CE - Auto interlocutorio 73001233300020240011901

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 73001233300020240011901
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

Demandada: Daniela Forero Vargas Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicado: 73001-23-33-000-2024-00119-01

Demandante: CARLOS ANDRÉS MENDOZA OLAYA

Demandada: DANIELA FORERO VARGAS – DECANA DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, SALUD Y

EDUCACIÓN DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE

FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL «ITFIP»

Temas: Pruebas en segunda instancia y nulidad procesal

AUTO

Cumplido el proveído del 22 de abril de 20251, a través del cual se admitió el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia del 13 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima que negó las pretensiones de la demanda, el despacho observa que la parte actora en los dos2 escritos con los que soportó su recurso de apelación, solicitó: i) la valoración de pruebas en segunda instancia y, ii) el estudio de una nulidad procesal.

de la demanda, el despacho observa que la parte actora en los dos2 escritos con los que soportó su recurso de apelación, solicitó: i) la valoración de pruebas en segunda instancia y, ii) el estudio de una nulidad procesal.

Frente al primer punto, subdividió el reparo en dos argumentos a saber: de un lado indicó que debían valorarse varias documentales en la alzada, y de otro, cuestionó que era una obligación del juez decretar medios demostrativos de oficio a efectos de buscar la verdad procesal, situación que según dice, pasó por alto el a quo.

Respecto del primer escenario, pidió la valoración de3:

1.- CERTIFICACION emitida por COMFATOLIMA que da cuenta de vinculación de tiempo completo para parte del periodo que le certifica CORPCREAR, y que reposa en el expediente desde que se descorrió el traslado de contestación de la demanda. 2.- Certificaciones emitidas por el ITFIP que da cuenta de las vinculaciones de la demandada DANIELA FORERO GARCIA, que al igual allegué al momento en que se me descorrió la contestación de la demanda por los demandados 3.- Copia de las Resoluciones como docente ocasional tiempo completo4.

1 Anotación 6 de la sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI. 2 Un primer memorial fue radicado el 21 de febrero de 2025 y un segundo escrito denominado como «complementario» allegado el 28 de dicho mes y año. Índices SAMAI números 58 y 61. 3 Citó las tres que refirió en el acápite que él denominó de pruebas, aportó una captura de pantalla en la página 3 del primer escrito de apelación y allegó las documentales referidas en el índice SAMAI número 59 del expediente del Tribunal

3 Citó las tres que refirió en el acápite que él denominó de pruebas, aportó una captura de pantalla en la página 3 del primer escrito de apelación y allegó las documentales referidas en el índice SAMAI número 59 del expediente del Tribunal Administrativo del Tolima. 4 Sic a toda la cita.Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

Demandada: Daniela Forero Vargas Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

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Para soportar lo anterior, manifestó respecto del numeral uno que ésta fue aportada «en el escrito de traslado de las excepciones de los demandados »; sin embargo, comentó que el tribunal la negó por haber sido aportada en forma extemporánea, frente a lo cual manifestó en su escrito de apelación:

¿entonces me pregunto en qué momento, podía oponerme a las excepciones y aportar pruebas frente a lo dicho por los demandados? (…) Entonces para que la norma indica que se me haga un traslado de la contestación de la demanda; ¿qué finalidad tenía?, honorab les magistrados Aquem, si se me da traslado de las excepciones, debió tener en cuenta mi pronunciamiento, la adjunción que hice de pruebas documentales, y la solicitud de mis pruebas que pedí de oficio, así como la solicitud de otras encaminadas a reforzar la tesis planteada, (…)

fue una prueba aportada en un tiempo y estadio procesal, que no podía desconocerse, si realmente estaba interesado el togado, en descubrir la verdad

solicitud de otras encaminadas a reforzar la tesis planteada, (…)

fue una prueba aportada en un tiempo y estadio procesal, que no podía desconocerse, si realmente estaba interesado el togado, en descubrir la verdad verdadera, resaltándose que el aporte de la prueba documental, se realizó, en cumplimiento el Numeral 10 de l artículo 180 del CPACA. Para mejor ilustración, me permito adjuntar, imagen de la certificación para que se tenga presente en esta segunda instancia, por parte del Honorable Consejo de Estado, donde un superior revisa lo actuado por un magistrado en primera instancia.

Específicamente, el artículo 228 del CPACA establece que "en el recurso de apelación se podrán aducir nuevas pruebas", siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos.

1. La prueba debe ser fundamental: Es decir, debe ser una prueba que, de haber sido considerada en primera instancia, habría podido cambiar el sentido de la decisión. 2.

La prueba no pudo ser aportada en primera instancia: Esto puede deberse a diferentes razones, como, por ejemplo, que la prueba no existía en ese momento, que la parte no tenía conocimiento de su existencia, o que la parte se encontraba en una situación de imposibilidad para aportarla. 3. La prueba debe ser aportada dentro de los términos legales: El recurso de apelación debe ser interpuesto dentro de los términos establecidos en la ley, y la prueba debe ser aportada junto con el recurso o dentro del término que el juez conceda para ello.

El artículo 212 del CPACA establece que en segunda instancia se pueden decretar pruebas cuando no se hayan podido aportar en primera instancia por razones justificadas o cuando sean indispensables para adoptar una decisión en

dentro del término que el juez conceda para ello.

El artículo 212 del CPACA establece que en segunda instancia se pueden decretar pruebas cuando no se hayan podido aportar en primera instancia por razones justificadas o cuando sean indispensables para adoptar una decisión en derecho. En este caso, la prueba aportada cumple con estos requisitos, por lo que su decreto y reconocimiento resulta procedente y necesario. (…) Si lo que es viable, es la declaratoria de nulidad parcial del proceso, desde que se determinó que el proceso iba por sentencia anticipada y se niega la práctica de las pruebas del demandante, el suscrito SOLICITA sea decretada en segunda instancia

Como segundo reparo, indicó que el Tribunal Administrativo del Tolima debió decretar pruebas de oficio con el objeto de esclarecer los hechos objeto de controversia; sin embargo, dijo que ese juzgador negó el pedimento al considerar que esa facultad no podía ser utilizada para sanear las desidias probatorias de la parte actora, a lo cual acotó:

La decisión del honorable magistrado ponente, de dictar sentencia anticipada, sin permitir la práctica de las pruebas solicitadas constituye una actuación que desconoce el principio de ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD MATERIAL, el cual debe prevalecer en los procesos de nulidad electoral, especialmente cuando existen serios indicios de corrupción en el acto administrativo demandado. Falta de motivaciónDemandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

Demandada: Daniela Forero Vargas Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

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suficiente en la negativa de pruebas El despacho no expuso razones jurídicas suficientes para negar la práctica de las pruebas solicitadas, lo que vulnera el principio de MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES JUDICIALES. La Corte Constitucional 5 y el Consejo de Estado 6 han reiterado que las decisiones que afectan derechos fundamentales deben estar debidamente motivadas, pues de lo contrario incurren en arbitrariedad. (…) La omisión de su valoración vulnera los principios de debido proceso y derecho a la defensa, ya que se trata de una prueba idónea y relevante para establecer la ilegalidad del acto administrativo demandado. Su no consideración impidió que el despacho analizara de manera integral los hechos denunciados, lo que incidió en el fallo adverso.

A partir de lo relatado, soportó el reparo de nulidad procesal, con base en los siguientes argumentos:

[Este] fallo que en mi criterio tiene vicios de procedimiento en la medida que se cambia de Magistrado Ponente no se me justifica y se encuentra que el magistrado que lo asume, emite un auto que niega la práctica de las pruebas por mi solicitadas, que le darían certeza para un fallo en derecho y como complemento de ello decide enviar el proceso a SENTENCIA ANTICIPADA7. (…)

Dado que las pruebas solicitadas eran determinantes y su negativa no fue debidamente sustentada, considero además de todo lo que se ha venido argumentando, que se configura una causal de nulidad procesal por violación del

Dado que las pruebas solicitadas eran determinantes y su negativa no fue debidamente sustentada, considero además de todo lo que se ha venido argumentando, que se configura una causal de nulidad procesal por violación del derecho a la prueba (artículo 133 del CPACA), y violación constitucional del debido proceso; lo que amerita la revisión de la sentencia y la reposición de la etapa probatoria

Vulneración al debido proceso y derecho de defensa El honorable magistrado ponente, al no decretar las pruebas solicitadas que resultaban esenciales para demostrar la ilegalidad del nombramiento, restringió indebidamente mi derecho de defensa y al debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política de Colombia). El derecho probatorio es un componente fundamental de la garantía procesal, y su restricción injustificada constituye una afectación grave a la tutela judicial efectiva.

Posible nulidad procesal por violación del derecho a la prueba. Dado que las pruebas solicitadas eran determinantes y fueron negadas sin justificación suficiente, se configura una causal de nulidad procesal por violación del derecho a la prueba, lo que amerita la revisión de la sentencia y la reposición de la etapa probatoria para garantizar el derecho de defensa y contradicción8.

Decantado lo anterior, se procede a resolver las solicitudes.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El despacho es competente para pronunciarse frente a la solicitud de pruebas en segunda instancia y la nulidad procesal alegada, de conformidad con lo establecido

5 Citó las siguientes: «Sentencias T – 264 de 2013, SU 129 de 2021 y C-335 de 2008».

segunda instancia y la nulidad procesal alegada, de conformidad con lo establecido

5 Citó las siguientes: «Sentencias T – 264 de 2013, SU 129 de 2021 y C-335 de 2008». 6 Citó las siguientes: « Consejo de Estado, sentencia de la Sección Quinta, Radicado 11001 -03-28-000-2011-00009-00, de 2011, sentencia de la Sección Tercera, Radicado 25000-23-26-000-2001-00045-01 (2006)». 7 Argumentación presentada en el escrito que denominó: «escrito complementario», compuesto por 5 páginas. 8 Argumentación presentada en el escrito que denominó: «recurso de apelación», compuesto por 23 páginas.Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

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en el numeral 3 del artículo 1259 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021.

2. La solicitud de pruebas en segunda instancia

En tratándose de pruebas en segunda instancia en los procesos de competencia del juez de lo contencioso administrativo, esta Sección 10 ha destacado su procedencia excepcional, sujeta a tres presupuestos explicados de la siguiente manera:

En atención a los linderos trazados por el legislador resulta diáfano que la etapa probatoria en segunda instancia es un período excepcional en el que deben evaluarse tres presupuestos que determinan la prosperidad de la solicitud, por un lado, (i) uno

manera:

En atención a los linderos trazados por el legislador resulta diáfano que la etapa probatoria en segunda instancia es un período excepcional en el que deben evaluarse tres presupuestos que determinan la prosperidad de la solicitud, por un lado, (i) uno de carácter procesal, como es el de la oportunidad en la presentación de la petición como requisito extrínseco de la prueba y, que por regla general, al incumplirse afecta la viabilidad de la postulación e impide al operador jurídico recabar en el análisis y, por otra parte, dos de tipo sustancial: (ii) la observancia de los requisitos intrínsecos de la prueba, que requiere que el medio probatorio supere el estudio de la pertinencia, la conducencia y la utilidad y; (iii) el encuadramiento del requerimiento en alguna de las causales consagradas en el artículo 212 del CPACA.

Particularmente, sobre las causales se ha hecho énfasis 11 en que la solicitud de pruebas, so pena de su rechazo debe encuadrar en alguno de los cinco supuestos del artículo 212 del CPACA:

ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. (…) En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. Cuando

los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

Acorde con la norma transcrita, la posibilidad de decretar pruebas en segunda

9 De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…) 3. Será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja. 10 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 2 de junio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

10 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 2 de junio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2020-00006-01, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 11 Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 8 de abril de 2021, Rad. 54001-23-33-000-2019-00329-01 (2019-0032700, 2019-00328-00, 2019-00330-00 Y 2019-00368), consejero ponente Luis Alberto Álvarez Parra.Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

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instancia está condicionada por los requisitos de: i) oportunidad, que corresponde al término de ejecutoria del auto que admite el recurso y, ii) procedencia, conforme al cual dicha petición debe adecuarse a las hipótesis legales que justifican su decreto excepcional en un momento distinto al inicialmente previsto en las reglas que gobiernan el proceso.

En armonía con ese carácter restrictivo de las hipótesis que establece la norma, la Sala Electoral ha advertido que la posibilidad de suscitar un nuevo debate probatorio que previó el legislador en el marco de la apelación no fue diseñada para completar ni revivir lo que debió presentarse de forma completa en la primera instancia12, como tampoco tiene por objeto subsanar yerros, omisiones o la conducta pasiva de las partes13.

3. Las nulidades procesales

ni revivir lo que debió presentarse de forma completa en la primera instancia12, como tampoco tiene por objeto subsanar yerros, omisiones o la conducta pasiva de las partes13.

3. Las nulidades procesales

Las nulidades son irregularidades sustanciales que se presentan en el marco de un proceso que vulneran el debido proceso y que, por su gravedad, el legislador –y excepcionalmente el constituyente– les ha atribuido la consecuencia de invalidar las actuaciones surtidas. De modo que, a través de su declaración, se controla la validez de la actuación procesal y se asegura a las partes el derecho constitucional al debido proceso14.

En materia contenciosa electoral, el artículo 284 15 del CPACA preceptúa que las nulidades de carácter procesal se rigen por lo dispuesto para el proceso ordinario en el artículo 207 de la citada codificación. Así mismo, el artículo 293 ibidem, en complemento y concreción de lo anterior, preceptúa que en el trámite de la segunda instancia no se podrán proponer hechos constitutivos de nulidad que debieron ser alegados en primera instancia, salvo la falta de competencia funcional y la indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su representarte , de acuerdo con el numeral 5 de dicho precepto.

En relación con las causales, el artículo 208 ibidem remite a las contempladas en el Código General del Proceso, estatuto que en su artículo 133 las relaciona, así:

Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

12 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 2 de junio de 2021, Rad. 19001-23-33-002-2020-00084-01, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 13 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 29 de abril de 2021, Rad. 13001-23-33-000-2020-00018-01, consejera ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. 14 Corte Constitucional, Sentencia T-125 de 23 del febrero de 2010, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 15 Nulidades. Las nulidades de carácter procesal se regirán por lo dispuesto en el artículo 207 de este Código. La formulación extemporánea de nulidades se rechazará de plano y se tendrá como conducta dilatoria del proceso. Contra el auto que rechaza de plano una nulidad procesal no habrá recursos.Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

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2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de

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2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

En punto a estos supuestos, tanto la jurisdicción contenciosa administrativa como la ordinaria, coinciden en precisar que dichas causales de nulidad están revestidas por el criterio de especificidad, conforme al cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad sin ley que expresamente la establezca16.

la ordinaria, coinciden en precisar que dichas causales de nulidad están revestidas por el criterio de especificidad, conforme al cual no hay defecto capaz de estructurar nulidad sin ley que expresamente la establezca16.

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha precisado que la taxatividad propia de las causales de nulidad «evita la proliferación de incidentes de nulidad, sin fundamento alguno, y se contribuye a la tramitación regular y a la celeridad de las actuaciones judiciales, lo cual realiza el postulado del debido proceso, sin dilaciones injustificadas»17.

En armonía con lo anterior, la Sala Electoral, en punto de la taxatividad de las nulidades procesales, ha entendido lo siguiente:

En materia contenciosa electoral, el artículo 284 de la ley 1437 de 2011 preceptúa que las nulidades de carácter procesal se rigen por lo dispuesto para el proceso ordinario en el artículo 207 de la citada codificación. En relación con las causales de nulidad, el artículo 208 del CPACA señala que se tendrán como tales, aquellas contempladas en el Código General del Proceso [artículo 133]. (…) dichas causales de nulidad están revestidas por el criterio de especificidad, conforme al cual se adopta

16 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 24 de enero de 2019, Rad. 73001310300120090000101 (SC-0042019). 17 Corte Constitucional, Sentencia C – 491 del 2 de noviembre de 1995, MP Antonio Barrera Carbonell.Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

Demandada: Daniela Forero Vargas Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

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el postulado francés pas de nullité sans texte , esto es, que no hay defecto capaz de estructurar nulidad sin ley que expresamente la establezca18.

Ahora bien, en el contencioso electoral y más exactamente en el trámite de la segunda instancia, el legislador se decantó por establecer reglas claras, céleres que evitaran dilaciones injustificadas y atendiera los presupuestos de taxatividad y especificidad ya explicados. Conforme a ello, el numeral 5 del artículo 293 citado en precedencia, se establecieron dos supuestos para edificar y proponer una solicitud de nulidad ; por un lado, la falta de competencia funcional, entendido por la jurisprudencia de la siguiente manera19:

Huelga aclarar que la nulidad por falta de competencia funcional no solo se configura a partir del desconocimiento del Juez competente, conforme con la estructura vertical en que está distribuida la Jurisdicción, sino también, cuando se contravienen las reglas que prescriben, para los Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado, si es la sala de decisión o el magistrado ponente a quien le está atribuida la facultad de proferir determinadas decisiones

De otro lado, se estableció como causal de nulidad en segunda instancia la indebida notificación del auto admisorio de la demanda, el cual ha sido razonado en los siguientes términos:

21. La notificación del auto admisorio de la demanda constituye un acto procesal que

notificación del auto admisorio de la demanda, el cual ha sido razonado en los siguientes términos:

21. La notificación del auto admisorio de la demanda constituye un acto procesal que permite la garantía de los derechos fundamentales a la defensa, contradicción y publicidad, en la medida en que a través de ella se pone en conocimiento de la contraparte el inicio de la actuación judicial, permitiéndole a partir de su enteramiento, la posibilidad real y efectiva de controvertir las pretensiones de la parte actora presentando al juez las consideraciones de defensa y el apoyo probatorio que pretende hacer valer en defensa de sus intereses.

(…)

23. Cabe recordar que las nulidades procesales, en consideración a los efectos que las mismas tienen frente al desarrollo del proceso, se rigen por los principios de taxatividad e interpretación restrictiva, razón por la cual, sólo la constituyen aquellas fijadas por el legislador expresamente, así como, al momento de su aplicación, se acude a los eventos que la norma incluye, sin realizar a nalogías o aplicaciones extensivas.

Sobre esta base, el juzgador de la causa debe en consecuencia, verificar si las solicitudes propuestas, cuyo origen es una nulidad procesal, cumple efectivamente con lo descrito por el legislador, con lo cual deberá aplicar las consecuencias jurídicas que haya dispuesto la norma respectiva.

Con todo, en estricto sentido debe decirse que no solo la ley contempla supuestos de nulidad en nuestro ordenamiento jurídico, pues también se ha reconocido que

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, auto del 30 de

de nulidad en nuestro ordenamiento jurídico, pues también se ha reconocido que

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP Luis Alberto Álvarez Parra, auto del 30 de abril de 2021, radicación : 11001-03-28-000-2019-00094-00. Y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, MP Rocío Araújo Oñate, auto del 27 de agosto de 2020, radicación: 52001-23-33-000-2019-00629-01. 19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Auto del 7 de mayo de 2014. Rad. 47001-23-33-000-2013-00147-01.Demandante: Carlos Andrés Mendoza Olaya

Demandada: Daniela Forero Vargas Rad: 73001-23-33-000-2024-00119-01

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existen hipótesis supralegales o constitucionales que pueden tener dicha consecuencia de purgar la legalidad del trámite procesal surtido. Precisamente, un claro ejemplo de esto lo encontramos en el artículo 29 Superior que establece que: «Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».

Sobre esta regla de exclusión probatoria, la Corte Constitucional en sentencia SU – 159 de 2002, precisó que, dicho aparte, «establece el remedio constitucional para evitar que los derechos de quienes participan en actuaciones judiciales o

Sobre esta regla de exclusión probatoria, la Corte Constitucional en sentencia SU – 159 de 2002, precisó que, dicho aparte, «establece el remedio constitucional para evitar que los derechos de quienes participan en actuaciones judiciales o administrativas, sean afectados por la admisión de pruebas practicadas de manera contraria al debido proceso». Así mismo, sobre las condiciones de aplicación de esa regla, indicó que la sanción constitucional contenida en el inciso final del artículo 29 opera «de pleno derecho» y cobija a cualquier prueba.

En este orden, la Corte Constitucional ha dicho que de la previsión constitucional en comento nace la necesidad de preservar las siguientes garantías mínimas en materia probatoria20:

(i) el derecho para presentarlas y solicitarlas, (ii) el derecho para controvertir las pruebas que se presenten en su contra, (iii) el derecho a la publicidad de la prueba, pues de esta manera se asegura el derecho de contradicción, (iv) el derecho a la regularidad de la prueba, esto es, observando las reglas del debido proceso, siendo nula de pleno derecho la obtenida con violación de éste, (v) el derecho a que de oficio se practiquen las pruebas que resulten necesarias para asegurar el principio de realización y efectividad de los derechos (arts. 2 y 228) y (vi) el derecho a que se evalúen por el juzgador las pruebas incorporadas al proceso.

Justamente, como consecuencia de ese esfuerzo de la Corte Constitucional tendiente a delimitar el alcance de la norma constitucional en comento, es que el Consejo de Estado, de forma congruente y armónica, ha sido enfático en llamar la

Justamente, como consecuencia de ese esfuerzo de la Corte Constitucional tendiente a delimitar el alcance de la norma constitucional en comento, es que el Consejo de Estado, de forma congruente y armónica, ha sido enfático en llamar la atención en punto a que el artículo 29 Superior no se puede convertir en una cláusula que otorga carta abierta para erigir nulidades sobre el derecho fundamental al debido proceso21:

Al respecto estima la Sala que aceptar la invocación genérica de la transgresión al debido proceso como causal de nulidad procesal implicaría precisamente el efecto indeseado por el legislador, en tanto cualquier irregularidad procesal podría plantearse co mo vicio capaz de afectar la validez del trámite procesal. En esas condiciones, la S

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