CE - Auto interlocutorio 68001233300020230006601

Consejo de Estado

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Título
CE - Auto interlocutorio 68001233300020230006601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 68001-23-33-000-2023-00066-01 (72.478)

Ejecutante: Omar Guillermo Oviedo Monsalve y Otros Ejecutado: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Ejecutivo (Ley 2080 de 2021)

Tema: Liquidación del crédito / Retenciones en la fuente por conceptos tributarios en el pago de sentencias judiciales/ Proceso ejecutivono diseñado para discutir la aplicación de los tributos.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto del 9 de agosto de 2024, a través del cual el Tribunal Administrativo de Santander aprobó, de oficio, la liquidación del crédito elaborada por el contador de la Corporación, y terminó el proceso por pago total de la obligación.

ANTECEDENTES

La demanda ejecutiva

1. El 17 de febrero de 20231, los señores Omar Guillermo Oviedo Monsale y otros2 presentaron demanda ejecutiva contra la Nación-Fiscalía General de la Nación, para que se librara mandamiento de pago por la suma de TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($31’ 923.662), que fue deducida de manera indebida al liquidarse la condena impuesta en la sentencia del 14 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección A de la

923.662), que fue deducida de manera indebida al liquidarse la condena impuesta en la sentencia del 14 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado 3, dentro del proceso de reparación directa identificado con radicado n.° 66001-23-31-000-2001-01930-01 (37.502). Así mismo, por los intereses moratorios causados a partir del 13 de septiembre de 2022 hasta la fecha en que se verifique el pago total de la obligación.

1 Acta de reparto visible a índice 004 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 2 La demanda fue formulada por Omar Guillermo Oviedo Monsalve, María del Pilar Téllez Soler, Tatiana Andrea Oviedo Téllez, Isabel Monsalve de Oviedo, Gladys Oviedo Viuda de Calderón, Orlando Oviedo Monsalve, Jaime Gustavo Oviedo Monsalve, Luz Stella Oviedo Monsalve y Elizabeth Oviedo Monsalve. 3 La ponente de la sentencia del 14 de septiembre de 2016 fue la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, del cual es titular el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez. En esa determinación, se condenó a la Fiscalía General de la Nación al pago de las siguientes sumas y perjuicios: i) por perjuicios morales el equivalente a 56 smlmv (para Omar Guillermo Oviedo Monsalve, María del Pilar Téllez Soler, Tatiana Andrea Oviedo Téllez e Isabel Monsalve de Oviedo) y 28 smlmv (para Gladys Oviedo de Calderón, Orlando Oviedo Monsalve, Jaime Gustavo Oviedo

Monsalve, María del Pilar Téllez Soler, Tatiana Andrea Oviedo Téllez e Isabel Monsalve de Oviedo) y 28 smlmv (para Gladys Oviedo de Calderón, Orlando Oviedo Monsalve, Jaime Gustavo Oviedo Monsalve, Luz Stella Oviedo Monsalve y Elizabeth Oviedo Monsalve); ii) por concepto de daño emergente a favor de Omar Guillermo O viedo Monsalve, la suma de $20.162.391; por concepto de lucro cesante a favor de Omar Guillermo Oviedo Monsalve, la suma de $30.475.928.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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Ejecutante: Omar Guillermo Oviedo Monsalve y Otros Ejecutado: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Ejecutivo (Ley 2080 de 2021)

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2. Por auto del 2 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander libró mandamiento de pago por la suma reclamada, más los intereses moratorios causados desde el 13 de septiembre de 2022 – y hasta “el momento en que se verifi[cara] el pago de la obligación”4.

3. El 22 de marzo de ese mismo año, la Fiscalía General de la Nación contestó la demanda, manifestando lo siguiente: “ ni me opongo ni acepto las pretensiones de la demanda”. No obstante, indicó que a través de la Resolución 4111 del 18 de julio de 2022 la entidad canceló a los demandantes la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS ($742 ’414.300), y, que solo restaba el pago de los

de 2022 la entidad canceló a los demandantes la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS ($742 ’414.300), y, que solo restaba el pago de los intereses causados, lo que se haría una vez se contara con la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, solicitó no ser condenada en costas, pues no ha obrado con temeridad o mala fe dentro del presente asunto5.

4. El 23 de octubre de 2023 6, el a quo (i) ordenó seguir adelante con la ejecución, al considerar que por tratarse de una ejecución de sentencia, solo era procedente la proposición de las exceptivas previstas en el artículo 442 del CGP 7 (ii) condenó en costas a la parte ejecutada y (iii) requirió a las partes para que presentaran la liquidación del crédito.

5. El 31 de octubre de 2023 8, la parte actora presentó liquidación del crédito por la suma de $47’063.1339, sin oposición de la demandada.

6. Ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación solicitó la terminación del proceso10 por pago total de la obligación; argumentando que a través de la resolución n.° 3002 del 24 de junio de 2022,estableció como monto total de la obligación (capital e intereses moratorios), la suma de $742 ’414.300.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución 2290 del 31 de agosto de 2022, reconoció como deuda pública el anterior monto y, por esa razón, se ordenó el pago de la referida suma de dinero.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución 2290 del 31 de agosto de 2022, reconoció como deuda pública el anterior monto y, por esa razón, se ordenó el pago de la referida suma de dinero.

7. La referida petición fue negada por auto del 23 de febrero de 202411, al considerar que de “…los documentos allegados como soporte de dicha petición, se advierte con claridad que la suma reconocida mediante Resolución No. 3002 del 24 de junio de 2022 en favor de los ejecutantes correspondía a $742.414.300, valor del cual sólo fue pagado la suma de $710.490.638 en fecha 15 de septiembre de 2022, quedando pendiente por

4 Índice 005 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 5 Índice 013 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 6 Índice 016 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 7 De pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida. 8 Índices 022 y 023 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 9 Discriminado así: por capital la suma de $31.923.662, y por intereses la suma de $15.139.471 10 Índice 021 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 11 Índice 025 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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Ejecutante: Omar Guillermo Oviedo Monsalve y Otros

11 Índice 025 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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Ejecutante: Omar Guillermo Oviedo Monsalve y Otros Ejecutado: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Ejecutivo (Ley 2080 de 2021)

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cancelar una diferencia de $31.923.662, valor sobre el cual se libró mandamiento de pago en el presente asunto…”. Posteriormente, mediante providencia del 7 de marzo de 2024, el a quo fijó las agencias en derecho, de conformidad con el artículo 366 del CGP.

8. El 20 de junio de 2024 12, la magistrada conductora ordenó la remisión del expediente al contador del Tribunal Administrativo de Santander, con el propósito de que revisara la liquidación del crédito presentada por la parte actora, y en caso de ser necesario, elaborara una nueva.

9.El 8 de julio de ese año13, el contador del Tribunal emitió el concepto solicitado, y arribó a las siguientes conclusiones (se trascribe literal, incluso con posibles errores):

“…En primer lugar, se logró determinar que la parte demandante no discute los valores liquidados por la Fiscalía General de la Nación, su desacuerdo recae es sobre el descuento realizado por la suma de $31.923.662 pesos, los cuales denomina como “indebida liquidación”.

En razón a lo anterior es imperioso indicar que, de acuerdo a lo encontrado en el expediente, los cálculos realizados por la Fiscalía General de la Nación son los correctos de acuerdo a lo ordenado en sentencia del 14 de septiembre de 2016,

En razón a lo anterior es imperioso indicar que, de acuerdo a lo encontrado en el expediente, los cálculos realizados por la Fiscalía General de la Nación son los correctos de acuerdo a lo ordenado en sentencia del 14 de septiembre de 2016, dando un saldo total de la deuda por $742.414.300 pesos, sin embargo, es de tener en cuenta que de acuerdo al artículo 401 del Estatuto Tributario se debe realizar los descuentos concernientes a la retención en la fuente.

Luego entonces, el valor correspondiente a $31.923.662 pesos no es una suma retenida de forma deliberada por la Fiscalía General de la Nación sino es su obligación legal hacer dichos descuentos, tal y como se evidencia en el desprendible de pago allegado por ellos.

En consecuencia, se determina que la Fiscalía General de la Nación dio total cumplimento a lo ordenado en sentencia del 14 de septiembre de 2016…”

Auto objeto de impugnación

10. A través de proveído del 9 de agosto de 2024 14, el Tribunal Administrativo de Santander aprobó, de oficio, la liquidación del crédito elaborada por el contador de esa Corporación, y como consecuencia de ello, terminó el proceso por pago total de la obligación.

11. Como sustento de su decisión, el Tribunal adujo que:

12. La obligación reconocida en la sentencia judicial está debidamente cancelada, pues los valores sobre los cuales se efectúo el “ descuento” corresponden

12 Índice 038 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 13 Índice 044 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander.

pues los valores sobre los cuales se efectúo el “ descuento” corresponden

12 Índice 038 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 13 Índice 044 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 14 Índice 047 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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únicamente al lucro cesante y los intereses que produjo, lo cual, opera por ministerio de la Ley.

13. Apoyándose en la sentencia C-913 de 2003 de la Corte Constitucional, concluyó que el lucro cesante genera un incremento patrimonial, pues tiene como finalidad cubrir una renta que se ha dejado de percibir, siendo ello la razón para que sea considerado como un ingreso gravable. Conforme lo anterior, no existe saldo pendiente por cancelar, ya que los $ 31’923.662 que reclama la parte ejecutante, no corresponde a un saldo a cargo de la Fiscalía General, sino, que se trata de una deducción tributaria que se hizo sobre el lucro cesante.

14. Finalmente, luego de citar el artículo 42 del CGP y, de considerar que la condena en costas no procedía de manera automática y que no existe obligación pendiente por cancelar, dejó sin efectos la condena en costas impuesta en los autos del 23 de octubre de 2023 y 7 de marzo de 2024.

Recursos

en costas no procedía de manera automática y que no existe obligación pendiente por cancelar, dejó sin efectos la condena en costas impuesta en los autos del 23 de octubre de 2023 y 7 de marzo de 2024.

Recursos

15. Contra la anterior determinación, la parte demandante interpuso recurso de

reposición y en subsidio apelación15:

16. Sostuvo que la retención en la fuente solo aplica para el lucro cesante y éste ascendió a la suma de $30.745.928.

17. Señala que los pagos de aquellas sentencias que quedaron ejecutoriadas antes de 2020 y que fueron reconocidas como deuda pública, no tenían costo financiero.

Por esa razón, citando un caso de otra persona que se encontraba en similares condiciones, considera que a las sentencias provenientes del Consejo Superior de la Judicatura no resulta aplicable el costo financiero (se trascribe incluso con posibles errores).

“…costo financiero es cero. Las entidades de orden nacional en cual se dispuso que los pagos de sentencias ejecutoriadas antes de mayo de 2020, RECONOCIAN COMO DEUDA PÚBLICA, su costo financiero es CERO, y por ello en un caso similar en el cual era el abogado (…) al recibir la Resolución 1084 del 06 DE MAYO DE 2022, del MINISTERIO DE HACIENDA, que dispuso en su parágrafo de su artículo 1 así: Debido a que las obligaciones reconocidas en la presente Resolución se atenderán con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022 , el costo financiero para el Consejo Superior de la Judicatura será cero…”

con cargo al rubro del servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2022 , el costo financiero para el Consejo Superior de la Judicatura será cero…”

18. Finalmente, consider ó que por disposición del artículo 401-2 del Estatuto Tributario, solo se aplica retención sobre “..pagos o abonos por conceptos de indemnizaciones diferentes a las percibidas en demandas contra el Estado…”.

15 Índice 052 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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Traslado de los recursos

19. La Fiscalía General de la Nación 16 se opuso a la prosperidad de los recursos formulados, al considerar que se encuentra obligada a efectuar la respectiva retención ordenada por Ley, sobre los pagos o abonos que se realicen, aplicando la tarifa legal correspondiente.

20. Advirtió que los intereses que se causen por la mora en el cumplimiento de la sentencia judicial están sometidos a retención en la fuente a título de renta por concepto de rendimientos financieros, y la tarifa que le es aplicable es del 7% sobre el valor total de la condena.

21. Además, consideró que la indemnización que se recibe por reconocimiento de lucro cesante, según el artículo 45 del Estatuto Tributario, no constituye renta ni

el valor total de la condena.

21. Además, consideró que la indemnización que se recibe por reconocimiento de lucro cesante, según el artículo 45 del Estatuto Tributario, no constituye renta ni ganancia ocasional, por lo cual está sometido a retención en la fuente del 3,5% del valor reconocido.

22. Pone de presente que se consideran rendimientos financieros los intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y, en general, l os rendimientos de capital o a diferencias entre valor presente y futuro de este. Así, los pagos y abonos en cuenta que por este concepto realicen las personas jurídicas, sociedades de hecho y personas naturales, que tengan el carácter de agentes retenedores deberán practicarla. La tarifa que se determine puede aplicarse sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta correspondiente al respectivo rendimiento.

23. Conforme a ello, los intereses que se causen por la mora en el cumplimiento de la condena están sometidos a retención en la fuente a título de renta por concepto de rendimientos financieros y, por tanto, la tarifa aplicable es del 7% sobre el valor total de los intereses moratorios.

24. Finalmente, indica que en el asunto se aplicó la retención en la fuente sobre los mismos deduciendo el valor de ($30.857.055,00) por rendimiento financieros y por lucro cesante por valor de ($1.066.657,00), tal como consta en la orden de pago SIIF17 que adjuntó.

Decisión sobre el recurso de reposición y concesión de la apelación.

25. El 13 de noviembre de 2024 18, el Tribunal Administrativo de Santander decidió

SIIF17 que adjuntó.

Decisión sobre el recurso de reposición y concesión de la apelación.

25. El 13 de noviembre de 2024 18, el Tribunal Administrativo de Santander decidió no reponer el auto del 9 de agosto de 2024, por cuanto al revisar la orden de pago del SIIF, se pudo establecer que la suma de $31.923.662 corresponde a deducciones de naturaleza tributaria.

26. Por último, concedió el recurso de apelación en el efecto diferido ante el Consejo de Estado, de conformidad con el numeral 3° del artículo 446 del CGP.

16 Índice 053 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 17 Sistema Integrado de Información Financiera 18 Índice 057 aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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CONSIDERACIONES Régimen aplicable

27. Al proceso le resultan aplicables el CPACA y el CGP –éste último por remisión de los artículos 298 y 306 del CPACA–, por ser las normas vigentes al momento de la formulación de la demanda, esto es, el 17 de febrero de 2023.

28. Por otro lado, comoquiera que la decisión recurrida fue emitida el 9 de agosto de 2024, y el recurso de apelación se formuló el 12 del mismo mes y año, deben

28. Por otro lado, comoquiera que la decisión recurrida fue emitida el 9 de agosto de 2024, y el recurso de apelación se formuló el 12 del mismo mes y año, deben atenderse las modificaciones al CPACA introducidas por la Ley 2080 de 202119.

Jurisdicción y competencia

29. La jurisdicción de lo contencioso -administrativo está llamada a conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 104 del CPACA20–, toda vez que se trata de un proceso ejecutivo derivado de condenas impuestas por esta Corporación, dentro de un proceso en el que el a quo fue el

Tribunal Administrativo de Santander.

30. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del presente asunto, de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual le corresponde decidir los recursos de apelación contra los autos dictados en primera instancia por los Tribunales A dministrativos. En consonancia, el numeral 3° del artículo 446 del CGP –aplicable por remisión del parágrafo 1° del artículo 243 del CPACA– prevé que el auto que modifique o altere de oficio la liquidación del crédito será apelable. La decisión que se adoptó en primera instancia dio por terminado el proceso, por lo que de conformidad con el numeral 2°, literal g) del artículo 125 y el numeral 2 del artículo 243 ibidem, corresponde conocer a la Sala del asunto.

Problema jurídico

31. Corresponde a la Sala determinar si en la liquidación del crédito deben ser consideradas las sumas retenidas por conceptos tributarios y, en caso afirmativo, si el auto recurrido las tuvo en cuenta al declarar que hubo pago total de la obligación.

31. Corresponde a la Sala determinar si en la liquidación del crédito deben ser consideradas las sumas retenidas por conceptos tributarios y, en caso afirmativo, si el auto recurrido las tuvo en cuenta al declarar que hubo pago total de la obligación.

La liquidación del crédito

32. La liquidación del créditoen el artículo 446 del CGP-, tiene por objeto concretar el valor económico de la obligación 21, para lo cual deben efectuarse las

19 De conformidad con el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, entró a regir a partir de su publicación, esto es, el 25 de enero de 2021, con excepción de las reglas sobre competencia de Juzgados y Tribunales, cuya vigencia inició un año después). Lo anterior, en concordancia con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 –modificado por el artículo 624 del CGP–, según el cual las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalece n sobre las anteriores desde que deben empezar a regir. 20 La demanda ejecutiva fue presentada el 17 de febrero de 2023 21 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de diciembre de 2008, expediente n.° 34.175, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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correspondientes operaciones aritméticas para determinar sus ítems: capital,

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correspondientes operaciones aritméticas para determinar sus ítems: capital, intereses, costas, etc., de conformidad con el título ejecutivo que sirve de base para la ejecución22.

Las retenciones de orden tributario a los pagos de condenas impuestas en sentencias judiciales

33. El artículo 368 del Estatuto Tributario Nacional -ETN dispone que son agentes de retención, entre otros, las entidades de derecho público. A su vez, el artículo 375

Ibidem señala que “[e]stán obligados a efectuar la retención o percepción del tributo, los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención o percepción”. En caso de que uno de los obligados a realizar la retención no lo haga, será responsable por las sumas que debía retener y por las sanciones o multas que se les imponga por el incumplimiento en sus deberes23.

34. La retención en la fuente tiene como finalidad conseguir de forma gradual que el impuesto se recaude, en lo posible, dentro del mismo ejercicio gravable que se cause24. Según lo ha establecido la Sección Cuarta de esta Corporación, se trata de un “mecanismo anticipado de recaudo del impuesto”, cuya finalidad principal es “garantizar que el recaudo se realice en el mismo periodo en que se causa” 25. En este sentido, como se trata del recaudo anticipado de impuestos, cuyo sujeto pasivo es el destinatario del pago, éste podrá deducir la suma retenida en la declaración privada que realice del respectivo tributo26.

este sentido, como se trata del recaudo anticipado de impuestos, cuyo sujeto pasivo es el destinatario del pago, éste podrá deducir la suma retenida en la declaración privada que realice del respectivo tributo26.

35. Ahora, como la retención en la fuente tiene como fin recaudar un tributo, los valores retenidos no permanecen en las arcas de los agentes retenedores, puesto que, en atención a lo dispuesto en el artículo 376 ETN, “deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional”. Además, están obligados a presentar una declaración mensual de las retenciones que debieron efectuar en el respectivo mes27.

22 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 23 de marzo de 2021, expediente n.° 65.132, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 23 “Art. 370 ETN. Los agentes que no efectúen la retención, son responsables con el contribuyente. No realizada la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquél satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad.” 24 Artículo 367 del ETN. 25 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 26 de enero de 2012, expediente n.° 17.318, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 26 “Art. 373 ETN. Los valores retenidos se imputan en la liquidación privada. En las respectivas

C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. 26 “Art. 373 ETN. Los valores retenidos se imputan en la liquidación privada. En las respectivas liquidaciones privadas los contribuyentes deducirán del total del impuesto sobre la renta y complementarios el valor del impuesto que les haya sido retenido. La d iferencia que resulte será pagada en la proporción y dentro de los términos ordinarios señalados para el pago de la liquidación privada.” 27 “Art. 382 ETN. Obligación de declarar. Los agentes de retención en la fuente deberán presentar declaración mensual de las retenciones que debieron efectuar durante el respectivo mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 604 al 606, inclusive.”Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

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36. En este orden de ideas, los valores retenidos en la fuente no son sumas dejadas de pagar por el agente retenedor, sino que están destinadas al recaudo anticipado de tributos cuyo sujeto pasivo es el beneficiario del pago. De modo que, de no efectuarse las retenciones, una vez reciba el pago, el beneficiario deberá cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de éste y pagar los impuestos que correspondan (incluido el de renta). Por lo anterior, es claro que, en los procesos ejecutivos, las sumas retenidas por conceptos tributarios son imputables al pago y, en tal medida, deben ser tenidas en cuenta para efectos de examinar el

correspondan (incluido el de renta). Por lo anterior, es claro que, en los procesos ejecutivos, las sumas retenidas por conceptos tributarios son imputables al pago y, en tal medida, deben ser tenidas en cuenta para efectos de examinar el cumplimiento de la obligación que se buscaba cubrir con el desembolso.

Caso concreto

37. Revisado el escrito de apelación, se logra establecer que el demandante cuestiona i) que por concepto de retención en la fuente se le dedujo la suma de $31.923.662; sin embargo, a su juicio, ello no es posible teniendo en cuenta que el lucro cesante en la sentencia ascendió a la suma de $30.745.928; y ii) el referido descuento tributario no es procedente cuando proviene de sentencias proferidas contra el Estado. En vista de ese planteamiento, la Sala advierte que la discusión recae sobre la procedencia del tributo y la forma en que fue aplicado por la Fiscalía General de la Nación.

38. Sobre el particular , la Subsección, con fundamento en el artículo 401 -2 del Estatuto Tributario - y los conceptos de la DIAN 28, considera que los montos retenidos por la Fiscalía General deben ser imputados al pago de la obligación objeto de ejecución, pues la retención en la fuente no corresponde a sumas que la entidad deja de pagar y se apropia para sí, sino que son deducidas para efectuar el recaudo anticipado del impuesto de renta, cuyo sujeto pasivo es, en este caso, la ejecutante. Por lo anterior, las sumas retenidas por aspectos tributarios hacen parte del pago que la entidad realizó a favor de los accionantes y, en tal medida, deben

ejecutante. Por lo anterior, las sumas retenidas por aspectos tributarios hacen parte del pago que la entidad realizó a favor de los accionantes y, en tal medida, deben ser consideradas al momento de examinar el cumplimiento de la obligación ejecutada.

39. En el asunto sub examine, se observa que, por medio de Resolución n.° 2290 del 31 de agosto de 2022 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público29, se estableció como monto a pagar a favor de la parte demandante la suma de $742.414.300 mcte 30. El 12 de septiembre de 2022 31, la Fiscalía General de la Nación canceló la suma de $710.490.638 pesos, previa deducción32 de $31.923.662 por concepto de retención en la fuente, discriminados así: $ 30.475.928 por

28 Sobre el tema también puede consultarse: (i) DIAN: Oficio No. 21652 del 9 de agosto de 2018; (ii) Concepto General DIAN Nº 108 [003548] del 2 de febrero de 2024, y (iii) Concepto 003325 Int 382 del 28 de mayo de 2024 29 f. 79 y ss. Índice 003 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 30 De la siguiente manera: Omar Guillermo Oviedo Monsalve: $219.691.165, María Del Pilar Téllez Soler:$ 95.040.570, Tatiana Andrea Oviedo Tellezas:$95.040.570, Isabel Monsalve De Oviedo:$ 95.040.570, Gladys Oviedo Viuda De Calderon: $47.520.285, Orlando O viedo Monsalve:$ 47.520.285, Jaime Gustavo Oviedo Monsalve: $47.520.285, Luz Stella Oviedo Monsalve:$

95.040.570, Gladys Oviedo Viuda De Calderon: $47.520.285, Orlando O viedo Monsalve:$ 47.520.285, Jaime Gustavo Oviedo Monsalve: $47.520.285, Luz Stella Oviedo Monsalve:$ 47.520.285, Elizabeth Oviedo Monsalve:$ 47.520.285. 31 Índice 053 del aplicativo Samai del Tribunal Administrativo de Santander. 32 Ibidem.Radicación: 68001-23-33-000-2023-00066-01

No. Interno: 72.478

Ejecutante: Omar Guillermo Oviedo Monsalve y Otros Ejecutado: Nación-Fiscalía General de la Nación Referencia: Ejecutivo (Ley 2080 de 2021)

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rendimientos financieros, y $ 1.066.657 por lucro cesante33.

40. En ese sentido, se encuentra que la liquidación de la condena judicial fue de $742.414.300, la cual fue debidamente cancelada a los demandantes, si se tiene en cuenta que la suma de $31.923.662 reclamada por el ejecutante, no corresponde a un valor que se adeude, sino, a la deducción que por retención en la fuente hizo la entidad demandada al momento que efectuó el pago de la condena judicial. De esta manera, no se encuentra que la referida deducción sea irregular, en tanto la retención en la fuente es procedente en materia de sentencias judiciales, y la suma deducida debe ser tenida en cuenta al momento de verif icarse el cumplimento del pago de las mismas.

41. En efecto, el artículo 401 del Estatuto Tributario establece la procedencia de la retención en la fuente frente a indemnizaciones que perciben las personas naturales

pago de las mismas.

41. En efecto, el artículo 401 del Estatuto Tributario establece la procedencia de la retención en la fuente frente a indemnizaciones que perciben las personas naturales y jurídicas con asiento en el territorio nacional34, incluyendo los conceptos rel

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