CC - C457-2020

Sentencia C-457/20

Referencia: expediente D-13251

Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 16 (parcial) de la Ley 1797 de 2016, “por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.”

Actor: Juan Nicolás Medina Jiménez.

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241 (numeral 4) de la Constitución Política y, cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. Juan Nicolás Medina Jiménez, en su calidad de ciudadano, presentó acción de inconstitucionalidad contra el tercer inciso del Artículo 16 de la Ley 1797 de 2016, por considerar que viola los artículos 1, 29, 48, 49, 58, 83 y 365 de la Constitución Política.1 1 Mediante Auto del 31 de mayo de 2019, la Magistrada sustanciadora inadmitió la demanda y le otorgó al demandante el término reglamentario para que la corrigiera, de acuerdo con las consideraciones de dicha providencia. En tal virtud, el ciudadano presentó un escrito en el que pretendió corregir la demanda. Sin embargo, en Auto del 26 de junio de 2019, luego de considerar que dicho escrito no subsanaba los cargos formulados contra la disposición demandada, la magistrada

Diana Fajardo Rivera resolvió rechazar la acción de inconstitucionalidad. Dentro del término legal, el demandante presentó recurso de súplica ante la Sala Plena, a través del cual solicitó la admisión de la demanda previamente rechazada. En respuesta, mediante el Auto Nº 407 de 2019 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez), la Corte Constitucional decidió: “PRIMERO.- REVOCAR el auto del día 26 de junio de 2019 expedido en el marco del expediente D-13251, por medio del cual se rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3 del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016 y, en su lugar, ADMITIR la demanda de la referencia. || SEGUNDO.- CONTINUAR con el proceso de constitucionalidad bajo la conducción de la magistrada sustanciadora inicial, en los términos del artículo 50 del Acuerdo 2 de 2015.” En cumplimiento de esta última providencia, la Magistrada ponente, en Auto del 26 de septiembre de 2019, prosiguió con el trámite de constitucionalidad, disponiendo las medidas correspondientes.

II. NORMA DEMANDADA

2. A continuación, se cita la norma a la que se refiere la acción de inconstitucionalidad y se subraya el aparte que se acusa.

LEY 1797 DE 2016 ‘Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones’ “ARTÍCULO 16. Descuentos por multiafiliación y obligación de restitución de recursos en el SGSSS. Cuando se haya efectuado un

giro no debido por concepto de reconocimiento de UPC por deficiencias en la información, estos valores podrán ser descontados dentro de los dos (2) años siguientes al hecho generador de la multiafiliación. En los casos en que se efectúen los descuentos se tendrá en cuenta el derecho al reconocimiento de los gastos incurridos en la atención del afiliado a la EPS que los asumió, por parte de la Entidad que recibió la Unidad de Pago por Capitación o que tiene la responsabilidad de atender al usuario. No habrá lugar a la restitución de recursos según lo establecido en el artículo 3° del Decreto-ley 1281 de 2002 cuando se trate de afiliados que hayan ingresado a la EPS en virtud del mecanismo de afiliación a prevención o por cesión obligatoria de afiliados. La EPS receptora contará con un término de un (1) año para verificar si el afiliado presenta o no multiafiliación con otra EPS o con los regímenes especiales o de excepción. Los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud realizados dos años antes de la vigencia de la Ley 1753 de 2015 quedarán en firme a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.”

III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

3. Previo a formular los cargos contra la norma acusada, el actor explicó el alcance que, desde su perspectiva, ésta tiene. Es importante hacer referencia a dicha presentación del demandante, pues es el punto de partida para estructurar todas sus objeciones formuladas contra el tercer inciso de la Ley 1797 de 2016.

En ese sentido, se refirió fundamentalmente a tres aspectos que resulta

pertinente reseñar. En primer lugar, a los términos en que los reconocimientos y giros de los recursos en salud por compensación quedaban en firme antes de 2 la Ley 1753 de 2015.2 En segundo lugar, al término de firmeza establecido desde el año 2015 en dicha Ley. Y, por último, a las consideraciones relacionadas con la aplicación de la norma demandada. La firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos en salud por compensación, antes de la Ley 1753 de 2015

4. Para el accionante, con anterioridad al 9 de junio de 2015, fecha de la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015, en el ordenamiento jurídico existían distintos instrumentos de los cuales se derivaba la regla según la cual, durante el término de dos años desde su aprobación, los reconocimientos y giros de los recursos de aseguramiento en salud quedaban en firme. Como fundamentó, hizo referencia al Decreto 1725 de 19993, al Decreto 2280 de 20044 y al Decreto 4023 de 2011. Respecto de este último, aseguró que, al no indicar ningún término de firmeza, desde ese instante se empezó a entender que el plazo era el mismo que el de la caducidad de la acción de reparación directa. Esa posición, según el ciudadano, fue reafirmada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Dicha Corporación, en concepto del 7 de diciembre de 2015 y en respuesta a un requerimiento del Ministerio de Salud y Protección Social, sostuvo que: “Antes del 9 de junio del año 2015, fecha de entrada en vigencia de la Ley 1753, el término con el que contaba la administración

para iniciar el procedimiento de reintegro de recursos de la Salud apropiados o reconocidos sin justa causa como consecuencia del pago de lo no debido originado en el proceso de giro y compensación, es el término de caducidad de dos (2) años aplicable para la acción de reparación directa (literal i del numeral 2 del artículo 164 del CPACA), término que incluye la pretensión de enriquecimiento sin causa (actio in rem verso).”5 El término de firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos en salud por compensación, a la luz de la Ley 1753 de 2015

5. El último inciso del artículo 73 de dicha Ley dispuso: “[l]os procesos de reconocimiento y giro de los recursos del aseguramiento de Seguridad Social 2 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 214-2018 ‘Todos por un nuevo país”. 3 El demandante citó el artículo 10 del Decreto 1725 de 1999, según el cual: “[l]as declaraciones de compensación hasta el 1º de diciembre de 1998 se entenderán en firme, sin que procedan giros o devoluciones a las entidades promotoras de salud, salvo las reclamaciones o glosas formales y específicas presentadas a la fecha de publicación del presente Decreto.” 4 Se refiere al inciso sexto del artículo 9, que establecía lo siguiente: “[u]na vez aceptado el resultado del proceso de compensación por parte de las EPS y EOC y surtido el proceso previsto en el presente decreto, se considerará aprobada la Declaración de Giro y Compensación. El conjunto de las declaraciones de giro y compensación presentadas durante una vigencia fiscal, quedarán en firme

dos (2) años después de la fecha límite para presentar la declaración de renta del respectivo período fiscal.” 5 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 7 de diciembre de 2015. Rad. 2235 y 2235AD. C.P. Álvaro Namén Vargas. 3 en Salud quedarán en firme transcurridos dos (2) años después de su realización. Cumplido dicho plazo, no procederá reclamación alguna.” Para el actor, es evidente que esta norma sólo se ocupó de elevar a rango legal un término que, desde hace mucho tiempo, venía aplicándose frente a las operaciones de compensación mencionadas. En su criterio, se trató simplemente de un reconocimiento de los instrumentos que venían definiendo el plazo de 2 años mencionado. Por ello, consideró que las operaciones anteriores a la Ley 1753 de 2015 deben entenderse cobijadas por dicho término, ya sea por vía de reconocerle efectos retrospectivos a dicha ley, o por simple aplicación del marco jurídico existente al momento en que ocurrieron los reconocimientos y giros. El alcance que, según el actor, tiene la norma demandada (tercer inciso del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016)

6. El demandante afirmó que el hecho de que la Ley 1753 de 2015 entrara en vigencia el 9 de junio de 2015, y aplicara hacia el futuro, es lo que al parecer habría justificado que, a través de la disposición acusada, se adoptara un pronunciamiento legislativo sobre la firmeza de los procesos de compensación anteriores a dicha fecha6. Es decir, de entrada, el actor planteó que el tercer

inciso del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016 regula la firmeza de las operaciones de compensación realizadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015.

7. Desde la perspectiva del accionante, la regulación contenida en el precepto acusado se hizo desconociendo que, con base en lo reseñado, antes del año 2015 existía un marco jurídico que establecía el término de 2 años para la firmeza de los reconocimientos y giros de recursos del aseguramiento en salud. Esto significó una variación en los plazos de consolidación jurídica de tales operaciones porque, en su parecer, “una lectura textual”7 de la norma demandada conduciría a que: (i) sólo quedaron en firme “aquellos procesos que tuvieran una antigüedad mayor a los 2 años a la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015”, “es decir, toda declaración de giro y compensación aprobada por el FOSYGA con anterioridad al 9 de junio de 2013 expresamente se le reconoció su firmeza.” 8 Por tanto, (ii) “este reconocimiento expreso de firmeza que efectúa la Ley 1797 excluye aquellas declaraciones de compensación efectuadas con posterioridad al 9 de junio de 2013.”9 A partir de ello, el actor consideró que estas últimas operaciones, causadas durante los dos años 6 Folio 18 de la demanda.

7 Ibídem. 8 Ibídem. 9 Folio 18 de la demanda. Bajo ese criterio, el demandante insistió en que: “[e]l inciso 3 en su artículo 16 es explícito en reconocer la firmeza de solamente aquellos reconocimientos ocurridos 2 años antes

de la vigencia de la ley 1753 de 2015, es decir, toda declaración de giro y compensación aprobada por el FOSYGA con anterioridad al 9 de junio de 2013 expresamente se le reconoció su firmeza jurídica. Este reconocimiento expreso de firmeza excluye a aquellas declaraciones de compensación efectuadas con posterioridad al 9 de junio de 2013.” (Folio 20 de la demanda). 4 inmediatamente anteriores a la expedición de la Ley 1753 de 2015, quedaron indefinidamente sin consolidación jurídica.

8. Según el demandante, “esta circunstancia nos lleva a cuestionar la exequibilidad de este aparte de la ley 1797 de 2016, por cuanto difiere en el tiempo la firmeza de situaciones que en virtud de normas anteriores ya la habían adquirido (…). Al limitar la firmeza solamente a los ocurridos con anterioridad al 9 de junio de 2013, desconoció los derechos consolidados y concretos que derivaron de la aplicación de los precedentes normativos y jurisprudenciales vigentes para el momento de cada giro.”10 (Subraya fuera del texto original).

9. A partir de todo lo anterior, el ciudadano Juan Nicolás Medina Jiménez formuló cuatro cargos contra el inciso acusado, los cuales se presentan enseguida.

1. Cargo por violación del derecho al debido proceso (Art. 29 de la CP) y principio de legalidad (Art. 84 de la CP)

10. Para el accionante, el inciso demandado constituye una violación de “los principios de certeza, seguridad jurídica y perención.” Esto, porque la norma, según él, dejó de lado la firmeza jurídica de los reconocimientos y giros

realizados entre el 9 de junio de 2013 y el 9 de junio de 2015. Esto haría posible reabrir controversias por parte de, por ejemplo, los administradores fiduciarios del FOSYGA, la Superintendencia Nacional de Salud o el Ministerio de Salud, pese a que, insistió, se trata de situaciones jurídicamente consolidadas.

11. Por esta vía, reiteró que el Legislador desconoció que el artículo 73 de la Ley 1753 de 2015 había establecido el término de dos años, en general, para garantizar la firmeza de los reconocimientos y giros del aseguramiento en salud, independientemente de la fecha en que hubieran ocurrido. En criterio del demandante, el plazo de dos años fijado en este último artículo correspondió a la reproducción legal de los distintos instrumentos que históricamente lo contemplaban y que, en la práctica, venían aplicándose para todos estos asuntos.

En ese sentido, el Congreso de la República no estaba facultado para afectar la consolidación de las operaciones realizadas antes de dicha legislación, pues para esos hechos era aplicable el marco jurídico que establecía la regla de firmeza de los giros a partir de los 2 años. Desconocer ese marco jurídico, advirtió, se traduce en una violación del principio de legalidad y del debido proceso.

12. En su opinión, se presenta igualmente una violación de la seguridad jurídica porque la disposición cuestionada afecta la firmeza de situaciones que estaban jurídicamente consolidadas. Indicó que la norma infringe la certeza de las relaciones jurídicas y la coherencia del ordenamiento. Esto impacta en el derecho a la libertad económica, “toda vez que un cambio inesperado de los

10 Folios 18 y 19 de la demanda. 5 criterios en los que las personas apoyan su actividad pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas.”11

2. Cargo por desconocimiento de la garantía de los derechos adquiridos

(Art. 58 de la CP)

13. En la demanda se expone que el tercer inciso del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016 es inconstitucional porque permite reabrir reclamaciones frente a operaciones que se encuentran consolidadas al transcurrir dos años desde su realización. En esa medida, el Legislador incurrió “en una contradicción y en desconocimiento a derechos adquiridos y legítimamente constituidos a favor de la misma ADRES (antes FOSYGA) como de las EPS.”12

14. El actor sostuvo que la norma cuestionada desatiende la regla general relativa a la irretroactividad de la ley, pues afectó indefinidamente situaciones que tenían firmeza jurídica antes de su entrada en vigencia. De esta forma, hizo referencia al supuesto desconocimiento de los derechos adquiridos tanto de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) como de las EPS. Respecto de la primera, sostuvo lo siguiente: “ (…) para la ADRES tales derechos adquiridos están representados en que las EPS no pueden solicitar reclamación alguna sobre giros y reconocimientos de recursos de aseguramiento que hubieran hecho con más de 2 años. Téngase presente que el proceso de compensación ante el ADRES (antes FOSYGA) es de una inmensa complejidad operativa que en muchas ocasiones ha conllevado que las EPS no obtengan el

reconocimiento completo de las UPC de sus afiliados, especialmente por los problemas de individualización en las bases de datos, sobre los cuales las EPS han formulado reclamaciones y demandas que han llegado incluso a conocimiento de la jurisdicción laboral como de lo contencioso administrativo.”13

15. En concepto del demandante, con la expedición del tercer inciso del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016: “(…) se les revivió a las EPS el término para efectuar reclamaciones sobre los procesos de giro y aseguramiento efectuados dentro de los 2 años anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 1753. En el peor de los casos las EPS tuvieron plazo para reclamar sobre los procesos hasta el 9 de junio de 2017 (2 años luego de entrada en vigencia de la Ley 1753), sin embargo, con la Ley 1797 este plazo se revive indefinidamente pues lo que quedó 11 Folio 23 de la demanda. 12 Folio 26 de la demanda. 13 Folio 26 de la demanda. 6 en firme fueron los procesos con más de dos años al entrar en vigencia la Ley 1753, esto conlleva que los procesos con menos de 2 años no han llegado a ninguna firmeza, toda vez que el supuesto de la Ley 1797 es que la ley 1753 solo aplica respecto a los hechos futuros sin que pueda aplicarse sobre los anteriores.”14

16. Del mismo modo, el actor sostuvo que el Legislador incurrió en una trasgresión de los derechos adquiridos de las EPS, los cuales están representados en que las UPC recibidas son definitivas y no van a tener que ser restituidas con posterioridad. En palabras del actor: “[l]as EPS tienen la certeza que luego no van a ser sorprendidas

con un apremio de restitución de recursos que materialmente ya no tienen (…). Particularmente tal zozobra se da respecto a los procesos de giro y aseguramiento ocurridos entre el 9 de junio de 2013 y el 9 de junio de 2015, esto es, los que tienen menos de 2 años al entrar en vigencia la Ley 1753 de 2015. Al limitar la firmeza a los procesos que tienen más de 2 años al entrar en vigencia la Ley 1753 de 2015, se legalizó que las EPS pudieran verse sorprendidas con procesos de restitución y respecto de los cuales, las UPC ya las han aplicado al aseguramiento de su población afiliada y habían pasado más de 2 años.”15

3. Cargo por desconocimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad

17. De acuerdo con lo dicho por el ciudadano, “los actores del sistema de salud siempre han tenido límites temporales para el ejercicio de sus derechos y por ende les corresponde asegurar su actuar diligente a fin de evitar mantener situaciones indefinidas”. En esa medida, señaló que el inciso tercero del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016 no es razonable, pues, a partir del alcance que el actor le otorga, considera que la norma acarrea un alto sacrificio de los principios de seguridad y certeza jurídica.

18. Sostuvo que, si la finalidad es la protección de los recursos de la seguridad social en salud, esta no se garantiza a través de la ausencia indefinida de firmeza jurídica de los reconocimientos y giros por compensaciones que, en concepto del actor, causa el precepto cuestionado. Para el demandante, la disposición

“establece un régimen diferencial de firmeza para los procesos de giro estableciendo un trato injustificado, desigual y discriminatorio de los procesos ocurridos antes y a posteriori de los que abarca la temporalidad a la que se refiere el inciso acusado. Este se torna irrazonable y desproporcionado porque vulnera sin ninguna justificación objetiva y racional derechos y principios constitucionales.”16 14 Folio 30 de la demanda. 15 Ibídem. 16 Folio 32 de la demanda. 7

19. En la acción de inconstitucionalidad se expuso que, por un lado, el aparte normativo demandado incluye medidas que “tienen como efecto generar plazos indefinidos para presentar reclamaciones por giros de aseguramiento”17. Esto conlleva a “premiar la inactividad y falta de diligencia de los actores”, y conlleva que “estén bajo el apremio de estar restituyendo recursos que incluso ya han aplicado a la parafiscalidad constitucional”18. Manifestó que esto se traduce en una incertidumbre para por ejemplo las EPS, en tanto particulares que participan en la prestación del servicio de salud. Para el actor, “[n]o hay ninguna solidaridad cuando a un subsector de la salud se le busca estar cuestionando los recursos recibidos, sin contemplación alguna que tales recursos tienen la condición de parafiscal.”19 Por tanto, habría un desconocimiento de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en materia de seguridad social.

20. Por otro lado, se expuso en la demanda que “el régimen especial de firmeza en los giros y reconocimientos de aseguramientos en salud para los ocurridos

antes de 2 años de vigencia de la Ley 1753 de 2015, atenta contra la participación de los particulares en la prestación de los servicios públicos (art. 365 CP)”. En concepto del accionante, la participación de estos actores se daría en condiciones desfavorables y sin equidad. En el actual proceso de compensación, la ADRES tiene la carga de “estar revisando si los reconocimientos hechos a las EPS son justos y adecuados”. Bajo esa perspectiva, las EPS cuentan con la certeza de que las actuaciones están sometidas a un régimen legal específico y determinado. A partir de esto, expresó que “[e]s desproporcionado que de manera indefinida en el tiempo luego pueda entrarse a realizar una revisión de los recursos recibidos por las EPS cuando estos ya los han destinado al aseguramiento en salud, lo que en efecto se establece restrictivo de su libre empresa y los pone en condiciones inseguras.”20 (Subraya fuera del texto original). El accionante insistió en que todos los procesos de compensación anteriores a la Ley 1753 de 2015 estaban regidos por el término de firmeza de 2 años, porque así lo reconocía el marco jurídico vigente. Por ello, consideró irrazonable que la norma acusada, desde su perspectiva, modifique intempestivamente dicho marco jurídico, dejando la posibilidad indefinida de que los giros sean objeto de reclamaciones.

21. El ciudadano adicionó que la norma no cumple con su finalidad porque: “(i) no avanza en el proceso de saneamiento de deudas del sector de la salud. Su efecto conlleva ampliar indefinición y la falta de firmeza de los reconocimientos efectuados a los diferentes actores

del Sistema, (ii) no mejora el flujo de recursos, lo que hace es dar la posibilidad de revivir términos ya expirados para efectuar 17 Ibídem. 18 Ibídem. 19 Ibídem. 20 Folio 33 de la demanda. 8 cobros por restituciones o correcciones y adiciones a giros ya realizados y (iii) tampoco es una medida financiera idónea, pues si a las EPS les han sido reconocidos mayores recursos de aseguramientos, estos no dejan de ser parafiscales y por ende conservan su destinación específica.”21 (Subraya fuera del texto original).

22. De esta forma, para el actor la norma no supera un estudio de proporcionalidad. Implica un “sacrificio muy alto a los principios de seguridad y certeza jurídica, a los derechos adquiridos, al principio de legalidad como

(sic) a los principios de solidaridad y eficiencia que predica la Constitución como rectores de la seguridad social.” Reitera que, además, la norma no favorece el saneamiento del sector de la salud. En su opinión, “se privilegia a una parte del sector de la salud, los Administradores del FOSYGA, a contra de otra fracción del mismo sector, las Entidades promotoras de Salud (EPS).”22

4. Cargo por violación de la confianza legítima (Art. 83 de la CP)

23. El accionante refirió que la norma acusada incurre en una violación de la confianza legítima. Como fundamento, insistió en lo dicho con anterioridad, en el sentido de que la norma desconoció que los reconocimientos y giros anteriores al 9 de junio de 2015 estaban regidos por la regla según la cual éstos

adquirían firmeza cuando pasaran dos años. Para el actor, con el precepto cuestionado “se adopta una medida extraña que modifica el régimen de firmeza de giros ocurridos antes de la Ley 1753 de 2015. Tal modificación es sorpresiva e inconsonante con el régimen tradicional e incluso con la reciente regulación sobre la firmeza que [se] había expedido con la Ley 1753 de 2015.”23 Bajo esas consideraciones, sostuvo que el Congreso de la República desconoció los límites de su facultad legislativa porque alteró el ordenamiento jurídico que gobernaba las situaciones anteriores a la expedición de la Ley 1797 de 2016, sin tener en cuenta las expectativas de estabilidad. En su criterio, hubo un cambio “abrupto de las reglas de juego”, sin la adopción de ningún mecanismo de transición o gradualidad, lo cual atenta contra los derechos de los destinatarios de la medida.

24. Con base en lo expuesto, el actor solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad del tercer inciso del artículo 16 de la Ley 1797 de 2016.

IV. INTERVENCIONES

1. Ministerio de Salud y Protección Social

25. Por conducto de la abogada Diana Marcela Roa Salazar, la entidad solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la norma demandada. Sin 21 Folio 43 de la demanda. 22 Folio 38 de la demanda. 23 Folio 40 de la demanda. 9 hacer referencia al alcance detallado de la misma, sostuvo que la motivación de la disposición sólo fue hacer eficaz la recuperación de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Indicó que el procedimiento

administrativo especial para el reintegro de los recursos del aseguramiento en salud ha estado regulado por distintos instrumentos, como lo son las resoluciones 3361 de 2013, 4358 de 2018 y 1716 de 2019, “las cuales, si se integran con el inciso final del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, permitirán la materialización de saneamiento de los recursos dentro de un plazo razonable”24. En esa medida, afirmó que “el marco reglamentario que desarrolla los procesos de reconocimiento y giro de la UPC a las EPS que operan el aseguramiento en salud, así como los procesos para el reintegro de los mismos, siempre han estado en línea de la protección de los recursos que pertenecen al sistema de salud y no a las EPS, (…) para asegurar el equilibrio económico del sistema y así permitir la realización del derecho fundamental a la salud de los afiliados.”25 Agregó que, frente a la supuesta violación de los derechos adquiridos, el actor no tiene en cuenta que, mientras las situaciones jurídicas no estén plenamente consolidadas, se trata de meras expectativas. De esta manera, concluyó: “[…] la norma acusada no defraudó la confianza legítima y no desconoció derechos adquiridos, ni la buena fe, por cuanto no afectó situaciones jurídicas consolidadas, ya que el objeto de la Ley 1797 de 2016, de la cual hace parte el artículo atacado, es adoptar medidas de carácter financiero y operativo para avanzar en el proceso de saneamiento de las deudas del sector y en el mejoramiento del flujo de recursos y la calidad de la prestación de servicios dentro del SGSSS. En particular, se observa que a través

de varias disposiciones el Legislador promovió la superación de las dificultades económicas de actores del SGSSS, con especial atención en las IPS.”

2. Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral - ACEMI

26. La representante legal suplente de ACEMI,26 luego de señalar que actúa en nombre de la entidad que agremia a la mayoría de EPS del Régimen Contributivo en Colombia, pidió a la Corte declarar la inexequibilidad del precepto demandado. Acompañando la presentación del actor, señaló que la norma “establece una aplicación retroactiva que vulnera los derechos adquiridos al amparo de la normatividad que regulaba la firmeza de los reconocimientos y giros de los recursos del aseguramiento en salud, realizados dos años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1753 del 9 de junio de 24 Folio 4 de la intervención. 25 Folio 5 de la intervención.

26 Nelcy Paredes Cubillos. 10 2015.”27 La agremiación indicó que, en su criterio, “la aplicación de la norma demandada puede tener 3 interpretaciones:28 a. Si se interpreta que aplica a los reconocimientos y giros pagados desde el 9 de junio de 2013 hacia atrás El término para la firmeza de los reconocimientos y giros pagados por aseguramiento a las EPS dos años antes de la entrada en vigencia de la Ley 1753 de junio 9 de 2015, era de dos años, de manera que para cuando se expidió la norma demandada, el 13 de julio de 2016, dichos reconocimientos ya estaban en firme, con lo cual afectó derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas al amparo de una

disposición anterior. Nos permitimos exponer lo anterior en el siguiente cuadro resumen: Fecha del Fecha en que Fecha en la que ¿La norma reconocimiento operó la operó la demandada y giro de los firmeza del firmeza del se aplicó de recursos de reconocimiento reconocimiento forma aseguramiento y giro al y giro como retroactiva amparo de la consecuencia afectando norma vigente de la norma derechos para la época demandada en adquiridos y del pago el proceso de la situaciones referencia consolidadas? Junio 9 de 2013 Junio 9 de 2015 Julio 13 de 2016 Sí Junio 8 de 2013 Junio 8 de 2015 Julio 13 de 2016 Sí Junio 7 de 2013 Junio 7 de 2015 Julio 13 de 2016 Sí Enero 1º de Enero 1º de Julio 13 de 2016 Sí 1994 1996 Como se observa, la norma demandada terminó con la firmeza de los reconocimientos y giros por aseguramiento realizados desde el inicio del SGSSS hasta junio de 2013, afectando situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos. b. Si se interpreta que aplica a los reconocimientos y giros pagados entre el 9 de junio de 2013 y el 9 de junio de 2015 En caso de entenderse, como lo hace el accionante, que la norma demandada solo reconoció la firmeza de los reconocimientos y giros de aseguramiento realizados antes de junio 9 de 2013, dejando sin firmeza alguna los giros realizados entre el 9 de junio de 2013 y el 8 de junio de

2015, la norma demandada también afectó los derechos adquiridos y 27 Folio 2 de la intervención de ACEMI. 28 Folio 8 de la intervención de ACEMI. 11 situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la norma anterior, como sigue. || Los giros realizados, por vía de ejemplo, el 10 de junio de 2013, quedaron en firme al amparo de la norma vigente para la fecha en que se realizó el giro, el 10 de junio de 2015. No obstante, de acuerdo con la norma demandada, la firmeza solo se adquirió el 13 de julio de 2016, con lo cual queda claro que la disposición acusada afecta derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. (…) c. Si se interpreta que aplica a los reconocimientos y giros pagados el 9 de junio de 2013 Una interpretación estricta de la norma, permite entender que aplica solamente a