”14 Tercero, aseguraron que el Estado sí tiene el deber legal de proveer el servicio de internet en los establecimientos educativos, en los términos de los numerales 7° y 8° del artículo 2° de la Ley 1341 de 2009. Y, por último, señalaron que la suspensión del servicio de internet constituye una medida regresiva, prohibida por la jurisprudencia constitucional y las normas de derecho internacional. Las accionantes concluyeron que: “no es lo mismo implementar un servicio que recortarlo, ya que en este último caso la medida es regresiva. En el evento que nos ocupa, no solicitamos que se implemente el servicio de internet, sino que cese su suspensión, ya que esta –la suspensión de un servicio del cual se venía disfrutandoes regresiva y por lo tanto está prohibida por la jurisprudencia y las normas del derecho internacional.”15 3.3. Segunda instancia. El 19 de agosto de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia confirmó la decisión del juez de primera instancia. Consideró que si bien ya no se presta el servicio de internet, el plantel educativo cuenta con una biblioteca, como medio de investigación y aprendizaje. Sobre el particular, afirmó: “tanto de las respuestas de las entidades accionadas como de las declaraciones brindadas ante el despacho de primera instancia por parte de las madres de los menores, que no ha existido transgresión alguna de derechos fundamentales, toda vez que el establecimiento cuenta con una 12 Sentencia de primera instancia. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 42 (reverso).

13 Escrito de impugnación. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 49. 14 Escrito de impugnación. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 49. 15 Escrito de impugnación. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 50. 6 biblioteca la cual pueden acudir a realizar sus consultas, pues el hecho de que no cuenten con internet no quiere decir que no pueden acudir a otros medios de aprendizaje e investigación.”16 Además, afirmó que a los menores de edad representados, se les ha garantizado la educación gratuita y “el centro Educativo tiene nombrada en propiedad a la docente Luz Mery del Socorro Tamayo Cardona, por lo que cuentan con ella y los demás compañeros docentes, para la construcción del proceso educativo.”17 Expediente T-6.427.652

4. Hechos y acción de tutela instaurada El 28 de junio de 2017, Hernán Darío Nanclares Nanclares presentó acción de tutela contra el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones – en adelante MinTICy la Subdirección para la Industria de las Comunicaciones, por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, de petición y al debido proceso; debido a que, a pesar de las diferentes solicitudes que ha elevado para la instalación del servicio de telefonía (voz y datos) en la vereda La Antigua del municipio de Abriaquí (Antioquia), la Entidad no ha emitido una respuesta de fondo al respecto. Lo anterior, con base en los siguientes hechos:18

4.1. El 19 de diciembre de 2014, Hernán Darío Nanclares Nanclares solicitó, mediante petición dirigida al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -en adelante MinTIC-, la instalación del servicio de telefonía (voz y datos) en la vereda La Antigua (Municipio de Abriaquí -Antioquia-). Manifestó que la falta de dicho servicio constituye un trato discriminatorio frente a las personas que habitan en sectores urbanos. En este contexto, cuestionó al Ministro en los siguientes términos: “cuándo seremos los campesinos iguales para los operadores de telecomunicaciones. Acaso no dice nuestra Constitución en su artículo 13 que todos somos iguales ante la Ley. Habrá equidad en la adjudicación de licencias a operadores de telecomunicaciones dejando por fuera a los territorios menos poblados.”19 Además, refirió que había radicado peticiones en el mismo sentido ante Edatel –UNE EPMy Claro Móvil, sin encontrar solución alguna. 16 Sentencia de segunda instancia. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 64. 17 Sentencia de segunda instancia. Expediente T-6.451.601, Cuaderno N° 1, folio 64. 18 Adjuntó como pruebas fotocopias de los siguientes documentos: cédula de ciudadanía (folio 38), petición del 19 de diciembre de 2014 suscrito por el accionante, dirigido al MinTIC (folios8-9); comunicación de UNE-EPM Telecomunicaciones del 9 de febrero de 2015, dirigida a Hernán Darío Nanclares Nanclares

(folios 10-11); comunicación del MinTIC del 23 de febrero de 2015 (folios 12-13); respuesta del MinTIC del 3 de junio de 2015, con los respectivos anexos (folios 14-20); petición del 12 de mayo de 2015, dirigido al MinTIC (folios 21-22); petición del 31 de mayo de 2016, dirigido al MinTIC (23-29); respuesta de la Subdirectora para la Industria de Comunicaciones del MinTIC del 20 de junio de 2016 (folio 32); petición del 30 de junio de 2016, dirigido a la Subdirectora para la Industria de Comunicaciones del MinTIC (folios 30-31) ; y, respuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 25 de julio de 2016 (folios 35-37). 19 Petición del 19 de diciembre de 2014 dirigida al MinTIC. Expediente T-6.427.652, Cuaderno primera instancia, folio 9. 7 4.2. El 9 de febrero de 2015, UNE EPM Telecomunicaciones respondió la petición presentada por el señor Hernán Darío ante el MinTIC, dado que dicha entidad le remitió la solicitud. En este documento, la Empresa informó que: (i) en la zona no existía la disponibilidad técnica para prestar el servicio solicitado, ni tampoco estaba proyectada una expansión de cubrimiento de dicha área; y, (ii) se daría traslado de la petición a Edatel, filial que presta el servicio en el lugar, para que realizara el respectivo estudio e informara al Ministerio. 4.3. El 12 de febrero de 2015, Edatel informó al MinTIC que los servicios de voz y

datos en el municipio de Abriaquí se prestan mediante redes fijas y cuenta con aproximadamente 150 usuarios. Por un lado, manifestó que “requeriría hacer uso de tecnologías inalámbricas para llegar a los sitios donde las mayores inversiones en la red cableada no hacen viable la prestación de servicios”,20 más ello no era posible debido a que no cuenta con autorización para usar el espectro radioeléctrico en la banda de 900 Mhz en el municipio de Abriaquí (Resolución 611 del 28 de marzo de 2014 Anexo 2). Por otro lado, señaló que la expansión con tecnología inalámbrica dependía “de las condiciones del proceso de selección objetiva que se llegue a abrir por parte del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, de las condiciones que se adopten con respecto al régimen de contraprestaciones en materia de telecomunicaciones, el cual es objeto de revisión a la fecha, así como de los planes estratégicos y de negocio de la Compañía para el momento en que se abra el comentado proceso de selección objetiva.”21 4.4. El 23 de febrero de 2015, el MinTIC comunicó a Hernán Darío Nanclares Nanclares que el servicio de internet y tecnología de las zonas rurales es garantizado por medio de los Kioscos Vive Digital. Por ello, invitó al ciudadano a visitar y usar el que está ubicado en el poblado La Antigua, que “brinda a los habitantes de esa localidad la oportunidad de hacer de las TIC una herramienta para su desarrollo económico y social.”22 4.5. El 12 de mayo de 2015, el señor Nanclares Nanclares presentó una nueva

petición, reiterando la solicitud de la instalación del servicio de telefonía (voz y datos), al MinTIC. En esta solicitud, expuso los siguientes hechos: (i) a la fecha no había recibido ninguna visita del personal técnico de Edatel, filial de UNE EPM; y, (ii) a menos de 5 minutos de su lugar de vivienda, Edatel presta el servicio de internet en la Escuela Rural El Llano La Antigua. Además, insistió en que la falta del servicio requerido constituye una vulneración del derecho a la igualdad, en cuanto al acceso de bienes y recursos de la tecnología, pues éste sí es garantizado a las personas de 20 Además, señaló que “realizado inversiones importantes en las redes cableadas para mejorar la cobertura y masificación de los servicios”. Contestación de la acción de tutela presentada por Edatel, filial de UNE. Expediente T-6.427.652, Cuaderno primera instancia, folio 101. 21 Contestación de la acción de tutela presentada por Edatel, filial de UNE. Expediente T-6.427.652, Cuaderno primera instancia, folio 101. 22 Comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 23 de febrero de 2015 dirigida a Hernán Darío Nanclares Nanclares. Expediente T-6.427.652. Cuaderno Nº 1, folio 13. 8 centros poblados y urbanos.23 Lo anterior evidencia un menoscabo de los derechos de los campesinos, quienes reciben “una pésima señal por reflejos y condicionada a las variables climáticas, asociado esto a una topografía agreste.”24 4.6. El 3 de junio de 2015, el MinTIC informó a Hernán Darío Nanclares Nanclares

que había dado traslado a los proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles,25 “solicitando indiquen acerca de sus planes de mejoramiento y expansión en la región.”26 Lo anterior por cuanto, luego de realizar un análisis de cobertura de la señal de Telefonía Móvil Celular -TMC, se concluyó que dicho servicio no estaba disponible en la vereda La Antigua del municipio de Abriaquí. 4.7. El 31 de mayo de 2016, Hernán Darío Nanclares Nanclares solicitó nuevamente al MinTIC que se ordenara a quien correspondiera la instalación de los equipos necesarios para acceder al servicio de telefonía e internet;27 y, requirió que se le informara las razones por las cuales Edatel, filial de UNE, “se ha negado a instalar el servicio de telefonía básica e internet.” 28 Afirmó que en más de tres oportunidades ha realizado una petición en tal sentido y la respuesta ha sido negativa, bajo el argumento de la falta de autorización para el uso del espectro. En su criterio, ello constituye “una discriminación de los servicios de telecomunicaciones en los sitios alejados del país y en especial los que para las empresas prestadoras de dichos servicios no son rentables, en una pavorosa concesión que solo tienen (sic) en cuenta el aumento de los dividendos de los prestadores en menoscabo de los derechos y libertades del ciudadano.”29 Además, 23 En particular, manifestó que las estaciones de Claro Móvil, Movistar y Tigo instaladas en el municipio de Frontillo (Antioquia) están dirigidas hacia los centros más poblados. Derecho de petición del 12 de mayo

de 2015. Expediente T-6.427.652, Cuaderno de primera instancia, folios 21-22. 24 Derecho de petición del 12 de mayo de 2015. Expediente T-6.427.652, Cuaderno Nº 1, folios 21-22. 25 Los proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones móviles a los que solicitó información el MinTIC fueron: Comcel S.A., Colombia Telecomunicaciones S.A. y Colombia Móvil S.A.A ESP. 26 Respuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del 3 de junio de 2015, con los respectivos anexos. Expediente T-6.427.652, Cuaderno Nº 1, folio 14. 27 Además, manifestó los siguientes hechos: (i) años atrás la empresa hizo un estudio técnico que resultó favorable y que a menos de 500 metros Edatel instaló el servicio de internet inalámbrico en una escuela rural, que actualmente no se encuentra funcionando; (ii) si bien el 9 de febrero de 2015 UNE manifestó que EDATEL realizaría un estudio, dicho procedimiento no se ha llevado a cabo, pues no ha recibido ninguna visita técnica de la mencionada empresa; (iii) en el caso urbano de Frontino (Antioquia), que queda a 14 kilómetros del lugar de residencia, hay telefonía fija con internet banda ancha de gran velocidad, servicio de voz y datos de las empresas de telefonía Claro, Movistar y Tigo; (iv) la vereda La Antigua, con más de 300 habitantes, recibe un reflejo de la señal de telefonía móvil de Claro, que proviene de la estación de Frontino, que es muy mala y escasamente permite realizar una llamada; (v) a menos de dos kilómetros de

distancia del lugar donde reside está ubicada una red de fibra óptica, destinada al uso exclusivo de las entidades del Estado; (vi) los estudiantes “no tienen como acceder a internet para fortalecer los valores de la cultura y el conocimiento para cumplir con las tareas escolares que les asignan, es por ello que deben quedarse en la zona urbana para poder cumplir con las tareas escolares, con lo cual se afecta la economía familiar y la integridad de muchos niños y jóvenes que tienen que hacer este esfuerzo dos o tres veces por semana.” Respuesta del Ministerio de Tec