CE - Auto interlocutorio 11001031500020250132600

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001031500020250132600
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente (E): FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2025-01326-00

Demandantes: LUZ MARÍA RIVAS MONTOYA Y OTROS

Demandado: SUBSECCIÓN C DE LA SECCIÓN TERCERA DEL

CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: AUTO QUE NIEGA ACLARACIÓN Y ADICIÓN DE

SENTENCIA

La Sala decide la solicitud de aclaración y adición formulada por la parte demandante respecto de la sentencia del 7 de abril de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES

  1. El 7 de abril de 2025 la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Luz María Rivas Montoya y otros tras considerar que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos invocados por la parte actora 1.
  1. La anterior decisión fue notificada a las partes por correo electrónico el 23 de abril de 20252.
  1. El 25 de abril de 2025, la parte actora solicitó la aclaración y adición de la sentencia proferida por esta Sala de Decisión al considerar que la Sala se abstuvo de realizar un

de 20252.

  1. El 25 de abril de 2025, la parte actora solicitó la aclaración y adición de la sentencia proferida por esta Sala de Decisión al considerar que la Sala se abstuvo de realizar un análisis del defecto fáctico , con base en el argumento de que los demandantes no

1 La acción de tutela cuestion ó la sentencia del 24 de julio de 2024 que, en un proceso de reparación directa revocó el fallo de primera instancia que declar ó la responsabilidad patrimonial de la Superintendencia de Sociedades y en su lugar declaró la caducidad frente a unas pretensiones y negó otras, por hechos relacionados con el proceso de intervención y liquidación de la sociedad Integramos SA y de los patrimonios personales de los demandantes. (Índice 16 del expediente digital en Samai). 2 Índice 20 del expediente digital en Samai.2

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01326-00

Actores: Luz María Rivas Montoya y otros Acción de tutela

identificaron concretamente las prue bas cuya valoración se omitió o fue indebida, a pesar de que -según lo afirmaron -, en el escrito de tutela sí se individualizaron expresamente las pruebas que en su criterio no fueron debidamente valoradas por la autoridad judicial demandada.

  1. Afirmó que en la demanda de tutela se indicó que los siguientes elementos probatorios no fueron debidamente valorados y/o se omitió su valoración: “i) el contenido del auto 003 del 2015; ii) el contenido del auto 782 de 2017; iii) el contenido de la dem anda; iv) el número del expediente del trámite procesal que adelantó la

contenido del auto 003 del 2015; ii) el contenido del auto 782 de 2017; iii) el contenido de la dem anda; iv) el número del expediente del trámite procesal que adelantó la Superintendencia de Sociedades y v) el auto del 29 de enero de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 3”.

  1. Añadió que, esta Sala de Decisión consideró razonable que la sentencia cuestionada hubiera tratado como dos momentos procesales distintos el procedimiento adelantado por la Superintendencia de Sociedades -intervención y liquidación judicial - pero que dicha apreciación podía ser desvirtuada si se hubiera realizado un análisis detallado de las pruebas específicas indicadas en la acción de tutela, las cuales, en su concepto, permitían evidenciar la continuidad de los hechos y, por tanto, afectaban directamente el cómputo de la caducidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

  1. El artículo 4º del Decreto 306 de 19924 señala la posibilidad de aplicar los principios generales del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso, para interpretar las disposiciones previstas en el Decreto 2591 de 1991 en todo aquello que no sea contrario a este último.
  1. El juez no puede revocar o reformar su sentencia en virtud de los principios de seguridad jurídica e intangibilidad de la cosa juzgada, según lo dispuesto en el artículo 285 del Código General del Proceso, en consecuencia, solo le es dado aclarar, corregir y adicionar sus fallos.
  1. En ese sentido, el artículo 285 del CGP dispone lo siguiente sobre la aclaración de

providencias:

285 del Código General del Proceso, en consecuencia, solo le es dado aclarar, corregir y adicionar sus fallos.

  1. En ese sentido, el artículo 285 del CGP dispone lo siguiente sobre la aclaración de

providencias:

3 Índice 20 del expediente digitan el Samai. 4 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.3

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01326-00

Actores: Luz María Rivas Montoya y otros Acción de tutela

“Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte, cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella.”. (negrillas de la Sala)

  1. De conformidad con lo anterior, la aclaración permite esclarecer imprecisiones que puedan dar lugar a equívocos en relación con la decisión adoptada y procede respecto de conceptos o frases confusos de la parte resolutiva o bien de la parte motiva, pero, solo si tienen incidencia directa en la resolutiva.
  1. De igual forma, la adición de la sentencia puede ser solicitada por cualquiera de las partes o realizada de oficio dentro del término de ejecutoria de la providencia, y es procedente de conformidad con los presupuestos d el artículo 287 del Código General

del Proceso, que dispone:

“ARTÍCULO 287. ADICIÓN . Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de

del Proceso, que dispone:

“ARTÍCULO 287. ADICIÓN . Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad (…).” (mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

  1. Así, la figura de la adición se orienta a que el juez de la causa emita un pronunciamiento expreso sobre aquellos puntos d e la controversia que, habiéndose propuesto y discutido durante el juicio, se dejaron de resolver en la sentencia respectiva, configurándose de esa manera un fallo infra petita que, por consiguiente, debe ser corregido, de oficio o a petición de parte, med iante sentencia complementaria.
  1. En ese orden de ideas, en el caso concreto la Sala advierte que las solicitudes elevadas por la parte demandante, en el sentido de que se aclare y adicione la sentencia, no son procedentes, por las razones que a continuación se exponen:
  1. En primer lugar, pese a que los demandantes solicitan que se aclaren los motivos por los cuales la Sala consideró que no se habían especificado las pruebas que no fueron valoradas, se debe precisar que ello no amerita que la se ntencia sea aclarada, en tanto no se trata de una frase que ofrezca verdadero motivo de duda o mucho menos que esté contenida o influya de manera directa en la parte resolutiva del fallo, por el contrario, la Sala advierte que lo que la parte demandante pr etende con esos4

en tanto no se trata de una frase que ofrezca verdadero motivo de duda o mucho menos que esté contenida o influya de manera directa en la parte resolutiva del fallo, por el contrario, la Sala advierte que lo que la parte demandante pr etende con esos4

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01326-00

Actores: Luz María Rivas Montoya y otros Acción de tutela

argumentos es cuestionar la sentencia de primera instancia de 7 de abril de 2025 que negó las pretensiones de la acción de tutela.

  1. De otro lado, solicitan que se adicione la sentencia de modo que se profiera un pronunciamiento de fondo frente al defecto fáctico invocado en la demanda de tutela; no obstante, contrario a lo indicado por los demandantes, la Sala evidencia que, en el desarrollo de este argumento en la acción de tutela, indicaron que:

“Desconociendo la objetividad del contenido de los diferentes proveídos que profirió la Superintendencia en el proceso que adelantó en contra de los accionantes, especialmente de los Autos 003 del 2015 y del Auto 782 de 2017, la Sala llegó a la artificiosa conclusión de que los errores jurisdiccionales y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que fueron denunciados podían dividirse en dos escenarios procesales distintos.

En este mismo sentido, la Sala también desconfiguró el contenido de la demanda, pues desconoció que, en ella, a través de la denuncia de una pluralidad de errores jurisdiccionales y de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se recriminó la totalidad del irregular procedimiento que fue adelantado por la Superintendencia, sin escindirl o o seccionarlo.

pluralidad de errores jurisdiccionales y de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se recriminó la totalidad del irregular procedimiento que fue adelantado por la Superintendencia, sin escindirl o o seccionarlo.

Adicionalmente, de forma equívoca, la Sala consideró que en virtud del Auto 003 de 2015 se había (sic) terminación del proceso de liquidación judicial, cuando basta con atisbar el Auto 782 de 2017 para corroborar que solo fue en él que se declaró expresamente la terminación del “proceso de intervención bajo la medida de liquidación judicial.

Si la Sala hubiese adelantado una debida valoración probatoria, habría identificado con claridad de que el trámite adelantado por la Superintendencia se enmarco en una unidad procesal, y que ella únicamente finalizó con el Auto 782 de 2017, por lo que el cómputo de l a caducidad solo podía iniciar una vez este último auto hubiese quedado ejecutoriado.”.

  1. La Sala evidencia que no hay lugar a adicionar la providencia, pues tales argumentos se dirigen a reprochar que la autoridad judicial demandada agrupara los hechos frente a los cuales se alegó el error jurisdiccional y, subsidiariamente el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en los que habría incurrido la administración de justicia, así: i) un primer momento, desde la medida de intervención estatal ordenada por la Superintendencia Financiera, hasta que la Superintendencia de Sociedades aprobó la rendición final de cuentas y decretó la terminación de la fase procesal de intervención mediante toma de posesión, para dar paso a la apertura del proceso de liquidación judicial y ii) una siguiente etapa que se dio en el marco del

Sociedades aprobó la rendición final de cuentas y decretó la terminación de la fase procesal de intervención mediante toma de posesión, para dar paso a la apertura del proceso de liquidación judicial y ii) una siguiente etapa que se dio en el marco del proceso de liquidación judicial, con la consecuente orden de adjudicación y la determinación del valor final por el cual se liquidaron los activos puestos en administración de la entidad.5

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01326-00

Actores: Luz María Rivas Montoya y otros Acción de tutela

  1. Dicho reparo fue resuelto en la sentencia de tutela de primera instancia cuando se resolvieron los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, en los cuales esta Sala de decisión expuso que resultaba razonable que la autoridad j udicial demandada agrupara los referidos hechos y, en consecuencia, dio una aplicación adecuada del literal i, del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues se evidenció que los demandantes tuvieron conocimiento del daño desde que se autoriz ó el plan de pagos presentado por el liquidador (el 11 de mayo de 2015) , aunque la autoridad judicial demandada realizó el conteo de la caducidad desde la ejecutoria del auto de 27 de julio de 2015, a través del cual la Superintendencia de Sociedades autorizó la adjudicación de bienes en el marco del proceso de intervención.

Adicionalmente, en la sentencia se dijo “ 9) Es pertinente agregar que, como se indicó en la providencia cuestionada, en la demanda se mencionaron treinta y cuatro de las decisiones, di ligencias, actas y oficios proferidos en el curso del proceso de

Adicionalmente, en la sentencia se dijo “ 9) Es pertinente agregar que, como se indicó en la providencia cuestionada, en la demanda se mencionaron treinta y cuatro de las decisiones, di ligencias, actas y oficios proferidos en el curso del proceso de intervención, por lo cual la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación realizó la distinción en dos momentos procesales dentro de la actividad jurisdiccional desarrollada por la Superintendencia de Sociedades .”

Lo anterior para indicar que los autos 003 del 2015 y 782 de 2017 sí fueron valorados por la autoridad judicial demandada ; sin embargo, la parte demandante insiste en que la caducidad de la acción debió contarse a partir de estas decisiones y , no, como lo hizo la autoridad judicial; insistió en la inconformidad respecto de la determinación de agrupar los hechos frente a los cuales se alegó el error jurisdiccional y, subsidiariamente el defectuoso funcionamiento d e la administración de justicia; argumentos estos que fueron resueltos en desarrollo de los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.

  1. De conformidad con lo expuesto, no es posible acceder a la soli citud elevada por la parte demandante en el sentido de que se adicione la sentencia por cuanto la Sala sí se pronunció sobre los argumentos presentados, aunado a que en la acción de tutela no se especificaron claramente las pruebas cuya valoración se omiti ó o se valoraron indebidamente, máxime si se tiene en cuenta que los demandantes se limitaron a indicar que la autoridad judicial demandada no podía dividir el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en dos escenarios

indebidamente, máxime si se tiene en cuenta que los demandantes se limitaron a indicar que la autoridad judicial demandada no podía dividir el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en dos escenarios procesales distintos, e insiste n que se debió realizar el conteo de la caducidad de manera diferente a la realizada por la autoridad judicial demandada.6

Expediente: 11001-03-15-000-2025-01326-00

Actores: Luz María Rivas Montoya y otros Acción de tutela

En mé rito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B -, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

1º) Niéganse las solicitudes de a claración y adición de la sentencia del 7 de abril de 2025 presentadas por los demandantes.

2º) N otifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama, telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Magistrado (E) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA

Magistrado (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de

Magistrado (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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