CE - Auto interlocutorio 68001233300020240038401
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 68001233300020240038401
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
REFERENCIA: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS Radicación núm.: 68001-23-33-000-2024-00384-01
Demandante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL SANTANDER
Demandados: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y OTROS
Auto que resuelve recurso de apelación
La Sala decide el recurso de apelación presentado por el municipio de Bucaramanga contra el auto de 15 de octubre de 2024, mediante el cual el a quo decretó la medida cautelar de reubicación temporal de los habitantes del barrio La Feria, y de los asentamientos La Cuyanita y Camilo Torres de ese municipio.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda1
1. La Defensoría del Pueblo Regional Santander demandó al municipio de Bucaramanga, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política2 y en las Leyes 472 de 5 de agosto de 19983 y 1437 de 18 de enero de 20114.
2. La demandante solicitó la protección de los derechos colectivos previstos en los literales a), b), c), d), e), g), h), j) y l) del artículo 4.º de la Ley 4725, en el marco de
las siguientes pretensiones:
2. La demandante solicitó la protección de los derechos colectivos previstos en los literales a), b), c), d), e), g), h), j) y l) del artículo 4.º de la Ley 4725, en el marco de
las siguientes pretensiones:
“[…] Primera: Que se declare que el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER, representado legalmente, vulnera los derechos colectivos al Goce de un ambiente
1 Cfr. índice 3 del expediente digital de primera instancia. 2 “[…] Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. […]. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. […]”. 3 “[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”. 4 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”. 5 “[…] Artículo 4o.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano […]; b) La moralidad administrativa; c) La existencia del equilibrio ecológico […]; d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; e) La defensa del patrimonio público; […] g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; […]
e) La defensa del patrimonio público; […] g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; […] j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.2
Radicacion: 68001-23-33-000-2024-00384-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander
sano, la
moralidad administrativa, preservación y restauración del medio ambiente, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, el derecho a la seguridad y prevenci ón de desastres previsibles técnicamente, derecho a la vida, salud, vivienda digna y derecho a tener una buena calidad de vida, de los habitantes del BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTOS LA CUYANITA Y CAMILO TORRES del municipio de Bucaramanga, afectadas por la situación de calamidad pública declarada mediante decreto municipal 0037 del 28 de marzo 2023, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, (sic) contemplados en la Ley 472 de 1998 y demás disposiciones, vulnerados por la omisión del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SANTANDER.
Tercera: Que se ordene al Municipio de BUCARAMANGA SANTANDER, que de manera inmediata proceda a realizar las gestiones administrativas, presupuestales, técnicas, de obra y demás requeridas; que conlleven a ejecutar las acciones de respuesta inmediata a la emergencia, y relacionadas con rehabilitación, reconstrucción y/o reubicación definitiva de todo s los habitantes del BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTOS LA CUYANITA Y CAMILO TORRES del municipio de Bucaramanga, afectados por la situación de calamidad pública declarada mediante
reconstrucción y/o reubicación definitiva de todo s los habitantes del BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTOS LA CUYANITA Y CAMILO TORRES del municipio de Bucaramanga, afectados por la situación de calamidad pública declarada mediante decreto municipal 0037 del 28 de marzo de 2023, y en donde a la fecha presuntamente no se han brindado soluciones prosperas (sic) y definitivas a estas comunidades afectadas y que garanticen los derechos enunciados en este memorial.
Cuarta: Sírvase condenar en costas a la parte accionada. […]”6. (Subrayado del texto original).
3. Como fundamento fáctico, l a parte demandante indicó que el 10 de marzo de 2023 se presentó un sismo que afectó el barrio La Feria y los asentamientos La Cuyanita y Camilo Torres de la ciudad de Bucaramanga.
4. Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, se produjo un deslizamiento al
final de la carrera 2ª con calle 25 , en virtud del cual aproximadamente 250 familias se encuentran en riesgo inminente de deslizamiento y destrucción de sus viviendas.
5. Mencionó que el municipio de Bucaramanga y la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) no han implementado medidas efectivas para la mitigación del riesgo de desastre ni han otorgado ayudas a la población afectada. En consecuencia, aunque “[…] la mayoría
6 Cfr. índice 3 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “002EDDEMANDA.pdf”.3
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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander
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de habitantes tuvieron que desalojar y abandonar sus viviendas […] ”, posteriormente retornaron.
6. Relató que , mediante informe técnico de 22 de marzo de 202 3, la CDMB diagnosticó que el sector objeto de la demanda se encuentra afectado por un movimiento en masa combinado con posible deslizamiento rotacional y numerosos deslizamientos puntuales de tierra.
7. Anotó que la Alcaldía Municipal de Bucaramanga emitió el Decreto núm. 0037 de 28 de marzo de 20237, al evidenciar que las viviendas ubicadas en el borde del talud se encuentran severamente afectadas, dejándolas inhabitables e inservibles. Por ello, fueron desalojados los habitantes de 120 viviendas, los cuales se encuentran en 3 albergues. Sin embargo, se reconoció que el fenómeno se encuentra activo, y se presentan grietas escalonadas que afectan la estabilidad del terreno.
8. Reconoció que la Alcaldía Municipal de Bucaramanga viene otorgando un subsidio mensual de arriendo de 350 .000 pesos a la población afectada . Sin embargo, sostuvo que el mismo no alcanza para sufragar los gastos de arriendo y servicios públicos.
9. Puso de presente que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Bucaramanga, en el marco de la acción de tutela radicada con el núm. 68001 -3333-011-2023-00099-00, profirió sentencia de primera instancia, por la cual amparó los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la vivienda digna de la comunidad afectada, y dispuso “[…] conminar a la comunidad accionante para que instaure la respectiva demanda dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos en el menos tiempo (sic) posible […]”8.
7 “[…] Por el cual se declara una situación de Calamidad Pública en el Municipio de Bucaramanga en el Barrio La Feria y los asentamientos humanos La Cuyanita y Camilo Torres del Municipio de Bucaramanga […]”. 8 Cfr. índice 3 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “004EDANEXOSPRUEBASAPOP.pdf”. En sentencia de 4 de mayo de 2023, se resolvió la acción de tutela interpuesta por Solangel Herrera González y otros contra el Municipio de Bucaramanga, la CDMB, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, el Departamento de Santander - Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres y la UNGRD. Esto debido a que, con ocasión del evento sísmico ocurrido el 10 de marzo de 2023 , las personas del barrio La Feria y de los asentamientos humanos La Cuyanita y Camilo Torres del Municipio de Bucaramanga, se vieron afectadas por una situación de deslizamiento al final de la Carrera 2 a con Calle 25. En consecuencia, por el Decreto Municipal 0037 de 2023, se declaró la situación de calamidad pública y se
Torres del Municipio de Bucaramanga, se vieron afectadas por una situación de deslizamiento al final de la Carrera 2 a con Calle 25. En consecuencia, por el Decreto Municipal 0037 de 2023, se declaró la situación de calamidad pública y se desalojaron 120 viviendas . Las familias fueron trasladadas temporalmente al Ágora Salón Comunal del Gaitán, donde se encontraban hacinadas. Además, se les pag ó un subsidio de vivienda de monto insuficiente para sus necesidades. La demanda pretendió el amparo de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la participación y a la vivienda digna, y que se les reubicara en viviendas dignas. El juzgado aclaró que solo resolvería lo relacionado con los derechos fundamentales de los accionantes, pues en cuanto a los derechos colectivos, debían acudir a la acción popular. En consecuencia, resolvió: “[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la dignidad humana y a una vivienda digna […].
SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, para que […] actualice el censo de familias afectadas […].
TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, para que […] realice todos los trámites pertinentes, tendientes a solicitar y gestionar recursos a nivel departamental y/o nacional, con el fin de poder mejorar el monto de los subsidios de arrendamiento otorgados […].
CUARTO: CONMINAR a la comunidad accionante, para que instaure la respectiva demanda dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, en el menor tiempo posible, solicitando la protección de los derechos colectivos que consideran afectados […]”.
La Sala advierte que el objeto de la referida acción de tutela consistió en la adopción de medidas transitorias relacionadas
protección de los derechos e intereses colectivos, en el menor tiempo posible, solicitando la protección de los derechos colectivos que consideran afectados […]”. La Sala advierte que el objeto de la referida acción de tutela consistió en la adopción de medidas transitorias relacionadas con el aumento de la cantidad del subsidio de arrendamiento que están recibiendo los damnificados de la situación de desastre. Además, es claro que el alcance de la protección otorgada no se extendió al debate de los derechos colectivos que se puedan ver involucrados en esta acción popular, el cual gira en torno a la adopción de medidas definitivas de prevención y mitigación del riesg o y de manejo del desastre ocurrido, las cuales comprenden acciones y estrategias de respuesta, intervenciones correctivas y prospectivas, estructurales y no estructurales, que impuls en los objetivos de rehabilitación, recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas.4
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10. Adujo que el 12 de diciembre de 2023 presentó requerimiento formal para que la administración municipal adopt ara medidas inmediatas de protección de los derechos colectivos. Pese a ello, mediante respuesta de 20 de diciembre del mismo año, el municipio se limitó a reiterar los auxilios de arrendamiento y a presentar un plan de acción que, a su juicio, no representa una solución de protección efectiva.
I.2. La solicitud de medida cautelar
11. Con base en los fundamentos expuestos en el capítulo anterior, en el escrito de la demanda, la entidad accionante solicitó el decreto de la siguiente medida cautelar:
“[…] PRIMERO. Ordenar al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a ejecutar
11. Con base en los fundamentos expuestos en el capítulo anterior, en el escrito de la demanda, la entidad accionante solicitó el decreto de la siguiente medida cautelar:
“[…] PRIMERO. Ordenar al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a ejecutar inmediatamente las acciones de respuesta a la emergencia, y relacionadas con reubicación temporal de todos los habitantes del BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTOS LA CUYANITA Y CAMILO TORRES del municipio de Bucaramanga, afectados por la situación de calamidad pública declarada mediante decreto municipal 0037 del 28 de marzo de 2023, hasta que se adopte la decisión final y definitiva, lo anterior en razón a que gran numero (sic) de las personas afectadas retornaron al lugar de ocurrencia de los hechos, colocando de tal forma sus vidas en riesgo inminente. […]”9. (Subrayado del texto original).
II. LA PROVIDENCIA APELADA
12. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander10, mediante auto de 15 de octubre de 202411, admitió la demanda, vinculó a “[…] la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres […]” y adoptó la siguiente
medida cautelar:
“[…] Quinto. ADOPTAR LA MEDIDA CAUTELAR DE URGENCIA consistente en al (sic) Municipio de Bucaramanga, a ejecutar (sic) inmediatamente las acciones de respuesta a la emergencia, y relacionadas con reubicación temporal de todos los habitantes del barrio La Feria, Asentamiento la Cuyanita y Camilo Torres del municipio de Bucaramanga, afectados por la situación de calamidad pú blica
respuesta a la emergencia, y relacionadas con reubicación temporal de todos los habitantes del barrio La Feria, Asentamiento la Cuyanita y Camilo Torres del municipio de Bucaramanga, afectados por la situación de calamidad pú blica declarada mediante Decreto municipal 0037 del 28 de marzo de 2023. […]”. (Negrilla del texto original).
13. El a quo consideró que, conforme al informe técnico elaborado por la CDMB y el Decreto 0037 de 28 de marzo de 2023, existe un avance progresivo de movimientos de tierra y deslizamientos que ponen en riesgo la vida de los residentes del barrio La Feria y los asentamientos La Cuyanita y Camilo Torres, los cuales se encuentran en zona de falla geológica.
14. Adujo que muchas personas han retornado a sus viviendas porque el subsidio de arriendo otorgado por el municipio es insuficiente. Además, las estructuras que aún
9 Ibidem, folio 8. 10 Ley 1437 de 2011 “ […] Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: […].
2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: […]. h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. […]”. 11 Cfr. índice 4 del expediente digital de primera instancia , documento denominado “4Autoadmitedem_20240038400AUTOADMIT(.pdf) NroActua 4”.5
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“4Autoadmitedem_20240038400AUTOADMIT(.pdf) NroActua 4”.5
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se mantienen en pie presentan grietas, humedades e inestabilidad, con lo cual evidenció un riesgo de colapso.
15. Finalmente, a dvirtió que las medidas implementadas por el municipio de Bucaramanga no han sido suficientes ni oportunas para mitigar el riesgo, rehabilitar el sector o reubicar a la población afectada, lo cual incrementa la posibilidad de que se materialice un desastre. Por tal razón, la medida cautelar busc aba evitar un desastre mayor al reubicar temporalmente a las personas que habitaban la zona de calamidad pública.
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
III.1. Sustentación del recurso de apelación
16. El municipio de Bucaramanga, mediante escrito de 30 de octubre de 202 412, interpuso recursos de reposición y, en subsidio de apelación, contra la decisión que concedió las medidas cautelares.
17. Argumentó que, según los artículos 25 y 26 de la Ley 472 de 1998, no se le corrió traslado al municipio de Bucaramanga de la medida provisional solicitada para que pudiera ejercer su derecho de contradicción. Incluso la medida cautelar decretada desvirtúa el objeto principal de ese instituto pues debe ser analizada una vez el proceso se encuentre en etapa probatoria.
18. Indicó que la medida cautelar tampoco se acompasa con el artículo 234 de la Ley
desvirtúa el objeto principal de ese instituto pues debe ser analizada una vez el proceso se encuentre en etapa probatoria.
18. Indicó que la medida cautelar tampoco se acompasa con el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, pues los impactos alegados están sobredimensionados. Además, estimó que no se demostró alguna de las causales de procedencia establecidas en la Ley 472.
19. Precisó que no se tiene certeza del estado técnico y actual del barrio La Feria ni de los asentamientos La Cuyanita y Camilo Torres. En consecuencia, no se demostró la necesidad de la medida ni el perjuicio irremediable que se busca prevenir, atribuible al municipio de Bucaramanga.
20. Añadió que la parte demandante tampoco acreditó que el municipio haya vulnerado los derechos colectivos contenidos en los literales b), d), e), g), h), j) y l) del artículo 4.° de la Ley 472. Aseguró que el municipio no es la entidad competente para “ […] decidir y actuar sobre lo pedido […] ”, porque las actividades de reubicación “[…] son competencia única y exclusivamente del Instituto de Vivienda, Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga – INVISBU […]”, ya que esta entidad se encarga de desarrollar proyectos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social. También otorga mejoramientos de vivienda para las poblaciones menos favorecidas.
12 Cfr. índice 14 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “ 12_MemorialWeb_RecursoRECURSODEREPOSICIO(.pdf) NroActua 14”.6
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RECURSODEREPOSICIO(.pdf) NroActua 14”.6
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21. Mencionó que la Secretaría Municipal de Infraestructura, en cumplimiento de su deber, adelantó el proceso contractual núm. SI -FGR-CRE-002-2024 “[…] el cual a la fecha se encuentra adjudicado y celebrado cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL BARRIO LA FERIA, ASENTAMIENTO CAMILO TORRES Y CUYANITA ETAPA 1. UBICADOS EN LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, por el valor de $ 27.893.132.289,1 […]”. Este proceso contractual, a su parecer, desvirtúa la evidencia aportada con la demanda y conduce a declarar un hecho superado.
22. Finalmente, r eprochó que la entidad demandante considere insuficiente el subsidio mensual de arriendo que otorga el municipio, pues la necesidad del mismo es prevenir un daño inminente o hacer cesar el que se hubiere causado. Además, recordó que, conforme a la Ley 1523 de 24 de abril de 201213, los habitantes del territorio nacional son corresponsables de la gestión del riesgo.
III.2. Traslado del recurso14
23. Del escrito de reposición y en subsidio de apelación se corrió traslado; término dentro del cual los sujetos procesales guardaron silencio.
III.3. Resolución del recurso de reposición y trámite de la alzada
24. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander, mediante
dentro del cual los sujetos procesales guardaron silencio.
III.3. Resolución del recurso de reposición y trámite de la alzada
24. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander, mediante auto de 18 de marzo de 202515, decidió no reponer la providencia de 15 de octubre de 2024 y concedió la alzada.
25. Aclaró que la medida cautelar no desconoció el derecho de defensa y contradicción del municipio de Bucaramanga porque el régimen normativo aplicable permite decretarla sin traslado previo, en cualquier momento del proceso e incluso antes de la notificación de la demanda.
26. Señaló que el municipio no puede eludir su responsabilidad en materia de gestión del riesgo de desastres en su ámbito territorial. Expuso que, de conformidad con la Constitución y la Ley 1523 de 2012, a los municipios les asiste obligaciones puntuales de protección de la seguridad y la vida de los habitantes. Por ende, al estar acreditada una situación de peligro inminente en el sector del barri o La Feria y los asentamientos La Cuyanita y Camilo Torres, resulta necesario que el ente territorial accionado atienda la emergencia que allí se presentó , mitigue el nivel de riesgo detectado y prevenga nuevos fenómenos amenazantes.
27. En ese sentido, adujo que , aunque el municipio tenga entidades encargadas de ejecutar funciones en materia de vivienda social, ello no lo exonera de cumplir el mandato legal primordial y directo de proteger a la población, prevenir una tragedia
13 “[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
mandato legal primordial y directo de proteger a la población, prevenir una tragedia
13 “[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”. 14 Cfr. índice 15 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “14Traslado_20240038400Traslador(.pdf) NroActua 15”. 15 Cfr. índice 40 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “65Autodeciderec_20240038400AUTOQUERE(.pdf) NroActua 40”.7
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mayor y reubicar temporalmente a las familias afectadas. De tal modo, concluyó que el municipio es competente para dar cumplimiento a la medida cautelar , especialmente porque la administración, en el marco de la declaratoria de calamidad pública, elaboró informes técnicos que evidencian el riesgo latente en la zona afectada.
28. Precisó que los informes técnicos elaborados por la CDMB acreditan : ( i) la existencia de deslizamientos activos, (ii) el avance de una falla geológica, (iii) un peligro inminente para la vida e integridad de la población, y (iv) la necesidad de adoptar medidas urgentes para evitar nuevos deslizamientos y derrumbes.
29. Reconoció que el municipio decretó la calamidad pública en el sector objeto de la demanda, está implementando un plan de acción y ha otorgado subsidios de arriendo a la población damnificada . Sin embargo, estas ayudas no han sido
29. Reconoció que el municipio decretó la calamidad pública en el sector objeto de la demanda, está implementando un plan de acción y ha otorgado subsidios de arriendo a la población damnificada . Sin embargo, estas ayudas no han sido suficientes para controlar la situación de peligro extremo, pues las familias continúan habitando la zona en cuestión.
30. Por tales razones, insistió en que la medida cautelar decretada no solo es procedente sino absol utamente necesaria para evitar daños irreparables. E n
consecuencia, resolvió:
“[…] PRIMERO: NO REPONER el auto del 15 de octubre de 2024, por medio del cual se resolvió decretar una medida cautelar.
SEGUNDO: CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN contra la providencia del 15 de octubre de 2024 ante el Honorable Consejo de Estado, en el efecto devolutivo, para tal efecto, por Secretaría se dará acceso al expediente digital al Despacho al cual corresponda el análisis del recurso con el fin de que se surta la apelación. […]”.
(Negrilla del texto original).
31. El expediente ingresó al Consejo de Estado el 2 de abril de 202516.
IV. CONSIDERACIONES
32. A efectos de decidir, se abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) la competencia; (ii ) las medidas cautelares preventivas en las acciones populares; para, finalmente (iii) resolver el caso concreto.
IV.1. Competencia
33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.°, literal h), del artículo 12517 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 229 ibidem, aplicables por la remisión del
IV.1. Competencia
33. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.°, literal h), del artículo 12517 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 229 ibidem, aplicables por la remisión del artículo 44 de la Ley 472, la Sala es competente para resolver el recurso de apelación incoado por el municipio de Bucaramanga en contra de la providencia de 15 de octubre de 2024, mediante la cual el a quo concedió la medida cautelar solicitada con la demanda.
16 Cfr. índice 3 del expediente digital del Consejo de Estado. 17 Modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[…] Por medio de la cual se Reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción […]”.8
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IV.2. Las medidas cautelares preventivas en las acciones populares
34. La acción popular consagrada en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política, tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando estos resultan amenazados o vulnerados, por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares.
35. Dicha acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los intereses colectivos , de forma rápida y sencilla, finalidad que no se restringe a la obtención de una sentencia estimatoria de las
35. Dicha acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los intereses colectivos , de forma rápida y sencilla, finalidad que no se restringe a la obtención de una sentencia estimatoria de las pretensiones, sino que se hace efectiva durante el trámite del proceso mediante la posibilidad de solicitar medidas cautelares. Los artículos 25 y 26 de la Ley 472 y el capítulo XI de la Ley 1437 fijaron los requisitos y el procedimiento aplicable para tal propósito.
36. En la providencia de 11 de abril de 2018 18, la Sección Primera del Consejo de Estado explicó que esas disposiciones normativas “[…] deben ser interpretadas de manera armónica […]”, según lo previsto en el parágrafo del artículo 229 de la Ley
143719.
37. Las medidas cautelares en las acciones populares proceden de oficio o “[…] a petición de parte debidamente sustentada […]”, con el objeto de “[…] prevenir un daño inminente o hacer cesar el que se hubiese causado […]” y “ […] proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia […]”, en los términos dispuestos en los artículos 229 de la Ley 1437 y 25 de la Ley
472.
38. El artículo 231 de la Ley 1437 explicó que el decreto de una medida cautelar preventiva exige la corroboración de los siguientes requisitos:
“[…] 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones,
2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.
3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.
4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o
b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios. […]”.
18 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 11 de abril de 2018. R adicación núm. 85001-23-33-000-2017-0023001(AP)A. C.P.: María Elizabeth García González. 19 Norma declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-284 de 15 de mayo de 2014.9
Radicacion: 68001-23-33-000-2024-00384-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Santander
39. Esos requisitos resultan armónicos con las causales de oposición a las medidas cautelares, enlistadas en el artículo 26 de la Ley 472, a saber:
“[…] a) Evitar mayores perjuicios al derecho o interés colectivo que se pretende proteger;
b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;
c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable. […]”.
proteger;
b) Evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público;
c) Evitar al demandado perjuicios cuya gravedad sea tal que le haga prácticamente imposible cumplir un eventual fallo desfavorable. […]”.
40. Como puede apreciarse, el legislador condicionó la procedencia de las medidas cautelares en las acciones populares a un criterio de proporcionalidad, conforme al cual el solicitante debe presentar “ […] documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juici
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