CE - Auto interlocutorio 15001233300020250009301
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 15001233300020250009301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
Demandada: Ingrith Rocío Bernal Mejía
(alcaldesa municipal de Duitama) Radicado: 15001-23-33-000-2025-00093-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 15001-23-33-000-2025-00093-01
Demandante: PEDRO MIGUEL MANRIQUE PINZÓN
Demandada: INGRITH ROCÍO BERNAL MEJÍA (alcaldesa de Duitama
(Boyacá), para el periodo 2025-2027) Temas: Auto decide apelación contra suspensión provisional . Causal de vínculo con persona que ejerció autoridad (art. 95.4 Ley 136 de 1994).
AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el auto de 23 de julio de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, en el que negó la suspensión provisional de los efectos del acto de claratorio de la elección de la señora Ingrith Rocío Bernal Mejía , en calidad de alcaldesa municipal de Duitama (Boyacá) , para lo que resta d el
del acto de claratorio de la elección de la señora Ingrith Rocío Bernal Mejía , en calidad de alcaldesa municipal de Duitama (Boyacá) , para lo que resta d el periodo 2025-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El ciudadano Pedro Miguel Manrique Pinzón , en nombre propio , presentó demanda el 7 de mayo de 2025, en ejercicio de l medio de control de nulidad electoral, contemplado en el artículo 139 del CPAC A en contra del acto declaratorio de elección de 4 de mayo de la misma anualidad, por medio del cual se declaró elegida a la señora Ingrith Rocío Bernal Mejía, en calidad de alcaldesa municipal de Duitama, para el periodo 2025-2027, luego de los comicios atípicos.
1.2. Las pretensiones
En el escrito de subsanación de la demanda, el actor indicó las siguientes:
PRIMERA. Que se declara la nulidad del acto de elección (Acta de Escrutinio Municipal Formulario “E -26 ALC”) de la Comisión Escrutadora Municipal de Duitama expedida el 04 de mayo del 2025, que declara electa como ALCALDESA MUNICIPAL DE DUITAMA a la señora INGRI D (sic) ROCÍO BERNAL MEJÍA, avalada por la coalición denominada “DUITAMA NUESTRA PRIORIDAD”,Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
Demandada: Ingrith Rocío Bernal Mejía
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Demandada: Ingrith Rocío Bernal Mejía
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conformada por el Movimiento Político Colombia Humana, la Unión Patriótica – UP, el Movimiento Alternativa Indígena y Social – MAIS, y el Partido Alianza Verde, por configurarse la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en concordancia con el artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
SEGUNDA: Que, como consecuencia de la pretensión primera , se ordene a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cancelación de la credencial que acredita a la señora INGRID (sic) ROCÍO BERNAL MEJÍA, como alcaldesa del municipio de Duitama, para el periodo constitucional 2025-2027.
TERCERA: Que se oficie al Consejo Nacional Electoral y demás entidades públicas para lo de su competencia.
CUARTA: Que se ordene a la Notaría Primera del Círculo de Duitama la anulación de la escritura número 394 del día 05 de marzo de 2025.
1.3. Hechos
La parte actora, e n l a solicitud de suspensión provisional y acorde con la demanda, expuso los siguientes fundamentos fácticos:
La señora Ingrith Rocío Bernal Mejía resultó elegida alcaldesa del municipio de
La parte actora, e n l a solicitud de suspensión provisional y acorde con la demanda, expuso los siguientes fundamentos fácticos:
La señora Ingrith Rocío Bernal Mejía resultó elegida alcaldesa del municipio de Duitama el 4 de mayo de 2025, en elecciones atípicas , que fueron convocadas por el señor gobernador del departamento de Boyacá, mediante Decreto 0106 de 4 de febrero de 2025.
Esos comicios se llevaron a cabo, por cuanto la elección del anterior alcalde José Luis Bohórquez López, fue anulada mediante fallo de 12 de diciembre de 2024, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, al encontrar que incurrió en doble militancia.
Señaló que la accionada, a 19 de marzo de 2025, cuando fue inscrita como candidata a la alcaldía de Duitama, mantenía una relación de unión marital de hecho con el entonces exalcalde Bohórquez López, la cual era pública, notoria, estable y continua.
En efecto, afirmó, que ese vínculo afectivo se acreditó con elementos de prueba, tales como: el registro de la accionada en el sistema de seguridad social, en calidad de cónyuge beneficiaria, realizado por el propio Bohórquez López y la declaración de bienes y rentas de este, en el que la inscribe como compañera permanente1. Estos hechos reflejan el reconocimiento institucional y jurídico de la relación marital vigente durante toda la administración de aquel.
Aunado a que se evidenciaba la convivencia pública y permanente ante la ciudadanía de Duitama, también frente a los medios de comunicación y
la relación marital vigente durante toda la administración de aquel.
Aunado a que se evidenciaba la convivencia pública y permanente ante la ciudadanía de Duitama, también frente a los medios de comunicación y
1 En este hecho no se indicaron fechas. Véase numeral 5 del capítulo titulado «Hechos detallados» del escrito de subsanación de la demanda.Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
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autoridades locales, constituyendo un hecho notorio, conforme al artículo 167 del CGP.
Además, la participación conjunta Bernal Mejía – Bohórquez López, en actividades oficiales, protocolarias y sociales propias del gobierno municipal, en las que la accionada fungía como gestora social o acompañante del alcalde Bohórquez, permite inferir el ejercicio mancomunado de funciones y de representación institucional, propio de un núcleo conyugal activo.
Así las cosas, la parte actora señaló que, al momento de la inscripción de la accionada como candidata a las elecciones atípicas estaba inhabilitada, conforme las voces del numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, comoquiera que su compañero permanente había ejercido autoridad política y administrativa en el municipio dentro del año anterior a la elección.
conforme las voces del numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, comoquiera que su compañero permanente había ejercido autoridad política y administrativa en el municipio dentro del año anterior a la elección.
Aseveró que, el 5 de marzo de 2025, 1 mes después de la destitución2 del alcalde Bohórquez López y 15 días antes de la inscripción de la candidatura de la accionada (19 de marzo de esa misma anualidad), estos celebraron un acto notarial de terminación de la unión marital, a fin de eludir la causal de inhabilidad electoral mencionada.
Arguyó que durante la campaña de la señora Bernal Mejía, se evidenció la participación política directa y reiterada del exalcalde en actos proselitistas a favor de la accionada, a través de la coordinación de eventos, presencia en publicidad política, uso de imagen, participación en redes sociales y actividades logísticas, demostrando la persistencia del vínculo político, afectivo y de intereses comunes.
Indicó que esa situación fue puesta en conocimiento del CNE, dentro del radicado CNE-E-DG-2025-005263 acumulados; sin embargo, la organización electoral no se pronunció oportunamente sobre el fondo del asunto ni adoptó medidas preventivas para garantizar la legalidad del proceso electoral. Esta omisión fue objeto de acción de tutela, la cual fue fallada favorablemente 3, al reconocer la vulneración a los derechos fundamentales de participación y debido proceso.
2 La Sala considera pertinente recordar que el fallo que anuló la elección del alcalde de Duitama Bohórquez López fue proferid o el 12 de diciembre de 2024, dentro del radicado 15001 -23-332 La Sala considera pertinente recordar que el fallo que anuló la elección del alcalde de Duitama Bohórquez López fue proferid o el 12 de diciembre de 2024, dentro del radicado 15001 -23-33000-2023-00428-02, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil , la cual quedó ejecutoriada el 30 de enero de 2025, según consta en la actuación Samai 59 de ese expediente. 3 En el hecho 13 del escrito de subsanación de la demanda, al respecto, se lee: «Se evidencian presuntas irregularidades administrativas y omisiones por parte del Consejo Nacional Electoral, en la medida en que no se activaron los mecanismos de verificación y respuesta oportuna, pese a las pruebas documentales allegadas por ciudadanos sobre la posible configuración de una inhabilidad objetiva en cabeza de la candidata. Así mismo, se promovió una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, la cual fue fallada a favor del denunciante, estableciendo la vulneración de los derechos fundamentales a la participación y al debido proceso por parte del CNE». Destacados en el original. Subrayas de la Sala.Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
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1.4. La solicitud de suspensión provisional
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1.4. La solicitud de suspensión provisional
En escrito independiente4, presentado el 30 de mayo de 2025 5, esto es, en el interregno entre la presentación de la demanda 6 y el auto inadmisorio 7, la parte actora pidió:
PRIMERO: Que se admita para su trámite la presente solicitud de medida cautelar, presentada dentro del proceso de nulidad electoral instaurado contra la elección de la ciudadana Ingri th Rocío Bernal Mejía, como alcaldesa del municipio de Duitama para el periodo constitucional 2025-2027.
SEGUNDO: Que una vez evaluados los presupuestos materiales de procedencia de la medida cautelar, conforme al artículo 231 del CPACA, se decrete la medida cautelar de suspensión provisional del acto de elección y posesión de la señora Ingrith Rocío Bernal Mejía como alcaldesa del municipio de Duitama – Boyacá, en virtud de la configuración de una inhabilidad electoral obj etiva, sustentada en la existencia de un vínculo de unión material de hecho con el anterior mandatario local, el señor José Luis Bohórquez López, quien ejerció autoridad administrativa y política en el año anterior a la elección.
TERCERO: Que dicha suspensión provisional se mantenga vigente durante todo el curso del proceso judicial, como mecanismo cautelar idóneo, urgente y proporcionado, para evitar: 1. La consolidación de una situación jurídica manifiestamente ilegal. 2. El ejercicio indebido de funciones públicas por parte de
el curso del proceso judicial, como mecanismo cautelar idóneo, urgente y proporcionado, para evitar: 1. La consolidación de una situación jurídica manifiestamente ilegal. 2. El ejercicio indebido de funciones públicas por parte de una persona presuntamente inhabilitada. 3. La ineficacia de una eventual sentencia de nulidad que recaiga sobre el acto demandado. 4. La afectación del derecho colectivo a la moralidad administrativa, la tr ansparencia y la legalidad en los procesos electorales. 5. El menoscabo de los principios constitucionales de igualdad, participación política en condiciones de equidad, y del carácter democrático y legítimo del sufragio popular.
CUARTO: Que el Honorable Tribunal, en aplicación del principio de eficacia de las decisiones judiciales y de los principios constitucionales de tutela judicial efectiva
(art. 229 C.P.) y prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.), valore integralmente el acervo probatorio aportado, incluidos: 1. Pruebas documentales notariales, 2. Evidencias gráficas y audiovisuales de convivencia, campaña y vínculos políticos. 3. Decisión de acción de tutela favorable que reconoce la vulneración del debido proceso.
QUINTO: Que se ordene la comunicación inmediata de la medida cautelar decretada a las autoridades administrativas y electorales competentes incluyendo la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Alcaldía de Duitama a efectos de garantizar el cumplimiento oportuno, eficaz y vinculante de la decisión judicial, conforme lo establece el inciso final del artículo 233 del CPACA.
Alcaldía de Duitama a efectos de garantizar el cumplimiento oportuno, eficaz y vinculante de la decisión judicial, conforme lo establece el inciso final del artículo 233 del CPACA.
4 La parte actora presentó escrito de adición a la medida cautelar el 17 de julio de 2025 y sobre el punto se pronunció el a quo en el auto denegatorio de la solicitud de suspensión provisional . Véase numeral 1.6. de antecedentes de esta providencia. 5 Contado el término de caducidad incluso desde el mismo día de la expedición del E -26 ALC de 4 de mayo de 2025, la solicitud de suspensión está dentro de este término, comoquiera que los treinta días vencían el 16 de junio siguiente. 6 7 de mayo de 2025. 7 9 de junio de 2025.Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
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SEXTO: Que, en caso de considerarlo necesario, se decrete de manera oficiosa o a petición de parte, la práctica anticipada de pruebas orientadas a acreditar de manera reforzada la persistencia del vínculo material, político o funcional entre la elegida y el exalcalde destituido, con el fin de reforza r el juicio de legalidad sobre el acto demandado.
SÉPTIMO: Que se tengan en cuenta los graves efectos que conllevaría la no
elegida y el exalcalde destituido, con el fin de reforza r el juicio de legalidad sobre el acto demandado.
SÉPTIMO: Que se tengan en cuenta los graves efectos que conllevaría la no adopción oportuna de la medida solicitada , tanto para el orden institucional del municipio como para los derechos políticos de la ciudadanía, y se otorgue prioridad al presente proceso, conforme al principio de celeridad y eficacia del control electoral.
OCTAVO: Que se tengan como pruebas todos los documentos y elementos materiales allegados en la demanda instaurada con el radicado 15001233300020250009300, conforme a lo previsto en el artículo 231, inciso 3, del CPACA.
Como fundamento de esas solicitudes expuso que el acto objeto de cautela contraviene el ordenamiento superior, por cuanto : (i) el artículo 95, numeral 4 de la Ley 136 de 1994 (mod. art. 37 Ley 617 de 2000), impone la prohibición de inscribir a un candidato que tenga vínculo marital con quien , dentro del año anterior a la elección, haya ejercido autoridad administrativa, civil o política en el mismo municipio. Esta inhabilidad tiene como propósito prevenir el nepotismo político y la perpetuación en el poder dentro del núcleo familiar o afectivo y, así, garantizar elecciones imparciales.
- Existe fraude a la ley, consagrado en el artículo 9 del Código Civil , que prohíbe el uso de actos jurídicos válidos en apariencia, con el objetivo de eludir la aplicación de una norma imperativa.
En efecto, la terminación notarial de la unión marital realizada el 5 de marzo de
prohíbe el uso de actos jurídicos válidos en apariencia, con el objetivo de eludir la aplicación de una norma imperativa.
En efecto, la terminación notarial de la unión marital realizada el 5 de marzo de 2025, apenas 15 días antes de la inscripción de la candidatura, constituye un acto simulado que tenía como único objetivo evitar la aplicación de la inhabilidad. La simulación es contraria a la buena fe y constituye un fraude a la ley electoral.
- Violación al artículo 228 de la Constitución Política , que contiene el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades, por ende, lo relevante no es que exista un acto notarial de separación, sino que persista la comunidad de vida, el respaldo político y la influencia mutua , que configura materialmente la inhabilidad referida, más allá del acto jurídico aparente.
Finalmente, indicó que se cumple con los presupuestos del artículo 231 del CPACA, ya que la medida que se solicita evita que la sentencia se torne en ineficaz, que exista un riesgo de perjuicio irremediable o se materialice una situación ilegal y agregó: «[a]quí se busca evitar que se consolide una elección viciada por inhabilidad, que haría ineficaz la eventual nulidad, afectando principios constitucionales como la transparencia, legalidad, equidad electoral yDemandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
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moralidad administrativa». Invocó la jurisprudencia del Consejo de Estado 8, aplicable al caso judicializado.
Reafirmó el deber de los jueces de examinar la realidad fáctica y no permitir que maniobras simuladas sirvan para burlar el régimen de inhabilidades y señaló: «La comunidad de intereses y la participación conjunta en actos políticos, incluso sin convivencia directa, pueden configurar la continuidad del vínculo afectivo/político que sustenta la inhabilidad. En este caso, las pruebas audiovisuales de la participación del exalcalde en la campaña de su compañera dan pleno sustento a este criterio».
Explicó que los requisitos de apariencia de buen derecho y riesgo en la demora si no se adopta la medida cautelar, se encuentran cumplidos , comoquiera que frente al primero se acreditó que existe una base jurídica para considerar, en esta etapa preliminar, que la elección de la accionada está viciada de nulidad porque está incursa en la inhabilidad alegada , prevista en el artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994.
El segundo, por cuanto permitir la continuación en el cargo de una persona inhabilitada, genera un perjuicio grave e irreparable al principio democrático y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, al consolidar un gobierno cuyo origen jurídico está cuestionado.
1.5. Trámite procesal
inhabilitada, genera un perjuicio grave e irreparable al principio democrático y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, al consolidar un gobierno cuyo origen jurídico está cuestionado.
1.5. Trámite procesal
El 9 de junio de 202 5, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá inadmitió la demanda, concedió el término para subsanar la, dentro del cual fue corregida por el demandante y el 2 de julio siguiente corrió traslado de la solicitud de medida cautelar y mediante providencia de 23 de julio de 2025 se admitió la demanda , rechazó parcialmente algunas pretensiones tales como la declaratoria de ineficacia de un acto notarial y la orden para que anule la escritura 394 de 2025 , al no ser susceptibles de control judicial por el juez de la nulidad electoral y se negó la suspensión provisional.
Dentro del término para descorrer el traslado, intervinieron la accionada y el ministerio público.
8 Fallos de 21 de junio de 2012, radicado 11001032800020110004200, atinente a la inhabilidad por el vínculo que genera la unión permanente, que no se desvirtúa con la simple separación formal si es que existen elementos materiales que demuestran convivencia o comu nidad de intereses, generadores de favorecimiento de intereses privados o que amenacen la satisfacción del interés público y de 17 de octubre de 2013, proferida dentro del proceso 08001233100020110032201, que consideró que no podía aceptarse la ruptura jurídica de la unión marital de hecho como prueba de inexistencia del vínculo si las pruebas indican la subsistencia
08001233100020110032201, que consideró que no podía aceptarse la ruptura jurídica de la unión marital de hecho como prueba de inexistencia del vínculo si las pruebas indican la subsistencia de la relación.Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
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1.5.1. La demandada
Mediante apoderad o judicial, contestó la petición cautelar, atribuyó la improcedencia de la suspensión provisional a la ausencia de los elementos de la inhabilidad acusada.
Expuso que la solicitud carece de suficiente carga argumentativa y de razonabilidad en derecho , por cuanto no se demostró la transgresión al ordenamiento normativo y no existen pruebas que den cuenta de ello , comoquiera que la unión marital en la cual se pretende fundamentar la incursión de la accionada a la inhabilidad del artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, finalizó el 2 de febrero de 2024, como consta en la escritura pública 394 de 5 de marzo de 2025, por lo cual la censura endilgada no quedó dentro del periodo inhabilitante.
En efecto, las elecciones atípicas se llevaron a cabo el 4 de mayo de 2025 y la inscripción de su candidatura aconteció el 19 de marzo anterior, por ende, la
inhabilitante.
En efecto, las elecciones atípicas se llevaron a cabo el 4 de mayo de 2025 y la inscripción de su candidatura aconteció el 19 de marzo anterior, por ende, la demandada no tenía vínculo vigente con el señor Bohórquez López en los 12 meses anteriores a ninguno de estos dos eventos: inscripción y elección que se llevaron a cabo, respectivamente, en los meses de marzo y ma yo de 2025, a causa de la declaración de terminación de la unión marital de 5 de marzo de 2025, con efectos anteriores a 2 de febrero de 2024, conforme se lee en el documento protocolizado antes referido.
Se opuso a la medida cautelar solicitada y pidió su denegatoria , ante el incumplimiento de los requisitos legales y probatorios para su procedencia, por cuanto i) la petición carece de sustento jurídico, fáctico y probatorio suficiente para acreditar la inhabilidad endilgada; ii) el artículo 231 del CPACA exige prueba clara de la vulneración de l ordenamiento jurídico y esto no fue demostrado y iii) la jurisprudencia electoral impone que el hecho constitutivo de inhabilidad esté vigente al momento de la elección, no basta con que haya existido en el pasado.
En concreto, expuso que la causal invocada por el demandante, esto es, el vínculo por unión permanente con funcionario que haya ejercido autoridad en el municipio, no existió al momento de la elección, porque se aportó la escritura pública 394 de 5 de marz o de 2025, protocolizada ante la Notaría Primera del Círculo de Duitama, que acredita la terminación de la unión marital de hecho entre
pública 394 de 5 de marz o de 2025, protocolizada ante la Notaría Primera del Círculo de Duitama, que acredita la terminación de la unión marital de hecho entre la demandada y el exalcalde José Luis Bohórquez López desde el 2 de febrero de 2024, es decir, antes de la inscripción (19 de marzo de 2025) y de la elección (4 de mayo siguiente). Aunado a que no existe prueba de la convivencia ni del vínculo vigente en ese preciso momento electoral.
Al respecto agregó,Demandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
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[L]a parte actora basa su solicitud en afirmaciones subjetivas, valoraciones personales e inferencias especulativas que no encuentran respaldo en prueba idónea, seria, legal ni contundente. Sostiene la parte demandante que la existencia de una unión marital de hecho al momento de la inscripción se acredita por hechos notorios, menciones en redes sociales, participaciones públicas en calidad de gestora social y registros de afiliación al sistema de salud; sin embargo, ignora deliberadamente el elemento defin itorio que desvirtúa toda la narrativa acusatoria: la existencia de un documento público solemne que acredita la ruptura definitiva de la comunidad de vida, techo, lecho y mesa, desde el 2 de febrero de 2024, es decir, más de un mes antes de la inscripción y más de tres
acusatoria: la existencia de un documento público solemne que acredita la ruptura definitiva de la comunidad de vida, techo, lecho y mesa, desde el 2 de febrero de 2024, es decir, más de un mes antes de la inscripción y más de tres meses antes de la elección.
Sobre el material probatorio aportado por el demandante, señaló que ni los videos, fotografías, publicaciones en redes sociales demuestran la existencia de un vínculo vigente, como se lee de la siguiente transcripción:
Resulta entonces improcedente que, a partir de afiliaciones unilaterales, menciones informales en redes sociales o apariciones públicas dentro de contextos políticos comunes, se pretenda configurar una inhabilidad de estirpe legal que exige elementos objetivos, actuales y jurídicamente verificables. La carga de la prueba no puede invertirse ni desplazarse a quien ha ejercido con buena fe sus derechos políticos, amparada en ac tos legales, notorios y no cuestionados judicialmente.
(…) Los registros audiovisuales, fotografías o referencias genéricas a actividades políticas o sociales no constituyen por sí solos evidencia de una convivencia actual ni de una comunidad de intereses con efectos jurídicos, tal como exige la jurisprudencia del Consejo de Estado. La valoración de este tipo de elementos requiere análisis probatorio de fondo, sujeto a contradicción, contexto y apreciación integral, lo cual es imposible realizar en sede cautelar sin vulnerar el principio del debido proceso, no obstante, procedo a pronunciarme sobre cada uno de ellos, en razón de brindar más claridad a su despacho sobre cada uno de ellos.
En concreto, hace referencia expresa a las imágenes y videos que tituló así:
uno de ellos, en razón de brindar más claridad a su despacho sobre cada uno de ellos.
En concreto, hace referencia expresa a las imágenes y videos que tituló así:
OPOSICIÓN A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA FOTOGRÁFICA –
IMAGEN DEL EVENTO DE POSESIÓN N.º 1
ARGUMENTO DE OPOSICIÓN A LAS IMÁGENES RELATIVAS A
LA IMPOSICIÓN DE LA BANDA DE ALCALDESA
SÍNTESIS SOBRE LOS DEMÁS DOCUMENTOS AUDIOVISUALES
APORTADOS.
Los demás elementos materiales probatorios aportados en fotografías y videos, de ninguna forma conducente, pertinente o incontrovertible muestra la existencia de un vínculo marital o de compañeros permanentes existente al momento de la elección de la suscrita como alcaldesa del municipio de Duitama, siendo la mayoría desconocidos por la suscrita, y en muchos otros falsos o no concordantes con la realidad que elDemandante: Pedro Miguel Manrique Pinzón
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demandante pretende mostrar al despacho. (Mayúsculas sostenidas en el original de contestación de la medida cautelar). Subrayas de la Sala.
En contraste, la escritura pública referida no ha sido tachada de falsa ni demandada por simulación. Finalmente, el material audiovisual y documental
original de contestación de la medida cautelar). Subrayas de la Sala.
En contraste, la escritura pública referida no ha sido tachada de falsa ni demandada por simulación. Finalmente, el material audiovisual y documental aportado por el demandante es insuficiente, impertinente y no cumple con los requisitos para ser validado como medio probatorio.
Expuso que la solicitud del demandante se basó en conjeturas y pruebas no idóneas, aunado a que la suspensión sería desproporcionada y contraria a la voluntad popular expresada en las urnas.
Dentro de es e contexto, abogó por la aplicación d el principio de interpretación restrictiva de las inhabilidades electorales y el principio pro homine, que favorece el ejercicio de los derechos políticos. Por otra parte, aseveró que la suspensión provisional de un acto de elección popular es una medida excepcional que requiere prueba indiscutible y análisis técnico riguroso.
1.5.2. Ministerio público
Pidió negar la medida cautelar debido a la falta de acreditación de los elementos que hacen procedente la suspensión provisional y bajo el criterio de ponderación de los intereses en conflicto.
El fundamento de esta denegatoria es que aunque la unión permanente puede ser probada por distintos medios de prueba, estos han sido insuficientes para tener por probada su existencia, aunado a que la interpretación de la inhabilidad es restringida y taxativa , comoquiera que el periodo inhabilitante abarca los 12 meses anteriores a la elección, es decir del 4 de mayo de 2024 al mismo día de 2025, mientras que en la escritura pública N.º 394 de 5 de marzo de 2025, se
meses anteriores a la elección, es decir del 4 de mayo de 2024 al mismo día de 2025, mientras que en la escritura pública N.º 394 de 5 de marzo de 2025, se consignó que la unión marital de hecho inició el 20 de marzo de 2020 y cesó el 2 de febrero de 2024.
1.6. Auto apelado
La providencia impugnada fue proferida por la Sala de Decisión Cuarta del Tribunal Administrativo de Boyacá, entre otras decisiones 9, negó la suspensión provisional del acto declaratorio de elección de la alcaldesa de Duitama.
Luego de exponer la jurisprudencia sobre la s generalidades de la me
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