CE - Auto interlocutorio 25000232600020000112102

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025

Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leonidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Reparación directa – Incidente de liquidación de perjuicios

(Decreto 1 de 1984)

Tema: Apelación en contra de un auto que negó la liquidación de perjuicios por concepto de lucro cesante, a favor de la parte demandante, de una condena en abstracto en el marco de un trámite incidental de liquidación de perjuicios.

El despacho resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra el Auto de 15 de agosto de 2018 , mediante el cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la liquidación de perjuicios solicitada por la parte actora, con ocasión del proceso de reparación directa No. 25000-23-26-0002000-01121-01.

Este Despacho es competente para resolver el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 129 1 del Código Contencioso Administrativo, y según los artículos 146A 2 y 181 3 del mismo estatuto, la decisión debe ser adoptada por el magistrado ponente.

conformidad con el artículo 129 1 del Código Contencioso Administrativo, y según los artículos 146A 2 y 181 3 del mismo estatuto, la decisión debe ser adoptada por el magistrado ponente.

Contenido: 1. Antecedentes 2. Consideraciones.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. La demanda y sentencia condenatoria 1.2. Trámite surtido en el incidente para la liquidación de la condena en abstracto 1.3. De la providencia apelada 1.4. Del recurso de apelación 1.5. Trámite del recurso.

1.1. La demanda y sentencia condenatoria

1. El 22 de mayo de 2000, Leonidas Calderón Lozano (exp. 2000 -1121) presentó, mediante apoderado judicial, una demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelan te, DIAN), el Banco del Estado, el Instituto de Comercio Exterior – ICOMEX, el Banco Agrario, el Banco Ganadero e IDEMA – Almagrario S.A., con el fin de que se les declarara responsables por los daños causados por el decomiso y remate de 8 buses, identificados con placas VBO-926, VBO-927, VBO-928, VBO-929,

1 “Artículo 129. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Admini strativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de

Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Admini strativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.” 2 “Artículo 146-A. Artículo adicionado por el artículo 61 de la Ley 1395 de 2010. Las decisiones interlocutorias de l proceso, en única, primera o segunda instancia, proferidas por los tribunales administrativos y el Consejo de Estado, serán adoptadas por el magistrado ponente. Sin embargo, las decisiones a que se refieren los numerales 1, 2, 3 del artículo 181 serán de Sala excepto en los procesos de única instancia.” 3 “ARTÍCULO 181. Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos: (…) 4. El que resuelva sobre la liquidación de condenas".Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Confirma y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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VBO-930, VBO-931, VBO-932 Y VBO-933, de marca Internacional, carrocería Wayne, referencia 3.700, diésel de 7.3 litros.

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VBO-930, VBO-931, VBO-932 Y VBO-933, de marca Internacional, carrocería Wayne, referencia 3.700, diésel de 7.3 litros.

2. En similar sentido, el 24 de agosto de 2000, Jorge Eliécer Naranjo Suárez, Álvaro Potes Arias, Olga Lucía Castaño, Mercedes Bellavenis Hurtado Mora, Amanda Díaz Arias y Luis Armando Gómez Ledesma (exp. 2000-1751) presentaron demanda de reparación directa con el objeto de que se hicieran declaraciones parecidas a las solicitadas en el exp ediente 20001121, pero por la incautación de los vehículos identificados con placas TKE678, TKE-677, TKE-674 y TKE-672.

3. Igualmente, el 21 de septiembre de 2000, José Eyner Obonaga Caldón presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación direct a, para que se realizaran declaraciones y condenas similares a las del expediente 2000-1121 por el decomiso de 2 buses identificados con placas TKE-670 y TKE673.

4. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediant e Sentencia de 5 de julio de 2006, declaró patrimonialmente responsable a la DIAN, por los daños ocasionados a

Leonidas Calderón Lozano, José Eyner Obonaga Caldón, Jorge Eliécer Naranjo Suárez, Álvaro Potes Arias, Olga Lucía Castaño, Mercedes Bellavenis Hurtado Mora, Amanda Díaz Arias y Luis Armando Gómez Ledesma, por el

Naranjo Suárez, Álvaro Potes Arias, Olga Lucía Castaño, Mercedes Bellavenis Hurtado Mora, Amanda Díaz Arias y Luis Armando Gómez Ledesma, por el decomiso de sus automotores4. Además, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Nación – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – IDEMA, el Banco Agrario y el Banco Ganadero, y no probada la excepción de indebida escogencia de la acción, inepta demanda y caducidad de la acción.

5. La parte actora apeló esa decisión por cuanto negó el reconocimiento y pago del lucro cesante derivado del daño, así como los perjuicios morales que se reclamaron en su momento. La DIAN, por su parte, pidió que se revocara la sentencia y se negaran las pretensiones de la demanda, puesto que se limitó a cumplir la se ntencia mediante la cual el Consejo de Estado confirmó la decisión que declaró la nulidad de las resoluciones que dieron vía libre al remate de los buses, tras acreditar que eran modelo 1990 y no 1993, como lo establecían erróneamente los actos administrativos anulados.

6. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 27 de marzo de 2014, modificó la decisión de primera instancia en lo relativo al monto de los perjuicios reconocidos por

4 A título de perjuicios materiales por concepto de daño e mergente, ordenó pagar a la DIAN en favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero: $359.045.552 para Leonidas Calderón Lozano, 89.761.388 para José

4 A título de perjuicios materiales por concepto de daño e mergente, ordenó pagar a la DIAN en favor de los demandantes las siguientes sumas de dinero: $359.045.552 para Leonidas Calderón Lozano, 89.761.388 para José Eyner Obonaga Caldón, $44.880.694 para Jorge Eliécer Naranjo Suárez, $44.880.694 para Álvaro Potes Arias y Olga Lucía Castaño, $44.880.694 para Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Díaz Arias, y $44.880.694 para Luis Armando González Ledesma.Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Confirma y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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concepto de daño emergente5 y condenó en abstracto a la DIAN a pagar los perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante que resultaran probados en el incidente de liquidación que , para el efecto , debía promover la parte demandante, dentro de los 60 días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento de la providencia en comento6.

1.2. Trámite surtido en el incidente para la liquidación de la condena en abstracto

7. Presentación del incidente y solicitud de pruebas del demandante. El 20 de agosto de 2014, dentro del término legal, la parte actora promovió el incidente de liquidación de perjuicios de la Sentencia que condenó en abstracto a la DIAN a pagar a su favor los perjuicios resultantes por concepto de lucro cesante. En el incidente , la parte demandante pidió que se

incidente de liquidación de perjuicios de la Sentencia que condenó en abstracto a la DIAN a pagar a su favor los perjuicios resultantes por concepto de lucro cesante. En el incidente , la parte demandante pidió que se determinara la suma correspondiente al lucro cesante que le fue reconocido y, en consecuencia, se designara un perito experto en materia de transporte para que rindiera un dictamen con base en el cual se pudiera calcular el lucro cesante y se condenara en costas a la DIAN. Para el efecto, aportó como prueba una copia de la Sentencia de 27 de marzo de 2014 de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

8. Contestación del incidente y solicitud de pruebas del demandado.

Mediante Auto de 19 de septiembre de 2014, se corrió traslado del incidente a la parte demandada. Sin embargo, en el término de traslado, la incidentada no solicitó ni aportó ningún medio de prueba.

9. Decreto de pruebas. El 1 de septiembre de 2015, la Subs ección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto mediante el cual decidió 1) tener como prueba la relacionada por la parte demandante en el incidente. Además, 2) pidió a la parte incidentante que, dentro de los 5 día s siguientes a la notificación de la providencia y ante la inexistencia de un perito “experto en transporte”, como lo definió la sentencia de segunda instancia para el cálculo del lucro cesante, estableciera si servía o un perito avaluador de automotores, o uno avaluador de perjuicios o uno avaluador de bienes inmuebles, que eran los

sentencia de segunda instancia para el cálculo del lucro cesante, estableciera si servía o un perito avaluador de automotores, o uno avaluador de perjuicios o uno avaluador de bienes inmuebles, que eran los que aparecían en la lista de auxiliares de la justicia, o que , en su defecto,

5 Ordenó a la DIAN a pagar en favor de la parte demandante las siguientes sumas: 475.673.451 para Leonida s Calderón Lozano; 118.918.363 para José Eyner Obonaga Caldón; $59.459.181,50 para Jorge Eliécer Naranjo Suárez; $59.459.181,50 para Luis Armando Gómez Ledesma; $59.459.181,50, $59.459.181,50 para Álvaro Potes Arias y Olga Lucía Castaño y $59.459.181,50 para Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Díaz Arias. 6 Para calcular el lucro cesante en el incidente de liquidación de perjuicios, estableció unos criterios que debían ser tenidos en cuenta, a saber: “En el trámite incidental se nombrará un perito ex perto en materia de transporte, quien deberá dictaminar a cuánto ascendían los ingresos netos mensuales producidos en 1999 – año de la aprehensiónpor los buses de propiedad de los actores o por unos de características similares - marca internacional, carrocería Wayne, referencia 3700 4x2, diesel, modelo 1990, con capacidad para 30 pasajerosque operan en condiciones similares a los de los demandantes, en ciudades capitales de departamento como Armenia y Cali. Para rendir su dictamen el perito deberá ten er en cuenta: i) todos los medios de convicción que las partes alleguen para acreditar no solo la razonabilidad de los ingresos certificados en el presente proceso, sino

Armenia y Cali. Para rendir su dictamen el perito deberá ten er en cuenta: i) todos los medios de convicción que las partes alleguen para acreditar no solo la razonabilidad de los ingresos certificados en el presente proceso, sino los gastos en que podía incurrirse en la actividad de transporte desarrollada en el año 1999; ii) las rutas que cubrían los automotores y las tarifas aplicables vigentes en el periodo a liquidar, sin perjuicio de los costos directos e indirectos a que haya lugar; iii) los costos normales mensuales de funcionamiento; iv) los costos indirecto s relacionados con el pago de salarios o administración de bienes; v) la utilidad reportada; vi) los movimientos contables previos a la aprehensión y decomiso, las declaraciones de renta o cualquier otra prueba que permita concretar el perjuicio causado y vii) al menos dos certificaciones de empresas transportadoras de pasajeros que operaran en las ciudades de Armenia y Cali para el año 1999, en las cuales se señalen los ingresos netos mensuales que podía obtener un vehículo similar a los de propiedad de los autores.”Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Confirma y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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presentara directamente un dictamen rendido por un experto en transportes.

10. El 25 de noviembre de 2016, la parte demandante allegó un memorial en el que informó a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había identificado un experto en materia de transporte que laboraba para el Ministerio de Transporte, po r lo

en el que informó a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que había identificado un experto en materia de transporte que laboraba para el Ministerio de Transporte, po r lo que esa autoridad judicial, a través de Auto de 9 de febrero de 2016, libró comunicación al ministerio para que remitiera un listado del personal con experiencia en el tema y así poder designar a la persona que rendiría el dictamen pericial.

11. No obst ante, el 17 de marzo de 2016, el Ministerio de Transporte manifestó que no contaba con peritos de campo para rendir el dictamen requerido, por lo que la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante Auto de 7 de j unio de 2016, requirió a la parte actora para que aportara el dictamen pericial decretado, dentro de los 30 días siguiente a la notificación de esa providencia.

12. El 7 de septiembre de 2016, la parte actora informó que no había podido conseguir un perito que estuviera capacitado para rendir el dictamen decretado, razón por la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de Auto de 15 de noviembre de 2016, la requirió por última vez para que aportara de manera directa el dictamen. Por lo tanto, el 11 de enero de 2017, la parte incidentante aportó un dictamen pericial rendido por el ingeniero Jairo

Sánchez Moreno.

13. Prueba pericial aportada por la parte demandante. Por resultar importante se destaca que, en el dictamen aportado por la parte actora, el experto Jairo Sánchez Moreno señaló que había tenido en consideración la

Sánchez Moreno.

13. Prueba pericial aportada por la parte demandante. Por resultar importante se destaca que, en el dictamen aportado por la parte actora, el experto Jairo Sánchez Moreno señaló que había tenido en consideración la información “obrante en el expediente”, sin señalar cuáles documentos en específico, se tuvieron en cuenta para definir los criterios de producción neta de los vehículos incautados y posteriormente rematados. Con base en esos datos, arribó a la siguiente conclusión (se trascribe): “El ingreso neto ANUAL a precios de 2016 de los diferentes grupos de vehículo con miras a calcular un lucro cesante se determina de la siguiente manera:

1. La sumatoria de los vehículos placas: VBO 928, VBO 931, VBO 929, VBO932, VBO 930 Y VBO 933, tendrían un lucro anual de $1.203760.324, es decir un valor mensual de $$100313.360 ($16718.893 por vehículo)

2. La sumatoria de los vehículos placas: VBO 926 y VBO 927. Tendrían un lucro anual de $406126.965, es decir un valor mensual de $33843.913 (16921.957 por vehículo).

3. La sumatoria de los vehículos placas TKE 678, TKE 677, TKE 674 y TKE672 Tendrían un lucro anual de $452360.459, es decir un valor mensual de $37696.705 ($9424.176 por vehículo).Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro

($9424.176 por vehículo).Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Confirma y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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4. La sumatoria de los vehículos placas: TKE 670 y TKE 673, tendrían un lucro anual de $69228,402, es decir un valor mensual de $5769.034 ($2884.516 por vehículo).”

14. Mediante Auto de 19 de abril de 2017, Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrió traslado del dictamen por el término de 3 días. Sin embargo, extemporáneamente, el 17 de mayo de 2017, la DIAN presentó un memorial en el que solicitó que se citara a audiencia al perito y , en todo caso, manifestó que el dictamen no determinó de manera concreta los ing resos mensuales producidos por los vehículos, de conformidad con los criterios fijados por la Subsección B de la

Sección Tercera del Consejo de Estado.

1.3. De la providencia apelada

15. El 15 de agosto de 2018 7, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarc a negó el incidente de liquidación de perjuicios, tras establecer que el dictamen pericial aportado por la parte demandante no satisfizo los criterios fijados por esta Corporación.

16. Para sustentar su decisión, determinó que el perito se limitó a indicar que había sustraído la información para rendir su dictamen del expediente,

demandante no satisfizo los criterios fijados por esta Corporación.

16. Para sustentar su decisión, determinó que el perito se limitó a indicar que había sustraído la información para rendir su dictamen del expediente, sin señalar cuáles pruebas puntualmente había analizado y sin explicar por qué razón no restó monto alguno por concepto de gastos y costos derivados del funcionamiento de los vehículos.

17. En adición, puntualizó que el perito había desconocido que el objeto del dictamen era definir el monto de los ingresos netos dejados de percibir con base en la información de buses de similares condiciones y características a los de los demandantes, de marca Internacional, carrocería Wayne, referencia 3700 4x2, diésel, modelo 1990, con capacidad para 30 pasajeros y que operaran en ciudades capitales de departamento como Armenia y Cali.

18. Por otra parte, manifestó que los montos fijados en el dictamen fueron estimados con base en una publicación de 2008, realizada por el programa de Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, respecto de la cual no se precisó el objeto de estudio ni su fuente, de modo que no había lugar a compararla con el objeto de la prueba pericial decretada en el caso concreto. De todas formas, tampoco podía contrastarse la información porque la publicación se refería a (se trascribe) “conductores de recreativos”, mientras que los vehículos incautados se destinaban a la prestación del servicio público de pasajeros.

19. Así las cosas, coligió que las sumas aducidas en el dictamen pericial no daban cuenta de l monto real del lucro cesante de cara a los criterios

incautados se destinaban a la prestación del servicio público de pasajeros.

19. Así las cosas, coligió que las sumas aducidas en el dictamen pericial no daban cuenta de l monto real del lucro cesante de cara a los criterios establecidos en la decisión de segundo grado y que, además, no se habían soportado adecuadamente.

7 El auto por medio del cual se negó la liquidación de perjuicios se notificó por edicto el 28 de agosto de 2018. Folio 187 del Cuaderno Principal.Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Confirma y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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1.4. El recurso de apelación

20. El 29 de agosto de 2018, la parte demandante interpuso recurso de apelación en el que solicitó que se revocara la providencia que negó la liquidación de perjuicios , por cuanto desconoció la información plasmada en el dictamen y no tuvo en cuenta la dificultad que suponía obtener los datos relacionados con los ingresos y gastos de unos vehículos como los incautados en 1999, habida cuenta de que, para esa época, no se tenía un control tan riguroso sobre esos aspectos.

21. Sostuvo que, aun cuando esta Corporación había dispuesto unos referentes con base en los cuales podía hacerse uso de información comparada para la realización del dictamen, los mismos no eran taxativos, máxime cuando era prácticamente imposible obtener inf ormación de vehículos que se habían utilizado hacía más de 20 años.

comparada para la realización del dictamen, los mismos no eran taxativos, máxime cuando era prácticamente imposible obtener inf ormación de vehículos que se habían utilizado hacía más de 20 años.

22. Añadió que había certificado el ingreso neto de todos los vehículos, el cual correspondía al monto del lucro cesante, “sin necesidad de entrar en detalles” sobre los factores que determinaron el ingreso o los costos relacionados con el funcionamiento de cada uno de ellos. Señaló, además, que el análisis realizado por el perito había incluido diferentes posibilidades de evaluación del costo por lucro cesante , las cu ales estaban justificadas por la operación normal de los vehículos.

23. Por último, manifestó que el profesional que rindió el dictamen tuvo en cuenta todas las variables que se le indicaron y que, en todo caso, debía considerarse que fue el experto que logró conseguirse porque dentro de la lista de auxiliares de la justicia no había un perito que cont ara con las cualidades para poder realizar el dictamen.

1.5. Trámite del recurso

24. Mediante Auto de 11 de abril de 20198, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación presentado y sustentado oportunamente por el apoderado de la parte actora, contra el Auto de 15 de agosto de 2018 . El 22 de mayo de 2019, el proceso fue asignado por reparto a este despacho.

25. Por medio de memorial allegado el 1 de junio de 20209, Laura Viviana Tovar Cerón - hija de la apoderada de la parte actora – informó sobre el fallecimiento de la abogada Teresa Cerón Correa, para lo cual aportó el

25. Por medio de memorial allegado el 1 de junio de 20209, Laura Viviana Tovar Cerón - hija de la apoderada de la parte actora – informó sobre el fallecimiento de la abogada Teresa Cerón Correa, para lo cual aportó el registro civil de defunción. En atención a lo anterior y dado que el hecho ocurrido constituía una de las causales de interrupción del proceso 10, el

8 Folio 198 del cuaderno del Consejo de Estado.

9 Folios 241 a 244 del cuaderno del Consejo de Estado. 10 “ARTÍCULO 168. CAUSALES DE INTERRUPCION. El proceso o la actuación posterior a la sentencia se interrumpirá: (…) 2. Por muerte o enfermedad grave del apoderado judicial de alguna de las partes, o por exclusión del ejercicio de la profesión de abogado o suspensión en él. (…) La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si éste sucede estando el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de aseguramiento”.Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Confirma y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 y los numerales 1 y 2 del artículo 320 del CPC, ordenó notificar por aviso a la parte

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despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 y los numerales 1 y 2 del artículo 320 del CPC, ordenó notificar por aviso a la parte demandante11 con el fin de que compareciera al proceso por conducto de un nuevo apoderado judicial, momento en el cual se reanudaría el proceso.

26. El 23 de julio de 2021, las notificaciones se surtiero n a los siguientes demandantes: Leónidas Calderón Lozano, José Eyner Obonga Cald ón, Jorge Eliécer Naranjo Suárez, Álvaro Potes Arias, Olga Lucía Castaño, Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Arias, a través de la empresa de transporte de mensajería Inter Rapidísimo12.

27. Mediante Auto de 4 de febrero de 2022 se reconoció personería al abogado Daniel Santiago Montes Jiménez para actuar como apoderado de Jorge Eliécer Naranjo Suárez, Olga Lucía Castaño, Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Arias. Además, se lo requirió para que informara la dirección de José Eyner Obonaga Cald ón y Álvaro Potes Arias, quienes no habían allegado poder.

28. El 3 marzo de 2023 13, se aceptó la renuncia del abogado Daniel Santiago Montes Jiménez y se reconoció a Rosabeth Montes Merlano como apoderada de Olga Lucia Castaño y Mercedes Bellavenis Hurtado Mora, y no como apoderada de Jorge Eliecer Naranjo Suárez y Amanda Arias, dado que el poder respecto de ellos no cumplía con los requisitos legales.

Además, se ordenó a la secretaría de esta Corporación contactar al

no como apoderada de Jorge Eliecer Naranjo Suárez y Amanda Arias, dado que el poder respecto de ellos no cumplía con los requisitos legales. Además, se ordenó a la secretaría de esta Corporación contactar al demandante Álvaro Potes Arias, a un número telefónico que había sido suministrado, con el fin de que él y José Eyner Obonaga Cald ón allegaran poder.

29. El 31 de marzo de 2023, la Secretaría de l a Sección informó que , al comunicarse con el señor Álvaro Potes, le indicó que ya no hacía parte del proceso porque había realizado una cesión de derechos litigiosos a la señora Olga Lucía Castaño Gallego y que desconocía información de contacto de José Ey ner Obanoga Calderón. Igualmente, la abogada Rosabeth Montes Merlano, el 2 de junio de 2023 14, manifestó no tener información respecto de dichos demandantes.

30. Dado que, para el 16 de septiembre de 2024, todos los demandantes se encontraban notificados y que, a pesar de los reiterados intentos de este Despacho para que allegaran los poderes, no lo hicieron o lo hicieron sin el cumplimiento de los requisitos legales, siendo su deber hacerlo , mediante Auto de ese mismo día, se reanudó el proceso, se reconocie ron como sucesores procesales del demandante Leónidas Calderón Lozano a sus hijos, Luz Karime Calderón Cardona, Alicia Calderón Horta, Claudia Calderón Rodríguez y Emiliano Calderón Horta , y se reconoció personería jurídica personería a la abogada Sandra Janeth Bedoya Gaviria para actuar como

Luz Karime Calderón Cardona, Alicia Calderón Horta, Claudia Calderón Rodríguez y Emiliano Calderón Horta , y se reconoció personería jurídica personería a la abogada Sandra Janeth Bedoya Gaviria para actuar como

11 Leónidas Calderón Lozano, José Eyner Obonga Caldon, Jorge Eliécer Naranjo Suárez, Álvaro Potes Arias, Olga Lucía Castaño, Mercedes Bellavenis Hurtado Mora, Amanda Arias y Luis Armando Gómez Ledesma. 12 Según consta en informe secretarial de 24 de agosto de 2021 y en los folios 257 a 261 del cuaderno principal. 13 Índice 69 SAMAI. 14 Índice 92 SAMAI.Radicación: 25000-23-26-000-2000-01121-02 (64.020) Actor: Leónidas Calderón Lozano y otros Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y otro Referencia: Confirma y niega ______________________________________________________________________________________________________________

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apoderada los sucesores procesales de Leónidas Calderón Lozano y del demandante Luis Armando Gómez Ledesma.

31. A través de Auto d e 3 de marzo de 2025 15, este Despacho admitió el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 15 de agosto de 2018, proferido por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Régimen procesal aplicable 2.2. Análisis sustantivo

2.1. Régimen procesal aplicable

32. En el presente caso, es el Código General del Proceso el régimen procesal aplicable, en atención a que el incidente de regulación de

2.1. Régimen procesal aplicable

32. En el presente caso, es el Código General del Proceso el régimen procesal aplicable, en atención a que el incidente de regulación de perjuicios fue promovido el 20 de agosto de 2014 y, desde ese momento, al surtirse el trámite de la primera y la segunda instancia, se aplicaron las reglas en él contenidas. Además, constituye el régimen procesal de integra ción residual, de acuerdo con el Auto de 25 de junio de 2014, radicación 49.299, el cual dispuso que, para asuntos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,