CE - Sentencia 11001031500020250122900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250122900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01229-00
Demandante: ZORAIDA VIVIESCAS SALAZAR
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de la acción de amparo prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuestos en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1 Solicitud de amparo
La señora Zoraida Viviescas Salazar, en nombre propio, formuló acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que le sean amparados
La señora Zoraida Viviescas Salazar, en nombre propio, formuló acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y del Tribunal Administrativo de Santander, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia, y «de la víctima en la investigación », así como los principios de confianza legítima y buena fe.
Consideró vulneradas dichas garantías con ocasión de la providencia del 24 de julio de 2024 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que revocó el fallo dictado el 13 de julio de 2023, en el que el Tribunal Administrativo de Santander h abía negado las pretensiones de la demanda y en su lugar , declaró probada de oficio la excepción de falta d e legitimación en la causa por activa, dentro del medio de control de reparación directa que instauró en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación , identificado con el radicado 68001-23-31-000-2009-00319-00/01.
1.2 Pretensiones
En concreto, solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Se tutele el DEBIDO PROCESO y LOS PRINCIPIOS DE
CONFIANZA LEGITIMA, BUENA FE, ACCESO A LA ADMNNISTRACION DE JUSTICIA, DERECHOS DE LA VICTIMA EN LA INVESTIGACIÓN, que señala el artículo 1,11, 29, y 83, 228, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL deDemandante: Zoraida Viviescas Salazar
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro
señala el artículo 1,11, 29, y 83, 228, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL deDemandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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1991 de COLOMBIA y demás normas concordantes y aplicables a la presente tutela, y los que se encontraren demostrados como violados y amenazados en la presente acción de tutela.
SEGUNDO: Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER,
y CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCIÓN C, C.E. NICOLAS YEPES CORRALES, profiera una nueva sentencia de acuerdo a los parámetros y decisiones del Despacho de Tutela, en el medio de control de reparación directa, bajo radicado: 6 8001233100020090031901 (70533), siendo demandante la
Suscrita contra NACIONFISCALIA GENERAL DE LA NACION,
TERCERO: Se ordene que toda respuesta sea enviada la presente tutela, con el fin de verificar su cumplimiento y salvoguarda1.
La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes:
1.3 Hechos
La señora Zoraida Viviescas Salazar por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación , con el fin de obtener el
1.3 Hechos
La señora Zoraida Viviescas Salazar por intermedio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación , con el fin de obtener el pago de los perjuicios causados con la providencia de preclusión dispuesta por la Fiscalía Tercera Seccional de Bucaramanga , en la investigación adelantada por la muerte de su progenitora Rosa María Viviescas Salazar.
El Tribunal Administrativo de Santander, en sentencia del 13 de julio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, precisó que a pesar de no identificar la demandante el título de imputación por el cual consider ó existió responsabilidad de la administración, corresp ondía al juez en aplicación del principio iura novit curia, definir el título aplicable al caso concreto.
En ese orden, estableció que el daño antijurídico se originó en la decisión del 2 de mayo de 2007 proferida por la Fiscal ía Tercera Delegada ante lo s Jueces Penales del Circuito de Bucaramanga , mediante la cual se precluyó la investigación en contra del señor Nelson Eduardo Cuadros Solano , por el homicidio culposo en accidente de tránsito de la señ ora Rosa María Viviescas.
Expresó que solo en la medida en que el daño antijurídico como elemento de responsabilidad reclamado se hubiera acreditado, había lugar a pronunciarse sobre la actuación de la demandada.
En tal ejer cicio, estableció que se causó un daño ciert o, real y determinado con l a providencia que orde nó la preclusión, l o que le impidió a la señora
sobre la actuación de la demandada.
En tal ejer cicio, estableció que se causó un daño ciert o, real y determinado con l a providencia que orde nó la preclusión, l o que le impidió a la señora Zoraida Vivi escas Salazar obtener la indemnización derivada del homicidio culposo, previa constitución como parte civil en el proceso penal.
Con todo, determinó que el daño indicad o n o fue antijurídico, ya que la decisión adoptada por la Fiscalía Ter cera Delegada ante los Jueces Penales
1 Trascripción literal con posibles errores.Demandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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de Bucaramanga estuvo soportada en los elementos probatorios recaudados en el curso de la investigación pena l, tramitada con fundamento en la Ley 600 de 2000, vigente para la época de los hechos , providencia en contra de la cual la demandant e interpuso recurso de apelación, y que fue confirmado por la Unidad de Fisca lía Delegada ante el Tri bunal Superior de la misma ciudad en providencia del 29 de abril de 2009.
En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia, impugnación que fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la providencia, impugnación que fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en sentencia del 24 de julio de 2024 , que revocó la proferida por parte del Tribunal Administrativo de Santander, para en su lugar declarar probada de oficio la e xcepción de falta d e legitimación en la causa por activa.
El ad-quem expuso que, previo a resolver las súpl icas de l a demanda, era necesario establecer la l egitimación en la causa de la parte demandante como presupuesto procesal para decidir el fondo del asunto.
En ese modo, relacionó la actuación procesal de la Fiscal ía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del C ircuito de Bucaramanga , trámite dentro del cual destacó la providencia de 2 de mayo de 2007, que ordenó la preclusión de la investigación iniciada en contra del señor Nelson Eduar do Cuadros Sol ano, y que consider ó la demandante se incurrió en error jurisdiccional.
Indicó que, una vez revisada la deman da y los medios prob atorios allegados al expediente, la señora Viviescas Salazar “como perjudicada de la investigación que cursó en la Fiscalía Tercera Seccional de Bucaramanga ” no acreditó que se hubiera constituido en parte civil en la inves tigación p enal ni se aportó la providencia en la que le hubiera admitido en tal calidad, por lo que no existía certeza de la persona o personas que verdaderamente actua ron como parte civil en el proceso penal, calidad que la ha bría legitimado para formular el
providencia en la que le hubiera admitido en tal calidad, por lo que no existía certeza de la persona o personas que verdaderamente actua ron como parte civil en el proceso penal, calidad que la ha bría legitimado para formular el medio de control de reparación directa por error jurisdiccional .
Por lo tanto, revocó la se ntencia de primera instancia para en su lugar declarar de oficio la exc epción de la falta de legitimación en la causa por activa, como quiera que “la aquí demandante incumpli ó con la carga probatoria que le corre spondía, relacionada con acreditar que verdaderamente actuó como parte en el trámite penal en el cual alega que se incurrió en un error jurisdiccional.”
1.4 Sustento de la vulneración
De la lectura de la acción de amparo se deduce que la parte actora afirmó que la s accionadas vulneraron sus derechos fundamentales como consecuencia d e los defectos fáctico, material o sustantivo , procedimental absoluto y, desconocimiento del precedente.Demandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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En cuanto al defecto sustantivo , expuso que en las providenc ias cuestionadas se interpretó y aplicó indebidamente el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, ya que en el proceso judi cial se demostró que a la accionante se le reconoció como part e civil al presentar el poder sin que se
cuestionadas se interpretó y aplicó indebidamente el artículo 106 del Código de Procedimiento Penal, ya que en el proceso judi cial se demostró que a la accionante se le reconoció como part e civil al presentar el poder sin que se exigiera radicar la demanda , por cuanto e ra en el incidente de reparación integral, la oportunidad para solicitar los daños y perjuicios, por lo que insistió que se constituyó en parte civil y la investigación penal se archivó.
Afirmó que se incurrió en d efecto procedimental absoluto ya que la s providencias se apartaron por completo del procedimient o establecido por lo que se debió revisar que sí se constituyó en parte civil, y que, como consecuencia del archivo de la i nvestigación, le fue imposible radicar el incidente de reparación por cuanto la investigació n no llegó hasta la sentencia del proceso penal.
Indicó que el def ecto fáctico era ostensible, flagrante y mani fiesto, que se presentó por la aplicación inadecuada de las normas p enales, por haber sido imposible constituirse en parte civil en una investig ación penal archivada y que no llegó a sentencia del proceso penal.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Declarado infundado el impedimento manifestado por el magistra do ponente, el 30 de abril de 2025 se admitió la solicitud de amparo y se dispuso tener como accionados al Consejo de Estado, Sección Tercera , Subsección C y al Tribunal Administrativo de Santander.
Así mismo, se ordenó vincular como ter cero con interés en las resultas del proceso a la Nación – Fiscalía General de la Nación.
Tribunal Administrativo de Santander.
Así mismo, se ordenó vincular como ter cero con interés en las resultas del proceso a la Nación – Fiscalía General de la Nación.
Efectuadas las notificaciones respectivas2, se presentaron las siguientes:
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C
El magistrado ponente de la decisión censurada expresó que los señalamientos contenidos en el escrito de tutela no superan el requisito de la relevancia constitucional, y de encontrar cumplidos los requisitos generales, pidió que se declare que no se acreditó algún defecto específico que conlleve a la vulneración de derecho fundamental alguno.
Indicó que de los argumentos expuesto s por la accionante se evidencia la mera insatisfacción de sus intereses y su intenci ón de convertir al juez constitucional de tutela en juez natural de la causa y en terc era instancia, para reevaluar la controversia obje to del medio de control de reparación directa instaurado.
2 Mediante comun icaciones del 5 de mayo de 2025 enviados a las partes, accionados y tercero con interés. Índice 32 Samai.Demandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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Afirmó que, contrario a lo manifestado por la actora, en el p roceso de
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Afirmó que, contrario a lo manifestado por la actora, en el p roceso de reparación direct a por la configuración de un error jurisdic cional en la providencia del 2 de mayo de 2007 , proferida por la F iscalía Tercera Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bucarama nga, mediante la cual se decretó la preclusión de la investi gación penal i dentificada con el radicado 204494, ninguna prueba se recaudó con la cual se h aya acreditado que se constituyó en p arte civil y en consecuen cia ser la persona titular del interés jurídico que se debatía en el proceso.
Refirió que la accionante propone una nueva discusión con fundamento en el artículo 106 de la Ley 906 de 2004 , cuando los supuestos yerros cometidos en la referida investigación penal se adelantaron bajo los preceptos de la Ley 600 de 2000, estatuto procesal que en su artículo 47 dispone que “[. .] La constitución de parte civil, como actor individual o popular, podrá intentarse en cualquier momento”, con lo cual se establece que la norma que la parte actora alega como desconocida no era aplicable al caso concreto.
Señaló que en la sentencia dictada el 24 de julio de 2024 se evaluó que la señora Zoraida Viviescas Salazar no estaba legitimada en la causa por activa ya que a pesar de anunciar su apoderado la calidad de par te civil en la actuación procesal, no se acredi tó que se haya constituido como tal en la
señora Zoraida Viviescas Salazar no estaba legitimada en la causa por activa ya que a pesar de anunciar su apoderado la calidad de par te civil en la actuación procesal, no se acredi tó que se haya constituido como tal en la referida investigación penal , ni m ucho menos la providencia que l a haya admitido como tal.
Reiteró que los argumentos expuestos por la tutelante solo constituyen alegatos que buscan que el juez de la acción consti tucional se convierte en una tercera instancia para reexaminar los supuestos fácticos de la demanda, así como las consideraciones esgrimida s para declarar la fal ta de legitimación en la causa por activa , lo qu e no tiene cabida en la acción de tutela.
Advirtió que la sentencia dictada examinó y valoró adecuadamente los supuestos fácticos y jurídicos debatidos en el proceso ordinario y además se fundó en la nor mativa vigente y aplicable al caso en concreto, por lo que consideró que no se configuraron los de fectos alegados, razón por l a cual solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
1.6.2. Fiscalía General de la Nación
Por int ermedio de la profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la entidad , solicitó que se declare la falta de legitimac ión en la causa por pasiva por no existir relación de cau salidad de acción u omisión del organismo, con la vulneración de l os derechos fundamentales invocados por l a accionante, pues las decisiones judiciales cuestionadas no fuer on emitidas por el ente instructor.
Consideró que la acción de amparo no cumplió con el requisito adjetivo
del organismo, con la vulneración de l os derechos fundamentales invocados por l a accionante, pues las decisiones judiciales cuestionadas no fuer on emitidas por el ente instructor.
Consideró que la acción de amparo no cumplió con el requisito adjetivo general de la subsidiar iedad, por cuanto la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos extraordinarios para solicitar el amparo de sus derecho s, los que a pesar de existir, la parte actora no hizo uso de estos paraDemandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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controvertir el fallo del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, ni mucho menos justificó porqué el recurso extraordinario de revisión no resultaba idóneo para el amparo de sus derechos fundamentales.
Expuso que la accionante no sustentó de ma nera adecuada los defectos que afirmó se incurrió en las providencias , ya que no realizó desarrollo argumentativo, ni relación probatoria, ni mucho menos precisó su incidencia en la sentenc ia objeto del amp aro, que generaron la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Manifestó que la acción de amparo no cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional en los términos de l a sentencia SU-215 de 2022 de la C orte Co nstitucional, por lo que se evidencia que se pretende utilizar la
Manifestó que la acción de amparo no cumplió con el requisito general de la relevancia constitucional en los términos de l a sentencia SU-215 de 2022 de la C orte Co nstitucional, por lo que se evidencia que se pretende utilizar la acción de tutela como mecanismo para reab rir el debate legal ya definido y ejecutoriado.
Por lo tanto, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y considerar la falta de legitimaci ón en la caus a por pasiva d e la Fiscalía General de la Nación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 33 3 de 2021, así como el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión Previa
La Fiscalía General de la Nación solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva , ya que las decisiones judiciales cu estionadas no fueron emitidas por la entidad.
La Sala denegará la solicitud efectuada, por cuanto la mencionada fue convocada como tercero con interés a quien podía afectar la sentencia que se profiera, debido a que conform ó la parte demandada dentro del proceso ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , vulneró los derechos fundamentales al debido p roceso, de
ordinario.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , vulneró los derechos fundamentales al debido p roceso, de acceso a la admi nistración de justicia , a los derechos de la víc tima e n la investigación, y a los principios de confianza legítima y buena fe de l a accionante, con ocasión de la providencia del 24 de julio de 2024, que revocó la proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, para en su lugar declarar de oficio la exc epción de falta de legitimación en la causa por activaDemandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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dentro del medio de control de reparación dir ecta instaurado en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación , identificado con el radicado 6800123-31-000-2009-00319-00/01.
Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acci ón de tutela contra providencia judicial ; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, iii) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fal lo de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fal lo de 31 de julio de 20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la tutela c ontra providencias judicia les, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para decl arar expresamente en la pa rte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias judiciales5.
Sin embargo , fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refir ió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en l a sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucio nal contra providencia judicial.
2.5. Del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinari o, y previene que la
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez de tutela como del ordinari o, y previene que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional par a reabrir debates meramente legales . Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: ( i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tut ela contra providenci as judiciales, de conformidad con lo expuesto a fol ios 2 a 50 de esta providencia. 6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrati vo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia ju rídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Demandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas ; y, (iii) que se justifiq ue razonablemente una afec tación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos f undamentales. (…) (Énfasis de la Sala)
La Sala en sentencia del 29 de septiembre de 20227, modificó la postura que tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace ev idente que los temas se li mitan a aspectos de índole legal o económico, sin que s e pueda advertir la necesidad de desarrollar un estu dio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la Sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establec idos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a: i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constit ucional por vulneración de derechos fundamentales, ya q ue no basta que simplemente se aduzca la vulneración
a: i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constit ucional por vulneración de derechos fundamentales, ya q ue no basta que simplemente se aduzca la vulneración de aquellos;
- Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue prof erida la providencia acusa da, puesto que este mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
- Que no se trate de a suntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y un a vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jue ces ordinarios y el mecani smo constitucional no puede convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con especial rigurosidad. Por ende, se requie re demostrar que en la providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de los derechos fundamen tales, sino en que se aporten elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre8.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
elementos suficientes que permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre8.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi nistrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad . 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pe dro Pablo Vanegas Gil. 8 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.Demandante: Zoraida Viviescas Salazar Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01229-00
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2.6. Caso concreto
La parte actora controvirtió la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que revocó la dictada por el Tribunal Administrativo de Santander , para en su lugar declarar de oficio la falta de leg itimación en la c ausa por activa dentro del medio de control de reparación directa instaurado por la señora Zoraida Viviescas Salazar en contra de la Fiscalía General de la Nación , identificad o con el radicado 78001-23-31-000-2009-00319-00/01.
El requisito de la relevanci a constitucional, como presupuesto general de la acción de tutela, tiene tres finalidades, a saber:
radicado 78001-23-31-000-2009-00319-00/01.
El requisito de la relevanci a constitucional, como presupuesto general de la acción de tutela, tiene tres finalidades, a saber:
“… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice pa ra discutir asuntos de mera legalidad 10; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los de rechos fundamentales11 y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces12”.
Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela debe advertir se su trascendencia constituciona l, pues de lo contrario, el juez constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la solicitud de amparo.
En ta l ejercicio, se establece que la parte actora invocó como cargo s el defecto fáctico, material o sustantivo, defecto procedimental absoluto, desconocimiento del precedente, que desarrolló en la indebida interpretación y aplicación del artículo 106 del Código de Procedimie nto Penal con relación a la constitución en parte civil en el proceso penal , la que a pesar de considerar que se le reconoció , afirma que le fue imposible radicar la por cuanto la investigación no concluyó con sentencia penal.
En el caso bajo a nálisis, se advierte que l a accionante no expus o en su
considerar que se le reconoció , afirma que le fue imposible radicar la por cuanto la investigación no concluyó con sentencia penal.
En el caso bajo a nálisis, se advierte que l a accio
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