CC - T499-2020

Sentencia T-499/20

ACCION DE TUTELA CONTRA LA POLICIA NACIONAL-Retiro del servicio activo por disminución de capacidad psicofísica

REGIMEN DE RETIRO DE MIEMBROS DE LA POLICIA

NACIONAL POR DISMINUCION DE LA CAPACIDAD PSICOFISICA-Subreglas De la jurisprudencia es posible extraer las siguientes subreglas: (i) es razonable que la actividad policial exija que sus miembros cumplan con todas las aptitudes físicas, síquicas y sensoriales para desarrollar su labor; (ii) es deber del Estado proteger a los policías que adquieren una condición de discapacidad; (iii) la calificación de no apto para la actividad policial, no implica, necesariamente, que el servidor esté imposibilitado para desarrollar otras labores propias de la institución (administrativas, docentes o de instrucción); y (iv) de forma previa a que la Policía dé aplicación a las normas atinentes al retiro del servicio, le corresponde a la Junta Médico Laboral y, a su turno, al Tribunal Laboral de Revisión Militar y de Policía, valorar las circunstancias de salud, destrezas, aptitudes y capacidades del uniformado, a efectos de determinar si cuenta con las condiciones para ser reubicado DERECHO A LA REUBICACION DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA-Caso en que ven disminuida su capacidad laboral La Corte determinó que la Junta Médico Laboral de Policía y el Tribunal Médico Laboral de Revisión no consideraron sustancialmente la posibilidad de reubicar al accionante atendiendo a sus habilidades, experticias, formación y aptitudes, “lo que se traduce en un acto que contraría los artículos 13 y 46 de la

Constitución y la Ley 361 de 1996, normas en virtud de las cuales, le corresponde al Estado-empleador adoptar medidas de integración para el trabajador en condición de discapacidad, ofreciéndole alguna alternativa de reubicación”. DERECHO A LA REUBICACION DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA La Policía Nacional tiene el deber constitucional de intentar la reubicación del accionante en un cargo en el que pueda seguir siendo útil para la institución, verbigracia, en labores de administrativas, docentes o de instrucción. Para el efecto, a las Juntas Médico-Laborales y al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía les corresponde realizar la valoración de la reubicación con fundamento en conceptos técnicos, objetivos y especializados en la materia; igualmente, tienen el deber de ser congruentes y motivar suficientemente los dictámenes en el sentido de manifestar las razones que justifican la decisión, tener pleno sustento probatorio y basarse en un diagnóstico integral del estado de salud del uniformado. 2 DEBIDO PROCESO EN LA EXPEDICION DE LOS DICTAMENES DE PERDIDA DE LA CAPACIDAD LABORALDeber de motivación y congruencia del dictamen Las autoridades médicas no cumplieron el deber de motivar los correspondientes dictámenes, en tanto omitieron fundamentar o soportar expresamente en criterios técnicos, médicos o especializados, las razones por las cuales el accionante no contaba con las capacidades necesarias para desarrollar actividades administrativas, docentes o de instrucción dentro de la Policía Nacional; en otras palabras, la Junta Médico Laboral de Policía y el

Tribunal Médico Laboral de Revisión no consideraron sustancialmente la posibilidad de reubicar al accionante. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD-Orden de proferir un nuevo dictamen de pérdida de la capacidad laboral, para reubicación laboral

Referencia: Expediente T-7.825.038

Acción de tutela instaurada por Jair José Carbono Cantillo contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional, el Departamento de Policía del Cesar, la Junta Médico Laboral de Policía y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.

Magistrado Ponente:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS.

Bogotá D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veinte (2020). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Richard Steve Ramírez Grisales, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, en primera instancia, y Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, en segunda instancia, en la acción de tutela de la referencia. 3

I. ANTECEDENTES El señor Jair José Carbono Cantillo, actuando a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, la

Dirección General de la Policía Nacional y el Departamento de Policía del Cesar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la salud, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal, tras haber sido desvinculado de la Policía Nacional, luego de que se le calificara como no apto para el servicio y no reubicable. Narró los siguientes: Hechos y solicitud1

1. El accionante indicó que se desempeñó como patrullero de la Policía Nacional por el lapso de 14 años, 11 meses y 21 días2.

2. Aseguró que en vigencia de la relación laboral desarrolló las patologías de hipertensión arterial, insuficiencia mitral y tricúspidea leve, colitis, desgarro de meniscos de rodilla izquierda y trastorno de estrés postraumático3.

3. Explicó que debido al último diagnóstico los médicos psiquiatras le expidieron incapacidades laborales sucesivas por un periodo aproximado de 2 años y estuvo hospitalizado en 3 ocasiones.

4. Refirió que el 19 de noviembre de 2018, por orden judicial emitida dentro del trámite de tutela rad. 2018-001494, se llevó a cabo la Junta Médico Laboral de Policía N.º 11113 que le otorgó una disminución de la capacidad psicofísica del 25.89%, calificándolo no apto para el servicio policial. Como sustento de este concepto, se indicó que el uniformado: “[P]adece síntomas ansioso-depresivos y de discontrol (sic) de los

impulsos que lo ha limitado para la reincorporación laboral (actualmente cursa con aproximadamente dos años de incapacidad total por su patología), en consecuencia, NO ES REUBICABLE teniendo en cuenta que al exponerlo a situaciones estresantes y de gran demanda de responsabilidad, así sea en labores administrativas, docentes o de instrucción (…) puede exacerbar los síntomas con el consecuente deterioro de su salud, poniéndose en riesgo el mismo evaluado, los compañeros, comandantes, la comunidad (…)”5. Énfasis añadido. 1 La narración de los hechos realizada por el actor fue complementada con las documentos anexados al escrito de tutela. 2 Cuaderno de primera instancia, folio 241. Desde el 6 de septiembre de 2004. 3 Cuaderno de primera instancia, folio 249. 4 Cuaderno de primera instancia, folio 244. Orden procedente del Juzgado Segundo del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Valledupar. 5 Cuaderno de primera instancia, folio 253. 4

5. Debido a los reparos formulados por el actor, el 30 de mayo de 2019 el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía estudió las conclusiones de la Junta Médico Laboral, modificando el porcentaje de disminución de la capacidad psicofísica al 27.12% (Acta n.° 19-589). Por otra parte, ratificó que el accionante no era apto para la actividad militar y, en cuanto a la posibilidad de reubicación laboral, reiteró que el señor Carbono Cantillo no tenía capacidades físicas que pudieran ser aprovechadas en actividades

administrativas, docentes o de instrucción, y tampoco contaba con las cualidades mentales, dado que: “[E]l permanecer en un medio jerarquizado, en donde tiene acceso a armamento pueden generar un riesgo (…) y hacen que médica y legalmente no sea apto ni reubicable para la actividad militar (…)”6.

6. El peticionario señaló que, como consecuencia de los mencionados dictámenes, a través de la Resolución n.° 03444 del 20 de agosto de 2019, el Director General de la Policía Nacional lo retiró del servicio por disminución de la capacidad psicofísica, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 55 del Decreto Ley 1791 de 20007.

7. El señor Carbono Cantillo cuestionó la actuación de la Policía Nacional, pues fue desvinculado de la institución a pesar de encontrarse incapacitado.

Sostuvo que la entidad dejó de lado que es un sujeto de especial protección constitucional debido a sus enfermedades y que la facultad para retirar del servicio a los policías que presentan una disminución psicofísica no opera automáticamente en detrimento de sus derechos constitucionales; en ese sentido, consideró que la decisión de no reubicarlo obedece a un acto de discriminación por su estado de salud.

8. Expuso que su familia, conformada por su esposa y sus hijos de 6 y 12 años, depende económicamente de su asignación salarial y que tiene obligaciones financieras por una suma superior a $60.000.000.

9. Aseveró que requiere el tratamiento continuo de sus padecimientos y que las autoridades accionadas desconocieron que “ninguna empresa contrataría a

una persona en situación de discapacidad para sus labores”8.

10. Por lo anterior, el actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la salud, al debido proceso, a la vida en condiciones dignas y a la integridad personal y, por consiguiente, se ordene al Ministerio de Defensa – Policía Nacional: (i) realizar el reintegro sin solución de continuidad al cargo de patrullero; (ii) reconocer y pagar los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir hasta la fecha del reintegro efectivo; (iii) 6 Cuaderno de primera instancia, folio 248. 7 Cuaderno de primera instancia, folio 360. 8 Cuaderno de primera instancia, folio 15. 5 brindar las capacitaciones necesarias con el fin de garantizar su plena reincorporación laboral, y (iv) proceder a la reubicación en un cargo administrativo “compatible con sus capacidades y/o limitaciones manteniendo su rango y jerarquía”, y con el mismo salario.

Trámite procesal

11. Mediante auto del 2 de octubre de 20199 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar, avocó la acción y dispuso correr traslado del escrito de tutela.

12. El “Comandante Departamento de Policía César”10, en escrito allegado el 7 de octubre de 2019, mencionó que la unidad policial solo procedió a realizar la notificación de la Resolución n.° 03444 del 20 de agosto de 2019 emitida por la Dirección General de la Policía Nacional. Explicó que el acto administrativo de

retiro del servicio se fundamentó en los conceptos de la Junta Médico Legal y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, por lo que serían estas entidades las llamadas a “ampliar a través de criterios médicos los motivos que originaron dicho resultado”.

13. De otro lado, adujo que la acción de tutela no es procedente, toda vez que el peticionario contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso-administrativa, para demandar el acto administrativo cuestionado.

Sentencias objeto de revisión

14. Primera instancia. El 11 de octubre de 2019, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar denegó el amparo invocado, al señalar que la actuación de la Policía Nacional se “realizó bajo un proceso sistemático y racional acorde a los dispuesto por la Ley, quien faculta a la institución a retirar del servicio activo a aquellos policiales que hayan sufrido disminución de la capacidad sicofísica y no sean reubicables”.

Añadió que el dictamen del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía se fundamentó en la valoración de la capacidad física y mental del accionante, por lo que resultaba evidente que el retiro del servicio se efectuó bajo criterios técnicos, objetivos y especializados que concluyeron que no era apto para desarrollar otro tipo de actividades administrativas o de instrucción.

15. Finalmente, anotó que, en todo caso, el accionante puede acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar el acto administrativo que reprocha. 9 Cuaderno de primera instancia, folio 375.

10 Cuaderno de primera instancia, folio 385. 6

16. El señor Carbono Cantillo impugnó el fallo de tutela11, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial.

17. Segunda instancia. El 29 de noviembre de 2019, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, confirmó la sentencia de primera instancia señalando de forma indistinta razones de fondo (ausencia de vulneración) y de forma (procedibilidad del amparo). Respecto de las primeras, resaltó que tanto la Junta Médico Laboral como el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía analizaron detalladamente la situación de salud del actor, llegando a la conclusión que su patología psiquiátrica le impedía permanecer en instituciones de orden militar que generan “estresores”.

18. Frente a la procedibilidad consideró que, pese a que el actor es un sujeto de especial protección constitucional, no se encontraba demostrada la afectación a su mínimo vital, con mayor razón teniendo en cuenta que debido a su índice de disminución de la capacidad psicofísica, tenía la posibilidad de recibir una indemnización.

Pruebas

19. Las siguientes son las pruebas relevantes que obran en el expediente: i) Copia de los registros civiles de nacimiento de los dos hijos del accionante12. ii) Copia de los comprobantes de deuda emitidos por el Banco Popular por valor de $44.000.000, y el Banco Davivienda por valor $57.839.35613. iii) Copia de extracto de historia clínica en donde constan las atenciones recibidas entre los años 2016 y 2019, por las especialidades de cardiología, psiquiatría, gastroenterología y ortopedia14; así como los diagnósticos de Colitis

y Gastroenteritis no infecciosas15, lesión de meniscos rodilla izquierda16, trastorno mixto de ansiedad y depresión17, trastorno de estrés postraumático18, trastorno mixto de ansiedad y depresión19, hipertensión, insuficiencia mitral leve20 y esquizofrenia21. iv) Copia de constancia de incapacidades médicas expedidas a favor del accionante22. 11 El 17 de octubre de 2019. 12 Folios 39 a 41, cuaderno digital de primera instancia. 13 Folios 42 a 46, cuaderno digital de primera instancia. 14 Folios 52 a 219, y 223 a 259 cuaderno digital de primera instancia. 15 Folio 85, cuaderno digital de primera instancia. 16 Folio 98, cuaderno digital de primera instancia. 17 Folio 102, cuaderno digital de primera instancia. 18 Folio 147, cuaderno digital de primera instancia. 19 Ibídem. 20 Folio 183, cuaderno digital de primera instancia. 21 Folio 224, cuaderno digital de primera instancia. 22 Folio 265 a 282 y 324 a 358, cuaderno digital de primera instancia. 7 v) Copia de la hoja de vida policial del accionante23. vi) Copia del certificado laboral del accionante, donde consta que el 28 de agosto de 2019, contaba con 14 años, 11 meses y 21 días de servicio24. vii) Copia del dictamen del Tribunal Médico Militar de Revisión Militar y de Policía n.° M19-589. Sesión del 30 de mayo de 201925. viii) Copia del dictamen de la Junta Médico Laboral n.° 11113 del 19 de

noviembre de 201826. ix) Copia de declaración extrajudicial realizada por la cónyuge del accionante, señora Yoryanis Lilian Garizábalo Acosta27. x) Copia de certificados de estudio expedidos por el SENA el 14 de diciembre de 2016 y el 14 de octubre de 201428. xi) Copia de la Resolución n.° 03444 del 20 de agosto de 2019 expedida el Director General de la Policía Nacional, por la cual se retira del servicio activo al accionante, por disminución de la capacidad psicofísica29. xii) Copia de reporte de evaluación neuropsicológica realizada el 8 de agosto de 201730.

II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE REVISIÓN

1. Mediante auto del quince (15) de septiembre de 2020, proferido por el Magistrado sustanciador, se solicitó complementar la información allegada al proceso. En consecuencia, se ofició al accionante para que precisara cuál es su situación socioeconómica y de salud actual, e indicara si acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para plantear ante ella su controversia.

2. También se solicitó a la Dirección de Sanidad y a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional para que informara: (i) a qué factores obedece la aparente no correspondencia entre la falta de aptitud absoluta para desarrollar la actividad policial, incluso, las labores administrativas, comunitarias o de instrucción, y el bajo nivel de disminución de la capacidad psicofísica otorgado al accionante; (ii) qué normas justifican que el porcentaje de disminución psicofísica fijado sea

menor, a pesar de que se conceptúe la ausencia total de aptitudes para el servicio o la reubicación; (iii) cuál es el fundamento técnico, objetivo y especializado en la literatura que permite establecer la negativa absoluta para el desempeño de 23 Folio 298, cuaderno digital de primera instancia. 24 Folio 301, cuaderno digital de primera instancia. 25 Folio 302 a 311, cuaderno digital de primera instancia. 26 Folio 312 a 318, cuaderno digital de primera instancia. 27 Folio 309, cuaderno digital de primera instancia. 28 Folio 321 y 322, cuaderno digital de primera instancia. 29 Folio 359 a 360, cuaderno digital de primera instancia. 30 Folio 364 a 308, cuaderno digital de primera instancia. 8 funciones administrativas, y el bajo índice de capacidad psicofísica otorgado, y (iv) si existe una política de inclusión de los uniformados calificados con una disminución de la capacidad psicofísica inferior al 75%.

3. Finalmente, se vinculó al trámite a la Junta Médico Laboral de la Policía, y al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, y se les corrió traslado de los documentos obrantes en el expediente, para que se pronunciaran en caso de considerarlo necesario.

4. La Secretaría General de esta Corporación dio cumplimiento al auto el 13 de octubre de 2020, remitiendo las respectivas comunicaciones a las entidades.

El término para contestar transcurrió los días 14, 15 y 16 de octubre de 2020.

5. El 15 de octubre de 2019, el Jefe de la Unidad Prestadora de Salud

Magdalena de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, dio respuesta al cuestionario efectuado por el Magistrado Sustanciador, así: la calificación de la Junta Médico Laboral de Policía n.° 11113 del 19 de noviembre de 2018 se ciñó a los parámetros contemplados en el Decreto 094 de 1989. Explicó que a pesar de que el accionante cuenta con una disminución de la capacidad psicofísica menor al 75%, la decisión de declararlo no apto y no reubicable se soportó en (i) sus síntomas ansioso-depresivos, (ii) en los problemas de control de impulsos, y (iii) en que al momento de la valoración tenía aproximadamente 2 años de incapacidad; por ello, la Junta concluyó que “no era reubicable para actividad militar”, pues someterlo a situaciones estresantes en un medio jerarquizado y con uso de armamento podría exacerbar sus síntomas.

6. Destacó que la anterior determinación se fundamentó en el señalado Decreto 094 de 1989, el cual indica que los trastornos del carácter y el comportamiento “impiden que el individuo realice satisfactoriamente sus funciones en la vida militar o policial” (arts. 58 lit. c y 68 lit. a y b).

7. Frente a la pregunta qué normas justifican que el porcentaje de disminución psicofísica fuere menor, a pesar de haber conceptuado la ausencia total de aptitudes para el servicio o la reubicación, refirió que el artículo 87 del mencionado Decreto 094 adoptó la “tabla A de valuación de incapacidades porcentaje de la disminución de la capacidad laboral”, que se aplica cruzando

los índices de lesión con la edad de la persona a calificar. Según este procedimiento, los valores del señor Carbono Cantillo fueron: “Para la edad de 39 años y los 4 índices lesiónales por patología psiquiátrica se establece una deficiencia parcial de 10%. Que para la edad de 39 años y los 4 índices lesiones asignados por la hipertensión arterial se establece una deficiencia parcial de 10%. Y que para la edad de 39 años y los 2 índices lesiónales asignados por la patología valvular se establece una deficiencia parcial de 8.5%. // Generando así una disminución de capacidad laboral total de 25.89% (…)”. 9

8. Sostuvo que si bien el accionante “cuenta con una aptitud residual que lo facultaría en mayor o menor medida para el desarrollo de labores administrativas (…) estas no pueden desarrollarse toda vez que la patología psiquiátrica podría agravarse en un ambiente inmerso en factores de riesgo psicosociales intralaborales características del servicio policial y militar”, tales como la exposición permanente a situaciones de inseguridad; la jerarquización castrense, y el acceso al armamento.

9. Finalmente, sostuvo que la Policía Nacional cuenta con una política de inclusión de los uniformados calificados con una disminución de la capacidad psicofísica inferior al 75%, misma que se encuentra plasmada en la Directiva permanente 003 DIPON-DITAH del 10 de septiembre de 2015, y que únicamente tiene aplicación para aquellos uniformados que cuentan con un concepto favorable de reubicación de acuerdo con el acta de la Junta Médico

Laboral de Policía.

10. Adjuntó el siguiente documento relevante: (i) copia de la Directiva permanente 003 DIPON-DITAH del 10 de septiembre de 2015 “criterios institucionales para la reubicación laboral del personal uniformado declarado no apto para el servicio en la Policía Nacional”.

11. Las entidades vinculadas y el accionante, pese a haber sido debidamente notificados, no realizaron pronunciamiento alguno.

III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

Competencia

1. La Corte Constitucional, a través de esta Sala de Revisión, es competente para examinar la sentencia proferida dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución, en concordancia con los artículos 31 al 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Problema jurídico y metodología decisional

2. A partir de las circunstancias fácticas que dieron lugar al ejercicio de la acción de tutela, le corresponde a la Sala Octava de Revisión establecer si ¿la Policía Nacional y, particularmente, la Junta Médico Laboral de Policía y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo en conexidad con la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas y al debido proceso del señor Jair José Carbono Cantillo, al retirarlo del servicio por haber sido calificado no apto para la actividad policial como consecuencia de la disminución de su capacidad psicofísica, sin que se hubiere dado la posibilidad de reubicación laboral en actividades administrativas, docentes

o de instrucción, compatibles con sus capacidades. En esa medida, el 10 interrogante a resolver se limita al estudio de la posibilidad de reubicación en actividades no operativas.

3. Previamente a estudiar este interrogante, corresponderá examinar la procedencia de la acción de tutela en materia de reintegro de una persona en situación de discapacidad.

4. Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte reiterará la jurisprudencia constitucional sobre: (i) el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de discapacidad; (ii) el régimen de retiro de la Policía Nacional por disminución de la capacidad psicofísica tratándose de miembros en situación de discapacidad; para finalmente, (iii) estudiar el caso concreto, analizando la procedencia de la acción y la resolución del asunto planteado.

Estabilidad laboral reforzada de personas en condición de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia31

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 superior, el Estado debe promover las condiciones para que el mandato de igualdad sea real y efectivo, especialmente tratándose de aquellas personas que por razones económicas, físicas o mentales se encuentren en estado de debilidad manifiesta, quienes merecen una especial protección “con el fin de contrarrestar los efectos negativos generados por su condición, y hacer posible su participación en las actividades de la sociedad”32.

6. En lo atinente a la estabilidad laboral reforzada de los trabajadores33, el artículo 53 de la Constitución establece un marco general de protección. Por su parte, los artículos 47 y 54 constitucionales establecen en cabeza del Estado el

deber de implementar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; así como ofrecer formación profesional y técnica a quienes lo requieran, y garantizar a las personas en situación de discapacidad el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud34.

7. Sobre esa base, la Corte en distintas decisiones ha enfatizado en la importancia del trabajo en el proceso de integración social de las personas en situación de discapacidad, al erigirse como un instrumento a través del cual se 31 La base argumentativa se encuentra en las sentencias T-372 de 2018 y T-041 de 2019, proferidas por la Sala Octava de Revisión de Tutelas. 32 Sentencias T-597 y T-440 de 2017 y T-437 de 2009. 33 La figura de estabilidad laboral reforzada tiene por titulares a: (i) mujeres embarazadas; (ii) personas en situación de discapacidad o en condición de debilidad manifiesta por motivos de salud; (iii) aforados sindicales; y (iv) madres cabeza de familia. Cfr. sentencias T-399 de 2020 y T-373 de 2018. 34 En igual sentido, se ha establecido dicha prerrogativa en instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad, verbigracia la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, el Convenio No. 159 de la Organización Internacional del Trabajo -OITsobre la readaptación profesional y el empleo de personas en situación de discapacidad (incorporado mediante la Ley 82 de 1988) , y la Convención sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad. 11 garantiza el desarrollo del individuo, su productividad económica y el acceso a bienes y servicios indispensables para la subsistencia del trabajador y su núcleo familiar35.

8. En ese contexto, este Tribunal ha reconocido el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas en situación de discapacidad y a la reubicación de aquellos que la adquirieron, el cual se materializa con la permanencia en el trabajo luego de haberse manifestado la limitación física, sensorial o sicológica36.

En otras palabras, es una garantía para que el trabajador continúe ejerciendo labores y funciones acordes a sus condiciones de salud, con iguales o mejores beneficios laborales a los del empleo que ocupaba y recibiendo la capacitación requerida para realizar las nuevas actividades37.

9. Dicho ámbito de protección cubre a quienes por razones de salud se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y no puedan desarrollar los trabajos que cumplían de ordinario, sin que sea necesario haber obtenido previamente una calificación de pérdida de capacidad laboral que acredite la discapacidad38.

10. Asimismo, con fundamento en los principios sobre los cuales se encuentra cimentado el Estado social de derecho, especialmente, la igualdad y la solidaridad, esta Corporación ha señalado que la garantía en mención: (i) representa para el empleador (público o privado) un deber que se concreta en la reubicación del trabajador cuando conoce de su situación de salud, siempre que tenga la posibilidad de asignarle otras labores. Por el contrario, (ii) si en lugar de ello lo despide se presume que la desvinculación se fundó en la condición de

trabajador, lo que se entiende como un acto discriminatorio y (iii) la consecuencia es que dicha determinación se torna ineficaz39. (iv) No obstante, el trabajador puede ser despedido cuando se configure una causal objetiva para la terminación del contrato la cual debe ser avalada por el inspector de trabajo.

11. Se debe indicar que el derecho a la estabilidad laboral reforzada no es un mandato absoluto, por lo que no opera como una prohibición extrema de despido, ni implica un derecho a permanecer en el mismo empleo de forma inamovible o por un periodo de tiempo indeterminado. En efecto, de acuerdo 35 Consultar las sentencias T-399 de 2020, T-041 de 2019, T-372 y T-373 de 2018, T-652, T-597 y T-440 de 2017, T-928 de 2014 y C-531 de 2000. 36 Ver las sentencias T-399 de 2020, T-041 de 2019, T-372 y T-373 de 2018, T-652, T-597 y T-440 de 2017, T487 y T-141 de 2016, T-928 de 2014, T-901 de 2013, T-002 de 2011, T-962 de 2008, T-198 de 2006, T-351 de 2003 y T-1040 de 2001. 37 Ibídem. 38 Sentencias T-399 de 2020, T-041 de 2019, T-372 y T373 de 2018, T-652, T-597 y T-440 de 2017, T-487 y T141 de 2016, T-587 de 2012, T-050 de 2011, T-784 y T-263 de 2009, T-361 de 2008, T198 de 2006, entre

otras. Para la Corte, cuando un trabajador: “i) pueda catalogarse como persona con discapacidad, ii) con disminución física, síquica o sensorial en un grado relevante, y (iii) en general todas aquellos que (a) tengan una afectación grave en su salud; (b) esa circunstancia les ‘impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares’, y (c) se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho, está en circunstancias de debilidad manifiesta y, por tanto, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada”. (sent. T-041 de 2019). 39 Sentencias T-399 de 2020, T-041 de 2019, T-372 y T373 de 2018, T-652, T-440 de 2017, T-928 de 2014 y T613 de 2011. 12 con la jurisprudencia de esta Corporación “[l]o que la mencionada protección revela es la prohibición con