CE - Sentencia 11001031500020230739100

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Título
CE - Sentencia 11001031500020230739100
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de

Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN Radicación: 11001-03-15-000-2023-07391-00

Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Decisión del 28 de septiembre de 2023, proferida por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de

Elección Popular

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión presentado por Álvaro Arley León Flórez, mediante apoderada judicial, contra el acto disciplinario del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Actuación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación

Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. Actuación disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación

1. El 28 de junio de 2023 la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 declaró disciplinariamente responsable a Álvaro Arley León Flórez por incurrir en falta gravísima a título de culpa gravísima y, en consecuencia, lo sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer la función pública en cualquier cargo durante 8 años.

2. La entidad explicó que Álvaro Arley León Flórez , en calidad de gobernador de Vichada1, intervino en la celebración del contrato de compraventa nro. 366 del 3 de abril de 2020 2 por valor de $ 1.714.041.000, con Jorge Elieser Forero Gaitán, quien se encontraba inhabilitado para contratar con ese ente territorial.

3. Al respecto, se explicó que el contratista financió la campaña del referido gobernador, en porcentaje superior al autorizado en el literal k) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, modificado por la Ley 1778 de 20163.

1 Periodo 2020 – 2023. 2 Modalidad contratación directa. 3 «Artículo 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. […] k) <Literal modificado por el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016> Las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al

[…] k) <Literal modificado por el artículo 33 de la Ley 1778 de 2016> Las personas naturales o jurídicas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones, a las alcaldías o al Congreso de la República, con aportes superiores al dos por ciento (2.0%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral , quienes no podránRecurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

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4. Bajo ese entendido, el ente disciplinario abordó los elementos de la responsabilidad disciplinaria de Álvaro Arley León, en los siguientes términos:

  • Tipicidad: incurrió en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 20024. • Ilicitud sustancial: la falta en la que incurrió el disciplinado afectó la función pública al trasgredir el principio de igualdad, dado que , el proceso de contratación benefició a Jorge Elieser Forero Gaitán, quien se encontraba inhabilitado por contribuir al financiamiento de su campaña política sin acatar los límites impuestos en la ley y, en consecuencia, se desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como la prevalencia del interés general.

inhabilitado por contribuir al financiamiento de su campaña política sin acatar los límites impuestos en la ley y, en consecuencia, se desconoció el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como la prevalencia del interés general. • Culpabilidad: la falta fue cometida a título de culpa gravísima por desatención elemental, toda vez que como gobernador del departamento tenía dentro de sus facultades la ordenación del gasto y la actividad contractual, pero omitió verificar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades respecto de la contratación estatal.

5. Inconforme con lo anterior, la apoderada judicial de Álvaro Arley León Flórez interpuso recurso de apelación y solicitó que se declare la falta de competencia de la entidad y, la ausencia de responsabilidad disciplinaria respecto de su poderdante.

6. Frente al primer argumento, hizo alusión al auto del 19 de mayo de 2023 proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, mediante el cual se reiteró lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Petro Urrego Vs Colombia».

7. En cuanto al segundo razonamiento, explicó que la conducta de Álvaro Arley León Flórez no podría calificarse como culpa gravísima en virtud de su formación académica (9º grado) y, señaló que su actuar se encuentra previsto dentro de las causales de exclusión de responsabilidad 5, pues se llevó a cabo para mitigar las consecuencias de la pandemia y actuó con la asesoría de su equipo legal. Además, precisó que el gerente de la campaña política era quien administraba las finanzas,

celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para

precisó que el gerente de la campaña política era quien administraba las finanzas,

celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política. Esta inhabilidad comprenderá también a las personas jurídicas en las cuales el representante legal, los miembros de junta directiva o cualquiera de sus socios controlantes hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Pres idencia de la República, a las gobernaciones, las alcaldías o al Congreso de la República. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales […]». (Énfasis añadido) 4 «Artículo 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son faltas gravísimas las siguientes: […]

30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y ju rídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de la correspondiente licencia ambiental […]». 5 «(i) Fuerza mayor, (ii) en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el

correspondiente licencia ambiental […]». 5 «(i) Fuerza mayor, (ii) en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado y (iii) para salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad».Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

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por lo que desconocía con exactitud el valor del financiamiento brindado por el contratista Jorge Elieser Forero Gaitán.

8. El 28 de septiembre de 2023 la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión sancionatoria proferida por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 , porque, de conformidad con el acervo probatorio, encontró disciplinariamente responsable a Álvaro Arley León Flórez , por haber incurrido en la falta prevista en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

9. En primer lugar , explicó que, en virtud del planteamiento realizado por la Corte Constitucional, en concordancia con la Convención Americana sobre

incurrido en la falta prevista en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

9. En primer lugar , explicó que, en virtud del planteamiento realizado por la Corte Constitucional, en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos6 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el ente disciplinario tiene competencia para investigar, juzgar y sancionar servidores públicos de elección popular, precisando que, las destituciones, suspensiones e inhabilidades quedarán ejecutoriadas luego de que el juez de lo contencioso administrativo emita el pronunciamiento correspondiente.

10. En segundo término, precisó que Álvaro Arley León Flórez , actuando como gobernador del Vichada, incurrió en la falta disciplinaria contemplada en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 al intervenir en la celebración del contrato de compraventa nro. 366 del 3 de abril de 2020 , suscrito por Jorge Elieser Forero Gaitán, quien se encontraba inhabilitado para contratar, al sobrepasar el porcentaje permitido, legalmente, para financiar la campaña política del referido gobernador.

11. Sobre el particular, indicó que de conformidad con lo establecido por el Consejo Nacional Electoral, el límite al monto de gastos de la campaña electoral durante el año 2019 fijado para la gobernación del Vichada fue de $ 1.104.484.253, razón por la cual , quienes superaran el 2% de dicho valor , esto es $ 22.096.965, para financiar la campaña electoral , estarían inhabilitados para celebrar contratos «con las entidades públicas , incluso, descentralizadas, del respectivo nivel

razón por la cual , quienes superaran el 2% de dicho valor , esto es $ 22.096.965, para financiar la campaña electoral , estarían inhabilitados para celebrar contratos «con las entidades públicas , incluso, descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato».

12. En ese entendido, señal ó que Jorge Elieser Forero Gaitán incurrió en la referida inhabilidad, toda vez que contribuyó al financiamiento de la campaña política de Álvaro Arley León Flórez con un aporte total de $ 40.000.500.

13. Partiendo de lo anterior, se refirió a cada uno de los elementos de la

responsabilidad disciplinaria, a saber:

  • Tipicidad: se encuentra acreditada la falta gravísima, contenida en el numeral 30 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 , pues el disciplinado suscribió contrato estatal con persona inhabilitada. • Ilicitud sustancial: Álvaro Arley León Flórez desconoció «sin justificación alguna» sus deberes funcionales, particularmente, el de reconocer y acatar el régimen de inhabilidades en materia de contratación estatal . Además , trasgredió el principio de igualdad al beneficiar a Jorge Elieser Forero Gaitán

6 En adelante CADH.Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

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como contratista, pues no adelantó un proceso motivado y objetivo de selección. • Culpabilidad: concluyó que Álvaro Arley León Flórez no consideró las precauciones mínimas a las que estaba obligado para intervenir en un contrato con persona inhabilitada, por lo que la falta cometida fue a título de culpa gravísima por desatención elemental. Además, precis ó que, contrario al dicho de la defensa, se extendió la invitación a tres personas para participar y presentar ofertas , de las cuales, una de ellas coincidía con el valor presentado por Jorge Elieser Forero Gaitán, «sin que exista diferencia entre una y otra oferta».

14. En tercer lugar, señaló que no se encuentra demostrada la configuración de alguna de las causales de exclusión de responsabilidad referidas por el disciplinado y explicó que, (i) las medidas adoptadas en el marco de la pandemia no implicaban que de forma «irresistible» se tuviese que suscribir el contrato con Jorge Elieser Forero Gaitán, dado que existían otras ofertas y, ( II) el deber de velar por el bienestar de la población en el contexto de la emergencia sanitaria, no impedía el cumplimiento y la observancia del régimen de inhabilidades en el marco del proceso contractual.

2. Recurso extraordinario de revisión

15. La apoderada judicial de Álvaro Arley León Flórez solicitó que se declare la

cumplimiento y la observancia del régimen de inhabilidades en el marco del proceso contractual.

2. Recurso extraordinario de revisión

15. La apoderada judicial de Álvaro Arley León Flórez solicitó que se declare la nulidad del «acto de sanción» y, en consecuencia, se deje sin efectos la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación, de destitución e inhabilidad general por el término de 8 años.

16. En primer lugar, sostuvo que, la Procuraduría General de la Nación carece de competencia para sancionar a Álvaro Arley León Flórez , quien fue elegido gobernador del Vichad a, toda vez que, conforme la sentencia C -030 de l 16 de febrero de 2023, las sanciones disciplinarias aplicables a los funcionarios de elección popular deben ser definidas por un juez «penal».

17. En segundo término, aludió a la «inconstitucionalidad e inconvencionalidad» de la sanción impuesta a Álvaro Arley León Flórez y reiteró la falta de competencia por parte de la Procuraduría General de la Nación.

18. Para tal efecto, refirió a la decisión de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que anuló el acto que suspendió del cargo a Juan Carlos Abadía, exgobernador del Valle del Cauca , con fundamento en que la sanción disciplinaria impuesta trasgrede la CADH, «en la que se establece que únicamente un juez penal posee la competencia para afectar los derechos políticos de aquellos que han sido elegidos por voto popular».Recurrente: Álvaro Arley León Flórez

impuesta trasgrede la CADH, «en la que se establece que únicamente un juez penal posee la competencia para afectar los derechos políticos de aquellos que han sido elegidos por voto popular».Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

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19. En esa línea, aludió a los artículos 87 y 23.2 de la CADH para indicar que respecto de la conducta de una persona elegida por voto popular «cabe la investigación o sustanciación, acusación, examen, valoración y juzgamiento », con observancia del debido proceso contemplado en el «artículo 29 Superior».

20. Bajo ese entendido, sostuvo que «la simple revisión de la decisión administrativa» no sanea la falta de competencia y tampoco suple la garantía establecida por la Corte Constitucional, para que los casos aludidos sean definidos por «un juez o corporación judicial» al interior de un proceso judicial, en el que se asegure la defensa técnica, el derecho de acceso a la administración de justicia y, el debido proceso.

21. En esa medida, insistió que la competencia para dictar decisiones sancionatorias en contra del elegido por voto popular recae en el juez «penal», con lo cual se garantiza «la imparcialidad, equidad y pleno respeto a los derechos

21. En esa medida, insistió que la competencia para dictar decisiones sancionatorias en contra del elegido por voto popular recae en el juez «penal», con lo cual se garantiza «la imparcialidad, equidad y pleno respeto a los derechos políticos del funcionario electo por sufragio popular, a la luz de los compromisos convencionales del Estado Colombiano».

22. Agregó que con el proceso disciplinario previamente referido se vulneraron las garantías de Álvaro Arley León Flórez, particularmente «el principio de jurisdiccionalidad, la garantía de imparcialidad, el principio de presunción de inocencia, y el derecho a la defensa», pues se desconocieron los artículos «23 de la Convención Americana en rela ción con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, y por la violación a los artículos 8.1 y 8.2.d), en relación con el artículo 1.1. del mismo instrumento».

23. En virtud de lo que antecede, solicitó tener en cuenta la decisión de la en el caso Petro Urrego vs. Colombia, en el cual se concluyó que el proceso disciplinario desconoció la garantía de imparcialidad y el principio de presunción de inocencia, dado que las facultades investigativas, acusatorias y sancionatorias se concentraron en la misma sala disciplinaria. Además, se aludió a la afectación del principio de jurisdiccionalidad, porque «la sanción contra el señor Petro fue ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente».

24. Sumado a lo anterior , solicitó que, en caso de no acoger se los argumentos previamente referidos, se estudie el fondo del asunto , con el propósito de que se

ordenada por una autoridad de naturaleza administrativa y no por un juez competente».

24. Sumado a lo anterior , solicitó que, en caso de no acoger se los argumentos previamente referidos, se estudie el fondo del asunto , con el propósito de que se declare la ausencia de responsabilidad disciplinaria de Álvaro Arley León Flórez «por las razones expuestas y demostradas en el desarrollo del proceso».

25. Alegó la falsa motivación del acto disciplinario, en razón a que , del acervo probatorio, el cual, a su juicio «debió ser valorado en conjunto», es posible colegir la ausencia de responsabilidad de Álvaro Arley León Flórez.

7 Citó: «“1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente , independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (…)” (la subraya es de la suscrita)».Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

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26. Explicó que el fundamento de la decisión sancionatoria «se aparta

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26. Explicó que el fundamento de la decisión sancionatoria «se aparta completamente de la realidad», dado que la celebración del contrato de compraventa tuvo como fundamento la «urgencia manifiesta» derivada de la pandemia. En ese sentido, sostuvo que resultaba imperioso «cubrir una necesidad urgente con el único proveedor con que se contaba disponible para proveer los productos requeridos».

3. Trámite procesal

27. Por auto del 18 de diciembre de 20248, el despacho sustanciador avocó conocimiento del recurso extraordinario de revisión y ordenó las respectivas notificaciones9.

4. Pronunciamiento

4.1. Procuraduría General de la Nación10

28. El apoderado judicial de la entidad solicitó que se nieguen las pretensiones del recurso, dado que, a su juicio, la Procuraduría General de la Nación actuó conforme las facultades constitucionales y legales que le han sido asignadas.

29. En primer lugar, explicó que el recurso deviene en improcedente, dado que el recurrente no señaló las causales por las que se configura la revisión del proceso disciplinario, las cuales se encuentran contempladas en el artículo 238C, de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 54 de la Ley 2094 de 2021.

30. En segundo término, hizo alusión al comunicado nro. 11 del 11 de septiembre de 2024, mediante el cual la Corte Constitucional , con relación a las sentencias de

30. En segundo término, hizo alusión al comunicado nro. 11 del 11 de septiembre de 2024, mediante el cual la Corte Constitucional , con relación a las sentencias de unificación 381 y 384, ambas de 2024, indicó, entre otras cosas, que en la decisión C-030 de 2023 «[…]armonizó la protección de los derechos políticos con los principios constitucionales que guían la función pública y la institucionalidad prevista en la Constitución, sentencia sobre la cual recae el efecto de cosa juzgada y, por lo tanto, debe ser cumplida por todas las autoridades[…]».

31. Seguidamente, mencionó que la Constitución Política 11 contempla la estructura del estado y la función pública y, señaló que, tratándose de esta última, los servidores públicos se encuentran sometidos al principio de legalidad y, sobre ellos recae responsabilidad cuando infringen norma superior y las leyes, o cuando omiten o se extralimitan en el ejercicio de sus funciones ; aspecto que, a su juicio, representa el fundamento constitucional de la potestad disciplinaria.

32. A su vez, sostuvo que, por mandato constitucional, la Procuraduría General de la Nación tiene, entre otras, (i) la potestad de ejercer vigilancia de las conductas de quienes desempeñan funciones públicas, incluso de aquellos elegidos

8 Índice 4 Samai. 9 Se ordenó notificar a: i) Álvaro Arley León Flórez y su apoderada y, ii) Procuraduría General de la Nación. Además, se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 10 Índice 9 Samai.

Además, se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 10 Índice 9 Samai. 11 En el Título V, Capítulo I, artículo 113; Capítulo II; artículos 6, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 209, 227, 278.Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

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popularmente, (ii) el poder disciplinario de manera preferente y, (iii) la de adelantar las investigaciones que correspondan e imponer las sanciones a las que haya lugar.

33. Seguidamente, aludió al contenido del artículo 23 de la CADH e indicó que, respecto de la referida norma , la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que , las restricciones allí contempladas son las únicas que resultan admisibles, tratándose del ejercicio y goce de los derechos políticos, por lo que «los Estados deben abstenerse de emitir leyes que establezcan restricciones más allá de las señaladas en esa disposición».

34. Partiendo de lo anterior, refirió a la «posible contradicción» entre la limitación contemplada en el artículo 23.2 de la CADH y las normas de la Constitución Política

34. Partiendo de lo anterior, refirió a la «posible contradicción» entre la limitación contemplada en el artículo 23.2 de la CADH y las normas de la Constitución Política que adjudican a la Procuraduría General de la Nación la competencia de investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular.

35. En esa medida, mencionó que la solución a lo señalado implicaría dar aplicación a tres principios hermenéuticos , a saber: (i) unidad de los derechos humanos, (ii) unidad normativa y, (iii) unidad aplicativa.

36. A su vez, trajo a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional12, en torno a lo dispuesto en el artículo 23.2 de la CADH, para concluir que, la Procuraduría General de la Nación tiene competencia para investigar y sancionar a los servidores públicos de elección popular, precisando que, tratándose de inhabilidad, destitución y suspensión en ejercicio del cargo, debí a existir intervención judicial mediante el recurso extraordinario de revisión contemplado en la Ley 2094 de 2021.

37. En tercer lugar, señaló que los actos expedidos por la Procuraduría General de la Nación gozan de legalidad, dado que se contemplaron los principios d e legalidad y debido proceso y, precisó que en las referidas decisiones se expresó «con claridad y precisión» los razonamientos que fundamentaron la sanción impuesta al recurrente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

38. De conformidad con el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021 13, la Sala es competente para conocer el

1. Competencia

38. De conformidad con el artículo 238B de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021 13, la Sala es competente para conocer el recurso extraordinario de revisión contra el acto del 28 de septiembre de 2023,

12 Citó: sentencias (i) C-551 de 2003, (ii) C028 de 2006, (iii) SU-712 de 2013, (iv) C-500 de 2014, (v) SU 355 de 2015, (vi) C-101 de 2018, (vii) C-106 de 2018, (viii) C-086 de 2019, (ix) C-111 de 2019, (x) C-146 de 2021, (xi) C-325 de 2021, (xii) C-030 de 2023, (xiii) SU-381, (xiv) SU-382, (xv) SU-417 de 2024. 13 «Artículo 238B. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> <Artículo adicionado por el artículo 55 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocerán de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación, las Salas de Juzgamiento y los P rocuradores Delegados. Igualmente, contra las decisiones producto de la doble conformidad dictadas por el Procurador General de la Nación. Los Tribunales Administrativos de lo Contencioso Administrativo de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por los Procuradores Regionales de Juzgamiento».Recurrente: Álvaro Arley León Flórez

Los Tribunales Administrativos de lo Contencioso Administrativo de los recursos extraordinarios de revisión contra las decisiones de segunda instancia o de doble conformidad dictadas por los Procuradores Regionales de Juzgamiento».Recurrente: Álvaro Arley León Flórez Revisión: Acto del 28 de septiembre de 2023, proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular Radicado: 11001-03-15-000-2023-07391-00

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proferido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular de la Procuraduría General de la Nación.

39. La Sala abordará el p resente asunto desde los siguientes tópicos: i) competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a los servidores de elección popular, ii) el recurso extraordinario de revisión contra los actos sancionatorios de funcionarios elegidos popularmente y, iii) el caso concreto.

2. Sobre la competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y sancionar a los funcionarios públicos elegidos popularmente

40. La Corte Constitucional en sentencia C-030 del 16 de febrero de 2023 indicó que la Procuraduría General de la Nación debía conservar la potestad disciplinaria atribuida por la Constitución Política, como función administrativa, para investigar y sancionar a los funcionarios públicos elegidos por voto popular , porque no se acreditaron los presupuestos constitucionales para que sus competencias

atribuida por la Constitución Política, como función administrativa, para investigar y sancionar a los funcionarios públicos elegidos por voto popular , porque no se acreditaron los presupuestos constitucionales para que sus competencias adquirieran la connotación de jurisdiccionales.

41. Aunado a lo anterior , el alto tribunal refirió que el artículo 23 de la CADH integra el bloque de constitucionalidad y, en virtud del principio de armonización del orden nacional con el interamericano en materia de derechos humanos, entendió que aquella disposición implica la garantía de que las sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad contra servidores de elección popular, solo se puedan aplicar de manera definitiva con la intervención de un juez.

42. Partiendo de lo que antecede, la Corte Constitucional aludió al artículo 1° de la Ley 2094 de 2021 14, mediante el cual se introdujo la posibilidad de que las decisiones sancionatorias que pongan fin a la actuación disciplinaria sean susceptibles de ser revisadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y precisó que dicha norma no entraba en contradicción con los artículos 93 de la Constitución Política y 23 de la CADH.

43. Para el efecto, adujo que era posible garantizar la reserva judicial para la imposición definitiva de sanciones disciplinarias de destitución, suspensión e inhabilidad por parte de la Procuraduría General de la Nación, siempre que se trate de funcionarios de elección popular.

44. No obstante , frente a las sanciones de amonestación y multa, la Corte Constitucional consideró que no existía reserva judicial y, por tanto, podían ser

de funcionarios de elecció

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