CE - Auto interlocutorio 25000233600020230008102
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 25000233600020230008102
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2026)
Radicación: 25000-23-36-000-2023-00081-01 (72040)
Demandante: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
AGROPECUARIOS - CIALTA S.A.S.
Demandado: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCASECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Procede el Despacho a resolver el recurso de apelación presentado por el llamado en garantía –Correagro S.A., en contra de la decisión proferida en audiencia el 10 de octubre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la que se negó el decreto del interrogatorio de parte del representante legal del departamento de Cundinamarca, así como la declaración de parte del representante legal del impugnante.
I. ANTECEDENTES
1. Trámite procesal
El 15 de diciembre de 2022, la Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios –en adelante Cialta S.A.S., por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de reparación directa en contra del departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por la omisión de acatar el embargo judicial n.° 3001 decretado por el Juzgado 41 Civil del
de reparación directa en contra del departamento de Cundinamarca – Secretaría de Educación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por la omisión de acatar el embargo judicial n.° 3001 decretado por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, el 22 de julio de 2019, en el proceso ejecutivo con radicado 110013103041-2019-00380-001, con lo que se frustró la posibilidad de que la parte demandante recuperara el dinero que pretendía recaudar a través del proceso ejecutivo No. 2019-00380 iniciado por Cialta S.A.S, contra la sociedad Alimentos y Servicios MC S.A.S., y la señora Milena Adriana Castañeda Romero.
1SAMAI CE, índice 2, documento electrónico identificado con certificado 7C28A4EE1F80C275 C22F840FA70A37F2 FD70D0E727F91313 BCF12D6DE5486F74.Radicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
Actor: Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios-Cialta S.A.S.
Demandado: Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación Medio de control: reparación directa
2 En el escrito de contestación de la demanda el departamento de Cundinamarca llamó en garantía a Correagro S.A., sociedad que fue vinculada al proceso mediante providencia del 11 de diciembre de 2023 (índice 28, Samai del Tribunal).
Durante la audiencia inicial celebrada el 10 de octubre de 2024, luego de cumplidas las etapas dispuestas por el artículo 180 del CPACA, el a quo procedió a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas en la demanda, su contestación y la
Durante la audiencia inicial celebrada el 10 de octubre de 2024, luego de cumplidas las etapas dispuestas por el artículo 180 del CPACA, el a quo procedió a pronunciarse sobre las pruebas solicitadas en la demanda, su contestación y la contestación del llamamiento en garantía.
En dicha oportunidad negó el decreto de: i) el interrogatorio de parte del representante legal del departamento de Cundinamarca, por tratarse de una entidad pública, en sustento del artículo 195 CGP, y ii) la declaración de parte del representante legal de Correagro S.A., por considerarla inconducente, dado que no se puede provocar la confesión de la mis ma parte; además, este medio de prueba no tiene la aptitud legal para acreditar, mediante confesión, alguno de los hechos ya relatados en la contestación de la demanda y del llamamiento en garantía, pues se trata de una prueba de la misma parte que no cumple con los requisitos del artículo 198 del CGP.
Inconforme con lo decidido, Correagro S.A., llamada en garantía, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, con el fin de que fuera revocada esa negativa y, en su lugar, se decretara la prueba solicitada.
2. Recurso de apelación
2.1. Como sustento de su impugnación, la llamada en garantía manifestó que si bien el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 195, prohíbe la confesión del representante legal de las entidades públicas, también dispone que su dicho puede ser valorado como un testimonio, medio de prueba que es completamente válido conforme al artículo 165 ibídem, por tanto considera que eso no impide llamar al representante legal de la entidad pública al interrogatorio de parte.
ser valorado como un testimonio, medio de prueba que es completamente válido conforme al artículo 165 ibídem, por tanto considera que eso no impide llamar al representante legal de la entidad pública al interrogatorio de parte.
En relación con la negativa de la declaración de la propia parte, considera que dicha prueba se encuentra permitida por el CGP.
2.2. En el traslado del recurso, las partes demandante y demandada solicitaron confirmar la decisión, porque se encontraban conforme con la misma. El Ministerio Público, igualmente, manifestó compartir la decisión impugnada, porque es innegable que, de conformidad con el artículo 195 del CGP, no es posible decretar el interrogatorio de parte del representante legal de la entidad pública. En relación con la declaración de la propia parte considera que no cumple con el requisito deRadicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
Actor: Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios-Cialta S.A.S.
Demandado: Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación Medio de control: reparación directa
3 utilidad porque si la parte expuso sus argumentos en la contestación de la demanda, no hay otros elementos que pueda aportar con su propia declaración. Además, la solicitud probatoria presentada no determina frente a qué tema se pide el testimonio.
2.2. El a quo, en la misma diligencia decidió confirmar la negativa de las pruebas solicitadas. Como sustento, reiteró que el interrogatorio puede terminar en una confesión; en dicho cas, sería ilegal decretar la prueba, y si lo que se pretende es un testimonio, lo pue de rendir por medio de un informe escrito, y la solicitud no
solicitadas. Como sustento, reiteró que el interrogatorio puede terminar en una confesión; en dicho cas, sería ilegal decretar la prueba, y si lo que se pretende es un testimonio, lo pue de rendir por medio de un informe escrito, y la solicitud no determinó cuál era el tema que se pretendía probar con este medio probatorio. En relación con la declaración de la misma parte, consideró que la prueba carece de utilidad, porque lo que tenía que decir la parte ya lo dijo, en la contestación del llamamiento en garantía.
El proceso ingresó al despacho para decidir, el 11 de noviembre de 2024.
II. CONSIDERACIONES
1. Legislación aplicable
Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso de apelación –10 de octubre de 2024-, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021, normativa que, salvo por las prescripciones que modificaron las competencias de los juzgados, de los tribunales administrativos y del Consejo de Estado, entró a regir el 26 de enero de 20212y el Código General del Proceso, en los aspectos no contemplados en el primero (artículo 306 de la Ley 1437)3.
2. Competencia del Consejo de Estado y de la Consejera Ponente
Según el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado conocerá -en segunda instanciade las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
segunda instanciade las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.
2 “Artículo 86. Régimen de vigencia y transición normativa. La presente ley rige a partir de su publicación, con excepción de las normas que modifican las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado, las cuales solo se a plicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada esta ley [...]”. 3 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.Radicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
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4 Por su parte, el numeral 7 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, prescribe que será apelable el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba.
Finalmente, de conformidad con el artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021 4, el auto mediante el cual se resuelve una apelación en contra de la decisión que negó el decreto o la práctica de una prueba debe ser proferido por el magistrado ponente, puesto que no fue previsto dentro de las providencias a cargo de las salas, secciones y subsecciones.
contra de la decisión que negó el decreto o la práctica de una prueba debe ser proferido por el magistrado ponente, puesto que no fue previsto dentro de las providencias a cargo de las salas, secciones y subsecciones.
3. Problema jurídico y solución del caso concreto
Le compete al Despacho determinar si resulta procedente el decreto de la declaración de parte del representante legal del departamento de Cundinamarca, así como la declaración de parte del representante legal de Correagro S.A., pruebas solicitadas por la sociedad enunciada, que fue vinculada al proceso en calidad de llamada en garantía.
4.- El caso concreto
Fueron dos las solicitudes probatorias negadas en la decisión impugnada, por tanto, se procederá a resolverlas en forma independiente:
4.1. Interrogatorio de parte del departamento de Cundinamarca
La declaración de parte y el testimonio son dos medios probatorios. Difieren en cuanto a la calidad de la persona que declara. El testimonio proviene de un tercero ajeno a la controversia y la declaración de parte de la persona o personas que conforman uno de los extremos de la litis.
4 “Artículo 125. De la expedición de providencias. [Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021]. [...] 1. Corresponderá a los jueces proferir los autos y las sentencias. 2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: a) Las que decidan si se avoca conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los
conocimiento o no de un asunto de acuerdo con los numerales 3 y 4 del artículo 111 y con el artículo 271 de este código; b) Las que resuelvan los impedimentos y recusaciones, de conformidad con los artículos 131 y 132 de este código; c) Las que resuelvan los recursos de súplica. En este caso, queda excluido el despacho que hubiera proferido el auto recurrido; d) Las que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de este código; e) Las que decidan de fondo las solicitudes de extensión de jurisprudencia; f) En las demandas contra los actos de elección y los de contenido electoral, la decisión de las medidas cautelares será de sala; g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3 y 6 del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra estas; h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión s erá de ponente. 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja”.Radicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
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5 El CPACA en el Capítulo IX de Pruebas dispone, específicamente en el artículo 217, que se titula “declaración de representantes de las entidades públicas” , que “ no
Medio de control: reparación directa
5 El CPACA en el Capítulo IX de Pruebas dispone, específicamente en el artículo 217, que se titula “declaración de representantes de las entidades públicas” , que “ no valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas”, razón por la cual el a quo negó la solicitud probatoria, por considerarla ilegal.
En el escrito de contestación del llamamiento en garantía la ahora impugnante solicitó que se decretara la declaración de parte del representante legal de la entidad demandada, departamento de Cundinamarca, para que “absuelva el cuestionario que le formularé sobre los hechos de la demanda y su contestación”.
En otros términos, lo solicitado es el decreto del interrogatorio de parte del representante legal del departamento de Cundinamarca, que consiste en llamar a una parte del proceso para que responda preguntas que formula su contraparte y mediante las cuales se pretende su confesión5.
Sobre la prueba de la confesión de los representantes legales de entidades públicas, se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C -632 de 2012, que si bien alude al artículo 190 del CPC, resulta aplicable a lo dispuesto en el artículo 217 del CPACA:
5.2.1.3.1 El fundamento de la regla de invalidez de la confesión hecha por los representantes de la nación, los departamentos, los distritos, los municipios y los establecimientos públicos -hoy extendida a todas las entidades públicas según lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y en el Código
representantes de la nación, los departamentos, los distritos, los municipios y los establecimientos públicos -hoy extendida a todas las entidades públicas según lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo y en el Código General del Procesose vincula al principio de legalidad y al deber de asegurar el interés general, la moralidad pública y el patrimonio del Estado. Estos intereses constitucionales exigen que la actuac ión del Estado se encuentre sometida al derecho vigente y que la afectación de su patrimonio solo se produzca cuando se satisfagan las exigencias previstas en la ley. Siendo ello así a tales intereses constitucionales se adscribe una prohibición de que las entidades públicas asuman responsabilidad por hechos o conductas que no puedan serles atribuidas fáctica o jurídicamente. En consecuencia, dichos intereses se descono cen cuando una de tales entidades debe asumir una responsabilidad, o no puede reclamar un derecho, a pesar de no encontrarse obligada en el primer caso o de encontrarse autorizada en el segundo, de acuerdo con el derecho vigente. De esta manera, la relación entre los intereses constitucionales mencionados y la restricción a la eficacia probatoria de la confesión en el caso de los representantes de las entidades públicas, se explica al considerar que la norma demandada tiene la aptitud de evitar que los funcionarios públicos, en virtud de una declaración no ajustada a la realidad o irregular en cualquier sentido, puedan comprometer seriamente la responsabilidad de una entidad pública. Atendiendo que la capacidad de la confesión para incidir en la orientación de una decisión judicial resulta inobjetable, el legislador dispuso eliminar su validez
5 AZULA Camacho, Manual de Derecho Procesal, Tomo VI, Pruebas Judiciales, fol. 183, Cuarta
una decisión judicial resulta inobjetable, el legislador dispuso eliminar su validez
5 AZULA Camacho, Manual de Derecho Procesal, Tomo VI, Pruebas Judiciales, fol. 183, Cuarta edición, Editorial Temis. El interrogatorio de parte “se presenta cuando se llama a una parte o a una presunta parte para que en actuación judicial responda las preguntas que formula su contraparte y mediante las cuales se pretende obtener la confesión”. También aclara que “el interrogatorio de parte no es un medio de prueba, sino el instrumento para obtener la declaración de parte y, por medio de ella, la confesión”.Radicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
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6 -aún bajo la posibilidad de afectar la construcción de la verdad en el proceso civildebido al riesgo de comportamientos dolosos o negligentes por parte de funcionarios públicos al momento de emitir una declaración. En sentencia de fecha 12 de octubre de 2006 la Sección Tercera del Consejo de Estado se refirió al fundamento, alcance y efectos del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil: “Dentro de los eventos en que la ley prohíbe la confesión, se destaca el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil -aplicable a las acciones populares por expresa remisión del artículo 29 de la ley 472 - el cual dispone que no vale la confesión (…), sea espontánea o provocada, de los representantes judiciales de la Nación, los departamentos, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos. Restricción que debe entenderse sólo respecto de
confesión (…), sea espontánea o provocada, de los representantes judiciales de la Nación, los departamentos, los distritos especiales, los municipios y los establecimientos públicos. Restricción que debe entenderse sólo respecto de estas personas de derecho público, en tan to se trata de una enumeración “taxativa”. (…) De modo que en tratándose de los representantes legales de las entidades estatales indicadas, así como de sus apoderados judiciales respectivos, la confesión no hace prueba (…), toda vez que la manifestación sobre un determinado hecho podría perjudicar a la parte que representan. Dos son las motivaciones que se encuentran tras esta prohibición: i) el interés público confiado a los agentes del Estado (arts. 1 y 2 Constitucionales) y ii) el principio de legalidad que gobierna las actuaciones de todas las autoridades de la República (artículos 1, 2, 3, 4, 6, 121 y 122 Constitución Nacional) (…). En efecto, la confesión del representante legal o judicial de la administración pública -en los eventos indicados por la norma - podría comprometer seriamente el interés público con su sola declaración y con ello “destruiría la base institucional de la competencia de los órganos administrativos, y el valor y la eficacia de las formas esenciales de los actos administrativos” (…).
A este respecto, la Corte Suprema de Justicia en aplicación del antiguo artículo 170 del Código Judicial (hoy artículo 199 del Código de Procedimiento Civil) en sentencia 10 de octubre de 1935 señaló en torno a la incapacidad de las personas referidas para confesar:
“[la aceptación de ese hecho] envuelve el reconocimiento de una confesión en
sentencia 10 de octubre de 1935 señaló en torno a la incapacidad de las personas referidas para confesar:
“[la aceptación de ese hecho] envuelve el reconocimiento de una confesión en cuanto a la obligación que tomó sobre sí el ferrocarril de Caldas de pagar el servicio del lote y es bien sabido que existe disposición expresa de la ley que impide a los representantes de la cosa pública hacer confesiones a las entidades que representan, o lo que es lo mismo, la ley no reconoce efecto jurídico a las manifestaciones hechas por los representantes oficiales cuando de ellas se originan perjuicios a sus representados ( …) De manera que el convenio de que se ha hablado debe reputarse como no existente para los fines de este pleito” (…) (subrayas fuera de texto original)
En consecuencia, la llamada prueba de informes (…) que puede pedírsele bajo juramento a los representantes administrativos de las entidades públicas sobre los hechos debatidos que a ellas conciernan, conforme al inciso tercero del citado artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, no es constitutiva de prueba de confesión. (…)” (Negrillas no hacen parte del texto original)
Por su parte, en providencia de fecha 22 de julio de 2009, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo reiteró las razones que explicaban lo dispuesto en el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil:
“Igual anotación cabe hacer respecto de la falta de contestación de la demanda por parte del ente territorial -circunstancia que ameritará más adelante algunas reflexiones de otro orden-, en la medida en que no tiene el alcance a que aspira el actor, puest o que se reitera que en materia
demanda por parte del ente territorial -circunstancia que ameritará más adelante algunas reflexiones de otro orden-, en la medida en que no tiene el alcance a que aspira el actor, puest o que se reitera que en materia contencioso administrativo, por el interés público confiado a los agentes del Estado y el principio de legalidad que gobierna las actuaciones de todas las autoridades, el artículo 199 del Código de Procedimiento Civil antes citado establece que carece de valor la confesión de los representantes judiciales de ciertas entidades públicas, entre ellas losRadicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
Actor: Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios-Cialta S.A.S.
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7 municipios, lo cual, como puede apreciarse de los propósitos del precepto, excluye que su silencio en estos procesos sea valorado como un indicio grave en su contra, máxime cuando en este caso lo que quiere el actor es suplir y excusar su inactividad probatoria respecto de la demostración de los hechos en los que fundamenta sus pretensiones.”
De conformidad con lo expuesto se debe concluir que la prohibición contenida en el artículo 217 del CPACA, tiene fundamento constitucional, la prevalencia del interés público y el principio de legalidad, es decir, esta forma de declaración no es válida, porque no es compatible con la naturaleza eminentemente pública de estas entidades, en tanto que afecta el interés colectivo que está en juego.
Los agentes del Estado no tienen la disponibilidad objetiva o poder dispositivo sobre el derecho que resulta confesable. En definitiva, por virtud de esta norma de orden
entidades, en tanto que afecta el interés colectivo que está en juego.
Los agentes del Estado no tienen la disponibilidad objetiva o poder dispositivo sobre el derecho que resulta confesable. En definitiva, por virtud de esta norma de orden público la Administración no puede comprometer su responsabilidad mediante confesión, porque no es dable renunciar a derechos que son de interés general.
Ahora, la norma enunciada dispone que, en lugar del interrogatorio de parte, puede solicitarse que el representante legal de la entidad rinda un informe escrito bajo juramento sobre los hechos debatidos que a ella le conciernan, los cuales deberán estar determinados en la respectiva solicitud.
Con lo hasta aquí expuesto sería del caso confirmar la providencia impugnada que negó el interrogatorio de parte solicitado por la demandada, al considerar que es una prueba ilegal, tal como lo señaló el a quo; sin embargo, si en gracia de discusión se entendiera que la solicitud pretendía que se decretara el informe del representante legal de la ANH, correría la misma suerte, dado que si se revisa la solicitud presentada en los siguientes términos:
En virtud del artículo 198 del Código General del Proceso, solicito se decrete el interrogatorio de parte del DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN , quien comparecerá a través de su representante legal, para que absuelva el cuestionario que le formularé sobre los hechos de la demanda y su contestación.
Se debe entender que dicho requerimiento no cumple con el requisito exigido por la norma, que dispone que los hechos sobre los que debe rendir informe el representante legal de la entidad deben estar debidamente determinados en la solicitud; sin embargo, e n esta oportunidad la solicitud fue genérica y no refiere
norma, que dispone que los hechos sobre los que debe rendir informe el representante legal de la entidad deben estar debidamente determinados en la solicitud; sin embargo, e n esta oportunidad la solicitud fue genérica y no refiere específicamente sobre qué va a declarar la parte demandada.
Por lo hasta aquí expuesto, se debe concluir que resulta necesario confirmar la decisión de negar el interrogatorio de parte del representante legal del departamento de Cundinamarca.Radicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
Actor: Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios-Cialta S.A.S.
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8 4.2. Declaración de parte de Correagro S.A.
En igual forma, el a quo negó el decreto de la declaración de parte del representante legal de Correagro S.A., por considerar inconducente la prueba, dado que no se puede provocar la confesión de la misma parte; además, este medio de prueba no tiene la aptitud legal para acreditar, mediante confesión, alguno de los hechos ya relatados en la contestación de la demanda y del llamamiento en garantía, pues se trata de una prueba de la misma parte que no cumple con los requisitos del artículo 198 del CGP.
La redacción del artículo 198 del CGP permite que la propia parte pueda pedirle al juez que lo cite para que lo interrogue sobre los hechos materia del litigio, bien sea que su narración le resulte o no favorable; es decir, que el propósito no es obtener la confesión del llamado a declarar. Esta prueba es diferente de la confesión, porque
juez que lo cite para que lo interrogue sobre los hechos materia del litigio, bien sea que su narración le resulte o no favorable; es decir, que el propósito no es obtener la confesión del llamado a declarar. Esta prueba es diferente de la confesión, porque esta recae sobre hechos que perjudican a la parte y, además, debe cumplir con los requisitos consignados en el artículo 191 del CGP 6. Lo anterior permite concluir que toda confesión es una declaración de parte, pero no toda declaración de parte constituye una confesión.
Es claro que el Código General del Proceso permite que la propia parte solicite su declaración, por ser un medio de prueba totalmente válido; sin embargo, al momento de su decreto el juez deberá verificar que la prueba solicitada sea conducente, pertinente y útil7.
La sociedad Correagro S.A. fue llamada en garantía por la entidad demandada, porque había suscrito el contrato de comisión SE -SA No. 413 de 2018 con el departamento de Cundinamarca, por medio del cual se “establecen las condiciones generales que regirán las relaciones que entre ellas surjan en virtud de los encargos
6 ARTÍCULO 191. REQUISITOS DE LA CONFESIÓN. La confesión requiere:
1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado.
2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.
3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
4. Que sea expresa, consciente y libre.
5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento.
6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada.
La simple declaración de parte se valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas. 7 Conducencia: Se refiere a aquellos medios aptos o idóneos para probar o establecer determinada circunstancia fáctica. Un ejemplo ilustrará mejor el asunto: el registro civil es una prueba conducente para probar el parentesco.
Pertinencia: La prueba debe estar referida al objeto del proceso y versar sobre los hechos que conciernan al debate, es decir, debe tener conexión directa con el problema jurídico a resolver.
Utilidad: Atañe al aporte o contribución que determinado medio de convicción pueda aportar al proceso, y por ende, a la resolución del litigio. Por ello, la doctrina ha entendido que con esta característica se alude “al poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva”.Radicación número: 25000-23-36-000-2023-00081-02(72040)
Actor: Compañía Internacional de Alimentos Agropecuarios-Cialta S.A.S.
Demandado: Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Educación Medio de control: reparación directa
9 que la entidad estatal confiera a la SCB y cuyos términos generales se describen en la siguiente cláusula, para que la SCB, actuando en nombre propio pero por cuenta de la entidad estatal, celebre operaciones a través de los sistemas de
9 que la entidad estatal confiera a la SCB y cuyos términos generales se describen en la siguiente cláusula, para que la SCB, actuando en nombre propio pero por cuenta de la entidad estatal, celebre operaciones a través de los sistemas de negociación administrados por la bolsa mercantil, según lo permita su reglamento de funcionamiento y operación”.
En dicho contrato se pactó una cláusula de indemnidad en favor del departamento de Cundinamarca (cláusula décima novena 8); razón por la cual la entidad demandada asegura que ante una eventual condena en el presente proceso de responsabilidad extracontractual, le corresponde mantenerlo indemne.
En la contestación de
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