CE - Sentencia 11001031500020250117100
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250117100
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de nulidad electoral . Acto de elección de alcalde de Apartadó. Doble militancia en la modalidad de apoyo / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisitos de relevancia constitucional y subsidiariedad y por configurarse temeridad – Se pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario , se omitió advertir la presunta indebida notificación en la respectiva oportunidad procesal y parte actora instauró de manera previa tutela con identidad de partes, objeto y causa
Surtido el trámite de ley 2, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 28 de febrero de 2025 el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, a través de
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 28 de febrero de 2025 el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, a través de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el fin de que se ampar en sus derechos fundamentales al debido proceso y “participación política”3 y se dejen sin efectos las sentencias de 20 de mayo y 26 de septiembre de 2024, emitidas dentro del proceso de nulidad electoral4 instaurado por el señor Jhon Jairo Aristizábal en su contra, encaminado a obtener la anulación de su acto de elección como alcalde de Apartadó , para el período 2024 -2027, bajo el fundamento de haber incurrido en la causal de nulidad electoral de doble militancia , en la modalidad de apoyo.
1 Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad. 2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 También invocó la protección del principio de seguridad jurídica. 4 Expediente 05001-23-33-000-2024-00004-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez
4 Expediente 05001-23-33-000-2024-00004-01.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
2
2. Mediante la providencia de 26 de septiembre de 2024, se confirmó la decisión adoptada el 20 de mayo de ese año por el Tribunal Administrativo de Antioquia (Sala Tercera de Oralidad), que accedió a las pretensiones ordinarias. Se determinó que el señor Palacios Rodríguez pertenecía al Partido Liberal Colombiano y se inscribió como candidato a la alcaldía de Apartadó por la coalición Unidos por la Vida, sin embargo, apoyó a aspirantes al concejo de Apartadó del partido Independientes, pese a que la colectividad política en la que milita contaba con listas propias para esa corporación.
3. La parte actora sostuvo que se incurrió en defecto procedimental absoluto .
Señaló que (i) se surtió el 21 de marzo de 2024 de manera indebida su interrogatorio, pues no se le informó su propósito, finalidad, alcance y posibles repercusiones, lo que conllevó que aceptara , bajo coacción, hechos que le fueron desfavorables; (ii) se omitió su notificación personal correctamente, dado que si bien recibió el respectivo correo electrónico el 17 de enero de 2024 con ese propósito, no tuvo acceso a los anexos de la demanda, sino únicamente al auto admisorio , lo que le impidió ejercer su derecho de contradicción y genera que el trámite procesal esté
acceso a los anexos de la demanda, sino únicamente al auto admisorio , lo que le impidió ejercer su derecho de contradicción y genera que el trámite procesal esté viciado de nulidad; y (iii) se envió el escrito de la demanda el 7 de diciembre de 2023 a un correo electrónico no habilitado para ese propósito, por lo que no debía haberse tenido en cuenta esa fecha de presentación, sino el 11 de enero de 2024, cuando funcionarios judiciales lo remitieron a la dirección virtual correcta, momento para el cual el medio de control había caducado.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
4. Mediante auto de 27 de marzo de 20255, se admitió la acción de tutela, se negó la solicitud de medida provisional presentada por la parte accionante, se ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al señor Jhon Jairo Aristizábal, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil , en calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad
5. Informó que la parte actora ha instaurado acciones de tutela e n las que ha debatido lo referente al tema de la configuración de la caducidad en el proceso de nulidad electoral 6 y lo relativo al trámite procesal impartido 7, las cuales han sido decididas de manera desfavorable.
5 Notificado el 3 de abril de 2025. Previo a la admisión se hizo un requerimiento a la parte accionante.
nulidad electoral 6 y lo relativo al trámite procesal impartido 7, las cuales han sido decididas de manera desfavorable.
5 Notificado el 3 de abril de 2025. Previo a la admisión se hizo un requerimiento a la parte accionante. 6 Expediente 11001-03-15-000-2025-00303-00. Mediante sentencia de 18 de febrero de 2025 se negó el amparo reclamado. 7 Expedientes (i) 11001-03-15-000-2024-05950-00. A través de providencia de 21 de febrero de 2025 se negó la protección constitucional pedida ; y (ii) 11001 -03-15-000-2024-06102-00. Con fallo de 30 de enero de 2025 se declaró el hecho superado.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
3
6. Indicó que no corresponde a la realidad que al momento de notificársele el proceso de nulidad electoral no se haya habilitado el acceso al expediente electrónico, lo cual, en todo caso, fue abordado en el auto de 30 de agosto de 2024, a través del que se resolvió una nulidad originada por esa presunta omisión.
7. En cuanto a que no se le comunicó al tutelante sobre el propósito del interrogatorio de parte, practicado en las diligencias ordinarias, se debe tener en cuenta que el Ministerio Público al solicitar ese medio probatorio indicó los motivos de su petición, en esa medida, se puso en su conocimiento su objeto. Además, siempre contó con representación judicial, por lo que no puede alegarse desconocimiento, ni coacción
Ministerio Público al solicitar ese medio probatorio indicó los motivos de su petición, en esa medida, se puso en su conocimiento su objeto. Además, siempre contó con representación judicial, por lo que no puede alegarse desconocimiento, ni coacción alguna al momento de celebrar la correspondiente audiencia, como se puede verificar en la respectiva grabación, máxime cuando no se presentó oposi ción al interrogatorio y tanto en la audiencia inicial, como en esa diligencia, estuvo acompañado por su apoderado.
8. Por lo anterior, se concluye que los citados aspectos fueron conocidos y decididos en el proceso ordinario, por lo que no es viable que se pretenda reabrir su discusión, en razón a que la tutela no puede ser empleada como una tercera instancia, por lo tanto, deviene en improcedente.
(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta
9. Advirtió que no se supera el presupuesto de relevancia constitucional. Las inconformidades tienen como fin revivir cuesti ones procesales debidamente zanjadas en el trámite judicial electoral . Mediante auto de 30 de agosto de 2024, el Tribunal accionado analizó lo atinente a la presunta falta de competencia de esa Corporación para continuar el proceso luego de la solicitud de retiro de la demanda y la indebida notificación del auto admisorio. Asimismo, lo referente a la fecha de presentación de la demanda, fue abordado en la providencia que la admitió.
10. Además, el reproche relacionado con la configuración de la caducidad es temerario, porque fue planteado en una tutela formulada con antelación por la parte actora, en la que, con sentencia de 18 de febrero de 2025 8, se negó el amparo de
temerario, porque fue planteado en una tutela formulada con antelación por la parte actora, en la que, con sentencia de 18 de febrero de 2025 8, se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados, por ende, frente a este aspecto se constituye cosa juzgada.
11. Frente al interrogatorio de parte practicado, se precisó que no se advirtió algún tipo de coacción o arbitrariedad en el desarrollo de la diligencia . Además, a esta asistió su apoderado y se le cuestionó sobre los hechos de la demanda, frente a lo cual, de manera libre y espontánea, respondió. Se concluyó que el hecho de que las respuestas del demandado no le resultaran favorables, no podía traducirse en el desconocimiento de sus prerrogativas superiores.
8 Expediente 11001-03-15-000-2025-00303-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
4
12. Por lo anterior, es evidente que la parte actora insiste en sus reparos sobre la indebida notificación del auto admisorio, la caducidad del medio de control de nulidad electoral y la supuesta falta de garantías en la práctica del interrogatorio de parte en el trámite de primera instancia. No obstante, estas presuntas irregularidades fueron resueltas tanto por el Tribunal accionado (indebida notificación del auto admisorio), como por esa Corporación (caducidad y práctica de la prueba).
(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil
13. Adujo que no es la responsable de proteger los derechos invocados por el
como por esa Corporación (caducidad y práctica de la prueba).
(iii) Registraduría Nacional del Estado Civil
13. Adujo que no es la responsable de proteger los derechos invocados por el accionante, toda vez que no fungió como juez natural dentro del proceso de nulidad electoral en el que se profirieron las providencias cuestionadas. Es decir, los hechos que enuncia el tutelante no tienen relación con facultades y funciones que la Constitución y la ley le asignan a esa entidad. Por tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación.
14. Sin perjuicio de ello, no se demostró alguna causal específica de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, por el contrario, lo pretendido es reabrir un debate de tercera instancia, lo cual resulta inadmisible dentro del marco del debido proceso.
(iv) Consejo Nacional Electoral
15. Sostuvo que no se presenta vulneración constitucional alguna de su parte, pues no tuvo participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de la acción, es decir , no incidió en las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. Por lo anterior, pide que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva y se le desvincule de las presentes diligencias constitucionales.
16. Por auto de 02 de mayo de 2025 se declaró fundado el impedimento presentado por el consejero Fernando Alexei Pardo Flórez.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Solicitudes de desvinculación
17. La Sala negará las peticiones del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues sus vinculaciones no se realizaron en condición de
C. Solicitudes de desvinculación
17. La Sala negará las peticiones del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues sus vinculaciones no se realizaron en condición de accionadas. Resulta claro que dichas entidades carecen de la facultad de emitir una decisión judicial que reemplace la controvertida de segunda instancia, que es lo que se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que las referidas entidades fueron vinculadas al proceso electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 277 del CPACA, mediante auto de 15 de enero de 2024, que admitió la demanda de nulidad electoralRadicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
5
formulada contra el tutelante, resultaba indispensable que fuera n llamadas a estas diligencias como terceros interesados.
D. Análisis del caso concreto
18. La tutela no satisface l os presupuestos de relevancia constitucional y subsidiariedad y , además, se configura temeridad , por ende, se declarará su improcedencia.
19. En relación con las presuntas irregularidades acaecidas en el interrogatorio de parte que se le practicó en el proceso de nulidad electoral, se evidencia que tal reproche fue planteado en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, frente a lo cual la Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que en esa diligencia al tutelante se le puso “de presente el artículo 442 del Código de
reproche fue planteado en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, frente a lo cual la Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que en esa diligencia al tutelante se le puso “de presente el artículo 442 del Código de Procedimiento Penal sobre las consecuencias por faltar a la verdad, realizó el juramento de rigor, se le tomaron sus generales de ley, se le hizo saber que no podía estar acompañado y que toda respuesta la debía dar de manera libre y espontánea. De modo que, se le precisó al señor Rodríguez Palacios que no podía ser obligado a declarar, pues su relato debía ser libre y espontáneo; lo cual se enmarca en la garantía fundamental del artículo 33 constitucional, en el se ntido que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”. Además, durante su desarrollo no se observa que hubiere sido coaccionado o que las preguntas fueran sugestivas y, en todo caso, estuvo acompañado por su apoderado.
20. Con base en lo citado, concluyó que el hecho “ de que las respuestas del demandado no le resultaran favorables a su postura defensiva, de ninguna manera se traduce en el desconocimiento de sus derechos fundamentales”. Por el contrario, él cumplió con su deber ciudadano, “ al estar bajo la gravedad de juramento y responder con toda sinceridad, sin que se evidencie una coacción para que declarara, pues bien pudo negarse a responder, pero no lo hizo y atendió el cuestionario de manera libre y espontánea”.
21. En esa medida, la Sala observa que la intención del accionante es emplear la
declarara, pues bien pudo negarse a responder, pero no lo hizo y atendió el cuestionario de manera libre y espontánea”.
21. En esa medida, la Sala observa que la intención del accionante es emplear la tutela como una instancia adicional, para obtener un pronunciamiento diferente , es decir, que le resulte favorable a sus intereses, en lo atinente a las presuntas falencias acaecidas durante su interrogatorio de parte, sin tener en cuenta que el juez natural examinó ese cuestionamiento y le brindó los motivos por los cuales consideró que no le asistía razón sobre el particular, circunstancia que denota que en este aspecto la tutela carece de relevancia constitucional , pues se limita a reiterar la argumentación planteada en sede ordinaria sin demostrar el yerro constitucional que alega.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
6
22. Frente a que no se surtió en debida forma su notificación personal, al no concedérsele el acceso a los anexos de la demanda de nulidad electoral, se tiene que esa inconformidad también fue planteada bajo los mismos argumentos en la alzada contra el fallo ordinario de primera instancia, respecto de lo cual la Sección Quinta de esta Corporación sostuvo que esta fue abordada por el Tribunal accionado, mediante auto de 30 de agosto de 2024, en el sentido de negarla, en esa medida, no se desconoció su derecho fundamental al debido proceso.
23. En el mencionado proveído de 30 de agosto de 2024, el Tribunal accionado
accionado, mediante auto de 30 de agosto de 2024, en el sentido de negarla, en esa medida, no se desconoció su derecho fundamental al debido proceso.
23. En el mencionado proveído de 30 de agosto de 2024, el Tribunal accionado determinó que no se había originado la nulidad alegada, pues el tutelante había actuado por intermedio de apoderado durante todo el proceso, ya que contestó la demanda, asistió a las audiencias inicial y de pruebas celebradas el 21 de marzo y 10 de abril de 2024, respectivamente, presentó alegatos de conclusión, interpuso recurso de apelación y solicitó aclaración de la sentencia, sin que expusiera en momento alguno que se había configurado una indebida notificación.
24. En todo caso, indicó que , como el artículo 294 del CPACA permite que se constituya como causal de nulidad originada en la sentencia, la indebida notificación del auto admisorio, se pronunciaría de fondo sobre el particular. En ese sentido, concluyó que “la notificación realizada al demandado, señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez se efectuó en debida forma, en donde se le puso en conocimiento, tanto el auto admisorio como todos los documentos obrantes en el expediente electrónico”. Documentos que reposan en la herramienta electrónica judicial Samai.
Por tanto, “se le garantizó el acceso a todos los anexos y pruebas allegadas con la demanda, así como a todas las actuaciones surtidas durante su trámite”.
25. Por lo expuesto, se observa que el actor se limita a insistir en la presunta indebida notificación para que se le ordene a la autoridad judicial acoger su tesis, a pesar de que esta examinó su planteamiento y las pruebas que obraban en el expediente,
25. Por lo expuesto, se observa que el actor se limita a insistir en la presunta indebida notificación para que se le ordene a la autoridad judicial acoger su tesis, a pesar de que esta examinó su planteamiento y las pruebas que obraban en el expediente, para concluir que no había acaecido la falencia alegada, pues tuvo a su disposición la totalidad de los documentos que reposan en el plenario, lo que le permitía ejercer su defensa, máxime cuando aquellos obran en el aplicativo Samai. Argumentación que no denota afectación constitucional alguna, cuanto más si la parte actora no la demostró, en razón a que se limitó a reiterar su hipótesis, como si la tutela fuera el escenario adecuado para revivir un debate que ya fue zanjado en el proceso ordinario.
26. Sin perjuicio de que la irregularidad referente a la indebida notificación haya sido abordada por el Tribunal accionado a través de la aludida providencia , en razón a que es una causal de nulidad originada en la sentencia , lo cierto es que aquella no fue advertida por la parte afectada una vez tuvo conocimiento de la misma, y en esa medida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA9, no podía ser alegada en etapas posteriores.
9 Aplicable por remisión expresa del artículo 284 del CPACA, que regula lo relativo a las nulidades en los procesos electorales.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
7
27. La anterior omisión de la parte actora implica que lo referente a la indebida
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
7
27. La anterior omisión de la parte actora implica que lo referente a la indebida notificación, además de no superar el presupuesto de relevancia constitucional, tampoco supera el presupuesto de subsidiariedad. La tutela solo procede en los eventos en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable
(artículo 86 de la Constitución Política).
28. Por último, en lo relativo a cuál fecha de presentación de la demanda se debía tener en cuenta, para efectos de determinar la configuración o no del fenómeno de la caducidad, se advierte que, tal como lo anotaron las autoridades accionadas, ese cuestionamiento fue formulado por la parte actora de manera previa en otra acción de esta naturaleza.
29. En los registros de Samai, se observa que el 22 de enero de 2025 el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez presentó tutela 10, con fundamento, entre otros reproches, en que se tuvo como fecha de presentación de l a demanda de nulidad electoral en su contra el 7 de diciembre de 2023, a pesar de que ese día fue dirigida a un canal digital diferente a los autorizados con tal propósito y solo hasta el 11 de enero de 2024 se envió al buzón electrónico correcto.
30. Dicho asunto constitucional fue decidido, en primera instancia11, el 18 de febrero de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en el
enero de 2024 se envió al buzón electrónico correcto.
30. Dicho asunto constitucional fue decidido, en primera instancia11, el 18 de febrero de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación, en el sentido de negar el amparo constitucional reclamado. Se concluyó que “ sin pasar por alto los deberes y obligaciones de las partes en lo que a la radicación de demandas y uso de medios tecnológicos se refiere (…), no se advierte razón alguna para desconocer la garantía de acceso a la administración de justicia de la contraparte, pues, obrar en forma contraria, conllevaría a incurrir en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, ya que (…) en el asunto bajo estudio la demanda se radicó a través de un correo electrónico institucional que permitió ser conocido y tramitado de manera inmediata, sin que resulte admisible desconocer su trámite ni la fecha en que se radicó la demanda (7 de diciembre de 2023)”.
31. La mencionada decisión judicial no fue objeto de impugnación, razón por la cual el 10 de abril de 2025 el juez constitucional envió el respectivo expediente a la Corte Constitucional, con el fin de que se surtiera la eventual revisión de que trata el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
32. Con base en lo citado en precedencia, se evidencia que se configura una actuación temeraria por parte del tutelante. De conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 12, aquella se configura cuando una misma persona o su
10 Expediente 11001-03-15-000-2025-00303-00. 11 No fue objeto de impugnación.
Decreto 2591 de 1991 12, aquella se configura cuando una misma persona o su
10 Expediente 11001-03-15-000-2025-00303-00. 11 No fue objeto de impugnación. 12 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
8
representante interpone la misma demanda de tutela ante varias autoridades judiciales, sin que exista un motivo expresamente justificado, caso en el cual los jueces constitucionales deberán rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes.
33. A efectos de evaluar el ejercicio temerario en la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional13 ha señalado que se debe analizar la concurrencia de los siguientes elementos: (i) que exista una triple identidad entre las acciones de tutela incoadas de manera simultánea o sucesiva, es decir, que se trate de las mismas partes, con fundamento en los mismos hechos y que persigan el mismo objeto y; (ii) la mala fe en el ejercicio sucesivo de varias acciones de tutela, con la única finalidad de lograr una decisión favorable a sus intereses sin importar el número de veces que requiera accionar el aparato jurisdiccional.
34. En esa línea, la Corte Constitucional ha precisado que pueden existir eventos en los que aunque se presente la triple identidad, no se configura un actuar temerario por parte del demandante debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda vez se pre senta de buena fe, a saber: (i) la condición de ignorancia o indefensión
los que aunque se presente la triple identidad, no se configura un actuar temerario por parte del demandante debido a que la acción de tutela interpuesta por segunda vez se pre senta de buena fe, a saber: (i) la condición de ignorancia o indefensión del accionante, porque aquel actúa por miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho; (ii) el asesoramiento erróneo de un profesional del derecho; (iii) la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción de tutela o que se omitieron el trámite de la misma y; (iv) cuando la Corte Constitucional emita una decisión de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de sujetos que se consideran en igualdad de condiciones14.
35. En el presente asunto se advierte el actuar temerario del actor, pues presentó con anterioridad al asunto constitucional de la referencia, otra acción de la misma naturaleza (11001 -03-15-000-2025-00303-00), encaminada también a controvertir las sentencias objeto de censura en este trámite , bajo el reproche, entre otros, de que no debió haberse tenido como presentada la demanda de nulidad electoral el 7 de diciembre de 2023 , pues ese día fue radicada mediante un canal digital no habilitado para ese fin. En las mismas se verifica la triple identidad, pues coinciden las partes que conforman tanto el extremo pasivo como el activo, se fundamentan en los mismos supuestos fácticos y persiguen el mismo objeto , en lo relativo a la mencionada inconformidad.
36. Lo anterior, por cuanto: (i) fueron instauradas por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, quien en ambos asuntos actuó a través de apoderado judicial (uno
mencionada inconformidad.
36. Lo anterior, por cuanto: (i) fueron instauradas por el señor Héctor Rangel Palacios Rodríguez, quien en ambos asuntos actuó a través de apoderado judicial (uno diferente en cada proceso); (ii) se dirigieron contra la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y la Sección Quinta del Consejo de Estado; (iii) en ambas se solicita el amparo del derecho fundamental al debido proceso y aunque en este asunto se haya pedido la protección de la garantía superior de “participación
13 Ver Sentencia SU-027 de 2021. 14 Ibidem.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01171-00
Accionante: Héctor Rangel Palacios Rodríguez Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro
9
política” y en aquel la de “elegir y ser elegido”, lo cierto es que está última integra los postulados que conforman el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político ; (iv) la pretensión es que se dejen sin efectos las sentencias de 20 de mayo y 26 de septiembre de 2024 emitidas en el proceso de nulidad electoral surtido contra el tutelante; y (v) señaló, como reproche común, la irregularidad en la presentación de la demanda ordinaria.
37. En lo que se refiere al elemento subjetivo, es claro que el accionante presentó las dos solicitudes de amparo con total claridad y conocimiento de su actuar, pues este trámite fue promovido el 28 de febrero de 2025, es decir, con posterioridad al fallo emitido en el otro asunto constitucional (18 de febrero de 2025), decisión judicial que
trámite fue promovido el 28 de febrero de 2025, es decir, con posterioridad al fallo emitido en el otro asunto constitucional (18 de febrero de 2025), decisión judicial que no fue objeto de impugnación. De lo que se infiere que el tutelante, en lugar de impugnar la decisión judicial que le negó el amparo constitucional reclamado, decidió interponer otra tutela en la que incluyó la inconformidad frente a la presentación de la demanda ordinaria, a pesar de que sobre el particular y a había obtenido una decisión desfavorable, respecto de la cual, si no se encontraba conforme, pudo impugnar, con la finalidad de que el superior funcional de la autoridad judicial que la emitió la modificara, pero no lo hizo.
38. Además, no se advierte que el tutelante en el escrito inicial que dio origen a este asunto haya puesto en evidencia lo anterior, con el propósito de justificar su actuar.
Por el contrario, se observa que en dicho memorial consignó expresamente en el acápite “ VII. JURAMENTO ”, que “ De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 bajo la gravedad del juramento, manifiesto que no he interpuesto otra acción de Tutela por los mismos hechos y derechos aquí relacionados, ni contra las mismas autoridades ”. Afirmación que, como se demostró en precedencia, no corresponde a la realidad en cuanto al citado aspecto.
39. En ese orden de ideas, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo y la temeridad respecto al tercero de los reproches.
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
amparo y la temeridad respecto al tercero de los reproches.
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.