CC - A740-23

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Controversias sobre procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA AUTO 740 DE 2023

Referencia: Expediente CJU-3078

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva y el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad.

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá, D.C., cuatro (04) de mayo de dos mil veintitrés (2023). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente AUTO

I. ANTECEDENTES

1. El Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio–, a través de apoderado judicial, presentó una “SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL” ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva y en contra de la

señora Blanca Ortiz Sánchez1.

2. La parte demandante pretende “1. Que se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales aprobadas por el Despacho, que asciende a 1 Expediente digital CJU 3078. “Carpeta C01PRINCIPAL. Archivo denominado

01SolicitudEjecucionLiquidacionCostas.pdf”. 1 CJU 3078 la suma de $877.803. 2. Que se libre mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios sobre los valores determinados en el auto de costas, a la tasa máxima permitida hasta la fecha de pago. 3. Que se ejecute al demandado por concepto de costas del proceso ejecutivo”. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código General del Proceso2.

3. El apoderado judicial de la parte demandante informó que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, en sentencia de primera instancia absolvió a su representada de todas y cada una de las pretensiones procesales y condenó en costas a Blanca Ortiz Sánchez. Señaló que dicha providencia y el auto de aprobación de la liquidación de costas se encuentran en firme. Sin embargo, la señora Ortiz Sánchez no ha dado cumplimiento a la providencia judicial, comoquiera que no ha pagado las costas procesales3.

4. Mediante Auto del 10 de febrero de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva consideró que en el presente caso la competencia para conocer del asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. Fundamentó su decisión en el contenido de los artículos 104 y 297 del CPACA. Advirtió que el asunto escapa al conocimiento de la jurisdicción contenciosa administrativa porque si bien tiene como base de ejecución una sentencia proferida por esta jurisdicción, la calidad del deudor de la obligación no cumple con el requisito de competencia por el factor funcional, pues se trata de un particular4. Reforzó

su postura con pronunciamientos del Tribunal Administrativo del Huila5

5. Repartido el asunto le correspondió conocerlo al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva que, mediante Auto del 19 de abril de 2022 rechazó la demanda y ordenó el envío del expediente a los juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple de Neiva (Reparto) en razón de la cuantía6.

6. Reasignado nuevamente el asunto, le correspondió al el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Neiva, el cual, mediante Auto del 18 de octubre de 2022 se declaró sin competencia, planteó un conflicto de jurisdicciones y ordenó el envío del expediente a la Corte Constitucional para que lo dirimiera. Destacó que, según lo dispuesto en los artículos 105, 188 del CPACA y 306 del CGP el proceso debe ser resuelto por la jurisdicción contenciosa administrativa7. El 25 de octubre del citado año8, fue remitido el conflicto de jurisdicciones a esta corporación Finalmente, el expediente fue repartido al magistrado sustanciador el 18 de abril de 2023.

2 Ibidem. 3 Ibidem. 4 Expediente digital CJU 3078. “Carpeta C01PRINCIPAL. Archivo denominado 03AutoDeclaraFaltaJurisdiccion.pdf”. 5 Tribunal Administrativo del Huila, Auto del 28 de julio de 2021, M.P. Jorge Alirio Cortés Soto, radicado 4100133330062021000830 y Auto del 21 de octubre de 2021, M.P. Nelcy Vargas Tovar,

rad.410001333300320130008902. 6 Expediente digital CJU 3078. “Carpeta C01PRINCIPAL. Archivo denominado 10 auto rechaza dda.pdf”. 7 Expediente digital CJU 3078. “Carpeta 41001418900420220046700. Archivo denominado 0002 AutoDeclarasincompetenciaproponeconflictonegativodecompetencia.pdf”. 8 Expediente digital CJU 3078 CC. “Carpeta CJU0003078 CC. Archivo denominado 02CJU-3078 Correo Remisorio.pdf”. 2 CJU 3078

II. CONSIDERACIONES

Competencia

7. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 20159.

Presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones

8. Este Tribunal ha determinado que los conflictos de jurisdicciones existen cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”10.

9. Asimismo, mediante el Auto 155 de 201911, la Sala Plena determinó que se requieren tres presupuestos para que se configure el conflicto de jurisdicciones, a saber: (i) el presupuesto subjetivo consiste en que la controversia se presente, al menos, entre dos autoridades que administren justicia y hagan parte de distintas jurisdicciones; (ii) el presupuesto

objetivo refiere a que la disputa recaiga sobre el conocimiento de una causa judicial,12 y (iii) el presupuesto normativo exige que las autoridades en colisión hayan manifestado, expresamente, las razones de índole constitucional o legal por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto.

10. En el asunto objeto de estudio, el Pleno de esta Corporación encuentra acreditados los presupuestos antes referidos: (i) la controversia se suscita entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción contencioso administrativa (Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva) y otras que hacen parte de la jurisdicción ordinaria (Juzgados Cuarto Civil Municipal de Neiva y Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad) -presupuesto subjetivo- (ii) el objeto de litigio se enmarca en la solicitud de ejecución de providencia judicial presentada por el Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio– en contra de la señora Blanca Ortiz Sánchezpresupuesto objetivoy; (iii) el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva y el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad, expusieron las razones por las cuales consideran que carecen de competencia para conocer del asunto (ver párrs. 4 - 6 supra) -presupuesto normativo-. 9 “ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes

funciones: [...] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”. 10 Autos 345 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez; 328 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 452 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 041 de 2021. M.P. Diana Fajardo. 11 Corte Constitucional, Auto 155 de 2019, reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020. 12 Es decir que, se encuentre en trámite “un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional” (Auto 155 de 2019). 3 CJU 3078 La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de la solicitud de ejecución de obligaciones contenidas en sentencias judiciales proferidas por esa jurisdicción, dentro del mismo proceso en el que fueron dictadas. Reiteración Auto 008 de 202213

11. La Sala Plena en el Auto 857 de 2021estableció como regla general que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 104.6 y 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponderá el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se reclama el pago de condenas impuestas a una entidad pública por parte de esa misma jurisdicción. Por el contrario, cuando se versa sobre una demanda ejecutiva mediante la cual se pretende el pago de una condena impuesta por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a un

particular y no a una entidad estatal, el conocimiento será de la Jurisdicción Ordinaria Civil, de conformidad con lo previsto en los artículos 12 de la Ley 270 de 1996 y 422 del Código General del Proceso.

12. Importa destacar que, respecto de esta regla general, esta Corporación, en el Auto 008 de 2022, estableció que, en particular, el conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código General del Proceso, que prevé la posibilidad de solicitar el cumplimiento de una sentencia condenatoria dentro del mismo proceso en que fue dictada, sin necesidad de formular una nueva demanda. Por su parte, el artículo 298 del CPACA, en su redacción original y en los términos en los que se encuentra actualmente vigente, estableció: “(…) si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenara su cumplimiento.” (Énfasis fuera del texto original).

13. Así las cosas, la Corte Constitucional concluyó: “tal y como lo advierte el artículo 306 del CGP, aplicable por remisión del CPACA, y su desarrollo jurisprudencial, es procedente la ejecución a continuación del proceso de conocimiento declarativo y condenatorio, en el que no existe demanda ejecutiva separada o independiente. Por el contrario,

se trata de una solicitud que hace quien pretende el cobro de la condena, para que la providencia se cumpla dentro del mismo proceso. Por esta razón, es el mismo juez de conocimiento, esto es, aquel que profirió la sentencia condenatoria, el competente para conocer de esa solicitud de ejecución sin que se prevean restricciones fundadas en la naturaleza del demandado, el cual tuvo la condición de parte dentro del proceso en el que se emitió la condena.” Caso concreto 13 Consideraciones tomadas del Auto 089 de 2023. 4 CJU 3078

14. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - presentó “SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE PROVIDENCIA JUDICIAL” en contra de la señora Blanca Ortiz Sánchez por el valor de las costas procesales aprobadas por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva en el marco de un proceso ordinario, el asunto es competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En efecto, bajo los términos de la regla de decisión citada previamente, adoptada por la Sala Plena, la solicitud presentada por la parte demandante tiene su origen en la condena en costas impuesta a una particular en el marco de un proceso adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual se presentó ante la misma autoridad judicial que emitió la condena y en el marco del mismo proceso judicial.

15. Con base en lo anterior, la Sala dirime el presente conflicto de jurisdicción en el sentido de determinar que el Juzgado Octavo

Administrativo del Circuito de Neiva es la autoridad competente para conocer la solicitud de ejecución de providencia judicial presentada por el Ministerio de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio– en contra de la señora Blanca Ortiz Sánchez.

16. En consecuencia, se ordenará remitir el expediente CJU 3078 al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, para que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Neiva y Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad y a los sujetos procesales interesados en el trámite.

17. Regla de decisión: “El conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP”.

III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la

Constitución, RESUELVE Primero. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva y el Juzgado Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad, en el sentido de DECLARAR que le corresponde al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva conocer de la solicitud de ejecución de providencia judicial presentada por el Ministerio

de Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio– en contra de la señora Blanca Ortiz Sánchez. 5 CJU 3078 Segundo. REMITIR el expediente CJU-3078 al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados y a los Juzgados Cuarto Civil Municipal de Neiva y Cuarto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de la misma ciudad. Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado 6 CJU 3078

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General 7