CE - Sentencia 11001031500020250004000

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250004000
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00040-00

Demandantes: SILVIO HERNANDEZ GÜECHA Y OTROS

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,

SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Edwin Javier Hernández Herrera y otros, actuando a través de apoderado judicial1, iniciaron acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Edwin Javier Hernández Herrera y otros, actuando a través de apoderado judicial1, iniciaron acción de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, y la Sala Especial de Decisión No. 25 de esta Corporación , en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia , a la igualdad , a la vida y a la dignidad humana.

La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la providencia emitida el 19 de julio de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que revocó el proveído dictado el 12 de junio

1 El poder fue conferido al abogado Agobardo Ñañez Erazo y autenticado en la Notaría Primera del Circuito de Fusagasugá, en los términos del artículo 74 del CGP. 2 Acción de tutela promovida a través del aplicativo de «tutela en línea» de la Rama Judicial, el 20 de diciembre de 2024 bajo el número 2523915 y remitida a esta Corporación el 13 de enero de 2025 por la oficina de Apoyo Complejo Judicial de Paloquemao – DSAJ de Bogotá D.C.Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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2 de 201 4 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , que había accedido a las pretensiones de reparación directa incoadas contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional , Policía Nacional y el Ejército Nacional dentro del proceso con radicado 25000-23-36-000-2013-0019700/01, para en su lugar, negarlas.

Asimismo, consideró que sus derechos fundamentales se transgredieron por la Sala Especial de Decisión No. 25 de esta Corporación que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por los demandantes, en providencia del 30 de agosto de 2024 dentro del proceso con radicado 11001-03-15-000-202307104-00.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actor a solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

2.- En aditiva y como consecuencia de lo anterior, se deje sin piso jurídico, o se revoque la Sentencia del 19 de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado (ruego tenerse en cuenta que sobre esta sentencia, se adelantó recurso extraordinario de revisión con fallo notificado el 16 de septiembre de 2024), para que se levante la condición de cosa juzgada material de dicha Sentencia y se ORDENE a la Sección Tercera, con

que sobre esta sentencia, se adelantó recurso extraordinario de revisión con fallo notificado el 16 de septiembre de 2024), para que se levante la condición de cosa juzgada material de dicha Sentencia y se ORDENE a la Sección Tercera, con nuevo Consejero Ponente de ser necesario, que dentro del plazo otorgado por el

H. Consejero de conocimiento de la Presente Tutela, profiera la sentencia ajustada a derecho y con respeto pleno de los Derechos Fundamentales de mis clientes y la observancia de la Orden de Operaciones Júpiter del Ejército Nacional de fecha 15 de octubre de 2011, y con ella y el respeto del derecho constitucional a la igualdad, se confirme la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera de fecha 12 de junio de 2011, en la sentencia figura erróneamente el año 2013. 3

1.3. Hechos

Los señores Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Mayerly Paola Hernández Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Edwin Javier Hernández Herrera, Jasmín Vargas Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas y Mayerly Paola Hernández Rivas, así como los menores Katherine Hernández Cadena, Mohamed Daniel Sánchez Rivas y Lina María Silvana Sánchez , a través de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa instauraron demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el fin de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente responsables del secuestro del subintendente Elkin Hernández Rivas, en hechos ocurridos el 14 de octubre de 1998 y de su muerte durante la

Ejército Nacional, con el fin de que fueran declarados administrativa y patrimonialmente responsables del secuestro del subintendente Elkin Hernández Rivas, en hechos ocurridos el 14 de octubre de 1998 y de su muerte durante la

3 Transcripción literal que puede contener errores.Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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3 «Operación Júpiter» llevada a cabo el 26 de noviembre de 2011.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A , mediante sentencia del 22 de junio de 2014 , negó las pretensiones frente a la Policía Nacional y condenó al Ejército Nacional al pago de perjuicios morales y daños a la vida en relación, a favor de los demandantes.

La parte demandante y el Ejército Nacional apelaron la decisión del a quo; recurso que fue resuelvo por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, quién revocó el proveído de primera instancia mediante sentencia del 19 de julio de 2022 y, en su lugar, declaró probada la caducidad de l medio de control de reparación directa respecto de las pretensiones por secuestro del señor Elkin Hernández Rivas y negó las referentes a la muerte del subteniente. Además, condenó en costas a los actores.

directa respecto de las pretensiones por secuestro del señor Elkin Hernández Rivas y negó las referentes a la muerte del subteniente. Además, condenó en costas a los actores.

En cuanto a la caducidad indicó que el origen del daño ocurrió el 14 de octubre de 1998, día en que el señor Hernández Rivas fue secuestrado, cuya información fue conocida por los actores en la misma fecha, de ahí que el término para demandar empezó a correr desde el 15 de octubre de 1998 y feneció el 17 de octubre de 2000, mientras que la demanda se radicó el 19 de febrero de 2000, por tanto, de forma extemporánea.

Con respecto de las pretensiones indemnizatorias por la muerte de señor Elkin Rivas concluyó que, el hecho jurídico generador de la obligación indemnizatoria no surgió debido a una acción legítima del Estado, sino del actuar de un tercero, en este caso de los integrantes de las FARC, quiénes le quitaron la vida a la víctima, en la operación de rescate denominada «Júpiter» el día 26 de noviembre de 2011. Aunado a que, consideró que no se logró probar que la indebida planeación del operativo.

Además, explicó que no se puede aplicar el régimen del daño especial por riesgo excepcional a los uniformados como lo pretenden los demandantes, pues a su juicio, no es coherente que el Ejército, como cuerpo armado concebido para defender el orden constitucional, constituya por sí mismo un riesgo indemnizable.

La parte demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia, que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sala

defender el orden constitucional, constituya por sí mismo un riesgo indemnizable.

La parte demandante interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia, que fue resuelto por el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 25 4, quién mediante providencia del 30 de agosto de 2024 lo declaró infundado y condenó en costas a los recurrentes.

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 16 de

4 La providencia se suscribió por los consejeros Omar Joaquín Barreto Suárez, Juan Enrique Bedoya Escobar, Fernando Alexei Pardo y Nubia Margoth Peña Garzón.Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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4 septiembre de 20245.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos respecto de las sentencias cuestionadas:

(i) Desconocimiento del precedente por trasgredir su derecho a la igualdad y a la dignidad humana.

En cuanto a la vulneración al derecho a la igualdad indicó que frente a unos mismos hechos (muerte de civiles, militares y policías), el Consejo de Estado ha condenado al Estado al reconocimiento y pago de perjuicios morales y de vida de relación o de bien es constitucional o convencionalmente protegidos en favor de

mismos hechos (muerte de civiles, militares y policías), el Consejo de Estado ha condenado al Estado al reconocimiento y pago de perjuicios morales y de vida de relación o de bien es constitucional o convencionalmente protegidos en favor de los demandantes, dentro de los siguientes procesos:

ÁLVARO MORENO – Condena al Ejército Nacional por la muerte LIBIO MARTÍNEZ – Condena al Ejército Nacional por la muerte EDGAR YESID DUARTE VALERO – Condena al Ejército Nacional por la muerte LUIS ALBERTO ERASO MAYA – Condena al Ejército Nacional por las lesiones recibidas en la fallida operación de rescate.

Al respecto el abogado de los accionantes señaló que fungió como apoderado de los demandantes dentro de los siguientes procesos en los que se concedieron las pretensiones indemnizatorias: (i) Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, providencia del 13 de diciembre de 2022, radicado 25000-23-36-000-2013-01269 01 (57675); (ii) Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera - Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2018, expediente 11001 -33-36-036-031-2015-00284-01, y; (iii) Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, providencia del 23 de noviembre de 2022 número 110013336036-031-2015-00284-01, las que citó como precedente.

Sobre el mismo punto consideró que se desconoció el precedente de l caso decidido por el Consejo de Estado, en el que se condenó al Ej ército Nacional por

Sobre el mismo punto consideró que se desconoció el precedente de l caso decidido por el Consejo de Estado, en el que se condenó al Ej ército Nacional por la muerte del gobernador Gaviria, quién murió en el marco de un operativo de rescate denominado «Monasterio», en similares condiciones a las del señor Hernández Rivas, en las que se ejecutó un fallido rescate por parte de la Institución que conllevó a que la guerrilla le quitara la vida al secuestrado, tal como en el sub judice.

Por otra parte, en lo que atañe a la vulneración del derecho a la dignidad humana se originó debido a que en unos mismos hechos se reconocen perjuicios, mientras

5 Índice 039 de Samai del proceso 11001-03-15-000-2023-07104-00.Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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5 que en otros se niegan, ocasionado además una violación a los principios de racionalidad y proporcionalidad del DIH.

Por lo anterior concluyó que, el fallo del ad quem que negó las pretensiones de los tutelantes resulta injusto, inequitativo y vulnera las garantías invocadas, máxime si se tiene en cuenta que el subteniente era muy joven cuando fue se cuestrado por la guerrilla y que se encontraba cumpliendo una orden impartida por un agente del

tutelantes resulta injusto, inequitativo y vulnera las garantías invocadas, máxime si se tiene en cuenta que el subteniente era muy joven cuando fue se cuestrado por la guerrilla y que se encontraba cumpliendo una orden impartida por un agente del Estado. Además, refirió que permaneció en cautiverio por casi 13 años.

Bajo los mismos argumentos consideró que el proveído que resolvió tener como infundado el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia es contrario a la realidad y a la jurisprudencia de la misma Corporación , en el que, además, se impuso una condena en costas a los demandantes.

(ii) Fáctico, dado que, en su sentir, no se tuvo en cuenta el documento «orden de operaciones Júpiter 00341 de 15 de octubre de 2011» en el que se plasmó que el Ejército Nacional adelantó el operativo para rescatar a 5 uniformados que habían sido secuestrado por las FARC en las montañas de Caquetá, pero fallaron en la misión, ocasiona ndo la muerte de las personas cautivas. No obstante, la parte actora aclaró que, en las declaraciones rendidas por el ministro de defensa y el gobierno de la época, estos informaron que se trató de un encuentro causal entre los combatientes.

Sin embargo, para los accionantes, fue el mismo Ejército Nacional quien reconoció la existencia de errores en el operativo que conllevaron a que las FARC acabaran con la vida de los secuestrados, cuya prueba de ese hecho fue pasada por alto por el operador judicial, y concluir erradamente que la muerte del subteniente no se podía acreditar al Estado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

por el operador judicial, y concluir erradamente que la muerte del subteniente no se podía acreditar al Estado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 20 de febrero de 2025, la magistrada ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar al señor Edwin Javier Hernández Herrera como parte demandante6 y, como parte demandada, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C7 y la Sala Especial de Decisión No.25 de

6 Índice 013 de Samai. La notifica ción fue realizada a: magdalena.80@hotmai.com; Quipa18@hotmail.com; nanezerazo61@hotmail.com 7 Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: notifwbarrera@consejodeestado.gov.co; despacho303@consejodeestado.gov.co; mcorredors@consejodeestado.gov.co; notifnyepes@consejodeestado.gov.co; ncardenasa@consejodeestado.gov.co; notifapolidura@consejodeestado.gov.co; hsanchezh@consejodeestado.gov.co; ktorresb@consejodeestado.gov.co; ecarvajalg@consejodeestado.gov.co; sbedoya@consejodeestado.gov.co; notiftutelas3@consejodeestado.gov.co; ces3secr@consejodeestado.gov.coDemandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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6 esta Corporación8.

Asimismo, dispuso la vinculación, como tercero s con interés jurídico en el resultado del proceso, al Ejército Nacional9 y a la Policía Nacional10 [demandados en el proceso ordinario] y, a los señores Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Yasmín Vargas Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas y Mayerly Paola Hernández Rivas, Katherine Hernández Cadena, Mohamed Daniel Sánchez Rivas y Lina María Silvana Sánchez [demandantes en el proceso ordinario]11.

Posteriormente, en auto del 17 de marzo de 2025 vinculó al Ministerio de Defensa Nacional y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A12 [a quo ordinario]

1.6. Solicitud de adición de accionantes

Los señores Edwin Javier Hernández Herrera, Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Yasmín Vargas Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas y Mayerly Paola Hernández Rivas iniciaron la presente acción, a través de apoderado judicial, no obstante, el Despacho se percató de que el mandato no cumplía con los requisitos legales, por lo que procedió a indamitir la demanda mediante auto del 27 de enero de 2025.

El 3 de febrero de 2025 los actores allegaron memorial subsanación, sin embargo, al advertir que el único poder conferido bajo los requerimientos legales era el otorgado por el señor Edwin Javier Hernández Herrera, se admitió la tutela con

El 3 de febrero de 2025 los actores allegaron memorial subsanación, sin embargo, al advertir que el único poder conferido bajo los requerimientos legales era el otorgado por el señor Edwin Javier Hernández Herrera, se admitió la tutela con aquel como accionante, y se vinculó a los señores Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Yasmín Vargas Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas y Mayerly Paola Hernández Rivas como terceros con interés en el resultado del proceso.

8 Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: notifnpena@consejodeestado.gov.co; asastoqueu@consejodeestado.gov.co; dmontezumac@consejodeestado.gov.co; jfayadc@consejodeestado.gov.co; javilas@consejodeestado.gov.co; sjaimesv@consejodeestado.gov.co; notiffpardo@consejodeestado.gov.co; spamplonat@consejodeestado.gov.co; yacevedoa@consejodeestado.gov.co; sladinoc@consejodeestado.gov.co; notifwramos@consejodeestado.gov.co; notifobarreto@consejodeestado.gov.co; wcorreab@consejodeestado.gov.co 9Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: atencionciudadanoejc@ejercito.mil.co; ceoju@buzonejercito.mil.co; notificacionesjuridi@ejercito.mil.co; peticiones@pqr.mil.co 10Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: not ificacion.tutelas@policia.gov.co; segen.consejo@policia.gov.co 11Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: magdalena.80@hotmai.com;

segen.consejo@policia.gov.co 11Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: magdalena.80@hotmai.com; Quipa18@hotmail.com; nanezerazo61@hotmail.com 12Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: scs03sb03tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.coDemandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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7 A través de memorial del 25 de febrero de 2025, los señores Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Mayerly Paola Hernández Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas y Yazmin Vargas Rivas solicitaron ser reconocidos como accionantes al haber fungido como demandantes en el proceso ordinario.

Como fundamento de esa petición indicaron que, si bien en su momento no subsanaron el requerimiento efectuado por el Despacho en el auto del 27 de enero de 2025 en el que se les exigió aportar el poder debidamente conferido al abogado Agobardo Ñañez Erazo, por medio del oficio referido se cumplió con la exigencia efectuada, aportando los respectivos poderes.

En punto de esta solicitud, se advierte que con posterioridad al admisorio se aportó debidamente el mandato otorgado por los señores Silvio Hernández Güecha,

efectuada, aportando los respectivos poderes.

En punto de esta solicitud, se advierte que con posterioridad al admisorio se aportó debidamente el mandato otorgado por los señores Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Mayerly Paola Hernández Rivas y Edna Margarita Sánchez Rivas al abogado Ñañez Erazo, debidamente autenticado en la Notaría 81 del Circuito de Bogotá, D.C., por tanto, al acreditarse la legitimación por activa de estos, se dispondrá tenerlos como accionantes en el proceso de la referencia y a renglón seguido, se reconocerá personería jurídica al profesional Agobardo Ñañez Erazo, para actuar en su representación.

Sin embargo, la solicitud presentada por la señora Yazmin Vargas Rivas, será negada, pues el poder aportado por esta no cumple con los requisitos previstos dentro del ordenamiento jurídico para tal fin, por lo que continuará vinculada al proceso en calidad de tercera con interés en el resultado de este.

1.7. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las siguientes:

1.7.1. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 2513

El magistrado ponente de la sentencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión rindió informe el 24 de febrero de 2025 en el que hizo un recuento de las actuaciones surtidas en el trámite ordinario y extraordinario adelantado por esta Corporación, para concluir que la accionante no logró acreditar la vulneración de las garantías invocadas, ni tampoco la configuración del defecto fáctico alegado,

actuaciones surtidas en el trámite ordinario y extraordinario adelantado por esta Corporación, para concluir que la accionante no logró acreditar la vulneración de las garantías invocadas, ni tampoco la configuración del defecto fáctico alegado, pues la providencia en cita se expidió luego de agotadas cada una de las etapas previstas en la ley y con base en el material probatorio del plenario, por lo que consideró que la solicitud de tutela carece de vocación de prosperidad.

13 Índice 017 de Samai.Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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8 Explicó que los recurrentes invocaron la causal octava del artículo 250 del CPACA, alegando que el fallo recurrido era contrario al dictado el 14 de septiembre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección B de la misma autoridad judicial, sin embargo, tal providencia no era pr eexistente al proveído objeto de revisión, por lo que ni siquiera se estudió el cumplimiento de los supuestos de triple identidad de la cosa juzgada, pues el cargo del desconocimiento del precedente no constituye una causal de revisión en dicha sede.

Además, aclaró que lo que pretendían los actores con el recurso extraordinario de revisión era reabrir del debate ya surtido por el juez ordinario, lo que resulta contrario a su finalidad.

causal de revisión en dicha sede.

Además, aclaró que lo que pretendían los actores con el recurso extraordinario de revisión era reabrir del debate ya surtido por el juez ordinario, lo que resulta contrario a su finalidad.

Por otro lado, indicó que los accionantes no explican en el escrito de tutela, cuáles son los reparos contra la decisión enjuiciada que se profirió en sede extraordinaria, incumpliendo con los requisitos para superar la relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta que los argumentos planteados en la presente acción son los mismos expuestos en el recurso extraordinario de revisión. Aunado a que no se cumple con la carga argumentativa que les asiste a los actores, por lo que solicitó la desvinculación del presente mecanismo, o en su defecto, que se niegue el amparo.

1.7.2. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C 14

El consejero ponente de la decisión de segunda instancia aquí cuestionada, mediante memorial radicado el 25 de febrero de 2025 solicitó declarar improcedente el mecanismo, o en su lugar, negarlo.

Lo anterior, ya que, a su juicio, en la sentencia proferida el 19 de julio de 2022 se explica, in extenso , las razones que llevaron a negar las pretensiones de los demandantes del medio de control de reparación directa. Al respecto refirió que, en la demanda, los actores invocaron como título de imputación el de «daño excepcional o especial» atribuible al Ministerio de Defensa Nacional, Ej ército Nacional, por la muerte del señor Hernánde z Rivas durante un operativo militar,

en la demanda, los actores invocaron como título de imputación el de «daño excepcional o especial» atribuible al Ministerio de Defensa Nacional, Ej ército Nacional, por la muerte del señor Hernánde z Rivas durante un operativo militar, sin embargo, de las pruebas arribadas al proceso no se logró acreditar la responsabilidad Estatal al no configurarse la falla en el servicio originada en la «operación Júpiter».

Además, indicó que los argumentos expuestos por los accionantes, relativos a los supuestos yerros cometidos por el Ejército Nacional en el operativo «Júpiter» no tienen soporte probatorio, de ahí que lo pretendido por los tutelantes sea convertir esta acción en una instancia adicional y reabrir un debate ya zanjado por el juez

14 Índice 019 de Samai.Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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9 natural, con el fin de cambiar la dirección del proceso hacía una falla en el servicio, máxime cuando lo que inicialmente planteó fue un riesgo excepcional.

Por otra parte, mencionó que no se configura la vulneración al d erecho a la igualdad con respecto al caso del operativo de rescate de un exgobernador del Departamento de Antioquia, que falleció durante la ejecución del despliegue militar, pues no se trata del mismo asunto, ni siquiera de los mismos hechos, de

igualdad con respecto al caso del operativo de rescate de un exgobernador del Departamento de Antioquia, que falleció durante la ejecución del despliegue militar, pues no se trata del mismo asunto, ni siquiera de los mismos hechos, de modo que no puede alegarse la transgresión de esta garantía si se trata de controversias distintas, conocidas por diferentes jueces y que tuvieron un debate probatorio aparte.

Asimismo, respecto de l proceso con radicado interno 57.675 precisó que, la sentencia del 13 de diciembre de 2022 fue parcialmente estimatoria de las pretensiones, en la medida en que el único aspecto que se revisó fue la liquidación de los perjuicios, porque a esa materia quedó limitada la segunda instancia del proceso, en la med ida en que la Nación -Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional no apeló la sentencia condenatoria del Tribunal. En otras palabras, el juez de la segunda instancia, por mandato de la regla que prohíbe la reforma a peor, no tenía alternativa diferente a restringir su pronunciamiento a los perjuicios reconocidos en la primera instancia, sin poder analizar la eventual o no configuración de los presupuestos de la responsabilidad estatal.

En cuanto a la sentencia del 23 de noviembre de 2022, Rad. 57275 p roferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, recalcó que, fue proferida después de la sentencia aquí cuestionada, por lo que señaló que mal podría una sentencia posterior ser la causa de la afectación al derecho a la igualdad en un caso previamente decidido. Aunado a que se trató de una decisión adoptada por otra autoridad judicial.

sentencia posterior ser la causa de la afectación al derecho a la igualdad en un caso previamente decidido. Aunado a que se trató de una decisión adoptada por otra autoridad judicial.

Por lo anterior consideró que no tiene sustento jurídico sostener que la sentencia reprochada, ahora en tutela y antes en revisión extraordinaria, tenía q ue encaminarse obligatoriamente a acceder a las pretensiones de la demanda de reparación directa, porque, cuando se dictó, no existía una decisión que por la misma causa petendi hubiera estimado lo reclamado por los solicitantes.

Finalmente explicó que lo s argumentos planteados en este mecanismo son los mismos que usó al impugnar la sentencia del 19 de julio de 2022 a través del recurso extraordinario de revisión, que fueron desestimadas por la Sala Especial de Decisión 25 de este Órgano , por lo que conclu yó que es claro que los accionantes han acudido a diferentes mecanismos de defensa judicial para buscar una decisión favorable a sus pretensiones.Demandantes: Silvio Hernández Güecha y otros Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00040-00

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10 1.7.4. Policía Nacional15

Mediante memorial del 26 de febrero del presente año, la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la Entidad solicitó declarar improcedente el amparo porque no se logró acreditar por los actores un perjuicio irremediable derivado de

Mediante memorial del 26 de febrero del presente año, la jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la Entidad solicitó declarar improcedente el amparo porque no se logró acreditar por los actores un perjuicio irremediable derivado de la determinación adoptada por la autoridad judicial accionada, que amerite la intervención del juez constitucional para acceder al reconocimiento de las pretensiones solicitadas por el accionante, máxime cuando se debatió a través de otras vías de protección jurisdiccional siendo las idóneas para resolver la litis propuesta en la presente acción.

Por otro lado señaló que, respecto a la solicitud indemnizatorio de los demandantes del proceso ordinario, no se acreditó la configuración del daño por parte de la Policía Nacional, sino que el mis

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