CE - Sentencia 11001031500020250044700

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250044700
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA

DE INVESTIDURA

CONSEJERO PONENTE DR. JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: SOLICITUD DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA.

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00

Solicitante: William Quintero Villarreal

Acusado: Juan Carlos Lozada Vargas

Tema: Causal del artículo 183 -2 de la Constitución Política de Colombia. Inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. NIEGA SOLICITUD

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud que, en ejercicio de la acción pública de pérdida de investidura de los congresistas, consagrada en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 143 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y conforme a la Ley 1881 de 2018, instauró el ciudadano William Quintero Villarreal, en contra del representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas.

ANTECEDENTES

El señor William Quintero Villarreal instauró demanda en ejercicio de la acción

representante a la Cámara Juan Carlos Lozada Vargas.

ANTECEDENTES

El señor William Quintero Villarreal instauró demanda en ejercicio de la acción pública de pérdida de investidura consagrada en los artículos 183 y 184 de la Constitución, 143 de la Ley 1437 de 2011 y desarrollada por la Ley 1881 de 2018, con el fin de que se acceda a las siguientes.

PRETENSIÓN

Que se declare la pérdida de investidura del representante Juan Carlos Lozada Vargas.

HECHOS

La solicitud se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que en las elecciones realizadas el 13 de marzo de 2022, el señor Juan Carlos Lozada Vargas, candidato del partido Liberal Colombiano, fue elegidoRadicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 representante a la Cámara por la circunscripción territorial de Bogotá D.C. para período constitucional 2022-2026.

Que en el primer periodo de la legislatura 2024-2025 comprendido entre el 20 de julio de 2024 y el 16 de diciembre de 2024 se realizaron 52 sesiones plenarias ordinarias y el representante Juan Carlos Lozada Vargas faltó a 20 de ellas, es decir, al 38.4% de las sesiones convocadas y en las que se votaron proyectos de ley o acto legislativo.

Que faltó a las sesiones de 30 y 31 de julio, 5 y 21 de agosto, 23, 24 y 25 de

ley o acto legislativo.

Que faltó a las sesiones de 30 y 31 de julio, 5 y 21 de agosto, 23, 24 y 25 de septiembre, 7, 8, 22 y 29 de octubre, 12, 18, 19, 26 y 28 de noviembre 2, 10, 11 y 12 de diciembre y que en las 32 sesiones restantes registró asistencia, pero se retiró del recinto y no participó en la votación de proyectos de ley y de acto legislativo que se debatieron. Se refiere específicamente a las sesiones 20 y 24 de julio, 29 de agosto, 17 y 21 de octubre y 9 de diciembre; en relación con las cuales afirma, el representante Lozada Vargas se registró y no votó.

En relación con la sesión del 2 de octubre de 2024 afirma el demandante que el acusado solo votó el orden del día, pese a que allí se votaron 14 asuntos

Que el nombre del congresista no aparece en los listados de votos electrónicos de la mayoría de las rondas de votación adelantadas, lo que significa que no votó en ellas y que su actividad parlamentaria fue inexistente y no presentó excusas, incapacidades médicas, ni justificó de manera alguna su proceder.

Que dicha conducta se encuadra dentro de la causal de pérdida de investidura establecida en el artículo 183 numeral 2 de la Constitución Política y el numeral 6 del artículo 296 de la Ley 5 de 1992.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Afirmó que la conducta del representante señalado configura la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2º del artículo 183 de la Constitución

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Afirmó que la conducta del representante señalado configura la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 2º del artículo 183 de la Constitución Política, reiterada en el artículo 296, numeral 6 de la Ley 5 de 1992 y que se cumplen todos los requisitos para su decreto.

Que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado , responder el llamado a lista o votar no implica asistir a la sesión, porque esta abarca un término que requiere la presencia permanente del congresista y exige de este la participación efectiva.

Que el congresista puede abstenerse de votar cuando encuentra alguno de los supuestos que expresamente señala el artículo 124 de la Ley 5ª de 1992 y ha recibido autorización del presidente. Como apoyo a sus argumentos citó las sentencias del 5 de marzo de 2018 expediente 11001-0315-000-2018-0031800; del 26 de abril de 2018 expediente 11001-03-15-000-2018-00780-00; y del 4 de octubre de 2018, expediente 11001-03-15-0002018-02151-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3

CONTESTACIÓN

El señor Juan Carlos Lozada Vargas, mediante apoderado judicial, oportunamente se pronunció en los siguientes términos:

Que durante el periodo legislativo del 20 de julio de 2024 hasta diciembre de 2024

3

CONTESTACIÓN

El señor Juan Carlos Lozada Vargas, mediante apoderado judicial, oportunamente se pronunció en los siguientes términos:

Que durante el periodo legislativo del 20 de julio de 2024 hasta diciembre de 2024 se realizaron 54 sesiones, 52 ordinarias y 2 extraordinarias; no 52 como afirma el actor.

Que de las sesiones que se ausentó, lo hizo previa solicitud y autorización de la Cámara de conformidad con el reglamento vigente. Para las sesiones del 30 y 31 de julio y de 5 de agosto de 2024 presentó excusas médicas y para las sesiones de 21 de agosto, 23, 24 y 25 de septiembre y las de 7, 8, 22, y 29 de octubre; al igual que para las de 10, 11 y 12 de diciembre; su ausencia fue autorizada mediante resoluciones por la mesa directiva.

Que, contrario a lo dicho por el demandante , sí asistió a la sesión del 12 de noviembre de 2024; para la sesión del 2 de diciembre del mismo año tuvo excusa médica y la inasistencia a las sesiones del 18, 19, 26 y 28 de noviembre se debió a una licencia de paternidad.

Que en relación con las restantes sesiones, el demandante se contradice porque afirma la inasistencia que es la presencia física para efectuar una actividad concreta y personalísima cual es el registro, pero procede a reprochar su reiterado ausentismo al momento de votar sin aportar prueb a del retiro o abandono del recinto y omite referirse a las múltiples intervenciones del demandado en cada sesión.

Que sí asistió, participó y votó en ellas , con excepción de la sesión del 22 de

abandono del recinto y omite referirse a las múltiples intervenciones del demandado en cada sesión.

Que sí asistió, participó y votó en ellas , con excepción de la sesión del 22 de agosto de 2024, cuya ausencia le fue autorizada mediante la R esolución 0736 del 15 del mismo mes y año y en ella no se trataron asuntos de los que de acuerdo con la ley el congresista debe estar necesariamente.

Que cuando se cumple la votación ordinaria, por decisión de la presidencia conforme al artículo 129 de la ley 5° de 1992 modificada por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011 , se hace mediante votación masiva con un golpe sobre el pupitre y en estos casos no hay un registro nominal del voto de cada uno.

Propuso como excepciones i). Inexistencia de los hechos reseñados como causa petendi. Ii). Ausencia total de prueba de los hechos constitutivos de la causal invocada iii). Falta absoluta de alegación y prueba en relación con el elemento subjetivo para integrar la tipicidad de la conducta imputada al demandado.

TRÁMITE PROCESAL Y AUDIENCIA PÚBLICA

La solicitud fue admitida mediante auto del 31 de enero de 2025 y se corrió traslado a la parte contraria y al Ministerio Público. Se abrió a pruebas el procesoRadicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 por auto de 14 de febrero y recaudadas estas, se celebró la audiencia pública de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 por auto de 14 de febrero y recaudadas estas, se celebró la audiencia pública de que trata el artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, el 31 de marzo de 2025 con las intervenciones que a continuación se resumen:

El demandante expresó que la pérdida de investidura es un instrumento que permite materializar el principio democrático, cuya finalidad última es garantizar la transparencia absoluta de los miembros de las corporaciones públicas en la medida en que permite desterrar prácticas indebidas, depurar conductas indecorosas y evitar abusos de poder con fines personales, garantizar el interés público y recuperar el órgano legislativo.

Que el registro de asistencia que se realiza al inicio de cada sesión solo produce efectos jurídicos respecto de la confirmación de la presencia en ella, siempre que permanezca en el recinto de la respectiva Corporación durante las deliberaciones tendientes a la aprobación o desaprobación de los asuntos . Que el congresista debe permanecer en ella hasta su cierre siempre y cuando existan proyectos para deliberar y votar.

Que es evidente que en 32 sesiones el congresista registró asistencia pero se retiró del recinto y no participó en la votación de proyectos de ley y de actos legislativos, ya que de un total de 285 asuntos sometidos a votación, solo vot ó 121 asuntos entre impedimentos, órdenes del día y articulados y demás detallados en los hechos de la demanda ; significando que las votaciones realizadas por el demandado equivale al 42.46%, es decir, su gestión legislativa

121 asuntos entre impedimentos, órdenes del día y articulados y demás detallados en los hechos de la demanda ; significando que las votaciones realizadas por el demandado equivale al 42.46%, es decir, su gestión legislativa ni siquiera alcanza a representar el 50% de todos los asuntos que debió votar.

Que el representante Lozada tenía la obligación de asistir a las sesiones completas con independencia de si el orden del día contenía uno o varios asuntos a votar y como no lo hizo en más de 6 sesiones plenarias, debe entenderse que inasistió, aunque haya atendido al llamado a lista, registrado su asistencia o haya votado uno de varios proyectos agendados.

Que en la sesión del 24 de julio solo votó 1 proyecto de 4; en la sesión del 14 de agosto solo 1 un proyecto de 5; en la sesión del 27 de agosto solo 1 proyecto de 6; en la sesión del 2 de octubre de 2024 « solo voto el orden del día de catorce (14)» (sic); en la sesión «del 16 de octubre agosto de 2024» solo votó 3 proyectos de 19 en la sesión del 17 de octubre solo 2 proyectos de 8 ; y en la del 18 de diciembre de 2024, solo 3 proyectos de 12.

Que ello significa que el demandado no votó en la mayoría de las iniciativas legislativas discutidas en las sesiones a las que asistió, ya que hizo el registro de la asistencia y se retiró luego del recinto, desconociendo sus obligaciones. Sobre este tema citó a la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del 1º de agosto de 2017 radicado 11001 -03-15-000-2014-00529-00 y otras ya citadas en la

este tema citó a la Sala Plena de esta Corporación en sentencia del 1º de agosto de 2017 radicado 11001 -03-15-000-2014-00529-00 y otras ya citadas en la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 Que no obra en el expediente prueba alguna de que la inasistencia a las sesiones plenarias ordinar ias relacionadas en la demanda se encuentren debidamente acreditadas como válidas y justificadas por la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes, dando cumplimiento a lo consagrado en el parágrafo del artículo 90 de la Ley 5 de 199 2. Que reposa en el expediente, oficio de la presidencia de esa Comisión donde hace constar que “a la fecha, no contamos con dictamen emitido sobre las demás excusas relacionadas en su escrito.” (comillas textuales)

Que las comisiones son estructuralmente diferentes y que las autorizaciones de la Mesa Directiva del Congreso de Colombia que permiten a un parlamentario realizar un viaje al exterior no se consideran como una función legislativa ; debiendo ser privilegiada esta frente a cualquier otra actividad parlamentaria como se dijo en la sentencia pérdida de investidura con radicado: 11001 -03-15000-2019-01599-02.

Concluyó que el representante a la cámara, Juan Carlos Lozada Vargas se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura invocada.

El Ministerio Público realizó una síntesis del concepto escrito presentado, en el

Concluyó que el representante a la cámara, Juan Carlos Lozada Vargas se encuentra incurso en la causal de pérdida de investidura invocada.

El Ministerio Público realizó una síntesis del concepto escrito presentado, en el cual, luego de referirse a la demanda y a la contestación, analizó el acervo probatorio recaudado y concluyó que el señor Lozada Vargas justificó las sesiones a las que no asistió; que aquellas sesiones plenarias en las cuales votó algunos proyectos de ley y acto legislativo y otros no, no pueden ser contabilizadas como inasistencias, pues el simple hecho de haber votado algunas iniciativas, indica que sí estuvo presente y participó en la sesión. Que deducir lo contrario, equivaldría a entender de manera equivocada que el hecho de votar constituye el verbo rector de la causal endilgada.

Que el demandado «registró su asistencia a la sesión plenaria del 14 de agosto de 2024, pero no votó en ninguno de los asuntos debatidos, lo que constituye un indicio grave de que el congresista, a pesar de haber contestado el llamado a lista, en realidad no estuvo en esa sesión .» Sin embargo, considerando que fue esa única sesión en la que no estuvo presente sin ningún justificante y teniendo en cuenta que la conducta sancionable implica la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura; no incurrió en la causal de pérdida de investidura; por lo que pidió no decretarla.

El demandado alegó que la ley sancionatoria se edifica sobre la responsabilidad

acto legislativo, de ley o mociones de censura; no incurrió en la causal de pérdida de investidura; por lo que pidió no decretarla.

El demandado alegó que la ley sancionatoria se edifica sobre la responsabilidad subjetiva, que su interpretación es restrictiva y rechaza la analogía, garantizándose al justiciable los principios de legalidad, debido proceso, in dubio pro sancionado, culpabilidad, razonabilidad y carga de la prueba.

Que «la demanda presenta como prueba la red social YouTube, con una invocación genérica en la página 3, por lo que la causal de pérdida de investidura queda sin soporte legal » y en cambio tiene una respuesta contundente con losRadicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 elementos probatorios referidos al registro, a la repuesta al llamado secretarial, a la práctica de la votación manual y electrónica todo lo cual se evidencia en la gaceta del Congreso y en los registros fílmicos y de voz aportados por el apoderado; además de los documentos públicos expedidos por la Subsecretaría de la Cámara de Representantes.

Que con lo consignado en la respuesta al derecho de petición del 14 de febrero de 2025 se controvierte fehacientemente la pretendida inasistencia o ausencia endilgada al congresista y con la valoración global de los elementos probatorios aportados con la demanda se desvirtúa la afirmación de que la actividad parlamentaria del demandado fue inexistente y sin ningún tipo de excusa, justificación o impedimento.

endilgada al congresista y con la valoración global de los elementos probatorios aportados con la demanda se desvirtúa la afirmación de que la actividad parlamentaria del demandado fue inexistente y sin ningún tipo de excusa, justificación o impedimento.

Que de una fotografía reproducida en la demanda relativa a una fecha indeterminada, mal puede inferirse la inasistencia durante un periodo, y tampoco es lógico deducir de allí matemáticamente la inasistencia a un 38% de las sesiones.

Que contrario a ello, se logr aron probar las justificaciones a las ausencias señaladas mediante resolución en cada caso, que igualmente hubo dos permisos autorizados por razones de salud y prescripción médica y una ausencia por licencia de paternidad; derechos que ejerce cualquier ciudadano en igualdad de condiciones.

Que aunque la carga de la prueba corresponde al actor, la parte demandada obró con diligencia para dar claridad sobre la inexactitud de las afirmaciones de la demanda y que en cambio, se establezca que el demandado cumplió de manera ejemplar sus funciones como congresista y ha merecido reconocimientos públicos, ha sido exaltado, «en el año 2024 ocupo el 5° lugar en esa corporación (cifras y conceptos) y en el balance de participación publicado por el p residente de la plenaria el 31 de diciembre ocupo el 10° puesto con la mayor participación en sus labores legislativas».

Citó la sentencia de Sala Plena del 01 de agosto de 2017 radicado 2014-0052900 C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y la del 13 de junio de 2018 con radicado 201800318-01 C.P. Guillermo Sánchez Luque.

00 C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y la del 13 de junio de 2018 con radicado 201800318-01 C.P. Guillermo Sánchez Luque.

Expresó que es equivocado el señalamiento por parte del Ministerio Público en relación con la ausencia el día 14 de agosto de 2024, pues allí se votó la moción de censura del ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, de manera negativa por el representante Juan Carlos Lozada Vargas, la votación se llevó a cabo de manera electrónica y se encuentra registrada en la página 18 de la Gaceta del Congreso número 2099 de 2024, incorporada en la contestación de la demanda.

Que cuando se verifica documentalmente el voto aparece la palabra NO, con la cual se genera una percepción errada de que el representante no votó, pero queRadicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 cuando no se vota se señala expresamente no votó, y cuando se señala el sentido del voto, solo se limita a registrarse las palabras NO o SÍ.

Concluyó que el demandado no registró ausencia alguna en los términos del artículo 90 y s.s. de la Ley 5 de 1992, que pudieran computarse para tener la virtualidad de la pérdida de investidura, pues todas y cada una de las ausencias se encuentran justificadas; por lo que pidió desestimar las pretensiones.

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala Especial Diecinueve Especial de Decisión de Pérdida de

se encuentran justificadas; por lo que pidió desestimar las pretensiones.

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala Especial Diecinueve Especial de Decisión de Pérdida de Investidura determinar si el congresista Juan Carlos Lozada Vargas incurrió en causal de pérdida de investidura por inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se votaron proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura establecida en el numeral 2o del artículo 183 de la Carta Política y en el numeral 6 del artículo 296 de la Ley 5a de 1992. Con este propósito, la providencia se referirá a los aspectos generales de la acción pública de pérdida de investidura, a la causal alegada en la demanda y abordará el caso concreto.

Aspectos generales sobre la pérdida de investidura

La Constitución Política de 1991 regula la pérdida de investidura en los artículos 183 y 184 y se encuentra desarrollada en las Leyes 1881 de 2018 y el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011. Se ha considerado como un medio de control de naturaleza sa ncionatoria, en consecuencia , se debe desarrollar conforme al principio del debido proceso establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.

Para la pérdida de investidura aplican los principios de legalidad en sentido estricto –tipicidad-, taxatividad, pro homine e in dubio pro-reo. La aplicación restrictiva se impone sobre la interpretación extensiva o analógica. Se trata de un juicio subjetivo que el Consejo de Estado ha considerado de carácter ético, pues

estricto –tipicidad-, taxatividad, pro homine e in dubio pro-reo. La aplicación restrictiva se impone sobre la interpretación extensiva o analógica. Se trata de un juicio subjetivo que el Consejo de Estado ha considerado de carácter ético, pues se reprochan conductas contrarias a la dignidad del cargo que se ostenta 1. El juez evalúa si el representante de la voluntad popular se comporta de acuerdo con las exigencias legales y constitucionales 2 y, en ese orden, a través de este medio de control se castiga a los parlamentarios3-en ejercicio o aun cuando este

1 Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido: “La pérdida de investidura constituye una clara manifestación del ius puniendi del Estado, con el fin de juzgar la conducta de los servidores públicos de elección popular, llamada a cumplir un papel fundamental en la democracia participativa y deliberativa, pues con ella se busca preservar valores esenciales de la democracia como la defensa del interés general, el decoro, la rectitud, la lealtad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la buena marcha del servicio público en el ejercicio de la representación popular” (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Exp. 15001 -23-33-000-2020-0168001(PI). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 2 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Séptima de Decisión de Pérdida de Investidura. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Exp. 11001 -03-15-000-2018-03883-00(PI). C.P. María Adriana Marín (E).

Investidura. Sentencia del 20 de febrero de 2019. Exp. 11001 -03-15-000-2018-03883-00(PI). C.P. María Adriana Marín (E). 3 De características especiales que la distinguen de otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos, así como también, de los procesos penales, electorales, de responsabilidad fiscal, e incluso del proceso disciplinario realizado por la administración pública. (Gómez Pavajeu, 2011; Gómez Pavajeu, 2011) (Brito, 2015).Radicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 hubiere cesadoque incurran en conductas reprochables por contrariar el interés general, la ética o la dignidad que ostentan4.

Entre otros atributos del proceso, se destaca: i) es de carácter jurisdiccional y conlleva una imperiosa consecuencia, pues la pérdida de investidura genera inhabilidad para ocupar cargos de elección popular iguales o similares; ii) tiene fuertes implicaciones democráticas, pues más que la limitación de los derechos políticos de un ciudadano, representa un juicio de carácter subjetivo respecto del comportamiento de un miembro de una corporación pública y su sujeción al imperio de la ley; iii) es un medio de control de carácter público, de allí que la legitimación por activa la tenga cualquier ciudadano; iv) es un juicio de responsabilidad subjetiva, lo que implica verificar que existió una conducta dolosa o culposa5; v) cuenta con la garantía de la doble instancia; vi) tiene un término

legitimación por activa la tenga cualquier ciudadano; iv) es un juicio de responsabilidad subjetiva, lo que implica verificar que existió una conducta dolosa o culposa5; v) cuenta con la garantía de la doble instancia; vi) tiene un término de caducidad de cinco años y vii) es una institución autónoma e independiente respecto de los demás regímenes de responsabilidad de los servidores públicos6.

El análisis en los procesos de pérdida de investidura se surte en dos etapas. En primer lugar, se estudia desde una perspectiva objetiva que el miembro de una corporación pública haya incurrido en una conducta tipificada como causal para perder la invest idura, según el régimen correspondiente. En segundo lugar, procede el análisis subjetivo de la conducta, donde se verifica que esta sea un acto volitivo y consciente que transgrede el régimen legal.

La causal de pérdida de investidura invocada

El demandante invocó como causal de pérdida de investidura, la consagrada en el numeral 2º del artículo 183 de la Constitución P olítica, según el cual “ Los congresistas perderán su investidura: «2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura», causal que es reiterada en la Ley 5ª de 1992, artículo 296, numeral 6º. Sobre la interpretación de la causal, el alcance de la conducta reprochada en ella y los elementos que la configuran señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 1º de agosto de 2017, radicado 2014-00529, MP. Danilo Rojas Betancourth

y los elementos que la configuran señaló la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 1º de agosto de 2017, radicado 2014-00529, MP. Danilo Rojas Betancourth

«20. Literalmente “inasistencia” no es otra cosa que falta de asistencia y esta expresión a su turno significa hallarse presente. De modo que si un congresista, sin justificación alguna, no asiste a las reuniones establecidas en el artículo 183 2 constitucional, perderá la investidura.

21. Una literalidad no aislada del texto, obliga a cualquier intérprete a observar la relación que existe entre inasistencia y sesión de votación. (…)

4 Cfr. sentencias SU-424 de 2016, SU-515 de 2013, C-181 de 2002, C-948 de 2002, T-1093 de 2004, SU1159 de 2003 y C-319 de 1994. 5 Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado: “i) si el congresista estaba en condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la causa l, ii) si le era exigible otra conducta o comportamiento, iii) si el congresista atendió las normas jurídicas y, finalmente, iv) si la sanción de pérdida de investidura, en el caso concreto, es necesaria para garantizar los fines fijados en la Constitución” (Ibid). 6 Ibid.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00447-00 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Es decir, la inasistencia relevante para la pérdida de investidura tiene

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (+57-1) 350-6700 – Bogotá, D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 Es decir, la inasistencia relevante para la pérdida de investidura tiene literalmente dos condiciones: (i) que en la reunión se trate al menos uno de los tres temas indicados y (ii) que tales asuntos sean votados en la plenaria7. Al punto que puede afirmarse que si en tal sesión se trata la temática pero no se vota, la ausencia del congresista no será relevante para la pérdida de investidura, lo que refuerza la necesaria relación entre inasistencia y votación.

22. Esto muestra dos rasgos más de la norma, asociados a la estricta legalidad de la sanción que ha de imponerse: (iii) la inasistencia a los debates de este tipo de asuntos en las plenarias del Congreso o de sus Cámaras individualmente consideradas no es relevante para la pérdida de investidura, así como tampoco lo es (iv) la inasistencia a las votaciones de los proyectos de ley y de acto legislativo que tienen lugar al interior de las comisiones constitucionales permanentes. Como la norma no dice p.e. que la investidura se perderá “por la inasistencia a reuniones en las que se debatan y voten proyectos”, sino que solamente limita la exigencia de asistir a las “reuniones plenarias en las que se voten proyectos”, entonces ni el estar presente en las votaciones que se realizan en las comisiones ni la participación en los debates vienen al caso. El contexto relevante de la inasistencia para casos de pérdida de investidura es, se insiste, el momento de la votación en las

las votaciones que se realizan en las comisiones ni la participación en los debates vienen al caso. El contexto relevante de la inasistencia para casos de pérdida de investidura es, se insiste, el momento de la votación en las plenarias de “proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura».

Tal entendimiento está directamente relacionado con la exigencia del cumplimiento de las funciones de los congresistas , principalmente la constituyente, la legislativa y la de control político.

En cuanto a los elementos constitutivos de la causal ha de tenerse en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia se deben reunir los siguientes 8: i) la inasistencia del congresista; ii) que la inasistencia ocurra en el mismo periodo de sesiones; iii) que las seis sesiones a las que deje de asistir sean reuniones plenarias; iv) que en ellas se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura y v) que la ausencia no esté justificada o no se haya producido por motivos de fuerza mayor.

También ha sido pacífica la postura jurisprudencial en el sentido de que, en caso de llegarse a encontrar configurada la causal en cuanto a los elementos normativos, es necesario realizar el análisis del elemento subjetivo , es decir, que ha de pode rse atribuir la conducta reprochada al congresista , a título de dolo o culpa grave.

Análisis del caso concreto

La Sala debe analizar si el demandado incurrió en la causal de pérdida de investidura establecida en el numeral 2º del artículo 183 de la Constitución Política y en el numeral 6 del artículo 29

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