CE - Sentencia 11001031500020250093900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250093900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
Demandante: Brayan Camilo Márquez Ramírez
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
Demandante: BRAYAN CAMILO MÁRQUEZ RAMÍREZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
B, Y OTROS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumpl e el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada; además, se pretende usar la tutela como instancia adicional del proceso de origen.
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Brayan Camilo Márquez Ramírez contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Bogotá y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
Familiar – Colsubsidio.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la tutela
1. El 19 de febrero de la presente anualidad 1, el señor Brayan Camilo Márquez Ramírez interpuso acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la Alcaldía y la Secretaría de Educación de Bogotá y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar - Colsubsidio, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
1 Se advierte que, luego de resolverse la nulidad propuesta por uno de los intervinientes, el 25 de abril de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
Demandante: Brayan Camilo Márquez Ramírez
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a la igualdad y a la vida digna 2, con ocasión d e la sentencia de segunda instancia proferida, el 10 de octubre de 2024, en el marco del proceso de reparación directa con radicado 25000-23-26-000-2010-00099-00/03. Formu ló las sig uientes pretensiones:
(…) PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA JUSTICIA, IGUALDAD, EQUIDAD Y VIDA DIGNA de BRAYAN CAMILO MARQUEZ RAMIREZ , vulnerados por la SUBSECCION B DE LA
SECCION TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DERECHO A LA JUSTICIA, IGUALDAD, EQUIDAD Y VIDA DIGNA de BRAYAN CAMILO MARQUEZ RAMIREZ , vulnerados por la SUBSECCION B DE LA SECCION TERCERA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO , integrada por los Consejeros Dr. MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, Dr. FREDY IBARRA MARTINEZ y Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACIÓN, representado por el Alcalde CARLOS FERNANDO GALAN o quien haga sus veces al momento de notificar el correspondiente auto admisorio de la presente acción y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO, representada legalmente por el señor RICARDO REYES MARIN o quien haga sus veces al momento de notificar el correspondiente auto admisorio de la presente acción.
SEGUNDO: ORDENAR a la SUBSECCION B DE LA SECCION TERCERA DE
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, integrada por los Consejeros Dr. MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, Dr. FREDY IBARRA MARTINEZ y Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, para que dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes al fallo que así lo ordene, PROCEDA A CORREGIR LOS YERROS COMETIDOS EN LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA, DECLARANDO LA IMPROCEDENCIA DE LA
CADUCIDAD, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SOBRE ESE
PARTICULAR IMPARTA ESTA HONORABLE CORPORACIÓN, REVOCANDO,
VALORACIÓN DE LA PRUEBA, DECLARANDO LA IMPROCEDENCIA DE LA
CADUCIDAD, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE SOBRE ESE
PARTICULAR IMPARTA ESTA HONORABLE CORPORACIÓN, REVOCANDO,
EN CONSECUENCIA, EL CORRESPONDIENTE FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA.
TERCERO: En el improbable caso, de que esa Corporación no consi dere admisibles los anteriores argumentos, y más aún, no considere la relevancia y la preminencia en la salvaguarda de los derechos humanos conculcados a BRAYAN CAMILO MARQUEZ RAMIREZ, solicito se ORDENE, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la orden de esta honorable Corporación, que la SUBSECCION B DE LA SECCION TERCERA DE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HONORABLE CONSEJO DE
ESTADO, integrada por los Consejeros Dr. MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, Dr.
FREDY IBARRA MARTINEZ y Dr. ALBERTO MONTAÑA PLATA, DETERMINE
LA RESPONSABILIDAD Y EN CONSECUENCIA, SE CONDENE A LA CAJA
COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR – COLSUBSIDIO, COMO ÚNICA
RESPONSABLE EN LA CAUSACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
SUFRIDOS POR BRAYAN CAMILO MARQUEZ RAMIREZ, LO S CUALES NO
FUERON OBJETO DE CONTROVERSIA DENTRO DEL FALLO CONTRA EL
CUAL SE INTERPUSO LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL.
2 El accionante también estimó desconocido el principio de equidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
CUAL SE INTERPUSO LA PRESENTE ACCIÓN CONSTITUCIONAL.
2 El accionante también estimó desconocido el principio de equidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
Demandante: Brayan Camilo Márquez Ramírez
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2. De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas se extraen los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
3. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Jinna Edelmira Ramírez Pérez y Juan Pablo Márquez Niño, en nombre propio y en representación de su hijo , entonces menor de edad, Brayan Camilo Márquez Ramírez, presentaron demanda contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables, por los daños y perjuicios derivados del accidente que sufrió el menor mencionado el 14 de septiembre de 2006 en las instalaciones de la Institución Educativa Las Mercedes.
4. En la demanda, la parte actora indicó que, el 14 de septiembre de 2006, durante la ejecución de una clase de educación física, Brayan Camilo Márquez Ramírez realizó un movimiento gimnástico que le ocasionó «trauma raquimedular y disminución en la fuerza muscular, trauma en tejidos blandos, lesión medular por elongación, síndrome de cono medular secundario, esfínteres neurogénicos secundarios », lesiones atribuibles a las entidades demandadas . A su juicio, el accidente se produjo bajo la supervisión y dirección de una funcionaria de la Institución Educativa, quien, además,
de cono medular secundario, esfínteres neurogénicos secundarios », lesiones atribuibles a las entidades demandadas . A su juicio, el accidente se produjo bajo la supervisión y dirección de una funcionaria de la Institución Educativa, quien, además, ignoró los síntomas que presentó el menor, lo que impidió que recibiera la atención médica que requería.
5. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-26-000-2010-00099-00 y correspondió, por reparto, a la Sección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en sentencia del 8 de agosto de 2019, declaró probada la caducidad. Señaló que, aunque el accidente ocurrió el 14 de septiembre de 2006, en el proceso se acreditó que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, el 14 de marzo de 2007, cuando el médico fisiatra del Hospital Simón Bolívar emitió concepto técnico -científico, mediante el cual se determinó el diagnóstico definitivo de las lesiones del menor. No obstante, la demanda se presentó el 26 de febrero de 2010, es decir, extemporáneamente.
6. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Según afirmó, la exoneración de una entidad, por vía de una excepción propuesta por ella no implica, necesariamente, la terminación del proceso respecto de las otras demandadas. En especial, respecto de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, en la medida en que , dada su naturaleza privada , el eximente de responsabilidad que debió proponer era el de «prescripción extintiva».
demandadas. En especial, respecto de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, en la medida en que , dada su naturaleza privada , el eximente de responsabilidad que debió proponer era el de «prescripción extintiva».
7. Adicionalmente, respecto de la fecha hito a partir de la cual se contabilizó la caducidad, argumentó que el fallador de primera instancia desconoció que el diagnóstico de las lesiones sufridas por Brayan Camilo Márquez Ramírez no esRadicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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definitivo. Según el recurso de apelación, el yerro cometido por el a quo consistió en que en el caso concreto se analizó la ocurrencia de un daño continuado, pues, como se determinó en un dictamen de medicina legal, «la magnitud del daño sólo se podrá establecer cuando los tejidos estén en condición de presanidad », lo que hasta el momento no ha ocurrido.
8. Mediante sentencia del 10 de octubre de 2024 , notificada el 8 de noviembre siguiente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó el fallo apelado . Al igual que el a quo , expuso que el conocimiento definitivo de la afección que sufrió el demandante sobrevino con el concepto técnico emitido por el médico fisiatra del Hospital Simón Bolívar, el 14 de marzo de 2007. Para la Sala de conocimiento, a partir de ese momento se tuvo certeza d el daño, pues allí se dieron a conocer tanto el origen como la patología que sufría.
conocimiento, a partir de ese momento se tuvo certeza d el daño, pues allí se dieron a conocer tanto el origen como la patología que sufría.
9. En cuanto al dictamen rendido por medicina legal, referido por la demandante en el recurso de alzada, consideró que, si bien allí se determinó que no era posible determinar la causa de los daños físicos, lo cierto es que también se enfatizó en que la «valoración por fisiatría determina que presenta secuelas de trauma raquimedular con nivel S1, el cual dentro del mismo diagnóstico se establece la etiología traumática de las lesiones», lo que daba cuenta de que allí también se tuvo la valoración de fisiatría como diagnóstico definitivo.
10. En consecuencia, señaló que el término de caducidad para presentar el medio de control de reparación directa empezó a correr a partir de la emisión del concepto médico de fisiatría, es decir, el 14 de marzo de 2007, y se suspendió entre el 6 de marzo y el 20 de mayo de 2009, en virtud del trámite de conciliación prejudicial; no obstante, la demanda fue radicada el 31 de marzo de 2010.
11. En el escrito de tutela, la parte actora adujo que la providencia censurada incurrió en una vía de hecho judicial , por «indebida valoración e interpretación de las pruebas». Además, afirmó que l a vulneración de los derechos fundamentales del accionante se evidencia en (i) la indebida configuración de la caducidad, (ii) el desconocimiento de la prevalencia de los dere chos humanos y derechos fundamentales constitucionales sobre normas procesales – excepción de
accionante se evidencia en (i) la indebida configuración de la caducidad, (ii) el desconocimiento de la prevalencia de los dere chos humanos y derechos fundamentales constitucionales sobre normas procesales – excepción de inconstitucionalidad y control difuso de convencionalidad y (iii) la inoperancia de la caducidad administrativa frente a entidades privadas como causantes del daño.
B. Trámite impartido e intervenciones
12. Mediante auto del 21 de febrero de 20253, el despacho sustanciador del proceso admitió la acción de tutela contra los magistrados que integran la Subsección B de la
3 SAMAI, índice 4.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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Sección Tercera del Consejo de Estado, el alcalde y la secretaria de Educación de Bogotá; y el representante legal de la Caja Colombiana de Subsidio FamiliarColsubsidio, y vinculó a los señores Jinna Edelmira Ramírez Pérez y Juan Pablo Camilo Márquez Ram írez, así como a las sociedades Generali Colombia Seguros Generales S.A., y Seguros Generales Suramericana S.A., en calidad de terceros con interés. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado4, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que la providencia censurada contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez del amparo adopte la decisión que corresponda.
magistrado ponente de la decisión cuestionada, señaló que la providencia censurada contiene los argumentos y elementos necesarios para que el juez del amparo adopte la decisión que corresponda.
14. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca 5 remitió copia digital del expediente del proceso de reparación directa, con radicado 25000-23-26-000-201000099-00/01, pero no se pronunció respecto de la petición de amparo.
15. La s ociedad Seguros Generales Suramericana S.A.6 solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo, en la medida en que no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales, ni se configura ninguno de los defectos específicos que darían lugar a la prosperidad del amparo.
16. La Secretaría de Educación de Bogotá 7 también solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de amparo, por considerar que lo que pretende el accionante es revivir, en sede de tutela, la discusión jurídica respecto de la decisión tomada en el proceso ordinario.
17. La Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio8 solicitó que se denegaran las súplicas de la petición de amparo, por cuanto lo que se pretende es controvertir los argumentos de la providencia atacada, como si la acción de tutela se tratara de una nueva instancia del proceso de reparación directa.
18. El 2 de marzo del año en curso, la sociedad HDI Seguros Colombia S.A.9 solicitó la nulidad de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, para lo cual alegó que la Secretaría General de esta Corporación remitió la notificación de la
18. El 2 de marzo del año en curso, la sociedad HDI Seguros Colombia S.A.9 solicitó la nulidad de la notificación del auto admisorio de la acción de tutela, para lo cual alegó que la Secretaría General de esta Corporación remitió la notificación de la referida providencia a unas direcciones electrónicas que no corresponden a la de
4 SAMAI, índice 9. 5 SAMAI, índice 15. 6 SAMAI, índice 17. 7 SAMAI, índice 18. 8 SAMAI, índice 20. 9 SAMAI, índice 21.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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notificaciones judiciales que figuraba en el certificado de existencia y representación legal.
19. Mediante auto del 8 de abril de 2025, el despacho sustanciador negó la nulidad propuesta por HDI Seguros Colombia S.A., básicamente porque, el 3 de marzo anterior, la Secretaría General volvió a practicar la notificación y remitió el correspondiente mensaje de datos a la dirección electrónica
notificacionesjudiciales@hdiseguros.com.co10, con lo cual, de paso, se garantizó que la sociedad peticionaria contestara oportunamente la demanda de tutela, lo que, en efecto, ocurrió.
20. En la contestación, l a so ciedad HDI Seguros Colombia S.A. 11 solicitó que se negaran las súplicas de la petición de amparo, pues carece de los requisitos generales y específicos para la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
negaran las súplicas de la petición de amparo, pues carece de los requisitos generales y específicos para la prosperidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES
C. Competencia
21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de primera instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).
D. Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si la petición de amparo satisface los requisitos generales de procedibilidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. Sólo en el evento de que se cumplan, se analizará si se encuentra configurado el defecto atribuido por la parte accionante a la providencia del 10 de octubre de 2024, dictada por Sección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
E. Análisis de la Sala: cumplimiento del requisito de relevancia constitucional
23. En sentencia del 5 de agosto de 2014 (exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 [IJ], M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez), la Sala Plena de esta Corporación señaló que
10 SAMAI, índice 23. 11 SAMAI, índice 25.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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10 SAMAI, índice 23. 11 SAMAI, índice 25.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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esta exigencia tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.
24. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la re levancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
25. El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para pr oteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.
26. En resumen, el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
27. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 12 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.
28. En el caso bajo estudio, el accionante afirmó que la providencia censurada incurrió en una vía de hecho, por «indebida valoración e interpretación de las pruebas» .
Concretamente, sostuvo que adolece de las siguientes irregularidades: (i) indebida configuración de la caducidad en el caso en concreto, (ii) no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad o el control difuso de convencionalidad, con el fin de inaplicar la regla de la caducidad, por tratarse de un asunto en el que se involucró la transgresión
12 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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de sus derechos humanos , e (iii) la improcedencia de la declaratoria de caducidad frente a entidades de naturaleza privada.
29. En cuanto al primer cargo, señaló qu e la autoridad judicial demandada declaró infundadamente la caducidad del medio de control, pues , si bien se tiene acreditado que el accidente ocurrió el 14 de septiembre de 2006; lo ciert o es que, por la naturaleza de la lesión, no es posible determinar con exactitud cu ándo se consolidó el daño , pues, además de resultar comprometida físicamente, la víctima directa también sufrió afecciones neurológicas, constituy éndose un daño de carácter continuo y progresivo.
30. En lo relativo al segundo cargo, indicó que , al declarar configurada la caducidad de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado pasó por alto la prevalencia de los derechos humanos y fundamentales sobre las normas procesales, por lo que en este caso, en uso de la excepción de inconstitucionalidad, debió inaplicarse la regla de caducidad contenida en el numeral 8 del artículo 136 del CCA, para dar trámite a las súplicas de la demanda.
31. Finalmente, adujo que el juez ad quem debió analizar la responsabilidad de cada una de las entidades demandadas, de manera «determinada y debidamente singularizada», porque no era procedente declarar la caducidad respecto de la entidad privada demandada: Colsubsidio, en la medida en que, por su naturaleza, la
una de las entidades demandadas, de manera «determinada y debidamente singularizada», porque no era procedente declarar la caducidad respecto de la entidad privada demandada: Colsubsidio, en la medida en que, por su naturaleza, la excepción que debió formular tal entidad era la de «prescripción extintiva», y no la de caducidad.
32. Ahora bien, revisado el expediente ordinario, la Sala observa que, en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores Jinna Edelmira Ramírez Pérez y Juan Pablo Márquez Niño, en representación de su hijo, entonces menor de edad, Brayan Camilo Márquez Ramírez, presentaron demanda contra el Distrito Capital de Bogotá – Secretaría de Educación y la Caja Colombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables, por los daños y perjuicios surgidos del accidente que ocurrió el 14 de septiembre de 2006 en las instalaciones de la Institución Educativa Las Mercedes.
33. En primera instancia, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la caducidad. En su criterio, aunque se acreditó que el accidente ocurrió el 14 de septiembre de 2006, lo cierto es que la certeza del daño devino con el conocimiento del diagnóstico definitivo, emitido por un médico fisiatra del Hospital Simón Bolívar, en el que se determinó que la lesión consistía en «trauma raquimedular, lesión medular por elongación, síndrome de cono medular secundario, esfínteres neurogénicos secundarios a 1».Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
consistía en «trauma raquimedular, lesión medular por elongación, síndrome de cono medular secundario, esfínteres neurogénicos secundarios a 1».Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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34. Con fundamento en lo anterior, precisó que la demanda se presentó de manera extemporánea, porque «transcurrieron más de dos años entre el momento en que se tuvo conocimiento del daño (14 de marzo de 2007) y el momento en que se presentó la demanda (26 de febrero de 2010)» e incluso el trámite de conciliación, adelantado entre el 14 de abril y el 20 de mayo de 2009, fue extemporáneo.
35. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de a pelación. Allí sostuvo que en la providencia impugnada no se razonó respecto a la naturaleza de la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Colsubsidio, entidad privada, concesionaria de la institución educativa en dónde ocurrió el accidente. A su modo de ver , la declaratoria de caducidad del medio de control sólo procedía respecto de la entidad pública demandada, pues la institución jurídico procesal aplicable respecto de Colsubsidio, «debió ser la prescripción extintiva».
36. Además, alegó que en el caso de estudio no se configuró la caducidad, en la medida en que el diagnóstico a partir del cual se contabilizó el término para interponer la demanda no era definitivo, porque la magnitud del daño se ha ido incrementando con el paso del tiempo, lo cual indica que se trataba de un daño continuado que no
medida en que el diagnóstico a partir del cual se contabilizó el término para interponer la demanda no era definitivo, porque la magnitud del daño se ha ido incrementando con el paso del tiempo, lo cual indica que se trataba de un daño continuado que no había terminado de consolidarse. Sostuvo que lo anterior estaba soportado en el dictamen de medicina legal, por medio del cual se informó que «la magnitud del daño, solo se podrá establecer cuando los tejidos estén en condiciones de presanidad, cosa, que a la fecha no ha ocurrido y no se tiene certeza acerca de si algún día, los tejidos del menor tendrán esa condición, para establecer el pare definitivo de la lesión sufrida».
37. En sentencia del 10 de octubre de 2024, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación confirmó la providencia apelada. En plena sintonía con el a quo, el juez de segunda instancia señaló que en el proceso se acreditó que, el 14 de septiembre de 2006, el entonces menor de eda d, Brayan Camilo Márquez Ramírez , sufrió lesiones consistentes en: «trauma raquimedular, síndrome de cono medular secundario y esfínteres neurogénicos secundarios a 1», diagnóstico definitivo emitido por el médico fisiatra del Hospital Simón Bolívar, el 14 de marzo de 2007.
38. A su juicio, el conocimiento sobre la naturaleza de la lesión sobrevino con el diagnóstico definitivo del 14 de marzo de 2007, por lo que, a partir de tal fecha, debía contabilizarse el término de caducidad del medio de control. As imismo, alegó que,
diagnóstico definitivo del 14 de marzo de 2007, por lo que, a partir de tal fecha, debía contabilizarse el término de caducidad del medio de control. As imismo, alegó que, con base en el historial médico allegado al expediente, hasta el año 2012 se constató que el referido diagnóstico fue consistente en los años posteriores y que la atención médica que recibió el menor se dirigió a atender las complicaciones y evolución de la lesión.Radicado: 11001-03-15-000-2025-00939-00
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39. En cuanto a la valoración del dictamen emitido por Medicina Legal, indicó que allí se consignó que no era posible determinar la causa de los «daños físicos», debido a que de la información disponible era posible establecer la fecha exacta de los hechos.
No obstante, argumentó que allí se señaló que la «valoración por fisiatría determinó que el paciente presenta secuelas de trauma raquimedular con nivel S1, y que, dentro del mismo diagnóstico, se establece la etiología traumática de las lesiones». De modo que a partir de allí se puede concluir que dicho diagnóstico era definitivo.
40. Ahora bien, en relación con el argumento del recurso de apelación relativo a la inaplicación del término de caducidad para las entidades de derecho privado, la Sala de conocimiento sostuvo que, de con formidad con lo dispuesto en el artículo 82 del CCA, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo dirimir los conflictos en los que intervenga una entidad de naturaleza pública. Lo anterior, añadió, da lugar a la aplicación del fuero de a tracción, que permite la vinculación de
CCA, corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo dirimir los conflictos en los que intervenga una entidad de naturaleza pública. Lo anterior, añadió, da lugar a la aplicación del fuero de a tracción, que permite la vinculación de particulares que, en principio, están sometid os al juzgamiento de la jurisdicción ordinaria, pero que, al advertir que en la demanda se invocan acciones u omisiones de las que, razonablemente, podría inferirse que qu edaría comprometida su responsabilidad, estas corresponden al conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y , por ende, se someten a la aplicación de las reglas procesales propias.
41. En consideración a lo anterior, la Sala concluye que la presente petición de amparo es improcedente, en la medida en que en el escrito de amparo el accionante reiteró los dos cargos que erigió en el recurso de alzada en contra de la sentencia de primera instancia, los cuales constituyeron justamente el o bjeto de análisis de Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación en la providencia censurada.
42. Análisis que, de conformidad con lo expuesto, no merece reproche alguno desde el punto de vista constitucional, en tanto el estudio fue : (i) suficiente, porque se abordaron en su integridad las inconformidades de los demandantes, (ii) razonable, dado que la fecha a partir de la cual se contabilizó el término de caducidad fue el momento en el que se tuvo conocimiento del diagnóstico definitivo de la lesión y (iii) coherente con los reproches planteados por la parte demandante.
43. En criterio de esta Subsección , era completamente razonable exigir a la parte
momento en el que se tuvo conocimiento del diagnóstico definitivo de la lesión y (iii) coherente con los reproches planteados por la parte demandante.
43. En criterio de esta Subsección , era completamente razonable ex
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