CE - Sentencia 11001031500020250128300

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250128300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01283-00

Accionante: Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Accionados: Tribunal Administrativo de Boyacá

Tema: Tutela contra providencia judicial. Reparación directa. Caducidad del medio de control. Omisión en gestión y recaudo del impuesto predial .

NIEGA AMPARO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá contra el Tribunal Administrativo de Boyacá , al haber sido derrotara la ponencia presentada por el Doctor Juan Camilo Morales Trujillo.

ANTECEDENTES

La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, así como de los principios a la seguridad jurídica, favorabilidad, razonabilidad y proporcionalidad ; los cuales estima vulnerados por la Sentencia de 29 de enero de 2025 del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 15238-33-33-001-2022-00268-02

HECHOS

estima vulnerados por la Sentencia de 29 de enero de 2025 del Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de reparación directa con radicado No. 15238-33-33-001-2022-00268-02

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguien te manera:

Que en el año 2019, el municipio de Santa Rosa de Viterbo declaró la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial sobre 45 predios y con ello, dejó de cobrar también el porcentaje ambiental que debía transferirse a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (vigencias 1995 a 2013); por lo que el 24 de octubre de 2022, CORPOBOYACÁ presentó demanda de reparación directa contra ese municipio, con la finalidad de que se declarara la responsabilidad del ente territorialRadicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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por la omisión en el cobro y se le indemnizara por la pérdida del porcentaje correspondiente a la Corporación.

Que en sentencia de 23 de mayo de 2023 , el Juzgado Administrativo de Duitama accedió a las pretensiones y el Municipio presentó recurso de apelación contra la mencionada decisión argumentado que operó el fenómeno de la caducidad del medio de control, pues la primera resolución que declaró la prescripción de la acción de cobro sobre el impuesto predial fue de 15 de enero de 2019 y la última de 5 de

mencionada decisión argumentado que operó el fenómeno de la caducidad del medio de control, pues la primera resolución que declaró la prescripción de la acción de cobro sobre el impuesto predial fue de 15 de enero de 2019 y la última de 5 de diciembre de 2019, todas ellas respecto de vigencias anteriores al 2013 . Agregó que la obligación de transferir el aludido porcentaje era trimestral o anual sobre el valor recaudado, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley 99 de 1993.

Que m ediante Sentencia de 29 de enero de 2025 , el Tribunal Administrativo de Boyacá revocó la providencia de primer grado y declaró probada la excepción de caducidad. Para ello, indicó que el término de caducidad debía contarse a partir del día siguiente a la fecha en que prescribió la acción de cobr o del impuesto predial unificado para el municipio de Santa Rosa de Viterbo, cuando se consolidó la imposibilidad de cobrarlo y, por tanto, de transferir el porcentaje ambiental sobre la totalidad del impuesto predial por cada vigencia, con destino a CORPOBOYACÁ.

Agregó que la Corporación Autónoma no acreditó de qué manera estuvo impedida para conocer la omisión del cobro del impuesto predial ; por lo que la oportunidad para presentar la demanda trascurrió entre 2 de junio de 2018 y el 19 de septiembre de 2020.

Considera la parte actora que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo originado en una indebida identificación de la causa del daño sufrido por Corpoboyacá, con lo cual:

  1. desconoció los artículos 294 (inciso 2) y 317 de la Constitución Política, 44 de la

sustantivo originado en una indebida identificación de la causa del daño sufrido por Corpoboyacá, con lo cual:

  1. desconoció los artículos 294 (inciso 2) y 317 de la Constitución Política, 44 de la Ley 99 de 1993, 66 de la Ley 383 de 1997, 59 de la Ley 788 de 2002, 817 del Estatuto Tributario, 1 y 3 del Decreto 1339 de 1994, de conformidad con los cuales los administr adores de impuestos, para este caso el municipio, tienen la competencia para decretar la prescripción del cobro, significando que tal fenómeno no opera por el solo paso del tiempo, sino que se requiere su declaratoria.

(ii) desconoció que la Ley 99 de 1993 otorgó a las corporaciones autónomas regionales la competencia de vigilancia, control y fiscalización con posterioridad a las transferencias sobre estos recursos (porcentaje ambiental) y no la de fiscalización anual del recaudo de impuesto predial; y ( iii) hubo una indebida interpretación del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), tras considerar que la caducidad comenzaba a contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión y no del conocimiento del daño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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  1. siendo competencia del ente territorial el cobro de los impuestos, de acuerdo con la Ley 44 de 1990, se imposibilita a la Autoridad ambiental conocer la fecha en que

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  1. siendo competencia del ente territorial el cobro de los impuestos, de acuerdo con la Ley 44 de 1990, se imposibilita a la Autoridad ambiental conocer la fecha en que operó la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial en cada uno de los bienes sujetos al mismo; el municipio no le comunicó los actos administrativos de prescripción y tampoco la Corporación tenía la función y/o obligación de conocer y vigilar la acción coactiva del municipio, es ese sentido, le era imposible conocer de la declaración de prescripción con anterioridad a la fecha en que se realizó la reunión a la revisión de las transferencias de la vigencia 2019, el 26 de agosto de

2020.

Insistió en que el daño se generó con los actos administrativos y como quiera que no le fueron notificados y/o comunicados, es a partir del 26 de agosto de 2020, que se debe contar el termino de caducidad.

PRETENSIONES

Que se deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá - Sala de Decisión 1 el 29 de enero de 2025, dentro del medio de control de reparación directa, Rad. 15238333300120220026802 y que se ordene al Tribunal accionado emitir decisión de reemplazo, donde disponga que en el caso no se encuentra configurada la excepción de caducidad y, «por ende debe contarse, a partir de la fecha en que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – Corpoboyacá, tuvo conocimiento de los actos administrativos de decretaron la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial expedidos por el Municipio de Santa Rosa de Viterbo en la vigencia 2019.»

los actos administrativos de decretaron la prescripción de la acción de cobro del impuesto predial expedidos por el Municipio de Santa Rosa de Viterbo en la vigencia 2019.»

ACTUACIÓN PROCESAL

La acción de tutela fue admitida el 10 de marzo de 2025 por el Doctor Juan camilo Morales Trujillo quien dispuso la vinculación del Juzgado Primero Administrativo de Duitama y el municipio de Santa Rosa de Viterbo.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Boyacá manifestó que no afectó los derechos fundamentales de la parte actora, comoquiera que la sentencia fue debidamente sustentada y motivada. Que la Corporación Autónoma pudo advertir el daño que alega, antes de que prescribiera la acción de cobro del impuesto predial, sin que haya lugar a aceptar que solo pudo conocer el daño hasta el 26 de agosto de 2020 con la revisión realizada, máxime que las vigencias respecto de las que se declaró la prescripción por parte del Municipio de Santa Rosa de Viterbo corresponden a los años 1995 a 2013.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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Que a parte actora tenía la obligación de conocer cuál era el porcentaje ambiental que debía transferirse por parte del municipio, así como la identificar si transferencia había sido incompleta y no se encuentran argumentos sólidos que den lugar a acceder a la solicitud de amparo solicitada por Corpoboyacá.

que debía transferirse por parte del municipio, así como la identificar si transferencia había sido incompleta y no se encuentran argumentos sólidos que den lugar a acceder a la solicitud de amparo solicitada por Corpoboyacá.

En consecuencia, solicitó se declare l a improcedencia de la acción de tutela presentada o en su defecto se desestimen las pretensiones.

Juzgado Primero Administrativo de Duitama, debidamente notificado, decidió no intervenir en este trámite.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

1. El municipio de Santa Rosa de Viterbo se opuso a las pretensiones. consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió el caso conforme a derecho, al contabilizar el término de caducidad del medio de reparación directa desde el 19 de diciembre de 2020; que la parte actora pretendió convertir la acción de tutela en un recurso adicional , por lo que no cumplió con los requisitos de procedencia del mecanismo constitucional.

Agregó que no se evidenciaron las razones por la cuales la Corporación Autónoma Regional de Boyacá estimó vulnerados sus derechos por parte del Tribunal accionado y s olicitó que se le desvinculara por falta de legitimación pasiva en la causa. . Juzgado Primero Administrativo de Duitama, debidamente notificado, decidió no intervenir en este trámite.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio deRadicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar

Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde d efinir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (...)

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. (…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba Triviño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

  1. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU -215 de 2022, enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal

Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»

3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 4 Sentencia SU-074 de 2022. 5 Sentencia SU-074 de 2022. 6 Sentencia SU-072 de 2018.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la intervención del juez constitucional.

Caso concreto

Se pretende por este mecanismo constitucional, que se deje sin efectos la sentencia de 29 de enero de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá decidió declarar la caducidad del medio de control de reparación directa, instaurado por CORPOBOYACÁ en contra del Municipio de Santa Rosa de Viterbo.

La Sala encuentra reunidas las exigencias generales para el examen de la sentencia cuestionada, ya que: i) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional,

por CORPOBOYACÁ en contra del Municipio de Santa Rosa de Viterbo.

La Sala encuentra reunidas las exigencias generales para el examen de la sentencia cuestionada, ya que: i) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección, por la incursión el defecto sustantivo alegado; ii) la acción se presentó con inmediatez; iii) la parte actora no contaba con otros mecanismos para discutir lo aquí planteado; iv) se identificaron claramente los hechos que a consideración de la actora generan la vulneración de sus derechos; y v) no se trata de una sentencia de tutela.

Para sustentar un error sustantivo por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia cuestionada, la parte actora indica que se desconocieron varias normas de rango legal y constitucional según las cuales, no le era posible conocer el daño alegado, con anterioridad al 26 de agosto de 2020. A pesar de eso, no se observa que haya sustentado la manera como cada una de esas normas debió aplicarse por el Tribunal al resolver el asunto.

No obstante, se observa que la autoridad judicial en la sentencia cuestionada sí estudió cada una de esas normas y fue así que determinó:

«32. Para el caso concreto, el Municipio de Santa Rosa de Viterbo estableció el pago del porcentaje ambiental (15%) sobre el total del recaudo anual del impuesto predial. De conformidad con el Acuerdo 012 del 19 de diciembre de 200710 «POR EL CUAL SE EXPIDE EL

ESTATUTO SUSTANTIVO, PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO

recaudo anual del impuesto predial. De conformidad con el Acuerdo 012 del 19 de diciembre de 200710 «POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO SUSTANTIVO, PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO DE RENTAS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», que según señaló Corpoboyacá en el hecho 7 de la demanda117 era «el estatuto de Rentas vigente para la vigencia 2019» cuando se declaró la prescripción que originó esta demanda, por tanto, en las vigencias prescritas, el porcentaje establecido debía girarse a la corporación dentro de los 10 días siguientes a la terminación de cada trimestre.»

7 Actuación 3, archivo «01Demanda.pdf», pág. 22 - Actuación 3 Samai (primera instancia)Radicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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Citó el «artículo 2.2.9.1.1.1. del Decreto 1076 de 20158 que compiló el artículo 1 del Decreto 1339 de 1994 9, que reglamentó el artículo 44 de la Ley 99 de 1993 10» y expresó:

«35. Como se advierte, el sistema de porcentaje se calcula sobre el recaudo, por lo que el daño que se alega en la demanda se consolida con la prescripción del impuesto, en cuanto, es a partir de ese momento en que se extingue la posibilidad del recaudo y conse cuente

recaudo, por lo que el daño que se alega en la demanda se consolida con la prescripción del impuesto, en cuanto, es a partir de ese momento en que se extingue la posibilidad del recaudo y conse cuente transferencia del porcentaje ambiental.

36. Así las cosas, la imposibilidad para el Municipio de Santa Rosa de Viterbo de efectuar el cobro del impuesto predial y con éste del porcentaje ambiental que debía transferir a Corpoboyacá (daño) se concretó cuando la acción de cobro del impuesto prescribió , lo cual ocurrió transcurridos 5 años contados a partir de la exigibilidad del pago de la obligación tributaria[16]11 que, para el caso analizado, corresponde al vencimiento del plazo concedido por la administración municipal al contribuyente para el pago del impuesto.

(…) (…)El análisis de caducidad se hará, en principio, teniendo en cuenta la última vigencia prescrita por la que reclama la corporación (2013) que, de resultar probada, conlleva a que la Sala se releve del análisis de caducidad con respecto a las demás vigencias reclamadas, en cuanto por ser anteriores, también estarían afectadas por el fenómeno de la caducidad.»

Con base en el artículo 44 del Acuerdo 012 de 200712 indicado por la demandante como vigente para el año 2019 cuando fue declarada la prescripción, expresó que:

40. Siendo que para la vigencia 2013 los contribuyentes tenían plazo para el pago del impuesto predial hasta el 31 de mayo de 2013, y con éste el porcentaje ambiental que se destinaría a Corpoboyacá, el Municipio de Santa Rosa de

40. Siendo que para la vigencia 2013 los contribuyentes tenían plazo para el pago del impuesto predial hasta el 31 de mayo de 2013, y con éste el porcentaje ambiental que se destinaría a Corpoboyacá, el Municipio de Santa Rosa de Viterbo contaba con el tér mino de 5 años contados a partir del 1 de junio de 2013 para iniciar la acción de cobro respectiva frente a esa vigencia (2013), el cual venció el 1 de junio de 2018.

8 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 9 por el cual se reglamenta el porcentaje del impuesto predial a favor de las Corporaciones Autónomas Regionales, en desarrollo de lo previsto en artículo 44 de la ley 99 de 1993 10 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 11 ARTÍCULO 817. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. La acción de cobro de las obligaciones fiscales, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de: 1. La fecha de vencimiento del término para declarar, fijado por el Gobierno Naci onal, para las declaraciones presentadas oportunamente. 2. La fecha de presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo

presentación de la declaración, en el caso de las presentadas en forma extemporánea. 3. La fecha de presentación de la declaración de corrección, en relación con los mayores valores. 4. La fecha de ejecutoria del respectivo acto administrativo de determinación o discusión. La competencia para decretar la prescripción de la acción de cobro será de los Administradores de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivos, o de los s ervidores públicos de la respectiva administración en quien estos deleguen dicha facultad y será decretada de oficio o a petición de parte 12 POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO SUSTANTIVO, PROCEDIMENTAL Y SANCIONATORIO DE RENTAS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONESRadicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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41. De acuerdo con el artículo 164 literal i) del CPACA la caducidad del medio de control de reparación directa (2 años) comienza a contarse a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño. Para el caso analizado el extremo temporal inicial para establecer la caducidad corresponde al día siguiente a la fecha en la que, para el Municipio de Santa Rosa de Viterbo, prescribió la acción de cobro del impuesto predial, en cuanto es el momento en que se consolidó la imposibilidad de cobrarlo y, por tanto, de transferir el porcentaje ambiental correspondiente sobre la totalidad del impuesto predial por cada vigencia, con destino a Corpoboyacá.

(…)

es el momento en que se consolidó la imposibilidad de cobrarlo y, por tanto, de transferir el porcentaje ambiental correspondiente sobre la totalidad del impuesto predial por cada vigencia, con destino a Corpoboyacá.

(…) Señaló además la autoridad judicial, que con los anexos de la demanda no se aportó el Acuerdo 019 de 2010 que se relaciona e n la página 46 de la demanda como vigente para el año 2013 ( última vigencia prescrita por la que se reclam ó en ese proceso); con base en el cual se indicó que la fecha inicial de cobro de intereses moratorios por el no pago del impuesto predial unificado en esa vigencia, fue el 1º de julio de 2013.

Que sin embargo, conforme a ello el término de 5 años para ejercer la acción de cobro frente a esa vigencia venció el 1 de julio de 2018 y el plazo para demandar transcurrió desde el 2 de julio de 2018 hasta 19 de octubre de 2020, teniendo en cuenta la suspensión de términos por el Covid 19 , l a solicitud de conciliación prejudicial que se radicó el 18 de agosto de 2022 y la demanda que fue presentada el 24 de octubre del mismo año, por lo que también se configuraría la caducidad del medio de control.

En relación con el error que se aduce en la aplicación del artículo 164 de la ley 1437 de 2011 no se avizora su configuración, teniendo en cuenta que, como lo dijo e l Tribunal, la prescripción es un asunto de ley; las fechas en las que se debían realizar las transferencias del porcentaje correspondiente a Corpobyacá estaban establecidas normativamente y dichas transferencias hacían parte del patrimonio de

Tribunal, la prescripción es un asunto de ley; las fechas en las que se debían realizar las transferencias del porcentaje correspondiente a Corpobyacá estaban establecidas normativamente y dichas transferencias hacían parte del patrimonio de la Corporación Autónoma.

La norma que se señala como erróneamente aplicada establece que el término se cuenta desde «la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.»; de manera que, conforme a lo expresado en párrafos anteriores; lo que se observa es la inconformidad de la acc ionante, con la decisión, sin que ella pueda tacharse de errónea y, en consecuencia, se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,Radicado: 11001-03-15-000-2025-01283-00

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FALLA

Primero. NEGAR el amparo solicitado por CORPOBOYACÁ, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES Firmado electrónicamente

Con salvamento de voto JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Firmado electrónicamente

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