CE - Auto interlocutorio 11001031500020250246100

Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-00

Demandante: Diego Alejandro Herrera Arias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., 7 de mayo de 2025

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-02461-00

Demandante: Diego Alejandro Herrera Arias

Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera

Tema: Contra providencia judicial

Auto admisorio

El Despacho decide sobre la admisión de la demanda de la tutela de la referencia y la medida provisional solicitada.

I. ANTECEDENTES

El señor Diego Alejandro Herrera Arias, por conducto de apoderado, presento acción de tutela en contra el Consejo de Estado, Sección Primera, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa técnica efectiva, de acceso a la administración de justicia y a la participación policita.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia de segunda instancia dictada el 13 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera en el proceso de perdida de investidura con radicado 25000 -23-15-000-202400769-01.

Adicionalmente, como medida provisional, el señor Diego Alejandro Herrera Arias pidió la

Primera en el proceso de perdida de investidura con radicado 25000 -23-15-000-202400769-01.

Adicionalmente, como medida provisional, el señor Diego Alejandro Herrera Arias pidió la suspensión provisional de la mencionada sentencia hasta que se decida la presente acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Sobre la admisión de la de demanda de tutela

Los artículos 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991 establecen que, mediante la acción de tutela, todas las personas pueden reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así expresamente lo autorice la ley.

Por su parte, el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991 señala que en la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera vulnerado o amenazado, el nombre de la autoridad o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. El mismo artículo establece que no es indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado.

En el caso concreto, se encuentran cumplidas las anteriores condiciones mínimas, pues se identificaron razonablemente los hechos que generan la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados. Por lo tanto, se admitirá la demanda presentada por Diego Alejandro Herrera Arias.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-00

Demandante: Diego Alejandro Herrera Arias

derechos fundamentales alegados. Por lo tanto, se admitirá la demanda presentada por Diego Alejandro Herrera Arias.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-00

Demandante: Diego Alejandro Herrera Arias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Sobre la solicitud de medida cautelar

El Decreto 2591 de 1991 facultó al juez de tutela para que, de oficio o a petición de parte, ordene «lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante».

En efecto, el artículo 7 prevé que el juez de tutela está facultado para decretar, en cualquier estado del proceso, las medidas que estime pertinentes para la protección de los derechos fundamentales invocados. Especialmente, podrá: i) suspender la ejecución del acto, actuación o procedimiento que amenace o vulnere un derecho fundamental; ii) ordenar que se mantenga la situación para proteger el interés público, iii) ordenar la adopción de medidas para la protección de los derechos fundamentales y no hacer nugatorio el efecto de la sentencia, y iv) en general, imponer cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger un derecho o a evitar que se causen otros daños como consecuencia de los hechos realizados.

En Auto 312 de 2018 1, la Corte Constitucional determinó que la procedencia de la adopción de las medidas provisionales se supeditaba al cumplimiento de los siguientes presupuestos:

(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga

adopción de las medidas provisionales se supeditaba al cumplimiento de los siguientes presupuestos:

(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris). (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo trascurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora). (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

En el sub examine , la parte actora pidió como medida provisional la suspensión provisional de la sentencia de segunda instancia del 13 de marzo de 2025 dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, en el proceso de perdida de investidura con radicado 25000 -23-15-000-2024-00769-01, hasta que se decida la presente acción constitucional, al considerar que, la vulneración de sus derechos fundamentales es evidente, que existe riesgo inminente de un daño irremediable consistente en la efectiva perdida de su investidura y la afectación permanente de su derecho fundamental a la participación policita, que es necesario preservar la eficacia del amparo constitucional deprecado.

Después de examinar la solicitud de medida cautelar, prima facie , el Despacho no advierte que existan circunstancias que demuestren la violación o amenaza seria y real

deprecado.

Después de examinar la solicitud de medida cautelar, prima facie , el Despacho no advierte que existan circunstancias que demuestren la violación o amenaza seria y real de los derechos fundamentales invocados. Tampoco existe riesgo de causarse un perjuicio irremediable, que amerite la suspensión provisional de la mencionada sentencia de segunda instancia del 13 de marzo de 2025.

Siendo así, para determinar si la autoridad judicial demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, se requiere hacer un estudio detallado e integral de la situación particular que expuso y de las pruebas que se aporten en el proceso. Empero, ese estudio no es propio del auto admisorio, sino de la sentencia, una vez se cuente con los elementos de juicio suficientes.

Al no existir elementos de juicio que indiquen la necesidad de decretar la medida cautelar pedida, lo procedente es tramitar la acción de tutela y en la sentencia decidir sobre las pretensiones de la demandante.

Por lo expuesto, el Despacho

1 Reiterado en Auto 259 de 2021.Radicado: 11001-03-15-000-2025-02461-00

Demandante: Diego Alejandro Herrera Arias

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

III. RESUELVE

1. Admitir la demanda de tutela presentada, por conducto de apoderado, por Diego

Alejandro Herrera Arias contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

2. En calidad de demandados, notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección

Primera.

Alejandro Herrera Arias contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

2. En calidad de demandados, notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección

Primera.

3. En calidad de tercero con interés, vincular a las siguientes personas:

3.1. A los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quienes dictaron la sentencia de primera instancia del proceso de perdida de investidura con radicado 2500023-15-000-2024-00769-00.

3.2. A al señor José Luis Tabares Zapatas, quien fungió como parte demandante en el proceso de perdida de investidura con radicado 25000-23-15-000-2024-00769-00/01.

Para adelantar la notificación del señor José Luis Tabares Zapatas, el actor deberá informar las direcciones de notificación física o electrónica. En el evento de que no fuera posible realizar la notificación personal de los terceros, previa constancia, la Secretaría publicará este auto en la página web del Consejo de Estado.

4. El expediente digital queda a disposición de los demandados por el término de 3 días, para que ejerzan los derechos que pretendan hacer valer.

5. Tener como pruebas, con el valor que les asigna la ley, los documentos aportados con la demanda.

6. Denegar la medida provisional pedida en la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.

7. Requerir a la secretaría del Consejo de Estado, Sección Primera, para que, en el término de 2 días, remita copia magnética del proceso de perdida de investidura con radicado 25000-23-15-000-2024-00769-00/01. Demandante: José Luis Tabares Zapatas.

término de 2 días, remita copia magnética del proceso de perdida de investidura con radicado 25000-23-15-000-2024-00769-00/01. Demandante: José Luis Tabares Zapatas.

8. Reconocer a la abogada Diana Marcela Tello Vásquez como apoderad a judicial de la demandante, en los términos del poder conferido.

9. Las comunicaciones, oficios, memoriales, escritos, pruebas documentales y demás que se presenten en este trámite judicial, se recibirán en la siguiente cuenta de correo electrónico del Consejo de Estado: secgeneral@consejodeestado.gov.co.

Notifíquese y cúmplase,

(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN