CE - Auto interlocutorio 20001233300020200067901
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 20001233300020200067901
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 20001-23-33-000-2020-00679-01 (1679-2022)
Demandante: Andrés Alejandro Alfonso Rodríguez Lozano
Demandada: Municipio de Aguachica
Tema: Deja sin efectos auto que rechazó la demanda , por falta de competencia funcional.
Encontrándose pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 5 de agosto de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio del cual se rechazó la demanda , el Despacho encuentra que se configuró una causal de falta de competencia funcional, la cual deberá sanearse con fundamento en los artículos 207 y 132 de las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, respectivamente.
ANTECEDENTES
El señor Andrés Alejandro Alfonso Rodríguez Lozano solicitó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que
ANTECEDENTES
El señor Andrés Alejandro Alfonso Rodríguez Lozano solicitó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se declare la nulidad de la Resolución No. 009 del 21 de enero de 2020 , proferida por la Mesa Directiva del Consejo Municipal, por medio de la cual se revocó, oficiosamente, el concurso de personero municipal de Aguachica para el período 2020-2024; y de la Resolución No. 011 del 24 de enero de 2020, mediante la cual se modificó una expresión gramatical de uno de los considerandos de la anterior resolución.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene al Concejo Municipal de Aguachica que continúe y lleve a culminación el concurso abierto y de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Aguachica para el periodo 20202024, conforme a la convocatoria realizada , conformando la lista de elegibles, expidiendo el correspondiente acto de nombramiento y realizando la toma de posesión de quien, una vez agotadas las etapas, ocupe el primer lugar, conforme a las previsiones legales.
Mediante providencia del 3 de junio de 2021, el Despacho sustanciador inadmitió la demanda al indicar que no se probó el agotamiento del trámite de la conciliación prejudicial. Que, si bien el demandante advirtió que no era procedente agotar dicho
trámite, por cuanto se solicitó la práctica de medidas cautelares, lo cierto era que elRadicado: 20001-23-33-000-2020-00679-01 (1679-2022)
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www.consejodeestado.gov.co 2 artículo 613 del Código General del Proceso estableció que en materia de lo contencioso-administrativo no era necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos en los cuales se soliciten medidas cautelares de carácter patrimonial, la parte demandante sea una entidad pública o se trate de un proceso ejecutivo.
Que l o anterior suponía que la medida cautelar solicitada ante esta jurisdicción debía ser de carácter patrimonial, esto es, que al decretarla se evidenci ara una consecuencia económica inmediata para la parte actora. Que, revisada la solicitud de medidas cautelares presentada con la demanda, se observó que no tenía ningún contenido patrimonial, comoquiera que al analizarse los efectos de decretarla no se evidenciaba una consecuencia económica inmediata para el demandante, sino que su finalidad e ra suspender y prevenir actuaciones administrativas por parte del Concejo Municipal de Aguachic a, relacionadas con el concurso de personero municipal.
Mediante auto de Sala del 5 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó la demanda tras indicar que el accionante no subsanó los defectos anotados en la providencia del 3 de junio de 2021, dentro del término de diez días que otorga la norma, por lo que, con base en los artículos 169 y 170 de la Ley 1437
anotados en la providencia del 3 de junio de 2021, dentro del término de diez días que otorga la norma, por lo que, con base en los artículos 169 y 170 de la Ley 1437 de 2011, procedía el rechazo de esta.
El demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, para lo cual indicó que en el caso concreto solo se reclamaba la nulidad del acto administrativo y, a título de restablecimiento, la continuidad del concurso, asunto que no requería conciliación, al no ser un aspecto con contenido económico. Que las pretensiones f ormuladas no eran conciliables porque solo tenían por objeto cuestionar la legalidad de uno o varios actos administrativos, lo cual es del resorte del Tribunal Administrativo, en calidad de autoridad judicial y no de la Procuraduría.
Que sucedía lo mismo con las pretensiones que se formularon a título de restablecimiento del derecho pues, de acuerdo con lo afirmado, no contenían peticiones específicas de naturaleza patrimonial y económica que pud ieran ser disponibles por las partes, por lo que no era exigible la conciliación extrajudicial dada la naturaleza de los derechos en debate.
Que se pasó por alto que se habían solicitado medidas cautelares de urgencia y que, ante esa clase de medidas podía prescindirse de la conciliación.
En providencia del 21 de abril de 2022, el Doctor William Hernández Gómez ordenó regresar el expediente a la primera instancia , para que resolviera el recurso de reposición interpuesto contra la provincia del 5 de agosto de 2021.
La reposición fue resuelta negativamente por la Sala del Tribunal Administrativo se
regresar el expediente a la primera instancia , para que resolviera el recurso de reposición interpuesto contra la provincia del 5 de agosto de 2021.
La reposición fue resuelta negativamente por la Sala del Tribunal Administrativo se Sucre por auto del 27 de febrero de 2025 y 10 de marzo de 2025 regresó a esta Corporación para lo pertinente.
CONSIDERACIONES
Correspondería a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 5 de agosto de 2021, proferido por el TribunalRadicado: 20001-23-33-000-2020-00679-01 (1679-2022)
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www.consejodeestado.gov.co 3 Administrativo del Cesar , pero el Despacho advierte que se incurrió en una circunstancia constitutiva de falta de competencia funciona l, como pasa a exponerse.
El demandante promovió un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía, dado que a sus pretensiones no puede determinárseles un valor económico, pues la demanda se dirige a impugnar la legalidad de actos administrativos del orden municipal , con el fin que se le restablezca su derecho a continuar concursando para el cargo de personero del municipio de Aguachica.
Acorde con lo que obra en el expediente digital , la demanda se presentó el 28 de septiembre de 2020, fecha para la cual no había entrado en vigencia la Ley 2080 de 2021, por lo que la competencia de los Tribunales Administrativos en única instancia estaba expresada en la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:
septiembre de 2020, fecha para la cual no había entrado en vigencia la Ley 2080 de 2021, por lo que la competencia de los Tribunales Administrativos en única instancia estaba expresada en la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 151. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en única instancia:
1. De los de nulidad y restablecimiento del derecho que carezcan de cuantía y en los cuales se controviertan actos administrativos del orden departamental, distrital o municipal. […]».
En efecto, tratándose de jueces colegiados, el artículo 125 de la misma norma preveía que era competencia del juez o del magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, cuando se tratara de los eventos a los que se ref erían los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 243, tales decisiones le corresponderían a la Sala, a excepción de los procesos de única instancia , casos en los que se aplicaría la regla general del artículo 125.
En otras palabras: cuando se trate de procesos de única instancia , la Ley 1437 de 2011 disponía, originalmente, que el auto que rechaza la demanda, que decreta la medida cautelar, que pone fin al proceso o que aprueba conciliaciones extrajudiciales o judiciales , se trata de una decisión de ponente y no de Sala, a efectos que proceda el recurso de súplica contra las providencias que, por su naturaleza, serían apelables en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto.
Conforme con lo expuesto, es claro que , en el caso en estudio, la providencia que
naturaleza, serían apelables en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto.
Conforme con lo expuesto, es claro que , en el caso en estudio, la providencia que rechazó la demanda debió dictarse por el magistrado ponente y no por la Sala ─tal y como ocurrió en el auto del 5 de agosto de 2021─, razón por la cual se configuró una causal de falta de competencia funcional, la cual:
«[…] no se limita a los niveles (superior o inferior) en que los distintos jueces conocen de un recurso vertical, sino que se refiere, además, a una asignación de funciones específicas a cada uno ellos, sin atender al grado, cuando se trata de resolver un asunto distinto a una impugnación» 1 (negrillas fuera de texto).
Por consiguiente, no cabe duda sobre la falta de competencia de la Sala del Tribunal Administrativo del Cesar al proferir el auto del 5 de agosto de 2021, por cuanto,
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SentenciaRadicado: 20001-23-33-000-2020-00679-01 (1679-2022)
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www.consejodeestado.gov.co 4 como se explicó con suficiencia, dicha decisión correspondía al magistrado ponente, al tratarse de un proceso de única instancia, tal y como se advirtió en el acápite de «competencia y procedimiento» del escrito de la demanda.
En consecuencia, al haberse configurado una falta de competencia funcional por quienes rechazaron la demanda, dicho defecto procesal deberá sanearse con
«competencia y procedimiento» del escrito de la demanda.
En consecuencia, al haberse configurado una falta de competencia funcional por quienes rechazaron la demanda, dicho defecto procesal deberá sanearse con fundamento en los artículos 207 y 132 de las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, respectivamente, por lo que se dejará sin efectos la providencia recurrida, a fin de que se profiera en debida forma la decisión.
En mérito de lo expuesto se
RESUELVE
Primero. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 5 de agosto de 2021, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio del cual se rechazó la demanda, según las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Realizar las anotaciones correspondientes en el programa SAMAI y, una vez ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente