CE - Sentencia 11001031500020250084400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250084400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-00844-00
Demandantes: RUBY ESTHER ARIAS NARVAEZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por los señores Ruby Esther Arias Narváez y otros contra el Tribunal Administrativo de Sucre y otro.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. La señora Ruby Esther Arias Narváez y otros 1, actuando mediante apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo . Con la solicitud de amparo pretenden la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
2. Las anteriores trasgresiones se las adjudican a la sentencia del 1 4 de
de Sucre y el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo . Con la solicitud de amparo pretenden la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
2. Las anteriores trasgresiones se las adjudican a la sentencia del 1 4 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el proceso de reparación directa 2 promovido por la parte actora contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, la Policía Nacional, el Departamento de Sucre, y el municipio de Oveja s. Mediante dicha providencia, se revocó el fallo del 12 de diciembre de 2022 dictado por el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo que negó las pretensiones para algunos actores y declaró probada la excepción de caducidad para otros. En su lugar, el tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa en relación con algunos de los demandantes y negó las pretensiones para los restantes.
1 Debido a la extensión de las personas que conforman el extremo activo de esta acción constitucional, sus nombres se relacionan en el anexo 1 de esta providencia. 2 Proceso identificado con el radicado 70001-33-33-001-2015-00112-00/01.Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: solicitó a esta Honorable Corporación, con el debido respeto, la revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que declaro la falta de legitimación en la causa por activa de los señores ANA
EFIGENIA NARVAEZ GONZALEZ; ELVER RAFAEL TRESPALACIOS NARVAEZ;
NELSON JOSÉ TRESPALACIOS NARVAEZ; BERLYS TRESPALACIOS
NARVAEZ; ERLYS JUDICTH TRESPALACIOS NARVAEZ; MARIA MERCEDES
TRESPALACIOS NARVAEZ; JOSÉ TOMÁS ORTEGA GUZMÁN; JOEL DAVID
NARVAEZ PUENTES; CARLOS ANDRÉS YEPEZ PEÑA; LUIS ALFONSO
PUENTES PEREZ; PIEDAD CECILIA VILLEGAS PÉREZ; DAIRO EMIRO
PUENTES RIVERO; JULIA TERESA RIVERO PÉREZ; ALDAIR RAFAEL
NARVAEZ MONTERROZA; LUIS MANUEL YEPES ALVIS; ABETH MANJARRES
CARO; JOSÉ TOMÁS ORTEGA MANJARRES; ELIZABETH ORTEGA
MANJARRES; CELSA MARÍA GUZMÁN ORTEGA; REGINA ESTHER CARO DE
ROMERO; JUAN CAMILO GUERRA ROMERO; RUBEN ANTONIO ROMERO
MONTERROZA; ESTELLA MARÍA RODRÍGUEZ PAREDES; JUAN DAVID
ROMERO; JUAN CAMILO GUERRA ROMERO; RUBEN ANTONIO ROMERO
MONTERROZA; ESTELLA MARÍA RODRÍGUEZ PAREDES; JUAN DAVID
RODRÍGUEZ PAREDES; LUIS CARLOS RODRÍGUEZ PAREDES; MARÍA DE
LAS MERCEDES TOVAR TOSCANO; MANUEL DEL CRISTO TOVAR PUENTES; NIDIA ESTER MUNIVE ORDOÑEZ; EDWIN JOSÉ ORTEGA MERCADO, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos: JUAN DAVID ORTEGA YEPES y DEINER ELIAS ORTEGA YEPES; MARLY ROMERO CARO; DIMAS RAFAEL SALCEDO NARVAEZ, quien actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos: ÁNGEL MIGUEL SALCEDO ORTEGA;
MARÍA MARGARITA SALCEDO ORTEGA y DIMAS JOSÉ SALCEDO ORTEGA;
ENUAR RAFAEL SALCEDO ORTEGA y BERLEDIS MARÍA SALCEDO ORTEGA;
YEISON YAIR NARVAEZ VILLEGAS; MARTHA CECILIA PEÑA PEREZ; DIANA
MARCELA MERCADO HUERTAS; SAMUEL ELÍAS DEL TORO RIVERO;
FERNANDO SEGUNDO DEL TORO RIVERO; EUCARIS DEL SOCORRO
TOSCANO ORTEGA; JUAN JOSÉ ALVIZ TOSCANO; SENIS PAOLA ALVIZ TOSCANO y SULLY ANDREA ALVIS TOSCANO; YULIETH PAOLA YEPEZ ALVIS; ANDRÉS MANUEL TORRES VILORIA, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo ANDREINA ROSA TORRES TOVAR; ANA LUCÍA
ALVIS; ANDRÉS MANUEL TORRES VILORIA, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hijo ANDREINA ROSA TORRES TOVAR; ANA LUCÍA TORRES TOVAR; y DAVID JOSUE DEL TORO RIVERO. por el juzgado primero administrativo del circuito de Sincelejo y confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE-SALA PRIMERA DE DECISION.
SEGUNDO: Se protejan, amparen los derechos fundamentales de los demandantes, accionantes, debido proceso y se dicte una nueva providencia de remplazo, de mejor proveer; donde se tome la prueba aportada por la UARIV, como prueba de suficiencia para demostrar la condición de desplazados de los demandantes dentro del proceso.
Con ocasión a la vulneración al debido proceso y acceso a la justicia, reparación integral, de víctimas de grave violaciones de derechos humanos, en el caso bajo estudio.
TERCERO: Solicitar con el respeto acostumbrado, se sirva ordenar readecuar el procedimiento para permitir que las v íctimas demandantes que gozan de protección especial constitucional, se les proteja sus derechos constitucionales; lo que condiciona la actividad del juez, particularmente el control oficioso, la función probatoria, la cual no fue ejercida, por las autoridades accionadas, ni fue resuelta por las entidades del estado como la UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS, ALCALDIA DE OVEJAS, OFICINA DEL SISBEN, CENSO POBLACIONAL, entre otros.Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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POBLACIONAL, entre otros.Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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1.3. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente manera:
4. El 6 de septiembre de 1997 hubo una masacre en el Corregimiento de Pijiguay, del municipio de Ovejas, Sucre, perpetrada por grupos al margen de la ley, lo que obligó el desplazamiento de los pobladores de esa zona.
5. El 3 de febrero de 2015, algunos pobladores3 de dicho corregimiento presentaron solicitud de conciliación extrajudicial, previo a acudir ante el juez de lo contencioso administrativo con el fin de reclamar por los perjuicios ocasionados con el desplazamiento forzado. El 18 de marzo de 2015 se llevó a cabo la respectiva audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada.
6. El 9 de junio de 2015, tales personas presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, la Policía Nacional, el Departamento de Sucre, y el municipio de Ovejas, con el fin de exigir la indemnización de los perjuicios ocasionados por tales hechos victimizantes.
7. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo declaró probada la excepción de caducidad del medio
de exigir la indemnización de los perjuicios ocasionados por tales hechos victimizantes.
7. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo declaró probada la excepción de caducidad del medio de control respecto de unos actores y negó las pretensiones en relación con los restantes, de conformidad con las siguientes razones. Según la sentencia del 29 de enero de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que la inaplicación del término de caducidad era excepcional ante la imposibilidad material de ejercer el derecho de acción, situación que no se había acreditado en el asunto. Sobre la negativa de acceder a las pretensiones, los interesados no demostraron su inclusión en el Registro Único de Víctimas (en adelante, RUV) y, por tanto, no probaron su calidad de víctimas de desplazamiento forzado.
8. Por medio de fallo del 2 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de Sucre revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de control para la totalidad de los demandantes , con fundamento en los siguientes argumentos . El término de caducidad para la presentación del medio de control de reparación directa debía contarse desde el momento en que ocurrió el desplazamiento forzado y, por tanto, al momento de presentación de la demanda se había vencido la oportunidad procesal p ara su interposición.
9. Contra dicha decisión, los demandantes promovieron acción de tutela 4 y alegaron la configuración de un defecto procedimental absoluto y un desconocimiento del precedente de la sentencia SU -254 de 2013 de la Corte
9. Contra dicha decisión, los demandantes promovieron acción de tutela 4 y alegaron la configuración de un defecto procedimental absoluto y un desconocimiento del precedente de la sentencia SU -254 de 2013 de la Corte
3 Debido a la extensión de las personas que conforman el extremo activo de esta acción constitucional, sus nombres se relacionan como accionantes y vinculados en los anexos 1 y 2 de esta providencia. 4 Trámite identificado con el radicado 11001-03-15-000-2024-01004-00/01Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Constitucional.
10. Mediante sentencia del 14 de mayo de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado amparó el derecho al debido proceso de la parte actora y dejó sin efectos el fallo del 2 de agosto de 2023 del Tribunal Administrativo de Sucre. En consecuencia, ordenó a la autoridad judicial proferir una providencia de reemplazo. Lo anterior, de conformidad con los siguientes motivos.
11. El medio de control no estaba caducado, debido a que no se demostró que el daño continuado que implicaba el desplazamiento forzado hubiera cesado. La sentencia SU-254 de 2013 quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 y desde esta fecha debía empezarse a contar el término de 2 años para presentar la
el daño continuado que implicaba el desplazamiento forzado hubiera cesado. La sentencia SU-254 de 2013 quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 y desde esta fecha debía empezarse a contar el término de 2 años para presentar la demanda. La caducidad fue suspendida con la presentación de la solicitud extrajudicial y dado que esta se declaró fallida el 18 de marzo de 2014, la demanda radicada el 9 de junio de 2015 fue oportuna.
12. Mediante fallo del 29 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la providencia de tutela de primera instancia al considerar que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en desconocimiento del precedente de la sentencia SU-254 de 2013.
13. En cumplimiento de la orden del juez de tutela, el 14 de noviembre de 2024 el Tribunal Administrativo de Sucre dictó sentencia de reemplazo mediante la cual negó las pretensiones con respecto a unos demandantes y declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los restantes.
14. Lo anterior, con fundamento en las siguientes razones. En el expediente no obraba prueba alguna que acreditara su condición de desplazados, lo que no sucedía con los actores restantes, quienes aportaron su declaración para la inscripción en el RUV antes de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y con respecto a los cuales se negaron las pretensiones de la demanda . Este registro acreditaba un mínimo interés para demandar, pero no para probar el daño y su imputación.
15. Con respecto a los actores legitimados, no se demostró la calidad de habitante habitual del lugar de los hechos, debido a que no se demostró el arraigo
daño y su imputación.
15. Con respecto a los actores legitimados, no se demostró la calidad de habitante habitual del lugar de los hechos, debido a que no se demostró el arraigo con el lugar de residencia. Registros como el RUV, o c ertificados como el del registro en el SISBEN o en el Sistema General de Seguridad Social en Salud no prueban, por sí mismos, que en dicho lugar se ejercía una actividad económica habitual, que se residía en tal sitio con vocación de permanencia o que se adelantaban estudios. Por tanto, no se probó que la vida cotidiana con la que generaban arraigo se dejó atrás debido al fenómeno de la violencia.
16. Registros como el SISBEN tienen como finalidad el análisis socioeconómico de los hogares mediante encuestas, lo que no permite probar que un grupo familiar o una persona haya permanecido, efectivamente, emDemandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
determinado lugar de con vocación de permanencia . Las pruebas testimoniales solo son indicios de que unas personas tuvieron que desplazarse, pero no se indicó de manera concreta de quiénes se trataba, cuándo ocurrió, como ocurrió, si estas personas tenían arraigo en la zona, etc.
17. El RUV, por sí solo, no denota las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que tuvo lugar el desplazamiento de cada uno de los demandantes, dada
si estas personas tenían arraigo en la zona, etc.
17. El RUV, por sí solo, no denota las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que tuvo lugar el desplazamiento de cada uno de los demandantes, dada la generalidad del contenido documental aportado . Los registros aportados no contienen un fin específico relacionado con el proceso judicial en cuestión y no permiten particularizar la situación de desplazamiento que habrían vivido los demandantes.
1.4. Sustento de la vulneración
18. Como fundamentos de la acción constitucional, la parte actora formuló los argumentos que a continuación se presentan.
1.4.1. Defecto fáctico
19. El RUV no fue la prueba solicitada por la parte demandante en la presentación de la demanda, ni tampoco la que fue decretada y oficiada por el juez de la primera instancia . En la audiencia inicial se ordenó a la UARIV que remitiera «copia de la resolución o acto administrativo de inclusión como desplazados a los demandantes». Ante la negativa de la entidad en dar respuesta al requerimiento, la parte demandante del proceso ordinario solicitó directamente ante la UARIV dicha documentación.
20. Como respuesta a dicha petición , la entidad remitió el RUV en el que registraban como víctimas de desplazamiento forzado algunos de los demandantes, prueba que fue incorporada al expediente y que «terminó supliendo lo que se pretendía probar con la resolución o acto administrativo de inclusión como desplazados» que fue solicitada en un principio.
21. En este contexto, si para el tribunal el RUV no era prueba suficiente para acreditar la condición de desplazados de los actores y si se hubiera tomado en
inclusión como desplazados» que fue solicitada en un principio.
21. En este contexto, si para el tribunal el RUV no era prueba suficiente para acreditar la condición de desplazados de los actores y si se hubiera tomado en consideración que esta no fue la prueba pedida en un principio por la parte actora, contaba con la facultad de disponer la práctica de pruebas necesarias para esclarecer este y todos los puntos oscuros del trámite, según lo dispuesto por el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011.
22. La autoridad judicial accionada incurrió en indebida valoración del Oficio JAD 001-088-1 de la Alcaldía de Ovejas que certificaba a 67 de los demandantes como beneficiarios del SISBEN del municipio. El análisis llevado a cabo por el tribunal desconoció las reglas de la lógica y la sana crítica pues ignoró los requisitos establecidos por el Artículo 2.2.8.1.5. del Decreto 441 de 2017 para que una persona sea beneficiaria de tal sistema.Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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23. De conformidad con estas exigencias , un ciudadano debe ser residente del municipio que lo incluye en la base de datos, lo cual fue desconocido por el tribunal. El municipio de Ovejas tiene a su cargo el corregimiento de Pijiguay y es perteneciente a su circunscripción territorial. Por tanto, la autoridad judicial debió
del municipio que lo incluye en la base de datos, lo cual fue desconocido por el tribunal. El municipio de Ovejas tiene a su cargo el corregimiento de Pijiguay y es perteneciente a su circunscripción territorial. Por tanto, la autoridad judicial debió dar por probado que los 67 demandantes incluidos en el SISBEN por parte del municipio eran residentes de este ente territorial y, en tal sentido, debió acreditarse que estas personas que tuvieran RUV eran desplazados por la masacre de Pijiguay.
24. No se valoró el expediente penal de la Unidad de derechos humanos y DIH de Medellín que obra en el plenario y según el cual se acreditó que el 6 de septiembre de 1997, en el corregimiento de Pijiguay , grupos armados incursionaron a dicha zona y cometieron una masacre, entre otra serie de delitos.
También se omitió el estudio de las declaraciones de habitantes incorporadas en dicho expediente y mediante las cuales se describió lo ocurrido . De tales testimonios se infiere que para dicha época, aquellas personas tuvieron que abandonar el corregimiento de Pijiguay y desplazarse hacia otras zonas del país.
25. Se encuentra debidamente probada la calidad de víctimas de desplazamiento forzado de los actores, según las pruebas que obran del folio 1292 al 1302 en donde obra un oficio aportado por la UARIV que establece lo siguiente: «a consulta en el RUV las siguientes personas se encuentran incluidas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado bajo la Ley 387 de 1997, marco normativo en el cual inició su actuación».
1.4.2. Desconocimiento del precedente
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado bajo la Ley 387 de 1997, marco normativo en el cual inició su actuación».
1.4.2. Desconocimiento del precedente
26. Se incurrió en un desconocimiento de la sentencia T-117 de 2022 que fijó un régimen de flexibilización de las reglas probatorias a sujetos de especial protección constitucional en los procesos llevados a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los que se discuten graves vulneraciones de derechos humanos e infracciones al DIH. Según esta providencia, el juez puede distribuir la carga probatoria, teniendo en cuenta la situación más favorable a las víctimas del conflicto armado. Por tanto, según la Corte Constitucional, no se le puede exigir a estas personas allegar un material probatorio rígido que no deje duda de los hechos que dieron lugar a la vulneración alegada.
27. El tribunal demandado incurrió en una revictimización a los demandantes al exigirles que cumplieran con una alta carga probatoria, pues al ser habitantes de un área rural, se encuentran imposibilitados para allegar pruebas que no poseían y que debían ser aportadas por las entidades estatales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
28. Mediante auto del 20 de febrero de 2025, el magistrado ponente inadmitió la acción de tutela formulada, para que la parte actora: i) identificara los sujetos que integraban el extremo accionante; ii) allegara el poder especial y específicoDemandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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que le fue otorgado por los sujetos que integran la parte accionante para la presentación y tramitación de este mecanismo y, iii) identificara bajo la gravedad de juramento que no ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos y derechos.
29. En relación con el requerimiento consistente en identificar a los sujetos que integran el extremo activo y en allegar el respectivo poder especial, se cumplió parcialmente la orden. Si bien se identificaron a 267 personas que, según el profesional en derecho Fernández Chagín conforman la parte actora, se allegaron únicamente los poderes especiales que lo acreditan como representante de los señores Ruby Esther Arias Narváez y otros5. En tal sentido, por medio de auto del 6 de marzo de 2025, se admitió la acción constitucional exclusivamente en relación con tales personas.
30. De igual forma, se ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo. A su vez, se vinculó como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a la Policía Nacional, al Departamento de Sucre, al municipio de Ovejas, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a los señores Elver Rafael Trespalacios Narváez y otros6, relacionados en el escrito de subsanación como integrantes del extremo activo y de quienes
municipio de Ovejas, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a los señores Elver Rafael Trespalacios Narváez y otros6, relacionados en el escrito de subsanación como integrantes del extremo activo y de quienes no se aportó el respectivo poder, pero que conformaron la parte demandante del proceso de reparación directa.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional
31. Solicitó que se negara el amparo invocado pues, a su juicio, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental de los actores. Lo anterior, con fundamento en los siguientes argumentos.
32. No se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, pues lo que se evidencia es que la parte actora pretende reabrir un debate que se encuentra definido.
33. El tribunal valoró las pruebas que se aportaron y de las cuales no se acreditó la condición de desplazados de los demandantes, a su vez que de ellas no deriva automáticamente la responsabilidad del ministerio. En el proceso no se cumplió con la carga probatoria requerida para el efecto, dado que no se pro bó que los daños aludidos fueran imputables a las entidades accionadas. Esta calidad de los sujetos es una situación fáctica y no una calidad jurídica que se adquiera con la inscripción en una lista oficial.
5 Debido a la extensión de las personas que conforman el extremo activo de esta acción constitucional, sus nombres se relacionan en el anexo 1 de esta providencia. 6 Los nombres de estas personas se relacionan en el anexo 2 de esta sentencia.Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
nombres se relacionan en el anexo 1 de esta providencia. 6 Los nombres de estas personas se relacionan en el anexo 2 de esta sentencia.Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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1.6.2. Tribunal Administrativo de Sucre
34. Solicitó desestimar las pretensiones formuladas puesto que, a su juicio, la parte actora pretende reabrir el debate surtido en el proceso ordinario, lo cual contraría la finalidad de la acción de tutela.
1.6.3. Municipio de Ovejas
35. Con fundamento en los siguientes motivos, pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela y se negaran las pretensiones formuladas.
36. Los actores promovieron con antelación el mecanismo de amparo contra las autoridades judiciales demandadas, por los mismos hechos y pretensiones.
El Consejo de Estado conoció de tal mecanismo en primera y segunda instancia. En ambos procesos se invocó la protección del debido proceso y se solicitó que se revocaran tales fallos. En tal sentido, se configura la cosa juzgada y la temeridad.
37. El tribunal valoró debidamente el material probatorio obrante en el expediente, por lo que no incurrió en los defectos formulados por la parte actora.
1.6.4. Policía Nacional
38. Solicitó que se negaran las pretensiones formuladas, con sustento en los siguientes argumentos.
expediente, por lo que no incurrió en los defectos formulados por la parte actora.
1.6.4. Policía Nacional
38. Solicitó que se negaran las pretensiones formuladas, con sustento en los siguientes argumentos.
39. El derecho al debido proceso fue garantizado, lo que no implica una decisión favorable para los actores. De tal forma, no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales de los demandantes, dado que se probó su falta de legitimación en la causa por activa en el trámite judicial en cuestión. Por último, no se probó la configuración de algún perjuicio grave e inminente.
1.6.5. Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
40. Pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa de la entidad y que se declarara la cosa juzgada constitucional, con fundamento en los siguientes motivos.
41. La UARIV no es parte dentro del proceso ordinari o y las pretensiones formuladas no se atribuyen a alguna vulneración o amenaza por parte de la autoridad.
42. Los actores cuentan con otros mecanismos judiciales para solicitar el amparo invocado. A su vez, los tutelantes pretenden revivir términos judiciales, con lo que buscan usar la acción de tutela como una tercera instancia.Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
43. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de Sucre. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
44. La UARIV solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por activa al no ser la autoridad que profirió la providencia que se cuestiona en esta oportunidad ni ser parte del proceso en el que se dictó tal fallo. La sala advierte que negará dicha petición, pues esta autoridad fue vinculada en calidad de tercero con interés y no como autoridad demandada.
2.3. Legitimación en la causa
45. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
46. La Sala advierte que los señores Ruby Esther Arias Narváez y otros están legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte activa en el proceso de reparación directa en el que se dictaron las providencias que se
46. La Sala advierte que los señores Ruby Esther Arias Narváez y otros están legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte activa en el proceso de reparación directa en el que se dictaron las providencias que se cuestionan mediante la presente acción constitucional.
47. Por su parte, se advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.
2.4. Problema jurídico
48. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:
- ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales?
49. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, se procederá a dar respuesta al siguiente interrogante:Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00
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- ¿El Tribunal Administrativo de Sucre vulneró el derecho fundamental invocado por los accionantes, con ocasión de la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2024?
50. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
50. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del
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