CC - T250-2020

Sentencia T-250/20

ACCION DE TUTELA CONTRA MEDIOS DE COMUNICACION-Improcedencia por no solicitar previamente rectificación de información e incumplir requisito de inmediatez El accionante (i) dejó transcurrir más de seis años sin buscar la salvaguarda sus derechos, y sin presentar argumento alguno que justifique su inactividad a lo largo de todo ese tiempo, y (ii) no acreditó el requisito consistente en solicitar previamente la rectificación a los medios informativos concernidos, desatendiendo así el numeral 7 del artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia de esta Corporación sobre el particular, en virtud de la cual se ha subrayado el carácter prevalente del derecho a la libertad de información en un sistema democrático CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-Fueron suprimidas publicaciones de sitios web Se constató que las publicaciones objeto de debate fueron suprimidas en tres de los cinco sitios demandados. En tal sentido, el peticionario obtuvo aquello que perseguía mediante la acción de tutela DERECHO A LA RECTIFICACION DE INFORMACIONReglas jurisprudenciales DERECHO DE RECTIFICACION DE INFORMACIONSolicitud previa como requisito de procedencia de la acción de tutela La solicitud previa de rectificación como condición de procedibilidad es exigible cuando la información inexacta o errónea objeto de reclamación fue divulgada por medios de comunicación, por quienes actúan en calidad de periodistas, o por quienes sin ser comunicadores de profesión se dedican habitualmente a trasmitir información. No obstante, dicho requisito de procedencia se exceptúa en los casos en que la información

publicada, aunque veraz, atente de forma ilegítima contra la intimidad personal o familiar, conclusión a la que se ha arribado en casos relacionados con publicaciones que permiten la identificación de menores de edad en el marco de actuaciones como investigaciones por hechos delictivos o procesos policivos, o en eventos en que la publicación acusada revela detalles de la vida privada de la persona de manera inapropiada y sin la debida autorización.

Referencia: Expediente T-7.654.124

Acción de tutela formulada por William Monte en contra de los sitios web www.areacucuta.com, www.zfrontera.blogspot.com.co, www.noticucuta.blogspot.com.co, www.pamplonanews1.blogspot.com y el Canal Tro (programa Oriente Noticias)

Magistrado Ponente:

ALBERTO ROJAS RÍOS

Bogotá, D.C., quince (15) de julio dos mil veinte (2020). La Sala Novena de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Diana Fajardo Rivera y los magistrados Carlos Bernal Pulido y Alberto Rojas Ríos –quien la preside− en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, ha proferido la presente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo del 26 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado 5º de Familia de Cúcuta dentro de la acción de tutela promovida por el ciudadano William Monte1 en contra de los sitios web

www.areacucuta.com, www.zfrontera.blogspot.com.co, www.noticucuta.blogspot.com.co, www.pamplonanews1.blogspot.com y el Canal Tro (programa Oriente Noticias). El proceso de la referencia fue escogido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once2, mediante auto del 19 de noviembre de 2019. Como criterios de selección se indicaron los siguientes: asunto novedoso y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial (criterios objetivos), con fundamento en el literal a) del artículo 52 del Acuerdo 02 de 2015. 1 Con el propósito de garantizar la reserva de la identidad del accionante y de las demás personas mencionadas en el escrito de tutela, así como para prevenir un eventual efecto contraproducente en relación con sus derechos al buen nombre y a la honra, la Sala de Revisión ha reemplazado los nombres originales con nombres ficticios. 2 Integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y el magistrado Alejandro Linares Cantillo.

I. ANTECEDENTES El 12 de agosto de 2019, el ciudadano William Monte formuló acción de tutela en contra de los sitios web www.areacucuta.com ‒en adelante Área Cúcuta‒, www.zfrontera.blogspot.com.co ‒en adelante Z Frontera‒,

www.noticucuta.blogspot.com.co ‒en adelante Noticúcuta‒, www.pamplonanews1.blogspot.com ‒en adelante Pamplona News‒ y el Canal Tro (programa Oriente Noticias), por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, al habeas data y al olvido, y al trabajo. Pasan a reseñarse los aspectos centrales de la

solicitud:

1. Hechos A continuación, se relatan los supuestos fácticos relevantes que sustentan la solicitud de amparo, tal como son narrados por el accionante en el escrito inicial: 1.1. El actor afirmó que el 5 de julio de 2003 recibió el título de médico cirujano por parte de la Universidad del Norte y que, posteriormente, realizó estudios de posgrado en medicina estética láser en Italia y España. 1.2. Manifestó que en ejercicio de su actividad profesional realizó múltiples procedimientos estéticos y que, en una de esas ocasiones, el 2 de abril de 2013, falleció su paciente. Aseguró que dicha situación le resultó “altamente dolorosa” y que intentó suicidarse propinándose un disparo en la cabeza. 1.3. Afirmó que dicha situación fue cubierta por diferentes medios de comunicación digitales que publicaron lo sucedido en sus páginas de internet y blogs, en los que incluso se especuló sobre sus títulos y su salud. 1.4. Sostuvo que pasados 6 años desde que ocurrieron los hechos, pese a que su situación legal fue aclarada, en los medios digitales accionados permanecen aquellas noticias, las cuales, al ser asociadas a su nombre en los diferentes motores de búsqueda, le afectan gravemente. Respecto de esa circunstancia aseveró: “me ha perpetuado a una asociación entre mi nombre y las noticias que mancilla mi honra y buen nombre impidiendo se me materialice el derecho fundamental al perdón y olvido y a su vez me limita considerablemente mi acceso a las ofertas laborales por cuanto hoy en día es común que los empleadores de manera genérica ‘googleen’ el nombre de sus candidatos. Esta situación también afecta

mi derecho al ‘habeas data’ por contener información de hechos personales (intento de suicidio) que son de difícil interpretación y ciertamente hacen parte de mi privacidad.” 1.5. Expuso que, adicionalmente, en dichas publicaciones también se han realizado afirmaciones contrarias a la verdad que le han generado complicaciones, a saber: (i) en el sitio web Área Cúcuta3 el 3 de abril de 2013 se publicó información sobre los hechos de la muerte de su paciente el 2 de abril de 2013, y se menciona además que él realizó procedimientos con biopolímeros y que las señoras I.O. y K.T. iniciaron procesos jurídicos en su contra sin obtener éxito, lo cual es falso ‒añadió que a la fecha no tiene antecedentes judiciales‒; (ii) en la página Z Frontera4 el 2 de abril de 2013 se publicó que él falleció y que la paciente fue traslada al hospital Erasmo Meoz, cuando evidentemente está vivo y en realidad la paciente fue atendida en la clínica San José; (iii) en el sitio Pamplona News5 el 2 de abril de 2013 se publicó una noticia que narra lo ocurrido e indica que el disparo que él mismo se hizo solo le produjo heridas en el cuero cabelludo, cuando en realidad se ocasionó una hemiplejía derecha y un trastorno maniaco depresivo que debió ser tratado por más de dos años; (iv) en el portal de Youtube el noticiero del canal Tro6 se observa un video en el que se relatan los hechos y aparece un funcionario de la secretaría departamental de salud afirmando que él

(el accionante) no es cirujano, cuando sí fue titulado como médico cirujano por la Universidad del Norte; y, (v) en el sitio Noticúcuta7 el 3 de abril de 2009 se publicó un escrito en el cual se exponen hechos relacionados con una denuncia penal acerca de un procedimiento médico practicado a una mujer, sin que se lograra probar en el proceso que le inyectó biopolímeros y situación que fue objeto de un acuerdo con la Fiscalía hace más de 8 años. Todo lo anterior, aduce, implica un perpetuo mancillamiento de su buen nombre y una sobreexposición de un acto privado ‒como lo fue su intento de suicidio‒, así como también se erige en una barrera para acceder a oportunidades laborales. En suma, lo expone a una condena social permanente por hechos que ya han sido esclarecidos por la justicia y lo enfrenta de por vida con aquella penosa situación que, aunque parcialmente cierta, prefiere dejar en el pasado.

2. Contenido de la petición de amparo De acuerdo con el anterior recuento fáctico, el señor William Monte solicita al juez constitucional que, como consecuencia de la tutela de sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, al habeas data y al olvido, y al trabajo, se ordene a los sitios web y al canal demandados eliminar las noticias relacionadas con su nombre y con los hechos narrados, particularmente aquellas contenidas en los enlaces reseñados en la demanda constitucional de amparo. 3 http://ww.areacucuta.com 4 http://zfrontera.blogspot.com.co 5 http://pamplonanews1.blogspot.com.co

6 https://youtube.com 7 http://noticucuta.blogspot.com.co Para sustentar su solicitud, el actor aportó los siguientes documentos: § Copia del diploma mediante el cual la Universidad del Norte le otorgó el título de médico cirujano8. § Copia de su cédula de ciudadanía9. § Copia de su registro civil de nacimiento10. § Copias de las noticias publicadas en www.areacucuta.com11, www.zfrontera.blogspot.com12, www.noticucuta.blogspot.com13 y www.pamplonanews1.blogspot.com14, e impresión de la noticia publicada en el perfil de Youtube del Canal Tro15. § Copia del diploma mediante el cual la Universidad Externado de Colombia le otorgó el título de Especialista en Derecho Médico16. § Copia de la consulta de antecedentes penales y requerimientos judiciales a nombre de William Monte en el portal la Policía Nacional, de fecha 6 de agosto de 201917. § Copias de la certificación de atención recibida en la clínica psiquiátrica Monserrate de Bogotá entre el 17 de abril y el 3 de mayo de 201318, y de la historia clínica expedida por dicha institución19.

3. Traslado y contestación de la acción de tutela Mediante auto del 12 de agosto de 201920, el Juzgado 5° de Familia de Cúcuta admitió a trámite la demanda de tutela, ordenó la notificación al extremo pasivo y vinculó al Ministerio de Comunicaciones.

Adicionalmente, dispuso oficiar a la Fiscalía General de la Nación ‒Seccional Cúcuta-Norte de Santander‒, para que informara si existía alguna denuncia penal contra el señor William Monte por parte de las

señoras I.O. y K.T. y, en caso afirmativo, remitiera copias de las actuaciones. 8 Cfr. fol. 1 cuad. ppal. 9 Cfr. fol. 2 cuad. ppal. 10 Cfr. fol. 3 cuad. ppal. 11 Cfr. fols. 4-5 cuad. ppal. 12 Cfr. fols. 6-7 cuad. ppal. 13 Cfr. fols. 8-9 cuad. ppal. 14 Cfr. fols. 10-11 cuad. ppal. 15 Cfr. fol. 12 cuad. ppal. 16 Cfr. fol. 13 cuad. ppal. 17 Cfr. fol. 14 cuad. ppal. 18 Cfr. fol. 16 cuad. ppal. 19 Cfr. fols. 17-25 cuad. ppal. 20 Cfr. fols. 42 cuad. ppal. 3.1. Por escrito allegado el 13 de agosto de 2019 y a través del Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Procesos Judiciales y Extrajudiciales de la Oficina Asesora Jurídica21, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ‒MicTIC‒ manifestó que es incompetente en relación con los hechos del caso, pues no le corresponde la función de inspección, vigilancia y control al motor de búsqueda, a las páginas web mencionadas y a las publicaciones realizadas por particulares. Afirmó que, de acuerdo con la Corte Constitucional22, Google no es responsable de los datos generados por terceros y que la responsabilidad recae sobre los medios de comunicación que difunden la información que vulnera los derechos fundamentales, de lo que se infiere además que el

MinTIC debe ser desvinculado de la acción de tutela, por cuanto no tiene competencia para expedir la regulación encaminada a la protección de los usuarios de internet. En consecuencia, el MinTIC invocó la excepción de “ilegitimidad”, en tanto no participó de los hechos que dieron lugar a la solicitud de amparo, y pidió su desvinculación del proceso. 3.2. Mediante memorial del 15 de agosto de 2019 y por intermedio de su Gerente23, Televisión Regional del Oriente ‒Canal Tro‒ afirmó que, si bien los hechos ocurridos fueron objeto de noticia, una vez enterados de la acción de tutela el canal procedió a eliminar el enlace https://www.youtube.com/watch?v=5lomb3_M2k4&feature=youtube, el cual ya no se encuentra disponible en el portal de Youtube de ese medio de comunicación. 3.3. La Fiscalía General de la Nación ‒Dirección Seccional Norte de Santander‒ remitió constancia del 15 de agosto de 201924 en la que indicó que “consultado el sistema SPOA no se encontró registro de noticia alguna donde aparezca como indiciado [William Monte] siendo denunciantes [I.O.] Y [K.T.].” 3.4. Los demás integrantes del extremo pasivo guardaron silencio.

4. Fallo de tutela objeto de revisión Mediante sentencia del 26 de agosto de 2019, el Juzgado 5° de Familia de Cúcuta estimó que los hechos ocurridos el 2 de abril de 2013, en los cuales tuvo lugar el deceso de una paciente, implicó que los medios de 21 Cfr. fols. 53-60 cuad. ppal. 22 Para el efecto citó la sentencia T-277 de 2015.

23 Cfr. fol. 63 cuad. ppal. 24 Cfr. fols. 64-65 cuad. ppal. comunicación difundieran la noticia, sin que ello representara una afectación a la honra y al buen nombre del peticionario por cuanto él se encontraba implicado, y sostuvo que si en todo caso se sentía afectado a causa de dichas publicaciones, “éste contaba con otros medios a dónde acudir para que su nombre quedara en limpio”. Señaló que el principio de veracidad conlleva que las noticias sobre hechos delictivos o procesos judiciales no podrán ser alteradas a la verdad histórica en relación con lo acontecido, y que los accionados se encontraban facultados para publicar el suceso al amparo de la libertad de información. Sin embargo, al considerar que las noticias seguían apareciendo en las páginas de internet y blogs después de 6 años de haber ocurrido los hechos, el juez resolvió conminar a “Área Cúcuta, zfrontera.blogspot.com.co, noticucuta.blogspot.com.co y periódico digital de Pamplona ‒pamplonanews1.blogspot.com” para que, en el término de 48 horas, eliminaran de sus enlaces de internet la difusión de la noticia relativa a la situación en que se vio involucrado William Monte el 2 de abril de 2013, con el argumento de que “en la actualidad se está perjudicando el buen nombre y vida profesional del actor, al seguirse difundiendo tal suceso.” Agregó el juez de instancia que dicha determinación era consecuencia de que los mencionados medios, pese a haber sido notificados de la acción de tutela, guardaron absoluto silencio.

Respecto de Canal Tro, el juez encontró que en su escrito de contestación su representante informó que ya se había eliminado el contenido de los enlaces de internet y que, por tanto, el mismo no se encontraba disponible en el canal de Youtube, por lo que concluyó que la acción se tornaba improcedente frente dicho medio de comunicación. La anterior determinación no fue objeto de impugnación.

5. Actuaciones en sede de revisión Por escrito radicado en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 3 de marzo de 2020, la Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo intervino dentro del proceso, solicitando a la Corte que revocara la sentencia proferida por el Juzgado 5° de Familia de Cúcuta, debido a que dicha autoridad desconoció el requisito de procedibilidad establecido en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, consistente en solicitar previamente a los medios de comunicación la rectificación de la información publicada, advirtiendo también que “las conclusiones de este fallo no encuentran soporte en las consideraciones realizadas por el juez”. Como sustento de su petición presentó los siguientes argumentos: Recordó que las acciones civiles y penales no excluyen la procedencia de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre. Seguidamente, afirmó que la solicitud previa de rectificación es un requisito de procedibilidad de la acción de tutela cuando se pretende la protección de los derechos a la honra y al buen nombre. Este requisito ‒explicó‒ asegura la mayor protección posible tanto del derecho a la libre expresión, como de los derechos al buen

nombre y a la honra, y permite tomar los correctivos necesarios luego de que el medio de comunicación haya realizado un análisis juicioso de la situación, respetando la presunción de buena fe. Aunque se trata de una exigencia que tradicionalmente se ha predicado respecto de los medios de comunicación convencionales, la jurisprudencia constitucional la ha hecho extensible a otros canales de información, especialmente cuando por medio de ellos se ejerce una actividad periodística. De acuerdo con lo anterior, frente al caso bajo estudio anotó que “dentro del expediente no se advierte la presencia de ninguna prueba presentada por el accionante, dirigida a demostrar que solicitó a los distintos medios demandados, la corrección o rectificación de las informaciones que pretende eliminar, es posible concluir que éste no le brindó a los accionados la oportunidad de corregir la información relacionada con los hechos ocurridos en abril de 2013 antes de interponer l acción de tutela cuyo análisis nos concierne. Es decir, no cumplió con el requisito de procedibilidad establecido en el numeral 7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, motivo por el cual, la Defensoría del Pueblo solicitará que se revoque el fallo de primera instancia, por cuanto el Juzgado Quinto de Familia de Cúcuta en Oralidad resolvió favorablemente la acción de tutela desconociendo este requisito.” A su vez, solicitó que se tuvieran en cuenta las siguientes consideraciones, “previendo el eventual desarrollo de una línea jurisprudencial en materia del derecho al olvido, aplicable a los casos en los cuales la información publicada a través de sitios web afecta los derechos al buen nombre y a la honra de terceros”: Tras recapitular sobre las fuentes jurídicas y el alcance de los derechos a

la honra, al buen nombre y a la libertad de expresión, información u opinión, así como sobre la garantía de rectificación en condiciones de equidad, se refirió al derecho al olvido como elemento de control de los medios de comunicación en internet. Mencionó que, si bien a nivel internacional este derecho ha tenido un amplio desarrollo, en Colombia la Corte Constitucional ha circunscrito su desarrollo en el sentido de que la información sobre una condena penal debe ser objeto de circulación restringida, a fin de evitar estigmatizaciones y señalamientos contra la persona que saldó sus cuentas con la justicia, sin que ello signifique prohibir que la sociedad se informe sobre un hecho cierto y objetivo, pues se estaría atentando contra el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión. Expuso que existen casos emblemáticos en el derecho comparado respecto del derecho al olvido frente a información con imprecisiones o errores que es divulgada por medios de comunicación en internet, pero con relevancia pública y una función constitucional. En ese contexto, citó pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos25 y del Tribunal Superior de España26 conforme a los cuales concluye que “los afectados tienen derecho a que la información sobre ellos que se encuentra en estas plataformas desaparezca luego de cierto tiempo para no afectar su buen nombre”, y precisó que para la aplicación del derecho al olvido se ha desarrollado un test que “se fundamenta en la adecuación y el interés público de la información, de tal manera que exista un equilibrio entre el derecho del ciudadano y el de la sociedad a tener una información veraz sobre los temas que le son relevantes.” Sostuvo que, dado el impacto de la internet en materia de los derechos al

buen nombre y a la honra, mientras no se emita una regulación por el legislativo, la Corte Constitucional debe desarrollar en su jurisprudencia el derecho al olvido en casos que no involucren condenas o antecedentes penales, con el fin de garantizar que las personas no sufran discriminaciones de forma perpetua, pero propendiendo hacia un equilibrio entre el derecho del afectado y los derechos de la sociedad a tener una información veraz sobre temas de interés público. 25 En la sentencia C-131 de 2012 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estudió el caso de un ciudadano que demandó a un periódico de amplia difusión en Cataluña, Google Inc. y Google Spain, debido a que al digitar su nombre en el motor de búsqueda Google aparecían vínculos a la página del periódico que mencionaba que sus bienes habían sido subastados por deudas. El Tribunal concluyó que se vulneraba la normativa sobre protección de datos personales no sólo cuando se difundían datos inexactos, sino cuando son inadecuados, no pertinentes, excesivos, desactualizados y se conservan durante un periodo superior al necesario, salvo que su conservación obedezca a fines mayores. Por lo tanto, reconoció la posibilidad de solicitar el retiro de los contenidos que tengan esas características, a menos que la información sea relevante para el público, caso en el cual no se puede solicitar su remoción. Por otra parte, en la decisión del 24 de septiembre de 2019 se resolvió la controversia entre Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL), un organismo independiente de Francia dedicada a que la ley de privacidad se aplique a la recopilación, almacenamiento y uso de datos

personales. Este ente le había ordenado a Google en 2015 que eliminara en todo el mundo la lista de resultados de búsqueda que contuviera información dañina sobre una persona, y el Tribunal indicó que el derecho al olvido se vulnera si la retención de datos infringe las normas sobre protección de datos, no obstante lo cual la retención ulterior debe ser lícita cuando sea necesaria para garantizar la libertad de expresión e información. En consecuencia, determinó que el gestor del motor de búsqueda no estaba obligado a proceder a retirar la información objeto de requerimiento en todas las versiones de su motor. 26 En la sentencia 545/2015, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de España (Pleno) resolvió un caso en el que se solicitaba modificar una publicación de un sitio web de un diario de amplia circulación en España relativo a una detención ocurrida en los años ochenta. Sobre el derecho al olvido, se concluyó que si el afectado no es un personaje público puede oponerse al tratamiento de sus datos personales en una búsqueda general en internet a partir de sus datos personales (nombre y apellido) que “haga permanentemente presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o intimidad, sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás”, por la estigmatización y el rechazo que de ello se deriva. Para lograr dicho propósito ‒indicó‒ se puede acudir a un test con base en los parámetros para establecer el grado de protección de la libertad de expresión al entrar en conflicto con los derechos de terceros, verificando en cada caso (i) quién comunica, (ii) de qué o de quién se comunica, (iii) a quién se comunica, y (iv) por qué medio de comunica27, de manera que

se adopte la medida menos lesiva para la libertad de expresión, siempre y cuando se garantice que el ejercicio de esta no sea usado como una herramienta de difamación y desinformación, a la vez que se restringe el derecho al olvido frente a contenidos que gozan de una protección acentuada por tener relevancia pública. Finalmente, a partir de una distinción del alcance del derecho a la rectificación y del alcance del derecho al olvido ‒siendo que el primero apunta a que la información errónea o falsa sea corregida o aclarada, mientras que el segundo busca el retiro de la información‒, estimó que en los casos en que la información sea relevante para sociedad pero contenga imprecisiones solo se podrá solicitar al medio de comunicación la corrección, pero si la información no es relevante para el interés público se podrá amparar el derecho al olvido, sin perjuicio de solicitar la rectificación.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para conocer el fallo proferido dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, inciso 3°, y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Planteamiento del caso En el asunto bajo estudio, el señor William Monte reclama la protección de sus derechos a la honra y al buen nombre, al habeas data y al olvido, y al trabajo, los cuales considera vulnerados como consecuencia de las publicaciones expuestas en los sitios de internet demandados, que hacen referencia al episodio del día 2 de abril de 2013 cuando una paciente que

estaba bajo su cuidado profesional falleció tras un procedimiento al que se sometió, luego de lo cual él (el promotor de la acción) intentó quitarse la vida. Por lo tanto, solicita que el juez constitucional ordene a los accionados que eliminen las mencionadas noticias de sus respectivos portales web. 27 Para ello se apoya en la sentencia T-155 de 2019. Dentro del trámite de tutela la mayoría de los integrantes del extremo pasivo guardaron absoluto silencio; sólo uno se pronunció para informar que ya había suprimido el contenido objeto de controversia. La sentencia única de instancia declaró improcedente la acción de tutela, mas sin embargo “conminó” a los demandados para que procedieran a eliminar las publicaciones dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.

3. Problema jurídico a resolver En primer término, teniendo en cuenta que en el curso de la actuación el Canal Tro (programa Oriente Noticias) puso de presente que la noticia objeto de debate fue eliminada de la página web donde venía siendo difundida, resulta pertinente verificar qué ocurrió con los demás enlaces de internet de que se queja el actor. A partir de lo anterior, se procederá a analizar si aún existe materia sobre la cual emitir un pronunciamiento en esta sede judicial o si, por el contrario, se configura una carencia actual de objeto.

En caso de que no se haya extinguido el supuesto de hecho que motivó la censura constitucional, corresponderá a la Sala dilucidar si en el presente asunto se encuentran reunidos los requisitos de procedencia de la acción de tutela, bajo el entendimiento de que este es un mecanismo excepcional

de protección de derechos humanos. Sólo si tras este análisis se comprueba que la intervención de la justicia constitucional es procedente y hay cabida para un estudio de fondo, la Corte se ocupará de determinar si los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, al habeas data y al olvido, y al trabajo invocados por el señor William Monte fueron vulnerados por parte de los sitios web demandados, al mantener publicadas las noticias que aluden a los acontecimientos del 2 de abril de 2013, relacionados con el fallecimiento de una paciente y el posterior intento de suicidio por parte del actor. De manera preliminar, entonces, con miras a agotar el estudio de los aspectos previos antes enunciados, pasa la Sala de Revisión a examinar los siguientes ejes temáticos: (i) El fenómeno de la carencia actual de objeto; y, (ii) La procedencia de la acción de tutela. (i) El fenómeno de la carencia actual de objeto La Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia la carencia actual de objeto como un fenómeno que tiene lugar cuando se extinguen los supuestos fácticos que subyacen a la vulneración iusfundamental ventilada en la solicitud de amparo. Desaparecido el objeto del litigio, caería en el vacío cualquier determinación del juez constitucional encaminada a hacer cesar aquellas conductas de las que presuntamente se derivaba la afectación de derechos fundamentales. Esta circunstancia se presenta ‒por ejemplo‒ cuando las pretensiones del promotor de la acción han sido satisfechas, o en los eventos en que finalmente se ha materializado la amenaza o ha acaecido el perjuicio que se buscaba conjurar a través del resguardo constitucional.

Sobre el particular, en reciente pronunciamiento esta Sala de Revisión recogió la doctrina sobre las distintas tipologías en que se concreta la carencia actual de objeto y su respectiva caracterización, en los siguientes términos: “(i) El hecho superado: ‘regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer.’28 (ii) El daño consumado ‘consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto.’29 (iii) Situación sobreviniente eventos en los que la protección pretendida del juez de tutela termina por carecer por completo de objeto y es en aquellos casos en que como producto del acaecimiento de una ‘sit