CE - Sentencia 11001031500020250116000

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250116000
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-0315-000-2025-01160-00

Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro1

Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de nulidad electoral . Acto de elección de concejal de Fonseca. Doble militancia por participación en consulta s / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisito de relevancia constitucional – Se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa

Surtido el trámite de ley 2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. El 28 de febrero de 2025 el señor Beder Enrique Guerra Alfaro , a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso y se dejara sin efectos la sentencia de 7 de

apoderado judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se amparara su derecho fundamental al debido proceso y se dejara sin efectos la sentencia de 7 de noviembre de 2024, emitida dentro del proceso de nulidad electoral3 que instauró contra el señor Deiber Alberto Guerra Bula , encaminado a obtener la anulación de su acto de elección como concejal de Fonseca, para el período 2024 -2027, bajo el fundamento de haber incurrido en la causal de nulidad electoral de doble militancia.

2. Mediante la providencia acusada, se confirmó la decisión adoptada el 22 de agosto de 2024 por el Tribunal demandado, que negó las pretensiones ordinarias .

Se determinó que, si bien el 23 de abril de 2023 se realizó una consulta interna en

1 Tribunal Administrativo de La Guajira. 2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 Expediente 44001-23-40-000-2024-00050-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00

Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

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Colombia Humana, esta no fue desconocida por el allí demandado, porque no surtió

Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

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Colombia Humana, esta no fue desconocida por el allí demandado, porque no surtió los efectos jurídicos correspondientes . Aquel movimiento político no lo inscribió en los comicios territoriales del concejo ni adelantó actuaciones para materializar la inscripción de los candidatos elegidos en aquella consulta , como ocurrió con la inscripción de los participantes por Esperanza Democrática, entre ellos, la del señor Deiber Alberto Guerra Bula.

3. La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto fáctico porque no se le otorgó valor a la prueba que demostraba que el demandado participó en la consulta interna de su partido político Colombia Humana para ser candidato al Concejo, con independencia de que haya obtenido o no el aval. Dicha consulta configura la prohibición de doble militancia, cuyo s resultados no pueden ser desconocidos por aquella agrupación política.

4. Si se consideraba que las circunstancias acaecidas tenían inconsistencias o dudas respecto de la certificación de 21 de mayo de 2024 de Colombia Humana, se debieron ordenar pruebas de oficio, conforme a los artículos 169 y 170 del CGP.

5. De haber tenido en cuenta e n debida forma el materia l probatorio, se hubiera arribado a la conclusión de que el demandado participó en la consulta interna de su partido, desconoció el resultado y se inscribió en esas mismas elecciones con el aval de otro grupo político.

6. Además, la providencia acusada no cumple los requisitos de los artículo s 280 y 281 del CGP, por cuanto es una decisión contradictoria, sin motivación alguna y que

de otro grupo político.

6. Además, la providencia acusada no cumple los requisitos de los artículo s 280 y 281 del CGP, por cuanto es una decisión contradictoria, sin motivación alguna y que vulnera su debido proceso, por ende, se requiere una rectificación por parte del juez de tutela.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

7. Mediante auto de 12 de marzo de 20254, se aceptó el impedimento manifestado por el consejero Fernando Pardo Flórez, se admitió la acción de tutela, se ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al señor Deiber Alberto Guerra Bula, en calidad de terceros con interés.

De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Tribunal Administrativo de La Guajira

8. Solicitó declarar improcedente la presente acción porque n o se acreditó el presupuesto de relevancia constitucional. Los argumentos del accionante pretenden revivir el debate probatorio surtido en el proceso ordinario, circunstancia que está vedada para el juez de tutela.

4 Notificado el 17 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00

Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

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9. El tutelante se limitó a cuestionar el alcance que el juez natural del asunto otorgó a la certificación de 21 de mayo de 2024 y alega un presunto defecto fáctico por indebida valoración probatoria, sin plantear razones sólidas dirigidas a demostrar

a la certificación de 21 de mayo de 2024 y alega un presunto defecto fáctico por indebida valoración probatoria, sin plantear razones sólidas dirigidas a demostrar que sus derechos fundamentales fueron transgredido s con la providencia acusada, es decir, no justificó razonadamente la existencia de restricciones desproporcionadas a las prerrogativas que invoca como fundamento de la presente acción de tutela. Por el contrario, se evidencia que el actor pretende imponer el análisis probatorio que considera correcto, aspecto para el que no fue instituida la tutela.

10. Indicó que se analizó la mencionada certificación, diferente es que una vez contrastado con el material probatorio restante se haya concluido que aquella no contaba con la eficacia probatoria para demostrar que el demandado haya obtenido el aval por participar en una consulta interna del partido político Colombia Humana dirigida a la escogencia de candidatos al concejo de Fonseca para las elecciones territoriales. Con base en ello se descartó la configuración de la causal de nulidad electoral invocada.

(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta

11. Advirtió que no corresponde a la realidad que no se haya valorado la certificación de 21 de mayo de 2024. Se encontró probada la realización de la consulta interna y la intervención del concejal demandado, pero se determinó que esta no surtió los correspondientes efectos jurídicos, tanto así que Colombia Humana no participó en la contienda electoral, lo que llevó a concluir que no se expidieron avales. Por consiguiente, pide declarar la improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el requisito de relevancia constitucional o que se niegue el amparo reclamado ante la

la contienda electoral, lo que llevó a concluir que no se expidieron avales. Por consiguiente, pide declarar la improcedencia de la acción de tutela al no acreditar el requisito de relevancia constitucional o que se niegue el amparo reclamado ante la inexistencia de la vulneración del derecho al debido proceso del accionante.

(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil

12. Adujo que no es el responsable de proteger el derecho invocado por el accionante, toda vez que no fungió como juez natural dentro del proceso de nulidad electoral en el que se profirió la providencia cuestionada. Es decir, los hechos que enuncia el accionante no tienen relación con competencias y funciones que la Constitución y la ley le asignan a esa entidad. Por tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.

13. Sin perjuicio de ello, se debe tener en cuenta que se pretende reabrir un debate de tercera instancia, lo cual resulta inadmisible dentro del marco de la acción de tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Solicitud de desvinculaciónRadicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00

Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.

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14. La Sala negará la solicitud de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues su vinculación no se realizó en condición de accionada. Resulta claro que dicha entidad carece de la facultad de emitir una decisión judicial que reemplace la controvertida, que es lo que se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la

carece de la facultad de emitir una decisión judicial que reemplace la controvertida, que es lo que se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada al proceso electoral, resultaba indispensable que fuera llamada a estas diligencias como tercera interesada.

D. Análisis del caso concreto

15. La tutela no satisface el presupuesto de relevancia constitucional , pues la parte actora pretende que se acoja la manera como estima se debió haber zanjado el litigio. Para estos efectos se limita a presentar inconformidad con la decisión judicial atacada en cuanto a la valoración probatoria efectuada , para revivir el debate que en ese aspecto fue definido por el juez natural, sin que se despliegue una carga argumentativa suficiente tendiente a demostrar los yerros constitucionales que motivaron la presentación de esta acción, como se expondrá a continuación.

16. La causal de nulidad electoral de doble militancia por participación en las consultas de un partido o movimiento político , contenida en el inciso 5 del artículo 107 de la Constitución Política, se configura cuando quien participe en aquellas se inscriba como candidato por otra agrupación de esa naturaleza en el mismo proceso electoral.

17. El tutelante indica que en la providencia acusada se le restó valor al hecho de que el demandado participó en la consulta interna que realizó el 23 de abril de 2023 el partido político Colombia Humana para ser candidato al concejo de Fonseca, lo que configuraba la doble militancia, con independencia de que haya obtenido o no su aval.

partido político Colombia Humana para ser candidato al concejo de Fonseca, lo que configuraba la doble militancia, con independencia de que haya obtenido o no su aval.

18. Dicho reproche fue planteado por el tutelante en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia, frente al cual la Sección Quinta del Consejo de Estado sostuvo que no se evidencia discrepancia en el hecho de la participación del demandado en la aludida consulta interna con el objeto de seleccionar al candidato de dicha agrupación para las elecciones del Concejo de Fonseca, pues también resultaba evidente que el partido político Colombia Humana no inscribió candidatos para la mencionada Corporación.

19. Además, se advirtió una inconsistencia entre autoridades del partido Colombia Humana, pues mientras la vicepresidente y secretaria general afirmó que el demandado participó en la consulta y se le otorgó el aval, la Junta de Coordinación municipal de ese movimiento adujo que no se le concedió aquel por la “imposibilidad material” de hacerlo. No obstante, concordaron en que el demandado no está en los registros actuales del movimiento político y se recibió su renuncia el 29 de julio de 2023 (antes de obtener el aval del partido Esperanza Democrática -1º de agosto deRadicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00

Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.

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2023-), dejándolo en libertad de participar en cualquier elección popular por la agrupación política que así lo deseara, quien optó por el partido político Esperanza Democrática, el cual lo inscribió mediante los formularios E-7 CO y E-8 CO.

2023-), dejándolo en libertad de participar en cualquier elección popular por la agrupación política que así lo deseara, quien optó por el partido político Esperanza Democrática, el cual lo inscribió mediante los formularios E-7 CO y E-8 CO.

20. Con base en lo anterior, concluyó que no se adjuntaron pruebas que acreditaran que el movimiento político Colombia Humana hubiese inscrito al demandado en los comicios territoriales del concejo o hubiera adelantado las actuaciones tendientes a materializar la inscripción de los candidatos elegidos mediante la consulta interna de la colectividad, como ocurrió con la inscripción de los participantes por Esperanza Democrática. Por tanto, son más los indicios que llevan a concluir que la consulta interna efectuada por el partido Colombia Humana no surtió los efectos jurídicos, a tal punto que no participó en la contienda electoral, lo que conlleva colegir que no se expidieron avales.

21. Para la Sala las anteriores conclusiones no involucran arbitrariedad alguna, en la medida en que encuentran sustento en el material probatorio allegado al expediente ordinario. Se explicó la razón por la cual el hecho de que el demandado hubiere participado en la consulta interna realizada por el partido Colombia Humana para el Concejo de Fonseca no representaba impedimento alguno para que se inscribiera como candidato a ese cargo por otro movimiento político, en razón a que aquella consulta no surtió los correspondientes efectos jurídicos. Colombia Humana no inscribió aspirantes a ese empleo, y tuvo en cuenta que el demandado presentó la respectiva renuncia a esa agrupación (lo que acaeció previo a contar con el aval de otro partido político) , dejándolo en libertad para postularse por otro movimiento político.

respectiva renuncia a esa agrupación (lo que acaeció previo a contar con el aval de otro partido político) , dejándolo en libertad para postularse por otro movimiento político.

22. También aduce el accionante que no se valoró en debida forma la certificación de 21 de mayo de 2024 emanada del partido político Colombia Humana, que da cuenta que el demandado en el proceso ordinario obtuvo el aval después de participar en la consulta interna de ese partido para ser candidato al concejo de Fonseca , lo que configuraba la doble militancia, pues pese a ello inscribió su candidatura con el movimiento político Esperanza Democrática.

23. En cuanto al grado de certeza que otorgaba el referido documento, se evidencia que la Sección Quinta del Consejo de Estado analizó tal aspecto, pues fue objeto de inconformidad en la alzada formulada tanto por el tutelante como por el Ministerio Público. L a autoridad judicial indicó que aquel presentaba un problema frente al contexto local, pues no menciona ni analiza las circunstancias específicas que rodearon la consulta en el municipio de Fonseca, lo cual genera dudas respecto de su precisión y exhaustividad.

24. Por lo anterior, resultaba necesario analizar la referida certificación junto con todos los medios de prueba allegados al plenario, para poder comprender y esclarecer la situación fáctica relacionada con la consulta interna y la consecuente participación del demandado en la contienda electoral.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00

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25. Con base en lo descrito, la Sala no infiere en qué consistió la indebida valoración

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25. Con base en lo descrito, la Sala no infiere en qué consistió la indebida valoración de la citada certificación , pues esta no resulta irracional, ni atenta contra los postulados de la sana crítica. Diferente es que haya resultado necesario que el documento fuera analizad o en conjunto con los demás elementos de convicción arrimados al plenario.

26. Por tanto, no es aceptable que el actor pretenda que se le imponga al juez natural el grado de certeza que, a su juicio, se le debió otorgar a la certificación de 21 de mayo de 2024, cuando este justificó por qué l a valoró del modo en que lo hizo, sin que la parte actora controvierta de ninguna manera el planteamiento de la autoridad judicial. Acceder a lo pretendido por el tutelante implicaría dejar de lado el restante material probatorio aportado e invadir la órbita de competencia del juez natural, como si este escenario constitucional hubiera sido instituido como una tercera instancia, para imponer el grado probatorio que se les debe otorgar a las pruebas recaudadas.

27. Por otro lado, el tutelante aduce que si no se tenía certeza sobre las circunstancias que rodearon los hechos se debieron decretar pruebas de oficio. Al respecto, se aclara que no existió la falta de certeza alegada, sino que no era dable tener como única prueba para decidir el asunto la certificación de 21 de mayo de 2024, pues se contradecía con los demás elementos de prueba allegados.

28. Ahora bien, al margen de la carencia de la falta de certeza alegada, se precisa

tener como única prueba para decidir el asunto la certificación de 21 de mayo de 2024, pues se contradecía con los demás elementos de prueba allegados.

28. Ahora bien, al margen de la carencia de la falta de certeza alegada, se precisa que el decretar pruebas de oficio es potestativo de la autoridad judicial, por ende, no es dable que en sede de tutela se le imponga tal actuación, máxime cuando no se evidencia la duda a la que se refiere el accionante. Por el contrario, la decisión adoptada está fundamentada en el material probatorio obrante en el expediente, distinto es que la parte actora no comparta las conclusiones probatorias a las que arribó el juez natural de la contienda, por lo que pretende que el juez de tutela acoja la tesis probatoria que planteó en sede ordinaria y que reitera en este asunto constitucional, la cual fue desvirtuada por la autoridad judicial accionada.

29. Por último, alega el accionante que las irregularidades descritas tornan a la providencia acusada carente de motivación e incongruente . No obstante, tal reproche representa una contradicción con las demás inconformidades planteadas, consistentes en debatir la valoración probatoria desarrollada por el juez natural de la causa, lo que implica el ejercicio de motivación y, como se anotó en precedencia, las conclusiones a las que se arribó están soportadas en las pruebas adosadas al expediente ordinario.

30. Esta Sala advierte que lo pretendido por el tutelante bajo la causal de defecto fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio recaudado, al no compartir el modo en que lo hizo el juez natural del litigio, frente a lo cual cabe

30. Esta Sala advierte que lo pretendido por el tutelante bajo la causal de defecto fáctico es imponer la manera como debió valorarse el material probatorio recaudado, al no compartir el modo en que lo hizo el juez natural del litigio, frente a lo cual cabe anotar que la tutela no es el mecanismo idóneo para fijar el grado de certeza que se les debe otorgar a las pruebas obrantes en el proceso ordinario. Tal actuación escapa de la órbita de competencia para la que fue instituida, pues de avalarse elloRadicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00

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se usurparía la función del juez natural de la controversia, en particular, los poderes de valoración de las pruebas.

31. De igual modo, la parte actora no despliega argumentación dirigida a desvirtuar las conclusiones probatorias a las que arribó la autoridad judicial ni a demostrar arbitrariedad alguna que implique vulneración de derechos fundamentales. Insiste en la configuración de la causal de nulidad electoral de doble militancia por participación en consulta, sin considerar la argumentación empleada por el juez natural para no hallarla acreditada.

32. Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya valorado las pruebas como lo pretendía el tutelante, no l o habilita para que acuda a este mecanismo judicial para imponer su tesis probatoria, con el fin de que se decida en determinado sentido, máxime cuando no se evidencia que en ese ejercicio se hayan contrariado los postulados de la sana crítica o involucre algún tipo de arbitrariedad.

mecanismo judicial para imponer su tesis probatoria, con el fin de que se decida en determinado sentido, máxime cuando no se evidencia que en ese ejercicio se hayan contrariado los postulados de la sana crítica o involucre algún tipo de arbitrariedad. La simple inconformidad de criterios frente a la valoración probatoria, en especial, al grado de certeza otorgado a los elementos de convicción para tener por acreditados los supuestos fácticos que soportan las pretensiones ordinarias, no comporta por sí sola la alegada vulneración de derechos fundamentales.

33. Así las cosas , las inconformidades del tutelante no demuestran afectación constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos , cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta con la Carta política

34. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional , pues la acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe desarrollar uno de validez.

35. En ese orden de ideas, comoquiera que no se supera el requisito de relevancia constitucional, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones expuestas en la motivación de esta providencia.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01160-00

Accionante: Beder Enrique Guerra Alfaro.

Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro

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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en atención a las consideraciones planteadas.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

CUARTO: De no ser impugnada la presente pro videncia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace

https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder

que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

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