CE - Auto interlocutorio 73001233300020230028302
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 73001233300020230028302
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
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Radicado: 73001 23 33 000 2023 00283 02
Actor: Procurador Judicial ll Ambiental y Agraria para el Tolima
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Radicación núm.: 73001 23 33 000 2023 00283 02
Actores: Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria para el Tolima y Personería
Municipal de San Luis
Demandados: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros1
Tesis: No excedieron el objeto de la litis, las medidas cautelares en las que se ordenó al Municipio de San Luis adelantar el trámite policivo sancionatorio contra todos los infractores que realizan construcciones sin cumplir los requisitos legales y elaborar un censo de las obras urbanísticas que han solicitado la extensión del servicio público.
El Tribunal no extralimitó sus competencias al ordenar a título de medida cautelar que un Municipio adelante el trámite policivo sancionatorio contra todos los infractores que realizan construcciones sin cumplir los requisitos legales y la elaboración de un censo de las obras urbanísticas que han solicitado la extensión del servicio público.
ACCIÓN POPULAR – AUTO INTERLOCUTORIO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Municipio de San Luis en contra del auto proferido en la diligencia de inspección judicial del 8
del servicio público.
ACCIÓN POPULAR – AUTO INTERLOCUTORIO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Municipio de San Luis en contra del auto proferido en la diligencia de inspección judicial del 8 de noviembre de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo del Tolima decretó dos (2) medidas cautelares en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. El Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima y la Personería Municipal de San Luis interpusieron acción popular en contra de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Departamento del Tolima, el Municipio de San Luis, la empresa Río Luisa S. A. E. S. P., el Municipio de Valle de San Juan y
1 El Departamento del Tolima, los Municipios de San Luis y Valle de San Juan, la empresa Río Luisa S.A. ESP y al Sociedad Servivalle S.A.S. ESP.Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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la sociedad Servivalle S.A.S. E. S. P. , por la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la salud, a la dignidad humana, a la salubridad pública, a la prestación eficiente del servicio de acueducto, a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación eficiente y oportuna, presuntamente amenazados por la falta de
prestación eficiente del servicio de acueducto, a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación eficiente y oportuna, presuntamente amenazados por la falta de suministro de agua potable a los habitantes de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del Municipio de San Luis y el Dinde y la Manga, en la zona rural del Municipio de Valle de San Juan.
Asimismo, en los escritos de la demanda y de reforma al libelo introductorio, la parte actora solicitó el decreto de la siguiente medida cautelativa:
“se requiere que las entidades accionadas creen y ejecuten conjuntamente un plan de contingencia que permita el suministro de una cantidad mínima de agua potable a los habitantes de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís, en las condiciones indicadas en el acápite de pretensiones (y las que determinen los (as) honorables Magistrados (as), y hasta tanto se produzca una decisión definitiva respecto a la salvaguarda de sus derechos colectivos”2
1.2. Mediante providencia del 15 de febrero de 2024 3, el Tribunal Administrativo del Tolima decretó las medidas cautelares solicitadas.
1.3. Inconforme con la anterior decisión el apoderado del Municipio de San Luis interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
1.4. En auto de 28 de junio de 2024 4, el Tribunal resolvió no reponer y en consecuencia concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo ante el Consejo de Estado.
1.4. En auto de 28 de junio de 2024 4, el Tribunal resolvió no reponer y en consecuencia concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo ante el Consejo de Estado.
1.5. Mediante providencia del 17 de octubre de 2024, fue confirmado el auto por la Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado5.
II. De la providencia recurrida
El 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima llevó a cabo la
2 Visible a folio 26 del escrito de reforma de la demanda. 3 Visible a índice 21 del Sistema de Gestión Judicial Samai 4 Ibidem 5 Visible a índice 7 ibidemCalle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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audiencia de inspección judicial en el municipio de San Luis, Tolima, con el propósito de verificar las condiciones del suministro de agua en las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor, así como el cumplimiento de las medidas cautelares previamente ordenadas6.
Durante el recorrido , se evidenció la existencia de predios en proceso de parcelación sin los permisos urbanísticos y ambientales requeri dos, por lo que ordenó la vinculación de sus propietarios al proceso, así como la presentación de la documentación correspondiente.
Finalmente, decretó las siguientes medidas cautelares:
“Medida Cautelar: Ante la tugurización, parcelación y loteo del área rural del
documentación correspondiente.
Finalmente, decretó las siguientes medidas cautelares:
“Medida Cautelar: Ante la tugurización, parcelación y loteo del área rural del Municipio de San Luis, es evidente el irrespeto reiterado al esquema de ordenamiento territorial, donde los dueños no tramitan ningún tipo de licencias para construir y subdividir, evidenciándose el ánimo comercial de compraventa de lotes con destino a vivienda, razón por la cual, se ordena al Alcalde Municipal de San Luis que de aplicación el artículo 222 del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, es decir, para adelantar el trámite policivo sancionatorio a todos los infractores que adelantan construcciones sin el lleno de los requisitos legales establecidos, observando que tal procedimiento debe respetar siempre el debido proceso, derecho de defensa y formas propias del juicio, así las cosas, se indica que tales procedimientos administrativos policivos deben ser agotados en un término máximo de 1 semana, dentro de la cual se debe detectar en el territorio del Municipio construcciones sin los referidos requisitos y adelantarse el procedimiento policivo descrito
(…)
Medida Cautelar: Es evidente la deficiente prestación del servicio público de acueducto ante la ausencia de recursos e infraestructura para llevar el agua a los hogares de los habitantes de las veredas referidas, lo cual se agrava, por la omisión institucional de controlar el desarrollo urbanístico del Municipio de San Luis, teniendo en cuenta las evidentes limitaciones en la prestación del servicio agravada por la llegada masiva de nuevos usuarios que requieren de agua para subsistir generando riesgos a los habitantes que habitan el sector y que de por
Luis, teniendo en cuenta las evidentes limitaciones en la prestación del servicio agravada por la llegada masiva de nuevos usuarios que requieren de agua para subsistir generando riesgos a los habitantes que habitan el sector y que de por si ya se ven afectados por la falta del líquido vital, por ende, se ordena, al Alcalde Municipal de San Luis para que en el término de 1 mes deberá adelantar un censo de las obras urbanísticas en el municipio de San Luis donde se haya solicitado extensión del servicio público”7.
III. Del recurso
Inconforme con las decisiones anteriores, el apoderado del Municipio de San Luis interpuso recurso de apelación contra las medidas cautelares decretadas en la
6 Visible índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai 7 Visible a folios 7 y 8 del Cuaderno del Tribunal.Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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inspección judicial, argumentando que estas excedían el objeto del proceso. En su criterio, el Tribunal se extralimitó en sus funciones, pues si bien , existen derechos colectivos afectados que deben ser protegidos, las medidas adoptadas impact an derechos fundamentales como el mínimo vital de las comunidades involucradas en el desarrollo urbanístico y el derecho al trabajo de quienes laboran en dichas construcciones.
IV. Traslado de los recursos
3.1. Durante la diligencia se corrió el traslado a los sujetos procesales los cuales guardaron silencio.
V. Consideraciones
construcciones.
IV. Traslado de los recursos
3.1. Durante la diligencia se corrió el traslado a los sujetos procesales los cuales guardaron silencio.
V. Consideraciones
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de San Luis en contra del auto proferido el 15 de julio de 2024 , por medio del cual el Tribunal Administrativo de Risaralda decretó la medida cautelar.
5.1. Competencia
La Sala es competente para resolver los recursos con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 de la Ley 472 de 1998, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011. Esta última por remisión expresa del artículo 44 de la primera ley.
5.2. De la controversia sobre las medidas adoptadas por el Tribunal
Tendrá que absolverse si excedieron el objeto de la litis, las medidas cautelares en las que se ordenó al Municipio de San Luis adelantar el trámite policivo sancionatorio contra todos los infractores que realizan construcciones sin cumplir los requisitos legales y elaborar un censo de las obras urbanísticas que han solicitado la extensión del servicio público.
A efectos de resolver ese interrogante, deberá determinarse si su fundamento es cierto.
5.2.1. Pues bien, lo primero que advierte la Sala es que, a través de memorial delCalle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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10 de agosto de 2023, la parte actora reformó la demanda. Particularmente, solicitó que se acceda a las siguientes pretensiones, que valga señalar, son las que definen el alcance de la controversia:
“VII. PRETENSIONES
A través del presente medio de control solicitamos a los (as) Honorables Magistrados (as):
PRIMERA: Acceder a la medida Cautelar solicitada, para lo cual, se ordene a las entidades accionadas la creación y ejecución conjunta de un plan de contingencia para el suministro de una cantidad mínima vital de agua potable a los (as) habitantes de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís, mediante mecanismos alternativos de abasto público, que atendiendo a su dignidad humana y bajo estándares de continuidad, disponibilidad (no discriminación) y calidad, permita prov eerles agua potable, conforme la dotación neta máxima prevista en el artículo 43 de la resolución MAVCT No. 330 de 2017, en tanto se produce un fallo ejecutoriado que resuelva las pretensiones aquí elevadas.
Dicho plan debe contar con responsables específicos, plazos, condiciones y acciones concretas y verificables tanto por la comunidad como por las autoridades, e incorporar los sistemas tecnológicos idóneos y pertinentes que garanticen el suministro de agua potable, la que no podrá suspenderse hasta tanto se cumpla las ordenes que se profieran de fondo en la respectiva Acción Popular.
autoridades, e incorporar los sistemas tecnológicos idóneos y pertinentes que garanticen el suministro de agua potable, la que no podrá suspenderse hasta tanto se cumpla las ordenes que se profieran de fondo en la respectiva Acción Popular.
SEGUNDA: Declarar la vulneración o puesta en peligro de los derechos colectivos de los (as) habitantes de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís.
TERCERA: Ordenar que las entidades accionadas, con arreglo a sus
competencias funcionales, adelanten en:
Un término no superior a TRES (3) MESES desde la comunicación del respectivo fallo, los trámites administrativos de ocupación de cauce y de concesión de aguas superficiales, necesarios para el uso del recurso hídrico captado con destino al consumo humano de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís.
Un término no superior a SEIS (6) MESES desde la obtención de los respectivos permisos para la ocupación de cauce y la concesión de aguas, adelanten o culminen con arreglo a sus competencias funcionales, las obras de infraestructura necesarias para prestar de manera continua y eficiente, el servicio de <> a los(as) habitantes de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís, en condiciones de calidad, continuidad y accesibilidad.
CUARTA: Ordenar instalar micro medición a los usuarios domésticos de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís, en los términos de la Ley 142/1994 y demás normas pertinentes.
CUARTA: Ordenar instalar micro medición a los usuarios domésticos de las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís, en los términos de la Ley 142/1994 y demás normas pertinentes.
QUINTA: Ordenar a la Superintendencia de servicios públicos domiciliarios adelantar las labores pertinentes y oportunas de control, inspección y vigilancia sobre el(los) prestador(es) del servicio público de agua en las veredas Caracolí,
Flor y Jagua Flor del área rural del municipio de San Luís, conforme loCalle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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establecido en la Ley 142 de 1994, tendientes a garantizar la calidad y continuidad de este”8.
Como fundamento de las anteriores peticiones, indicó que las veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor, ubicadas en el área rural del municipio de San Luis, no cuentan con el servicio de agua potable.
Reprochó que, a pesar de no contar con permiso para captar aguas de la Quebrada La Liga, el mencionado ente distribuye ese recurso hídrico sin tratamiento a la comunidad, utilizando la infraestructura del antiguo acueducto del Valle de San Juan, la cual, debido a su antigüedad y falta de mantenimiento oportuno, genera pérdidas del líquido y requiere acciones de recuperación o reemplazo.
Destacó que la disponibilidad de agua en la zona se ve agravada por la presión
Juan, la cual, debido a su antigüedad y falta de mantenimiento oportuno, genera pérdidas del líquido y requiere acciones de recuperación o reemplazo.
Destacó que la disponibilidad de agua en la zona se ve agravada por la presión sobre el recurso hídrico, derivada de los procesos de fraccionamiento de la propiedad rural contrarios al artículo 44 de la Ley 160 de 1994. Esto se debe a que se han realizado parcelaciones y subdivisiones prediales en suelo rural sin la previa emisión de las licencias urbanísticas requeridas, en contravención de lo establecido en el Decreto 1077 de 2015.
Expresó que lo anterior derivaba en la infracción de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y de los derechos de los usuarios de esa clase de servicios.
5.2.2. En ese contexto, es evidente para la Sala que en el presente asunto se discute la vulneración de los derechos colectivos derivada de la falta de suministro de agua potable en las Veredas Caracolí, Flor y Jagua Flor del área rural del Municipio de San Luis. Asimismo, se indicó como una de las causas de esa circunstancia, los procesos de fraccionamiento de la propiedad rural y las construcciones edificadas en esa área sin los debidos permisos, los cuales generan presión sobre el recurso hídrico.
Ello es relevante, pues pone en evidencia que las medidas cautelares no desbordan el objeto del litigio, ya que buscan: (i) que se adelanten los procesos policivos
presión sobre el recurso hídrico.
Ello es relevante, pues pone en evidencia que las medidas cautelares no desbordan el objeto del litigio, ya que buscan: (i) que se adelanten los procesos policivos
8 Visible a folios 26 y 27 del escrito de reforma.Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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correspondientes contra las construcciones edificadas sin licencia, y (ii) que se elabore un censo de las nuevas construcciones que solicitaron la disponibilidad del servicio público. Prueba de lo anterior, es que inclusive en la diligencia en la que éstas se decretaron el Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia afirmó:
“Entonces, vamos a verificar que efectivamente hay que ir a los tres puntos donde están ubicados los sitios específicos de la vereda y su marco vecinal. Trataremos de ir a el sitio de la boca toma y vamos a pedir allí a los compañeros delegados de la empres a de servicios públicos territorial y de la empresa de servicios públicos departamental para que los técnicos de ambas empresas nos brindan un informe detallado y formalizado de la manera como se toma el agua, se trata y se conduce a los hogares.
Con base en ese informe, nosotros vamos a tener más o menos claro de qué se trata realmente la deficiente prestación del servicio público de acueducto y si eventualmente está asociada la prestación del servicio público de alcantarillado. Por otro lado, nosotros ya tenemos detectado a partir de los planteamientos
se trata realmente la deficiente prestación del servicio público de acueducto y si eventualmente está asociada la prestación del servicio público de alcantarillado. Por otro lado, nosotros ya tenemos detectado a partir de los planteamientos formulados por el doctor Daniel Rubio en el sentido de que el loteo, la urbanización y la parcelación de los predios aledaños es lo que ha ocasionado realmente el colapso de la pre stación del servic io porque la empresa puede estar pensada para prestar el servicio en el marco urbano, pero al permitir que se construyan habitaciones en la cantidad que uno observa cuando va llegando es lo que ha extendido el problema, lo ha exacerbado al punto tal que hoy todo el mundo se siente obviamente con el derecho a partir del principio de confianza legítima para pedir la buena prestación del servicio de acueducto . Vamos a mirar si también el de alcantarillado, razón por la cual al final de la diligencia, cuando ya hayamos ido al punto más cercano o eventualmente aquí mismo en el marco del palacio municipal, tomaremos entonces una medida cautelar que hasta el momento parece necesaria, pero que vamos a comprobar”9 (Subrayas de la Sala).
Por ende, es evidente que las medidas cautelares sí se enmarcaron en el objeto de la litis, de modo que el cargo no prospera.
5.2.3. De otro lado, deberá verificarse si el Tribunal extralimitó sus competencias al ordenar a título de medida cautelar que un Municipio adelante el trámite policivo sancionatorio contra todos los infractores que realizan construcciones sin cumplir los requisitos legales y elabor e un censo de las obras urbanísticas que han solicitado la extensión del servicio público, si en su criterio dichas medidas afectan los derechos al mínimo vital y al trabajo de las comunidades involucradas en ese
los requisitos legales y elabor e un censo de las obras urbanísticas que han solicitado la extensión del servicio público, si en su criterio dichas medidas afectan los derechos al mínimo vital y al trabajo de las comunidades involucradas en ese desarrollo urbanístico.
Al respecto, es preciso señalar que el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, determina
9 Visible a índice 16 de Sistema de Gestión SAMAI.Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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que, en trámites de acciones populares, el Juez podrá adoptar las medidas que estime pertinentes para prevenir un daño eminente o para cesar el daño que se hubiere causado.
La norma en cuestión es del siguiente tenor:
“Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. En particular, podrá decretar las siguientes:
a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando; b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado;
daño, que lo hayan causado o lo sigan ocasionando; b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de cualquiera de las anteriores medidas previas; d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las medias urgentes a tomar para mitigarlo.
Parágrafo 1o. El decreto y práctica de las medidas previas no suspenderá el curso del proceso.
Parágrafo 2o. Cuando se trate de una amenaza por razón de una omisión atribuida a una autoridad o persona particular, el juez deberá ordenar el cumplimiento inmediato de la acción que fuere necesaria, para lo cual otorgará un término perentorio. Si el peligro es inmine nte podrá ordenar que el acto, la obra o la acción la ejecute el actor o la comunidad amenazada, a costa del demandado” (Subrayas de la Sala).
Así las cosas, es claro que el a quo no desbordó sus competencias al decretar las medidas objeto de debate, ya que el artículo 25 de la Ley 472 de 1998, lo habilitaba a adoptar las medidas que considerara pertinentes para prevenir o cesar la vulneración de los derechos colectivos.
Ahora, a pesar de que se señaló que las mencionadas medidas podían vulnerar los derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo de las comunidades involucradas en la construcción de las obras urbanísticas, dicha afirmación no fue probada. En consecuencia, se incumplió el deber establecido en el artículo 167 del
derechos fundamentales al mínimo vital y al trabajo de las comunidades involucradas en la construcción de las obras urbanísticas, dicha afirmación no fue probada. En consecuencia, se incumplió el deber establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso 10, según el cual las partes deben acreditar los supuestos de hecho que sustentan el efecto jurídico que pretenden.
10“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co
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Por ende, el cargo no prospera.
5.2.4. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida por las razones antes expuestas.
SEGUNDO: En firme esta decisión, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 2 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejero de Estado
la Sala en la sesión del 2 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Presidenta Consejero de Estado Consejero de Estado
El presente auto fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.”