CE - Auto interlocutorio 52001233300020250011301
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 52001233300020250011301
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
Bogotá, D. C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: HÁBEAS CORPUS
Radicación No.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Demandante: NANCY VERÓNICA MORÁN TOVAR
Demandados: CENTRO DE RECLUSIÓN PERMANENTE 1 DE MUJERES DE
PASTO Y OTRO
TEMA: Recurso contra orden de compulsar copias
SEGUNDA INSTANCIA
El despacho se pronuncia frente a l « RECURSO PA RCIAL» presentado por el Subsecretario de Justicia y Seguridad de Pasto contra la providencia de 24 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación con el objeto de que investigue la posible comisión de alguna conducta reprochable por parte de la Alcaldía de Pasto.
1.- ANTECEDENTES
1.1. Hechos
Se informa que la señora Nancy Verónica Morán Tovar, fue capturada y presentada
reprochable por parte de la Alcaldía de Pasto.
1.- ANTECEDENTES
1.1. Hechos
Se informa que la señora Nancy Verónica Morán Tovar, fue capturada y presentada el 1° de noviembre de 2024, ante el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Pasto , por la presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes.
La referida autoridad judicial, en la audiencia r espectiva, le impuso medida de aseguramiento de privación de la libertad , la cual se llevó a cabo en el Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto.
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto, mediante sentencia de 28 de marzo de 2025, condenó a la accionante a 134 meses de prisión y multa de 6.702 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, prevista en el artículo 376 del Código Penal.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 En el ordinal sexto de la referida providencia se autorizó a la señora Morán Tovar a purgar la pena en el resguardo indígena «El Gran Mallama», ubicado en el municipio de Mallama del departamento de Nariño, en atención a su condición de indígena.
purgar la pena en el resguardo indígena «El Gran Mallama», ubicado en el municipio de Mallama del departamento de Nariño, en atención a su condición de indígena.
El 8 de abril de 2025, se ordenó librar boleta de encarcelación al director de la Cárcel Judicial de Túquerres para que efectuara la reseña de la señora Morán Tovar, al igual que al gobernador del resguardo indígena «El Gran Mallama». Asimismo, se ofició al Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto para que se pusiera a disposición para lograr el traslado de la condenada.
1.2. De la solicitud de hábeas corpus
La señora Nancy Verónica Morán Tovar indicó que a la fecha de interposición de la acción constitucional no se había realizado su traslado al resguardo indígena «El Gran Mallama».
En ese orden , pidió que se ordenara hacer efectivo el traslado autorizado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto.
1.3. Trámite en primera instancia
A través de proveído del 23 de abril de 2025, el a quo avocó conocimiento de la acción objeto de estudio y ordenó vincular a las presentes diligencias al INPEC Pasto - Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto, a las autoridades que ejerzan las funciones del INPEC en Túquerres e Ipiales, al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto y al Centro de Servicios Judiciales de Pasto.
Luego, profirió auto del 24 del mismo mes y año, en el que vinculó a la acción de la
del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Pasto y al Centro de Servicios Judiciales de Pasto.
Luego, profirió auto del 24 del mismo mes y año, en el que vinculó a la acción de la referencia a la Policía Nacional y a la Alcaldía de Pasto y, en consecuencia, dispuso lo siguiente:
PRIMERO.- Solicitar a la Policía Nacional, en la dependencia competente para la administración de los centros de reclusión transitoria en el departamento de Nariño, que en el término improrrogable de dos (2) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, informe sobre el traslado de la señora Nancy Verónica Morán Tovar, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.086.894.906, al Centro de Armonización del resguardo indígena “El Gran Mallama” del municipio de Mallama – Piedra Ancha, tal y como se dispuso en el ordinal sexto de la providencia que el 28 de marzo de 2025, profirió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Pasto.
[…]
SEGUNDO.- Solicitar a la Alcaldía de Pasto, en la dependencia competente para la administración de los centros de reclusión transitoria en el municipio de Pasto, que en el término improrrogable de dos (2) horas, contadas a partir de la notificación de la presente providencia, informe sobre el traslado de la señora Nancy Verónica Morán Tovar, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.086.894.906, al Centro deDemandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro
Tovar, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 1.086.894.906, al Centro deDemandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 Armonización del resguardo indígena “El Gran Mallama” del municipio de Mallama – Piedra Ancha, tal y como se dispuso en el ordinal s exto de la providencia que el 28 de marzo de 2025, profirió el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Pasto.
[…]
Hágase saber a las autoridades requeridas, que omitir una respuesta inmediata frente a esta solicitud constituye falta gravísima.
1.4. Decisión de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante prov idencia de 24 de abril de 2025, declaró improcedente la solicitud de hábeas corpus , con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:
Después de referirse a la normatividad que regula e l hábeas corpus así como de la subsidiariedad de ést e, para lo cual citó providencia s de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y de la Sala de Casación Penal del Corte Suprema de Justicia , resaltó que no es posible mediante este mecanismo remplazar los recursos judiciales ordinarios para la protección del derecho a la libertad ni utilizarse con fines diferentes para los que fue instituida y que, han sido delimitados por las referidas corporaciones.
resaltó que no es posible mediante este mecanismo remplazar los recursos judiciales ordinarios para la protección del derecho a la libertad ni utilizarse con fines diferentes para los que fue instituida y que, han sido delimitados por las referidas corporaciones.
A continuación, puso de presente que, de conformidad con el referido marco jurídico, en el caso en estudio no se presentaba ninguno de los presupuestos de hecho contemplados en la ley para la prosperidad de la acción constitucional, comoquiera que, de conformidad con lo manifestado por la accionante en la solic itud que dio origen a la acción en comento, lo pretendido no es que se disponga su libertad, sino que su fin, es que se realice su traslado al lugar donde debe purgar la condena que le impuso el juez natural de la causa.
En ese orden, precisó que el operador judicial del hábeas corpus no estaba llamado a intervenir, a manera de juez de instancia, para supervisar o verificar el acatamiento de una decisión judicial dictada dentro de un proceso penal, pues, advirtió que, en el escenario planteado , la accionante podía acudir a la autoridad competente para lograr el cumplimiento de la orden de traslado, como podría ser a través de un trámite incidental, conforme a las facultades correccionales consagradas en los artículos 10 y 143 de la Ley 906 de 2004.
Finalmente, el a quo constitucional, ante la negativa de la Alcaldía de Pasto de aportar la información requerida a través de auto del 24 de abril de 2025, dispuso:
TERCERO.- Por medio de la Secretaría de esta Corporación compúlsense copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación con el objeto
la información requerida a través de auto del 24 de abril de 2025, dispuso:
TERCERO.- Por medio de la Secretaría de esta Corporación compúlsense copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación con el objeto de que investiguen la posible comisión de alguna conducta reprochable por parte la Policía Nacional y a la Alcaldía de Pasto , de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 1.5. «RECURSO PARCIAL» formulado por el Subsecretario de Justicia y Seguridad de Pasto
A través de escrito allegado el 25 de abril del año en curso, e l Subsecretario de Justicia y Seguridad de Pasto interpuso «RECURSO PARCIAL» contra el ordinal tercero de la providencia de 24 de abril de 2025, que ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigaran la comisión de una posible falta por parte de la Alcaldía de Pasto.
Alegó que , la administración municipal no tiene la competencia para atender los traslados de personas privadas de la libertad, razón por la cual, en el caso de la señora Nancy Verónica M orán Tovar, no había incurrido en ningún acto de negligencia u omisión de funciones, dado que dicha actuación estaba a cargo de la
traslados de personas privadas de la libertad, razón por la cual, en el caso de la señora Nancy Verónica M orán Tovar, no había incurrido en ningún acto de negligencia u omisión de funciones, dado que dicha actuación estaba a cargo de la Policía Nacional, de forma exclusiva.
Asimismo, aseveró que se presentaba la falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que, el ente territorial no tenía la capacidad legal para atender al requerimiento que le fue realizado, sumado a que, de conformidad con la ley, no era responsable por la vulneraci ón o amenaza del derecho que se reclamaba , luego, solicitó al a quo que se abstuviera de compulsar copias.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El despacho es competente para emitir un pronunciamiento frente al «RECURSO PARCIAL» formulado por el Subsecretario de Justicia y Seguridad de Pasto contra el ordinal tercero de la providencia de 24 de abril de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, que dispuso la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que, dentro de sus competencias, investigaran la posible comisión de alguna conducta reprochable por parte de la Alcaldía de Pasto.
2.2. La acción pública de hábeas corpus
La Constitución Política de 1991 consagró como derecho fundamental de aplicación inmediata, la libertad de las personas, en los siguientes términos:
Artículo 28.- Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en
inmediata, la libertad de las personas, en los siguientes términos:
Artículo 28.- Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.
Así entonces, l a libertad es un valor y un derecho fundamental que permite al individuo y a la sociedad misma la realización de otros derechos y libertades.
En cuanto a la libertad de locomoción, el Constituyente dispuso como regla general no perturbar su ejercicio. Sin embargo, para armonizar su práctica y desarrollo con los derechos ajenos y, en observancia del principio de legalidad, también dispuso que su limitación solamente puede provenir de las autoridades judiciales 1, quienes pueden impartir órdenes de arresto o de privación de la libertad sujetos a parámetros previamente definidos por el legislador que, en desarrollo del debido
que su limitación solamente puede provenir de las autoridades judiciales 1, quienes pueden impartir órdenes de arresto o de privación de la libertad sujetos a parámetros previamente definidos por el legislador que, en desarrollo del debido proceso, debe señalar la autoridad competente para conocer de ella, así como los motivos o las razones en que se puede apoyar la medida restrictiva.
De igual forma, y para controlar los excesos o desafueros que las autoridades puedan cometer frente a este derecho, el legislador constitucional previó en el artículo 30, la acción de hábeas corpus, así:
Artículo 30.- Quien estuviere privado de la libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el hábeas corpus, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.
Conforme a la norma transcrita y lo reglamentado en el artículo 1º de la Ley 1095 de 2 de noviembre de 1996, esa acción tiene dos objetos básicos: el primero, la protección de la persona frente a la privación de la libertad con violación de las garantías constitucionales y legales; y el segundo, la protección a la libertad de la persona cuando dicha privación, al ser inicialmente legítima, se prolonga con trasgresión de las normas de orden constitucional y legal que la regulan. En efecto, la última disposición prescribe:
Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue
Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.
Así entonces, este mecanismo de protección constitucional, ampliamente reconocido en el ámbito internacio nal2, procede de manera excepcional frente al
1 Esta circunstancia ha llevado a la Corte Constitucional a sostener que: “… la Constitución establece una reserva judicial que beneficia al derecho fundamental a la libertad personal, debido a la exigencia de los requisitos ya señalados. Así las cosas, sólo las autoridades judiciales cuentan con la competencia para privar de la libertad. En consecuencia, las autoridades administrativas no poseen la facultad, motu propio, de privar de la libertad sea directa o indirectamente, al menos que esta decisión provenga de la autoridad judicial competente. Por ende, dicha reserva judicial, no es sino el resultado de la tridivisión del poder al interior de un Estado Democrático, en el cual se excluye la posibilidad que una autoridad administrativa límite el ejercicio de la libertad personal sin el lleno de los parámetros exigidos por la Constitución. Lo anterior, por cuanto la libertad personal es un derecho fundamental esencial al Estado Social de Derecho como principio fundante del Estado Colombiano”. Sentencia C-237 de 2005. M.P. doctor Jaime Araújo Rentería. 2Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8º y 9º), Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Colombiano”. Sentencia C-237 de 2005. M.P. doctor Jaime Araújo Rentería. 2Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículos 8º y 9º), Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (artículo 9º), Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7º), Declaración Americana deDemandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 incumplimiento, por parte de las autoridades judiciales, de las formalidades constitucionales y legales al momento de disponer la captura y la privación de la libertad de las personas. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia3, señaló el objeto de la acción de hábeas corpus, pronunciándose en los siguientes términos:
[…] el hábeas corpus está previsto para que se proteja la libertad en los siguientes supuestos:
- Por privación ilícita de la libertad. Se refiere a todos aquellos casos en que se violan las garantías constitucionales y legales al privar a una persona de la libertad.
- Por prolongación ilícita de la privación de la libertad. Esto ocurre cuando a una persona se la ha privado legalmente de la libertad, pero la limitación del derecho se prolonga más allá de lo permitido constitucional y legalmente.
- Por configuración de una auténtica vía de hecho judicial en la providencia que ordena la privación de la libertad o en decisiones posteriores que impiden el acceso
prolonga más allá de lo permitido constitucional y legalmente.
- Por configuración de una auténtica vía de hecho judicial en la providencia que ordena la privación de la libertad o en decisiones posteriores que impiden el acceso a la misma4, como podría ser el caso de una medida de aseguramiento privativa de la libertad sin motivación suficiente [...].
Respecto a la garantía de la doble instancia, el artículo 7° de la Ley 1095 de 2006, señala que la providencia que niegue el hábeas corpus podrá ser impugnada, dentro de los 3 días siguientes a la notificación.
Esta disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-187 de 20065, mediante la cual se llevó a cabo el control previo del proyecto de ley que reglamentó el ejercicio de la acción de hábeas corpus. En dicha oportunidad, se señaló:
Ahora bien, el artículo 8º de la Convención establece, en el ordinal segundo literal h que, en materia criminal, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a recurrir el fallo ante juez o tribunal superior. Si tal principio del debido proceso se entiende incorporado al Hábeas Corpus, esto significa que toda persona privada de la libertad tiene derecho a apelar la providencia que ponga fin al trámite del Hábeas Corpus, la cual debe ser asimilada, únicamente en este aspecto, a un fallo.
Por las anteriores razones, esta impugnabilidad de la decisión se entiende incorporada al contenido esencial del Hábeas Corpus. Obviamente, esto no impide que el legislador pueda eliminar la apelación de la decisión que concede la libertad -tal y como lo hace el artículo 437 del C de P.P -, puesto que -como ya
incorporada al contenido esencial del Hábeas Corpus. Obviamente, esto no impide que el legislador pueda eliminar la apelación de la decisión que concede la libertad -tal y como lo hace el artículo 437 del C de P.P -, puesto que -como ya se señaló en esta sentenciase trata de una garantía establecida en favor de los derechos de la persona y no del Estado6.
Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXV), Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 27-2), y Ley 137 de 1994, Estatutaria sobre Estados de Excepción, (artículo 4°)- como un derecho de carácter intangible, cuyos instrumentos en virtud del artículo 93 de la Carta Política integran el bloque de constitucionalidad. 3 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal – M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Providencia del 6 de octubre de 2009. Proceso No.32791. 4 Esta línea argumentativa aparece en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con el auto de 2 de mayo de 2007, radicación 27417, y ha sido reiterada sucesivamente en las decisiones de 10 de julio de 2008, radicación 30156; 7 de noviembre de 2008, radicación 30772; 16 de enero de 2009, radicación 31066; 21 de abril de 2009, r adicación 31673 y 4 de septiembre de 2009, radicación 32572 , entre otras. 5 Corte Constitucional, sentencia C-187 del 15 de marzo de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 6 Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 1994.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar
otras. 5 Corte Constitucional, sentencia C-187 del 15 de marzo de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 6 Corte Constitucional, Sentencia C-496 de 1994.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Como se observa, dado que la garantía del hábeas corpus ha sido establecida a favor de los derechos de la persona y no del Estado, y la posibilidad de impugnar la decisión que niega la libertad de la persona se entiende incorporada al contenido esencial del Hábeas Corpus, no contraría la Constitución que el legislador prevea que la providencia que niega el recurso pueda ser impugnada, acogiendo la Corte ahora los argumentos y fundamentos expuestos en la providencia citada, que considera la prevalencia en el orden interno del derecho fundamental del hábeas corpus y su integración al bloque de constitucionalidad, por lo que, actúa acorde con los instrumentos internacionales r atificados por Colombia –art. 8º Convención Americanael legislador al consagrar la posibilidad de impugnar la decisión que niega el hábeas corpus.
2.3. Caso concreto
En el sub examine el Subsecretario de Justicia y Seguridad de Pasto interpuso «RECURSO PARCIAL» contra el ordinal tercero de la providencia de 24 de abril de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño dispuso que, por la
En el sub examine el Subsecretario de Justicia y Seguridad de Pasto interpuso «RECURSO PARCIAL» contra el ordinal tercero de la providencia de 24 de abril de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Nariño dispuso que, por la secretaría de la corporación, se remitieran copias del expediente de hábeas corpus a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro de sus competencias , investigaran la posible comisión de alguna conducta reprochable, ello dado que la Alcaldía de Pasto no aportó la información requerida mediante auto del 24 de abril de 2025, relacionado con el traslado de la condenada al resguardo indígena «El Gran Mallama».
Con auto de 2 de mayo de 2025, el tribunal a quo concedió el «recurso», para lo cual advirtió que éste se había presentado dentro de la oportunidad prevista en el artículo 7° de la Ley 1095 de 2006, así:
En escrito radicado de forma virtual, la señora apoderada judicial de la alcaldía municipal de Pasto , interpuso recurso en contra de la sentencia que el Tribunal Administrativo de Nariño profirió el 24 de abril de 2025, a través de la cual se declaró improcedente la acción constitucional.
Teniendo en cuenta que el recurso se interpuso en el término legal, en aplicación del artículo 7 de la Ley 1095 de 2006 se remitirán las actuaciones ante el H. Consejo de Estado, para lo que considere pertinente.
Por lo expuesto el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Unitaria de Decisión,
RESUELVE
Estado, para lo que considere pertinente.
Por lo expuesto el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala de Unitaria de Decisión,
RESUELVE
PRIMERO.- Remítase el recurso que interpuso la señora apoderada judicial de la alcaldía municipal de Pasto (N.) en forma parcial contra la sentencia que se expidió el 24 de abril de 2025, ante el Honorable Consejo de Estado.
Con este panorama resulta claro que el Tribunal Administrativo de Nariño erró al remitir a esta corporación el «recurso» interpuesto por el Subsecretario de Justicia y Seguridad de Pasto , habida cuenta que, la decisión que es impugnable, de conformidad con el a rtículo 7° de la Ley 1095 de 2006, es única y exclusivamente la que niega el hábeas corpus, la cual, como quedó visto, no fue censurada en el presente caso.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 En un caso similar, la Sección Quinta del Consejo de Estado7 precisó lo siguiente:
13. Lo primero que debe señalarse, es que la ley estatutaria 1095 de 2006, que reglamentó el procedimiento para el ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus, en lo atinente a los mecanismos de impugnación de las decisiones que se profieren, única y exclusivamente previó la posibilidad de controvertir la providencia
reglamentó el procedimiento para el ejercicio de la acción constitucional de habeas corpus, en lo atinente a los mecanismos de impugnación de las decisiones que se profieren, única y exclusivamente previó la posibilidad de controvertir la providencia que niega el amparo solicitado (art. 7°), esto es, la que en primera instancia concluye que no se desconoció el derecho a la libertad o que la acción constitucional es improcedente.
14. Que sólo se haya previsto dicho mecanismo de impugnación en dicha oportunidad procesal, responde a la naturaleza excepcional y expedita de la acción constitucional, que se vería afectada si se permitiera contra cualquier tipo de decisión proferida durante el trámite.
15. Desde la anterior perspectiva, resulta improcedente que el apoderado del demandante en el proceso de la referencia, interpusiera el recurso de reposición contra el auto que rechazó por extemporánea la impugnación de la negativa de la acción constitucional.
En efecto, tal como se advirtió en el marco normativo y jurisprudencial citado en precedencia, el mecanismo constitucional en estudio tiene como objetivo o fin primordial la salvaguarda del derecho fundamental a la libertad, en los casos en que una persona es privada de ésta con violación de las garantías constitucionales o cuando dicha disposición, al ser inicialmente legitima, se prolonga con desconocimiento de las normas que la regulan.
Así las cosas, al ser la libertad el eje temático de esta acción, conforme lo estableció el legislador y, lo encontró acertado la Corte Constitucional en el est udio de constitucionalidad pertinente, la única decisión susceptible de ser impugnada es la
Así las cosas, al ser la libertad el eje temático de esta acción, conforme lo estableció el legislador y, lo encontró acertado la Corte Constitucional en el est udio de constitucionalidad pertinente, la única decisión susceptible de ser impugnada es la que niega el hábeas corpus , no así, como en este caso, la que dispuso que se compulsaran copias, tal como se indicó en precedencia.
Cabe resaltar, además, que de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 20048, toda persona, tiene el deber de poner en conocimiento posibles conductas o faltas acaecidas dentro de los procesos que conoce.
De igual forma, el numeral 25 del artículo 38 de Ley 1952 de 20199, «Código General Disciplinario» consagra como deber de todo servidor público el de denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviera conocimiento.
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Rocío Araújo Oñate, providencia del 23 de octubre de 2023, Rad. 25000-23-36-000-2023-00474-01. 8 ARTÍCULO 67. DEBER DE DENUNCIAR. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio. El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente. 9 Modificada por la Ley 2094 de 2021.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro
conocimiento ante la autoridad competente. 9 Modificada por la Ley 2094 de 2021.Demandante: Nancy Verónica Morán Tovar Demandados: Centro de Reclusión Permanente 1 de Mujeres de Pasto y otro Rad.: 52001-23-33-000-2025-00113-01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 3506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Asimismo, el numeral 3°10 del artículo 42 del Código General del Proceso, establece entre otras cosas, el deber de los jueces de denunciar los actos contrarios a la dignidad de la justicia, lealtad, probidad y buena fe que deben atenderse en el proceso.
Es decir, de conformidad con la normatividad referida en párrafos precedentes, la decisión de compulsar copias responde a un deber de los funcionarios de poner en conocimiento de las autoridad
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