CC - T491-2020

Sentencia T-491/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad DEFECTO FACTICO POR VALORACION DEFECTUOSA DEL MATERIAL PROBATORIO Esta Corporación ha afirmado que, atendiendo a los principios de autonomía judicial, juez natural e inmediación, la autoridad constitucional no puede realizar un nuevo examen del material probatorio como si se tratara de una instancia judicial adicional, dado que su función se ciñe a verificar que la solución de los procesos judiciales sea coherente con la valoración ponderada de las pruebas recaudadas por el juez y aportadas por los intervinientes. PRECEDENTE JUDICIAL-Importancia

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL

COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES MORA EN EL PAGO DE APORTES Y COTIZACIONES PENSIONALES-Entidad administradora de pensiones no puede hacer recaer sobre el trabajador las consecuencias negativas que se puedan derivar de la mora del empleador en el pago de dichos aportes El allanamiento a la mora se presenta cuando la administradora pensional omite realizar el cobro de los aportes en mora por parte del empleador a pesar de contar con los mecanismos legales para ello. Ahora, a partir de la inclusión de los tiempos en mora se deriva una gran responsabilidad de las administradoras relacionada con la obligación de custodiar la historia laboral de los trabajadores de modo que garanticen que la información que dicho documento contenga sea veraz, precisa, cierta, actualizada y completa. Un informe incompleto o con inconsistencias puede derivar en la negativa de

reconocimientos prestacionales con repercusiones en los derechos fundamentales de los trabajadores. En consecuencia, no pueden suprimirse los tiempos laborados por el trabajador, aunque sobre estos recaiga mora patronal.

MORA PATRONAL EN EL PAGO OPORTUNO DE LOS

APORTES A PENSIONES-Precedente jurisprudencial DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES-Deberes de las Administradoras de pensiones respecto de la información consignada en la historia laboral de sus afiliados ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por desconocimiento de precedente en reconocimiento de pensión de sobrevivientes DERECHO A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES-Dejar sin efectos providencia que negó reconocimiento, sin tener en cuenta que la mora del empleador no debe trasladársele a los beneficiarios

Referencia: Expediente T-7.523.816

Accionante: Cintia Vanessa Galeano Pérez

Accionado: Sala de Descongestión Laboral

No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinte (2020) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En la revisión del fallo proferido por la Sala de Casación Civil el 20 de junio de 2019, el que a su turno confirmó el dictado por la Sala de Decisión de

Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal el 14 de mayo de 2019, en el trámite de la acción de tutela promovido por Cintia Vanessa Galeano Pérez contra la Sala de Descongestión Laboral No. 3 de la Sala de Casación Laboral, todas de la Corte Suprema de Justicia. El presente expediente fue escogido para revisión por la Sala de Selección Número Ocho, por medio de auto del 29 de agosto de 2019 y repartido a la Sala Quinta de Revisión.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud Cintia Vanessa Galeano Pérez, por medio de apoderada, presentó acción de tutela en su nombre y en favor de su hijo menor de edad, Nicolás Correa

Galeano contra la Sala de Descongestión Laboral No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, con el objeto de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo 2 vital y a la seguridad social, entre otros, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial demandada, al resolver casar los fallos de instancia que le habían reconocido la pensión de sobrevivientes debido a la muerte de su compañero permanente, en el marco de un proceso ordinario laboral.

2. Hechos: En síntesis, en la demanda de tutela, se narran así:

1. El señor Euder Correa Castillo, quien falleció el 24 de noviembre de 2010, cotizó al Sistema General de Pensiones un total de 326.85 semanas desde mayo del 2001 hasta marzo de 2009. Sin embargo, en este último mes y para el periodo de diciembre de 2007, se presentó una mora patronal.

2. El 10 de febrero de 2011, la demandante presentó ante la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, al considerar que tiene derecho a dicha prestación, pues en los tres años anteriores a la muerte de su compañero, este contaba con 57.57 semanas aportadas al sistema. No obstante, obtuvo respuesta negativa, bajo el argumento de que el causante solo registraba 49.34 semanas cotizadas en dicho periodo.

3. En consecuencia, el 3 de julio de 2012, la actora instauró demanda ordinaria laboral en contra de Protección S.A., a fin de que se reconociera el pago de la pensión de sobrevivientes, así como los intereses de mora e indexación correspondientes, a su favor y el de su hijo.

3. En audiencia pública celebrada el 11 de abril de 2013, el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Cali, resolvió acceder a las pretensiones de la demandante y reconocer la pensión de sobrevivientes solicitada. A su vez, condenó al fondo de pensiones a pagar un retroactivo de $11’123.230 causado desde el 27 de noviembre de 2010 hasta el 30 de marzo de 2013.

4. La decisión fue objeto de recurso de apelación y, el 12 de julio de 2013, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, resolvió confirmar la decisión en cuanto al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Sin embargo, modificó el valor del retroactivo, incrementándolo a $18’299.366.

5. El 16 de julio de 2013, el fondo de pensiones interpuso recurso de casación

el cual fue concedido. Así, en fallo del 30 de enero de 2019, la Sala de Descongestión Laboral No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió casar la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali; revocar la proferida por el Juzgado 10º Laboral del Circuito de esa misma ciudad y, en su lugar, absolver a Protección S.A., de las pretensiones formuladas por la demandante. Lo anterior, bajo el argumento de que no se cumplía con el requisito de haber aportado 50 semanas en los tres años anteriores a la muerte del causante, pues únicamente se evidenciaron 3 48.57, (pues no se deben incluir los periodos que registran mora por parte del empleador). El fallo sostuvo también que, si bien el tiempo faltante era muy poco, no era posible aproximarlo para acreditar las 50 semanas requeridas, pues no se cumplían con los presupuestos jurisprudenciales para ello.

3. Argumentos y pretensiones de la demanda En consecuencia, la accionante presentó acción de tutela pues, a su juicio, el causante contaba con más de 50 semanas cotizadas al sistema en los tres años anteriores a su deceso y que la mora del empleador no debe trasladársele a los beneficiarios de la pensión; máxime cuando el fondo de pensiones está en la obligación legal de iniciar los trámites para hacer los respectivos cobros. Por tal motivo, considera que la decisión de la autoridad judicial demandada vulnera sus derechos fundamentales y los de su hijo.

La demandante solicita el amparo de sus derechos fundamentales al debido

proceso, al mínimo vital y a la seguridad social y, en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia proferida el 30 de enero de 2019 por la Sala de Descongestión Laboral No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. A su vez, pide que se ordene a la autoridad judicial accionada que en el término de 48 horas se adopten las decisiones pertinentes y se dejen en firme las decisiones dictadas por el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Cali y por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, dentro del proceso ordinario laboral iniciado contra Protección S.A.

4. Pruebas En el expediente obran las siguientes pruebas: - Copia de la cédula de ciudadanía de Cintia Vanessa Galeano Pérez

(folio 17, cuaderno 2). - Copia del registro civil de nacimiento de Nicolás Correa Galeano (folio 18, cuaderno 2). - Copia de la historia laboral de Euder Correa Castillo (folios 19 y 20, cuaderno 2). - Copia del certificado de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud de Euder Correa Castillo, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2003 y febrero de 2009 (folios 21 a 25, cuaderno 2). - Copia del certificado de vinculación y retiro de Euder Correa Castillo a Positiva Compañía de Seguros (folios 26 a 30, cuaderno 2). 4 - Copia del acta de la audiencia de trámite y juzgamiento llevada a cabo por el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Cali (folios 31 y 32,

cuaderno 2). - Copia del acta de la audiencia celebrada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en la que se resuelve la segunda instancia del proceso ordinario instaurado por Cintia Vanessa Galeano contra Protección S.A., (folio 33, cuaderno 2). - Copia de la sentencia de casación dictada el 30 de enero de 2019 por la Sala de Descongestión Laboral No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (folios 34 a 42, cuaderno 2). - CDs de las audiencias de fallo de primera y segunda instancia del proceso ordinario instaurado por Cintia Vanessa Galeano contra Protección S.A., (folios 46 y 47, cuaderno 2).

5. Respuesta de las entidades demandadas

Mediante auto del 3 de mayo de 2019, la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió la acción de tutela, dispuso notificar a la parte demandada y vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, al Juzgado 10º Laboral del Circuito de la misma ciudad y a “todas las partes e intervinientes dentro del proceso ordinario laboral (…) promovido por la accionante contra la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A”. Sala de Descongestión No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia La doctora Jimena Isabel Godoy Fajardo, en su calidad de magistrada ponente de la providencia atacada, solicitó que la acción de tutela fuera denegada pues,

a su juicio, la decisión que adoptó la respectiva Sala no vulneró derecho fundamental alguno. Lo anterior, al considerar que en el fallo que se controvierte se consignaron los motivos de la decisión, los cuales se encuentran ajustados a derecho, al debido proceso y a las reglas procedimentales generales y especiales de conformidad con la Ley 1781 de 2016. En igual sentido, sostuvo que la sala que dirige encontró que, contrario a lo concluido por el juez de segunda instancia del proceso ordinario laboral, le asistía razón al fondo de pensiones demandado, pues se demostró que el causante no cotizó el mínimo exigido dentro el periodo establecido en la Ley 797 de 2003. Esto, toda vez que, al analizar la respectiva historia laboral, se evidenció que el señor Correa Castillo aportó un total de 322.57 semanas y en los tres años anteriores a su deceso solo cotizó 48.57. 5 Así, afirmó que los aportes se realizaron de la siguiente manera: en noviembre de 2007, tres días; en diciembre de ese mismo año, un día; en marzo de 2008, seis días y; desde abril de 2008 hasta febrero de 2009, 30 días cada mes, arrojando un total de 340 días equivalentes a 48.57 semanas. Adicionalmente, señaló que, que en el mes de julio de 2008 se registraron dos de pagos por el mismo periodo y por ello no podían tenerse en cuenta de manera doble para aumentar el número de aportes. Por otro lado, adujo que las certificaciones que registraban los aportes al sistema de salud, no se podían tener en cuenta para calcular el número de

semanas cotizadas al fondo de pensiones. Señaló que, en consecuencia, las decisiones de instancia debían revocarse, pues no hubo una comprobación real del cumplimiento del requisito de las 50 semanas de cotización. Lo anterior, aunado a que también se verificó que el causante quedó por fuera del plazo de gracia establecido en la jurisprudencia de esa corporación para ser beneficiario del principio de condición más beneficiosa. Afirmó que tampoco cumplía con los requisitos para su aplicación, dado que no se encontraba cotizando a la fecha de su fallecimiento y tampoco contaba con las 26 semanas cotizadas en el año anterior a su muerte. De otro lado, advirtió que aun cuando encontró que los aportes realizados equivalían a 48.57 semanas, tuvo en cuenta que el fondo de pensiones reconoció que el causante había cotizado 49.34 en los tres años anteriores al fallecimiento. Por tanto, sostuvo que analizó la posibilidad de aplicar las aproximaciones de semanas de cotización como criterio jurisprudencial, pero dada la situación fáctica tampoco fue posible, en vista de que lo restante para acceder al requisito excedía el 0.5 del tiempo requerido.

II. DECISIÓN JUDICIAL QUE SE REVISA Primera instancia

La Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo del 14 de mayo de 2019, resolvió negar la solicitud de amparo, al considerar que la demandante no demostró la configuración de algún defecto, o que la providencia controvertida fuera resultado de conceptos irrazonables o arbitrarios de importancia tal, que hicieran necesaria la intervención del juez constitucional.

Manifestó que, lo que se advierte es una discrepancia entre la actora y la corporación demandada relacionada con la apreciación de las pruebas, pues la primera afirmó que su compañero permanente acreditó el requisito de semanas exigido por la ley. Sin embargo, el a quo sostuvo que lo anterior no se ajustaba a la verdad, no solo por la mora en el pago de aportes, sino porque aparecen registradas cotizaciones simultáneas que no se pueden tener en cuenta para la suma de días para obtener la pensión. 6 En igual sentido, afirmó que la sala demandada teniendo como base que el fondo de pensiones había señalado que el causante contaba con 49.34 semanas cotizadas, analizó si era viable aproximar la cifra, de acuerdo con la jurisprudencia sobre la materia, pero no fue posible debido a que el decimal no era superior a 0.5. En consecuencia, concluyó que no se acreditaba con certeza una actuación arbitraria por parte de la autoridad judicial demandada y que esta actuó conforme a una labor hermenéutica y valoración adecuada, actuación en la que no debe interferir el juez constitucional. Impugnación Inconforme con la decisión adoptada, la apoderada de la accionante impugnó el fallo, bajo el argumento según el cual, no se valoró en debida forma todo el material probatorio allegado al proceso ordinario laboral. En su criterio, se omitió realizar un adecuado conteo de aportes cotizados por el señor Correa pues, de haberlo hecho, se evidenciaría que cuenta con un total de 57.57 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento. Afirmó que lo anterior se encuentra debidamente detallado y soportado en lo

allegado al expediente, reportes que deben tener en cuenta los periodos en mora de los empleadores y en los que no se incluyen los tiempos en los que se realizó una doble cotización. Esto, toda vez que el fondo de pensiones no puede negar el reconocimiento y pago de la pensión reclamada, cuando este incumplió su deber de exigir el cobro de los aportes faltantes, desconociendo lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 y en la jurisprudencia constitucional, trasladando una carga al afiliado que no tiene que soportar. Finalmente, adujo que el juez de primera instancia pasó por alto que están de por medio los derechos fundamentales del hijo menor de edad de la demandante, quien es sujeto de especial protección constitucional. Segunda instancia La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 20 de junio de 2019, confirmó el fallo impugnado. Lo anterior toda vez que, luego de relacionar apartes de la providencia demandada, consideró que esta fue resultado de un análisis ponderado del contexto litigioso, lo que permitió concluir que el causante no alcanzó las 50 semanas exigidas en los tres años previos a su muerte. En consecuencia, afirmó que lo pretendido por la accionante es anteponer su propio criterio frente al de la sala demandada y, por vía de tutela, atacar una decisión que le resultó desfavorable, situación que desconoce la naturaleza de la acción constitucional. Por otra parte, afirmó que no se configuraba una violación del derecho fundamental a la igualdad por desconocimiento del precedente, pues la 7 decisión atacada obedeció a una valoración concreta del contexto probatorio y

con fundamento en ella se concluyó que no se cumplían con los requisitos legales para reconocer la pensión reclamada.

III ACTUACIONES REALIZADAS EN SEDE DE REVISIÓN

1. Mediante auto del 26 de noviembre de 2019, la Sala consideró necesario recaudar algunas pruebas con el fin de verificar los supuestos de hecho que originan la presente solicitud. En consecuencia, resolvió lo siguiente: “PRIMERO. - SOLICITAR, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, a la señora Cintia Vanessa Galeano Pérez que en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente Auto, informe a esta Sala lo siguiente: ¿Si ha solicitado al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., la corrección de la historia laboral del señor Eduer Correa Castillo? ¿Si ha iniciado algún trámite con el objeto de obtener el pago de los aportes que, al parecer, se encuentran en mora? ¿Quiénes integran actualmente su núcleo familiar? ¿De dónde derivan sus ingresos económicos? y ¿si practican alguna profesión, arte u oficio? ¿Si el inmueble donde vive es de su propiedad? ¿Qué ingresos le han permitido su sostenimiento desde la muerte de su compañero permanente?

Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al presente requerimiento. La información solicitada también podrá ser enviada al correo electrónico: secretaria1@corteconstitucional.gov.co. SEGUNDO. - SOLICITAR, por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., que en el

término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente Auto, informe a esta Sala: ¿Si ha iniciado el proceso respectivo para obtener el pago de los aportes que, aparentemente, se encuentran en mora? ¿La razón por la cual se presentaron cotizaciones simultáneas?, ¿Qué implica dicha situación? y ¿Cómo se contabilizan? A su vez, se solicite allegue el historial laboral actualizado del señor Eduer Correa Castillo. 8 Adicionalmente, sírvase remitir a esta Corporación la documentación que soporta su respuesta al presente requerimiento. La información solicitada también podrá ser enviada al correo electrónico: secretaria1@corteconstitucional.gov.co. TERCERO.- por conducto de la Secretaría General de esta Corporación, SOLICITAR al Juzgado 10º Laboral del Circuito de Cali que, en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente Auto, allegue a este despacho, en calidad de préstamo, el expediente contentivo del proceso ordinario laboral promovido por Cintia Vanessa Galeano Pérez contra el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, como compañera permanente de Eduer Correa Castillo”. Vencido el término otorgado, la Secretaría de esta Corporación allegó al despacho las respuestas remitidas por la accionante y por el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Cali. Cintia Vanessa Galeano Pérez1 En primer lugar, manifestó que no ha solicitado la corrección de la historia laboral del causante, puesto que Protección S.A., según lo expuso en la

contestación de la demanda del proceso ordinario, había resuelto no tener en cuenta los periodos reportados en mora ya que el responsable de ello era el respectivo empleador. Sin embargo, expuso que, el 6 de marzo de 2019, elevó una petición ante la entidad en la que solicitó constancia del retiro de su compañero permanente de la empresa Gamas Seguridad de Colombia, al igual que los días y valores cotizados en el periodo comprendido entre julio de 2008 a marzo de 2009. También, requirió copia de las autoliquidaciones de aportes y la certificación de las cesantías de los años 2008 y 2009. Sostuvo que el 29 de marzo de 2019, el fondo dio respuesta y entregó el reporte de semanas del causante, en el que se advierte que el empleador solo cotizó hasta el mes de febrero de 20092, a pesar de que la ARL certificó que el retiro por parte de Gamas Seguridad de Colombia se efectuó en abril de ese año3. Asimismo, la entidad informó que no era posible la entrega de las copias de las autoliquidaciones de los aportes por estar sujetas a reserva legal y que no se reportaba ningún depósito de cesantías para los periodos solicitados. De otro lado, afirmó que su núcleo familiar se encuentra integrado por su madre y su hijo menor de edad; deriva sus ingresos económicos de su trabajo como docente en un colegio, recursos con los que debe cubrir la mensualidad de la institución donde estudia su hijo, el transporte y demás gastos relacionados con su educación, al igual que un crédito con el Banco de Bogotá 1 Folio 28, cuaderno 1. 2 Folios 43 a 44, cuaderno 1.

3 Folio 39, cuaderno 1. 9 y un canon de arrendamiento que asciende a 300.000 pesos más los servicios públicos. Finalmente, adujo que en el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2010 hasta el 11 de enero de 2016, su madre y su hermana fueron quienes velaron por su sostenimiento y el de su hijo pues, para la época, no le fue posible conseguir trabajo. Posteriormente, a partir del 12 de enero del 2016 fue vinculada como docente en un colegio privado, por medio de contrato a término fijo que se ha ido renovando cada año. En igual sentido, indicó que no ha iniciado ninguna actuación con el fin de obtener el pago de los aportes que se encuentran en mora. Juzgado 10º Laboral del Circuito de Cali Por su parte, el 2 y 13 de diciembre de 2019, el Juzgado 10º Laboral del Circuito de Cali allegó Cd contentivo del proceso ordinario que promovió la accionante en contra del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. El fondo de pensiones guardó silencio. Posteriormente, luego de analizadas los documentos allegados el magistrado sustanciador consideró pertinente solicitar a la accionante, vía correo electrónico4, el certificado laboral del señor Euder Correa Castillo, expedido por la última empresa donde trabajó, a saber, Gamma Seguridad de Colombia Ltda., actuación que se llevó a cabo el 20 de marzo de 2020. Así, el 13 de abril del año en curso, la Secretaría de la Corporación remitió al despacho los documentos allegados por la parte demandante, dentro de los cuales se encuentra una respuesta de la citada empresa, en la que señala que,

debido a que la información que se solicita es de hace más de diez años, en la actualidad no cuentan con los respectivos datos. A fin de poner en conocimiento los documentos allegados, el 28 de julio del año en curso se ordenó correr el respectivo traslado. Así, el 5 de agosto siguiente, la Secretaría General remitió al despacho el escrito enviado por la doctora Jimena Godoy Fajardo, magistrada de la sala de demandada, en el que reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la acción de tutela. De igual manera, sostuvo que, salvo los documentos de identificación personal y registros civiles, al proceso ordinario que le correspondió estudiar no se allegaron los que datan de una fecha posterior a la que se dictó la sentencia atacada5.

2. En vista de que la tutela se dirige contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, el caso fue incluido en los órdenes del día de las sesiones de Sala Plena de esta corporación del 19 y 20 de noviembre de 2019, de conformidad 4 Si bien este tipo de información se solicita a través del correspondiente de auto, debido a la situación de orden público que se ocasionó por la emergencia sanitaria como consecuencia del virus Covid-19, lo que incluye aislamientos preventivos, se optó por solicitar los respectivos documentos por vía electrónica. 5 Certificado de retiro del causante emitido por la ARL, declaración extrajuicio presentada por la accionante, certificado de existencia y representación legal de Gama Seguridad de Colombia, petición presentada a Gama Seguridad de Colombia y su respectiva respuesta y memorial enviado a la Corte Constitucional. 10 con el literal K del artículo 5°, y el inciso segundo del artículo 61 del

Reglamento Interno de la Corte Constitucional. Mediante auto entregado a la Secretaría General el 3 de diciembre de ese mismo año, el pleno de este tribunal informó que el asunto debía ser estudiado por la Sala Quinta de Revisión.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN

1. Competencia La Corte Constitucional, por conducto de esta Sala de Revisión, es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico

Corresponde a esta Corte determinar si la Sala de Descongestión Laboral No. 3 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social de la accionante y su hijo menor de edad, al casar los fallos de instancia que le habían reconocido la pensión de sobrevivientes debido a la muerte de su compañero permanente, bajo el argumento de que no cumple con el requisito de semanas exigido en la ley, en el marco de un proceso ordinario laboral. Previo a dilucidar la cuestión planteada, se abordará lo respectivo a (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales, (ii) el defecto fáctico como requisito especial de procedencia (iii) el desconocimiento del precedente y (iv) la mora del empleador en el pago de los aportes para, finalmente, entrar a analizar (v) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Reiteración jurisprudencial6

Según el artículo 86 de la Constitución Política, es viable acudir a la acción de tutela para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”, cuando no se cuente en el ordenamiento jurídico con otro mecanismo ordinario de defensa al cual se pueda acudir o, si este existe, no resulte idóneo o eficaz por las circunstancias del caso, las cuales hacen necesario desplazar las competencias del juez natural en aras de evitar la ocurrencia un perjuicio irremediable. Además de lo anterior, tratándose del uso de la acción de tutela para evitar la afectación del derecho fundamental al debido proceso, cuando se alegue su vulneración con una determinación judicial dictada en el curso de un proceso, 6 Tomado de la sentencia T-619 de 2019 11 se ha señalado que, con el fin de salvaguardar los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica que podrían verse comprometidos por la revisión, el mecanismo de protección constitucional contra providencias judiciales procede de manera excepcional y, siempre y cuando, se cumplan los estrictos requisitos que han sido señalados por vía jurisprudencial. Así las cosas, para habilitar la viabilidad procesal del amparo, la tutela debe satisfacer integralmente los siguientes requisitos generales de procedibilidad: - Que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos

fundamentales de las partes; - Que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza la tutela, es decir, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance del demandante, salvo que estos carezcan de idoneidad o que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; - Que se cumpla el requisito de inmediatez, el que implica que la tutela se promueva en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; - Que cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un efecto determinante en la providencia que se impugna; - Que la parte actora identifique -de manera razonabletanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y - Que la decisión cuestionada no sea una sentencia de tutela. Por su parte, este Tribunal ha puntualizado que los requisitos de carácter específico determinan la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues ante la presencia de alguno de ellos, se vulnera el derecho al debido proceso. Estos son: - Defecto orgánico: ocurre cuando el administrador de justicia que profirió la providencia impugnada carece en forma absoluta de competencia; - Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el administrador de justicia actuó completamente al margen del procedimiento establecido; - Defecto fáctico: se presenta cuando el administrador de justicia carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, o cuando la valoración de la prueba fue absolutamente equivocada; - Defecto material o sustantivo: ocurre cuando el operador de justicia

decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente 12 inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; - Error inducido: sucede cuando el administrador de justici