CE - Sentencia 11001031500020230517701

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Título
CE - Sentencia 11001031500020230517701
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticinco (2025) Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Demandante: Gustavo Tafur Márquez Demandado: Karina Espinosa Oliver Referencia: Pérdida de investidura Tema: Pérdida de investidura. Violación de los topes máximos de financiación, inciso séptimo del artículo 109 de la Constitución Política y artículo 23 de la Ley 1475 de 2011. Niega. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Comoquiera que el proyecto de fallo presentado por el magistrado Alberto Montaña Plata fue derrotado en la sesión del día 4 de marzo de 2025, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 9 de febrero de 2024, proferida por la Sala Veinticuatro Especial de Decisión de Pérdida de Investidura1 en el proceso adelantado en contra de la senadora Karina Espinosa Oliver. I. ANTECEDENTES Demanda de pérdida de investidura 1. El señor Gustavo Tafur Márquez presentó demanda de pérdida de investidura contra la senadora Karina Espinosa Oliver, en la que invocó «la causal de violación de los topes máximos de financiación enunciada en el artículo 109 de la Constitución». 2. Para fundamentar la solicitud indicó que la suma fijada como el límite para gastos de campaña para el Senado de la República en las elecciones del 2022, fue de $96.215.827.231 conforme lo establecido en la Resolución 227 de 2021 del

de la Constitución». 2. Para fundamentar la solicitud indicó que la suma fijada como el límite para gastos de campaña para el Senado de la República en las elecciones del 2022, fue de $96.215.827.231 conforme lo establecido en la Resolución 227 de 2021 del Consejo Nacional Electoral, de manera que el límite máximo de gasto para cada candidato al senado por el Partido Liberal debía ser de $962.158.272,31, teniendo en cuenta que fueron 100 los que conformaron la lista. A su vez, adujo que, a la luz del artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, el límite de ingreso por concepto de donaciones era el 10% de la aludida cifra, esto es, $96.215.825. 3. En este contexto, puso de presente que en el informe de los gastos de campaña de la demandada se reportó un gasto total de $773.349.300 y, entre otros, dos ingresos 1 Integrada por los magistrados Jorge Edison Portocarrero Banguera, Germán Eduardo Osorio Cifuentes, William Barrera Muñoz, Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Pedro Pablo Vanegas Gil.2 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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provenientes del Partido Liberal Colombiano: uno registrado como crédito por la suma de $100.000.000 y otro registrado como donación por $70.000.000. A su juicio, la operación de crédito fue una donación porque no fue registrado como tal en la contabilidad del partido, a lo que se suma que la referida organización política no cuenta con habilitación legal para otorgar préstamos a sus candidatos. En este sentido, el demandante sostuvo que el crédito fue en realidad una donación, situación que da lugar a la vulneración de los límites de financiación de las campañas. 4. Para fundamentar este cargo, el demandante señaló: - En los estados financieros del Partido Liberal Colombiano del año 2022 no se encuentra registrado el crédito por $ 100.000.000 en favor de la señora Espinosa Oliver, pues, en ese documento contable, solo se reportó una cuenta por cobrar por 52.039.000, suma inferior al dinero prestado a la demandada. - En la nota de contabilidad de los estados financieros del partido tampoco se encuentra relacionado el crédito en favor de la demandada, lo que, en su criterio, indica que en realidad dicho movimiento fue una donación. 5. Siendo así, consideró que la campaña de la senadora Espinosa Oliver recibió dos donaciones del Partido Liberal Colombiano por la suma total de $170.000.000, sobrepasando el tope máximo de financiación por concepto de donaciones establecido en los artículos 23 y 26 de la Ley 1475 de 2011, lo que se traduce en la ocurrencia de la causal de pérdida de investidura prevista en el inciso 7 del artículo 109 de la Constitución Política. Contestación de la demanda 6.

La senadora acusada se opuso a las pretensiones de la demanda porque considera que no existe ninguna norma que impida a los partidos políticos realizar préstamos a sus candidatos. Sostuvo que el crédito otorgado por el valor de $100.000.000 fue registrado en el informe de ingresos y gastos del partido, además de haberse reportado como acreencia, de manera que carece de fundamento la afirmación, según la cual, la operación no fue más que una simulación. 7. Puso de presente que, sobre la operación cuestionada, existe un comprobante de egreso por parte del partido, una nota de contabilidad, un <<cheque>>, el formulario de conocimiento de donantes y aportantes y el recibo de pago de la obligación. Estos documentos, en su criterio, prueban la existencia del crédito y permiten establecer que no incurrió en la causal de pérdida de investidura que alega el demandante. Trámite en primera instancia 8. El 19 de octubre de 2023, el magistrado sustanciador de primera instancia decretó como pruebas los documentos aportados por el accionante en la demanda y los allegados por la senadora Espinosa Oliver en la contestación. A su vez, ordenó al Partido Liberal Colombiano que, con destino al expediente, remitiera lo siguiente:3 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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  • Las notas de contabilidad de los estados financieros de ese partido político, correspondientes al año 2022. - Los nombres de los candidatos de ese partido, con cortes a 31 de marzo y 31 de diciembre de 2022, que aparezcan como sus deudores por concepto de créditos. - Listado de los nombres de los candidatos avalados por ese partido político a los que les otorgó crédito para financiar la campaña electoral al Senado de la República de las elecciones realizadas en 2022 y aportar copia del documento que los soporta y el valor de cada uno. - Balance de prueba (en formato Excel) del partido de enero a diciembre de 2022 a nivel auxiliar (de 8 dígitos). 9. También solicitó al Consejo Nacional Electoral - Fondo Nacional de Financiamiento Político, remitir copia de las resoluciones y comprobantes de pago por concepto de reposición de votos de los candidatos al Senado de la República por el Partido Liberal Colombiano, correspondientes a las elecciones celebradas en 2022. 10. El 31 de enero de 2024, se llevó a cabo la audiencia pública que ordena realizar la Ley 1881 de 2018. En ella, en síntesis, las partes reiteraron sus argumentos. Por su parte, el Ministerio Público pidió que se negara la solicitud de pérdida de investidura bajo la consideración, según la cual, el demandante no logró demostrar que el crédito que realizó el Partido Liberal a la campaña de la acusada fuese una donación, por lo que no se configuró la causal invocada. II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 11. La Sala Veinticuatro

Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esta corporación, mediante sentencia del 9 de febrero de 2024 negó las pretensiones de la demanda. El sustento de la decisión descansó en que no se logró demostrar que el crédito de $100.000.000, otorgado por el Partido Liberal a la demandada, fuese una donación. 12. En este orden, explicó que las pruebas aportadas al proceso permitían establecer que el referido ingreso sí consistió en un crédito porque (i) así fue reportado en los gastos de campaña, (ii) en la nota de contabilidad del partido se advertía de una transacción marcada como préstamo a favor de la entonces candidata Karina Espinosa Oliver, (iii) en el registro de la cuenta se realizó una inscripción como «préstamo» y, además, (iv) se demostró que la senadora demandada pagó la suma de $100.000.000 al Partido Liberal y éste emitió el paz y salvo correspondiente. 13. De lo anterior se concluyó que no se incurrió en la causal de pérdida de investidura de violación de los topes máximos de financiación consagrado en el artículo 109 de la Constitución Política; esto, por cuanto los gastos de campaña de la senadora fueron de $773.349.300 y el tope máximo de gasto era de $962.158.272,31. Así mismo, se estableció que tampoco se superó el límite legal de la financiación privada, pues la única donación probada fue la reportada por la misma campaña por la suma de $70.000.000, cuantía que no sobrepasó el 10% permitido por la ley, equivalente a $96.215.8274 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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III. RECURSO DE APELACIÓN 14. El demandante interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que la sentencia de primer grado incurrió en «defecto sustantivo y fáctico». Respecto del primer cargo, afirmó que en la decisión de instancia se fijó de manera equivocada el problema jurídico, habida cuenta que «nunca se insinuó que la senadora haya violado los topes máximos de financiación de la campaña, lo que el accionante argument[ó] y sustent[ó] con pruebas fue que una de las FUENTES de financiación fue infringida para el caso concreto de las donaciones». En ese sentido, sostuvo que la discusión propuesta gira en torno a la violación de las reglas previstas para las fuentes de financiación y no a los topes de gastos. 15. En segundo lugar, en relación con el «defecto fáctico», el apelante señaló que la valoración probatoria realizada en la decisión de primera instancia no se ajustó a las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia; en especial, considera que se desconocieron lo parámetros establecidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 1314 de 2009 y los artículos 1, 5 y 14 del Decreto 2650 de 1993. En este orden, aduce que se cometieron los siguientes yerros en la valoración del acervo probatorio: (i) Se desconoció que en los estados financieros del partido para el año 2022 solo se anotó como cuenta por cobrar la suma de $52.039.000, cantidad inferior al crédito otorgado a la demandada. La ausencia de este registro es un indicio de que a la demandada se le donó el dinero. (ii) Que no se debe tener en cuenta la aclaración dada por el partido en su nota explicativa de los estados financieros de que no existe un riesgo crediticio en relación con los préstamos otorgados a sus candidatos al Congreso de la República porque esa determinación desconoce

demandada se le donó el dinero. (ii) Que no se debe tener en cuenta la aclaración dada por el partido en su nota explicativa de los estados financieros de que no existe un riesgo crediticio en relación con los préstamos otorgados a sus candidatos al Congreso de la República porque esa determinación desconoce la Sección 27 de las NIIF para Pymes. El demandante sostiene que, de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, el Partido Liberal realizó créditos a sus diferentes candidatos por la suma de $ 1.580.000.000 y que esa elevada cantidad de dinero representa un riesgo que debía ser registrado en los estados financieros de la colectividad. Afirma que, de conformidad con el marco normativo que regula las notas de contabilidad en Colombia, la colectividad tiene que revelar las cuentas por cobrar, las cuales deben ser reportadas de manera desagregada. Por ende, considera que no se debió aceptar la explicación dada por la contadora del Partido Liberal Colombiano, en la que aclaró que los créditos a los candidatos al Congreso de la República no fueron tenidos en cuenta en los estados financieros de 2022 porque las normas contables permitían no registrarlos al no ser considerados como un riesgo crediticio alto. En sentir del demandante, no se debe aceptar la anterior explicación porque es contraria a las normas de contabilidad establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 2420 de 2015. (iii) Puso de presente que en el fallo de primera instancia no se tuvo en cuenta que en la nota de contabilidad interna C-14-39 el crédito otorgado a la demandada fue registrado con el detalle «CC-39», mientras que el contrato de crédito suscrito por el partido con la señora Espinosa Oliver corresponde al «CC-23» del 21 de febrero de 2022. En su criterio la anterior inconsistencia demuestra que en realidad existieron 2 transferencias a la5 Radicación:

mientras que el contrato de crédito suscrito por el partido con la señora Espinosa Oliver corresponde al «CC-23» del 21 de febrero de 2022. En su criterio la anterior inconsistencia demuestra que en realidad existieron 2 transferencias a la5 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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demandada, cada una por la suma de cien millones, y que estas operaciones fueron en realidad donaciones. (iv) Finalmente, adujo que, en el formulario de Bancolombia, por medio del cual se tramitó una transferencia de $100.000.000 por parte del Partido Liberal a la demandada, se denomina «formulario de donantes y aportantes», lo que, a su juicio, indica que esa transacción fue una donación dado que el formato no se encuentra destinado al trámite de créditos. Oposición al recurso de apelación 16. La parte demandada se opuso al recurso de apelación y reiteró que del acervo probatorio que obra en el expediente se puede evidenciar que recibió un crédito por el valor de $100.000.000 por parte del Partido Liberal Colombiano. Por ende, considera que no le asiste razón al actor al insistir que el mencionado préstamo fue en realidad una donación. 17. Por otra parte, sostuvo que la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda solo se configura por violación del tope de gasto y no por el desconocimiento de los límites a la financiación privada. En este sentido, adujo que está probado que la campaña no superó el tope de gasto permitido, por lo que debe confirmarse la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Intervención del Ministerio Público 18. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la decisión de primera instancia. En su criterio, no se configura la causal de pérdida de investidura invocada porque está plenamente probada la naturaleza del crédito y, además, sostuvo que los reproches que realizó el demandante en el recurso de apelación sobre el registro contable del partido no se le puede atribuir a la senadora demandada. IV. CONSIDERACIONES Competencia 19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado

además, sostuvo que los reproches que realizó el demandante en el recurso de apelación sobre el registro contable del partido no se le puede atribuir a la senadora demandada. IV. CONSIDERACIONES Competencia 19. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la solicitud de pérdida de investidura de la senadora de la República acusada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 184 y 237 numeral 5 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 2 y 14 de la Ley 1881 de 2018, artículo 37 numeral 7 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 6 del artículo 111 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Problemas jurídicos6 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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20. Atendiendo los reparos que sustentan el recurso de apelación, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado se fijan en los siguientes términos: • ¿En la decisión de primera instancia se interpretaron inadecuadamente los argumentos de la demanda, por cuanto el actor no alegó como causal de la pérdida de investidura de la senadora Espinosa Oliver el desconocimiento del tope de gasto máximo de la campaña, sino la violación del límite de financiación privada? • ¿La sentencia de primer grado incurrió en una errada valoración de las pruebas aportadas al proceso, que según el actor permiten evidenciar que el crédito otorgado por el Partido Liberal fue en realidad una donación que superó el máximo legal permitido para este tipo de fuentes de financiación, dando paso a la configuración de causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 109 de la Constitución Política? 21. Para abordar los problemas jurídicos planteados se estima necesario reparar en la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 109 de la Constitución Política con el objeto de determinar su configuración, sea por el desconocimiento del monto máximo de gasto de la campaña, establecido en el artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, o por superación del límite máximo de financiación privada a que se refiere el artículo 23 ejusdem. 22. Se analizará si, de conformidad con el material probatorio allegado al expediente, el crédito que el actor aduce que el Partido Liberal le otorgó a la campaña de la demandada fue en realidad una donación y, en consecuencia, si sobrepasó el tope máximo de financiación privada establecido en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, lo que a su vez configuraría la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 109 del texto superior. 23. La Sala anticipa que confirmará la decisión

sobrepasó el tope máximo de financiación privada establecido en el artículo 23 de la Ley 1475 de 2011, lo que a su vez configuraría la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 109 del texto superior. 23. La Sala anticipa que confirmará la decisión de primer grado porque, pese a que la violación del límite a la financiación privada establecido en el inciso primero del artículo 23 de la Ley 1475 de 2011 da lugar a que se configure la causal de pérdida de investidura del artículo 109 de la Constitución Política, en el caso concreto no se logró demostrar que dicho tope se superó, pues las pruebas aportadas no permiten desvirtuar la naturaleza del crédito que le fuera otorgado a la demandada por parte del Partido Liberal. El alcance y contenido de la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 109 de la Constitución Política 24. El artículo 109 de la Constitución Política establece diversas reglas sobre el régimen económico de las campañas políticas; en especial, impone al Estado el deber de concurrir a la financiación de los partidos y movimientos políticos. Con la modificación introducida por el Acto Legislativo 01 de 2003, la norma configuró como causal de pérdida de investidura la violación de los topes máximos de financiación de las campañas.7 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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25. La aludida disposición constitucional fue objeto de otra reforma por medio del Acto Legislativo 01 de 2009, de la cual derivó la actual redacción del artículo 109 en los siguientes términos: ARTICULO 109: El Estado concurrirá a la financiación política y electoral de los Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad con la ley. (…) Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto. (Negrillas de la Sala). 26. La causal de pérdida de la investidura se inspira en el respeto por los montos máximos de financiación y gastos en las campañas electorales establecidos para garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y pluralismo político, bajo el entendido de que las campañas y candidatos a cargos de elección popular compitan en condiciones económicas similares, con lo cual se evita que la solvencia económica de los aspirantes o de sus partidos sea un factor determinante en la conquista de los votos de los ciudadanos; siendo las ideas y los programas propuestos a la ciudadanía los ejes sobre los que debe girar el debate electoral. 27. De su redacción se desprende que el desconocimiento de los límites de financiación de las campañas configura la causal de pérdida de investidura, por lo que cualquier otro tipo de circunstancia que recaiga sobre la financiación no da lugar a la imposición de la referida sanción; sin perjuicio de que en los demás escenarios procedan otro tipo de sanciones, las cuales, por expreso mandato constitucional, deben ser establecidas por el legislador. 28. En lo relativo a los topes

la financiación no da lugar a la imposición de la referida sanción; sin perjuicio de que en los demás escenarios procedan otro tipo de sanciones, las cuales, por expreso mandato constitucional, deben ser establecidas por el legislador. 28. En lo relativo a los topes máximos de financiación, se impone acudir a los artículos 232 y 243 de la Ley 1475 de 2011, mediante los cuales se establecieron «los límites a la financiación privada» y «los límites al monto de gasto» de las campañas electorales. 2 Ley 1475 de 2011. Artículo 23: Ningún partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos, candidato o campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en la respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al 10% de dicho valor total. La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes en el grado que autoriza la ley, no estará sometida a los límites individuales a que se refiere esta disposición pero en ningún caso la sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto total de gastos de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará sometido a límites individuales. Con posterioridad a las campañas y previa autorización del Consejo Nacional Electoral, las obligaciones pendientes de pago se podrán cancelar con la condonación parcial de créditos o con recursos originados en fuentes de financiación privada y dentro de los límites individuales señalados

en esta disposición, pero tales condonaciones, aportes o contribuciones no tendrán el carácter de donaciones ni los beneficios tributarios reconocidos en la ley para este tipo de donaciones. 3 Ley 1475 de 2011. Artículo 24: Los límites de gastos de las campañas electorales a los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral en el mes de enero de8 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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29. Según las reglas establecidas en las referidas disposiciones legales: (i) los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos no pueden recaudar recursos o créditos por un valor superior a los gastos que se pueden realizar en la campaña electoral, (ii) las donaciones no pueden ser superiores al 10% del gasto permitido y (iii) los límites de gasto de las campañas serán establecidos en enero de cada año por el Consejo Nacional Electoral. 30. A propósito de estas disposiciones normativas, la Corte Constitucional, en la sentencia C-490 de 2011, realizó control previo y automático de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que se convertiría en la actual Ley 1475 de 2011. En ese examen, respecto de los artículos 23 y 24, el Tribunal Constitucional sostuvo que tanto los «límites a la financiación privada» como «los límites al monto de gastos» son desarrollo directo del artículo 109 de la CP. Al respecto, sobre el artículo 23, se sostuvo: 75.2 Encuentra la Sala que en esta norma el legislador estatutario se aviene al mandato constitucional, contenido en el artículo 109 Superior, en el sentido de limitar el monto máximo de las contribuciones privadas a los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, a través de reglas y criterios que para tales efectos determinará mediante la ley. Esto en la medida que el legislador estatutario se centra en prever un modelo de topes, tanto globales como individuales, de la financiación privada, ámbito de regulación reconocido por el inciso cuarto de la citada norma constitucional. 31. Por su parte, en relación con el artículo 24, la Corte Constitucional en la referida sentencia C-490 de 2011 adujo: De otra parte, la limitación respecto de los montos de los gastos de las organizaciones políticas y electorales va de la mano con la restricción respecto

31. Por su parte, en relación con el artículo 24, la Corte Constitucional en la referida sentencia C-490 de 2011 adujo: De otra parte, la limitación respecto de los montos de los gastos de las organizaciones políticas y electorales va de la mano con la restricción respecto de los montos máximos de financiación por parte de particulares, de campañas electorales o de mecanismos de participación ciudadana, de manera que se logre con esta medida el mismo efecto dual de garantía de la igualdad y del pluralismo político, al evitar ventajas políticas y electorales inaceptables derivadas del mayor gasto de recursos económicos. 32. Por tanto, los límites de financiación privada, así como los topes de gasto, desarrollan el artículo 109 de la Constitución, buscan garantizar que las campañas se realicen en unas condiciones similares para evitar que los privilegios económicos de los candidatos puedan significar algún tipo de ventaja en la competencia por el voto del electorado. En consecuencia, el desconocimiento de cualquiera de estos dos límites da lugar a que se configure la causal de pérdida de investidura. cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las mismas. Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor real de las campañas electorales. El monto máximo de gastos se fijará

por cada candidato a cargo uni-nominal o por lista de candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas. (…)9 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05177-01 (PI) Actor: Gustavo Tafur Márquez

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33. Al respecto, se encuentra que esta Sala Plena ha establecido el alcance de la causal bajo análisis en punto de precisar que la expresión «violación de los topes máximos de financiación» se configura tanto por el desconocimiento de «los límites a la financiación privada» como «al monto del gasto permitido». 34. En efecto, en esa ocasión, concluyó: 101. Visto el inciso séptimo del (sic) articulo 109 de la Constitución Política que establece una conducta prohibida que se sanciona con la declaratoria de pérdida de investidura, a saber: la «violación de los topes máximos de financiación de las campañas». A su turno, el articulo 26 de la Ley 1475 establece como conducta prohibida «La violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales [...]». 102. Para entender el alcance de las causales de pérdida de investidura supra, la Sala Plena observa que, según el diccionario de la Real Academia Española, la acepción financiación ha sido definida como la «[...] f. Acción y efecto de financiar [...]». A su turno, financiar significa: «[...] 1. Aportar el dinero necesario para el funcionamiento de una empresa [...] 2. Sufragar los gastos de una actividad, de una obra, etc. […]». Asimismo, el Diccionario Panhispánico de Dudas define financiar como: «[...] Sufragar los gastos [de algo] […]». En ese orden, se puede concluir que la acepción financiar posee dos sentidos gramaticales: el primero, relacionado con «aportar» y, el segundo, relacionado con «sufragar» los «gastos» - gastar-. 103. Por un lado, la Real Academia Española define sufragar como «[...] 2. Costear, satisfacer. [...] 2. Ayudar o favorecer [...]». Por el otro, «aportar», en su segunda acepción, se define como «[...]

los «gastos» - gastar-. 103. Por un lado, la Real Academia Española define sufragar como «[...] 2. Costear, satisfacer. [...] 2. Ayudar o favorecer [...]». Por el otro, «aportar», en su segunda acepción, se define como «[...] 1. Contribuir, añadir, dar [...]» A su turno, el Diccionario de la Real Academia Española define, por un lado, la acepción gasto como: «[...] 1. Acción de gastar [...] 2. Cantidad que se ha gastado o se gasta […]»; y por el otro, la acepción gastar como «[…] 1. Emplear el dinero en algo [...]». 104. En relación con el contenido normativo del artículo 109 de la Constitución Política y atendiendo a lo manifestado en párrafos anteriores de esta providencia, la Sala Plena considera que cuando la norma constitucional hace relación a la «[...] violación de los topes máximos de financiación de las campañas[...]», no

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