CE - Sentencia 11001031500020250132500
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250132500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01325-00
Demandante: Laura Katerine Peña Triana
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia – Inmediatez – no se presentó en un término razonable
Surtido el trámite de ley 1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 6 de marzo de 2025, Laura Katerine Peña Triana, presentó acción de tutela en busca de que se deje sin efectos la sentencia del 5 de marzo de 20242, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , en el marco del proceso de nulidad electoral3 que promovió el señor Darío Forero García, con el fin de que se declarara la nulidad del acto por medio del cual se nombró en provisionalidad a la señora Peña Triana en el cargo de Profesional Especializado Código 2010 , Grado 17 en la Regional Santander de la Defensoría del Pueblo.
la nulidad del acto por medio del cual se nombró en provisionalidad a la señora Peña Triana en el cargo de Profesional Especializado Código 2010 , Grado 17 en la Regional Santander de la Defensoría del Pueblo.
2. En la providencia en cuestión, el Tribunal Administrativo accedió a las pretensiones de la demanda. A partir de un análisis del marco normativo aplicable al asunto, la
autoridad judicial estimó que al suplir vacantes de carrera, el nominador debe recurrir a la nómina de la institución, siempre que cumplan los requisitos exigidos para ocupar el cargo vacante. Solo en caso contrario, p odrá disponer del nombramiento en provisionalidad.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Notificada el 7 de marzo de 2024. 3 Con radicado número 68001-23-33-000-2023-00421-00.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01325-00
Demandante: Laura Katerine Peña Triana Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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3. Descendiendo al caso concreto, encontró que para el momento en que la aquí accionante fue nombrada en provisionalidad en la Defensoría del Pueblo, existían servidores en la entidad que reunían los requisitos para ocupar esa plaza en encargo,
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3. Descendiendo al caso concreto, encontró que para el momento en que la aquí accionante fue nombrada en provisionalidad en la Defensoría del Pueblo, existían servidores en la entidad que reunían los requisitos para ocupar esa plaza en encargo, por lo que concluyó que el acto acusado estaba falsamente motivado, al haberse dado prevalencia al nombramiento en provisionalidad sobre el encargo.
4. Con posterioridad a la notificación de esa decisión, la tutelante informó a la Subdirección de Gestión de Talento Humano de la Defensoría del Pueblo que se encontraba en estado de embarazo. En consideración a ello, mediante la Resolución 772 del 18 de marzo de 2024, fue nombrada en provisionalidad en el carg o de Profesional Especializado Código 2010 Grado 17 en la Regional Santander durante lo que restaba de su periodo de gestación, licencia de maternidad y hasta seis meses después del nacimiento de su menor hijo o hija, en garantía de la estabilidad laboral reforzada.
5. En oficio del 4 de marzo de 2025, la Subdirección de Gestión de Talento Humano de la Defensoría del Pueblo le comunicó acerca de la terminación de la vinculación del cargo que ocupaba en provisionalidad, que tuvo lugar hasta el 5 de marzo del año en curso.
6. En el escrito de tutela, la parte actora alegó que la autoridad demandada vulneró su derecho fundamental a la igualdad, d ebido proceso, acceso a la administración de justicia y trabajo , toda vez que desconoció el precedente judicial fijado por la misma corporación en las sentencias del 5 de agosto de 2021 4, 11 de abril 5 y 5 de
de justicia y trabajo , toda vez que desconoció el precedente judicial fijado por la misma corporación en las sentencias del 5 de agosto de 2021 4, 11 de abril 5 y 5 de agosto6 de 2024, en las cuales se analizaron casos con supuestos fácticos idénticos, pero en ellas se resolvió no anular los actos de nombramiento demandados.
7. Esgrimió que en la providencia del 5 de agosto de 2021 también se pretendía la declaratoria de nulidad de un acto de nombramiento en provisionalidad de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo que desempeñaba un cargo de profesional especializado Grado 17. En esa decisión, el fallador negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que el artículo 138 de la Ley 201 de 1995 7 no establece una obligación de encargar a un servidor de la misma institución para proveer cargos vacantes en la entidad, sino que otorga la facultad al nominador de escoger discrecionalmente entre la figura del encargo o el nombramiento en provisionalidad.
8. Reprochó que a pesar de la tesis fijada en esa oportunidad, la autoridad enjuiciada no ofreció razón alguna para apartarse de su propio precedente, inclusive ni siquiera lo mencionó, pese a que dos de los magistrados que integraron la Sala de Decisión
4 Exp. 68001-23-33-000-2020-00193-00. 5 Exp. 680012333000-2023-00459-00 6 Exp. 68001-23-33-000-2023-00403-00. 7 “Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras
5 Exp. 680012333000-2023-00459-00 6 Exp. 68001-23-33-000-2023-00403-00. 7 “Por la cual se establece la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación, y se dictan otras disposiciones”.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01325-00
Demandante: Laura Katerine Peña Triana Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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que aprobó el fallo enjuiciado, también conformaron la Sala que discutió la decisión adoptada el 5 de agosto de 2021.
9. Aseveró que la solicitud de amparo satisface el requisito general de inmediatez, conforme a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello, en la medida que si bien la providencia acusada fue proferida el 5 de marzo de 2024, lo cierto es que durante ese periodo tuvo un embarazo de alto riesgo, que se extendió hasta septiembre de ese mismo año y posteriormente se encontraba en licencia de maternidad. A lo que se suma que no ostenta la calidad de profesional del derecho, circunstancia que limita sus conocimientos jurídicos y le dificultó llevar a cabo la labor investigativa que se requería para identificar los casos en los que el Tribunal Administrativo de Santander había adoptado tesis contrarias a la que sirvió de sustento a la decisión cuestionada.
10. Señaló que el cumplimiento del mentado presupuesto, debe analizarse bajo un enfoque de género por su condición de mujer gestante y madre de dos niños.
Además, pidió tener en cuenta que solo fue desvinculada del cargo que ocupaba en
10. Señaló que el cumplimiento del mentado presupuesto, debe analizarse bajo un enfoque de género por su condición de mujer gestante y madre de dos niños.
Además, pidió tener en cuenta que solo fue desvinculada del cargo que ocupaba en provisionalidad hasta el 5 de marzo del año en curso.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
11. Por auto del 10 de marzo de 2025, se dispuso admitir la acción de tutela, notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada , vincular a la Defensoría del Pueblo, así como a los señores Sara Yesenia Mateus Saavedra y Darío Forero García, en calidad de tercero s con interés y comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Adicionalmente, se requirió: (i) al Tribunal Administrativo de Santander para que remit iera copia digital del expediente con radicado número 68001-23-33-000-2023-00421-00 y; (ii) a la Defensoría del Pueblo para que informara si hasta ese entonces se había nombrado a alguna persona en el cargo que ocupó en provisionalidad la señora Peña Triana hasta el 5 de marzo del año en curso, en virtud de la Resolución 772 del 18 de marzo de 2024.
12. La Defensoría del Pueblo 8 indicó que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la desvinculación de la actora no emanó de un acto motivado, ni voluntario de la entidad, sino del cumplimiento de una orden judicial. Por otra parte, informó que a la fecha de conte stación de la demanda el cargo que ocupaba la señora Peña Triana en provisionalidad aún se encontraba vacante.
motivado, ni voluntario de la entidad, sino del cumplimiento de una orden judicial. Por otra parte, informó que a la fecha de conte stación de la demanda el cargo que ocupaba la señora Peña Triana en provisionalidad aún se encontraba vacante.
13. El Tribunal Administrativo de Santander allegó el expediente requerido. No se pronunció sobre los hechos, ni las pretensiones objeto de la solicitud de amparo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
8 Intervención digital contenida en 4 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01325-00
Demandante: Laura Katerine Peña Triana Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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C. Caso concreto
14. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no acreditar el cumplimiento del requisito general de procedencia atinente a la inmediatez.
15. Esta Corporación ha señalado que el plazo razonable para interponer la acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses contados desde la notificación de la decisión que se cuestiona, debido a que es desde ese momento que la parte actora conoce la decisión y puede advertir la posible vulneración de derechos fundamentales.
16. La sentencia objeto de reproche en el presente asunto fue notificada a los sujetos procesales el 7 de marzo de 20249. No obstante, la demanda de tutela fue formulada sólo hasta el 6 de marzo de 2025, es decir, casi un año después, lo que excede el término que esta Corporación de manera unificada, pacífica y reiterada ha entendido
sólo hasta el 6 de marzo de 2025, es decir, casi un año después, lo que excede el término que esta Corporación de manera unificada, pacífica y reiterada ha entendido como plazo razonable para acudir al juez constitucional.
17. Si bien la razonabilidad del plazo indicado también debe analizarse conforme a las particulares del caso concreto, lo cierto es que la parte accionante no expuso una razón que realmente justificara su inactividad durante el tiempo transcurrido entre la notificación de la decisión cuestionada y la interposición de la solicitud de amparo, lo que impide flexibilizar el presupuesto de la inmediatez.
18. La actora se limitó a afirmar que durante ese periodo presentó un embarazo de alto riesgo y, posteriormente, se encontraba en licencia de maternidad. Sin embargo, omitió explicar de qué forma tales circunstancias limitaron el ejercicio oportuno del mecanismo de amparo constitucional.
19. Aunque la Sala no desconoce que tanto el embarazo de alto riesgo como la licencia de maternidad son situaciones complejas que pueden incidir en la cotidianidad de una persona, estas no constituyen, por sí solas, una imposibilidad material para realizar ciertas actividades, como el desempeño de determinadas labores e, incluso, la presentación de demandas, máxime cuando se trata de la acción de tutela, cuyo ejercicio puede efectuarse través de medios tecnológicos.
20. Tan es así que, a pesar de la declaratoria de nulidad de l acto de nombramiento en provisionalidad de la demandante, en consideración su estado, su exempleador la reintegró en sus labores durante lo que restaba de su periodo de gestación, licencia de maternidad y hasta seis meses después del nacimiento de su menor hijo
en provisionalidad de la demandante, en consideración su estado, su exempleador la reintegró en sus labores durante lo que restaba de su periodo de gestación, licencia de maternidad y hasta seis meses después del nacimiento de su menor hijo o hija.
9 Según consta en el aplicativo web Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01325-00
Demandante: Laura Katerine Peña Triana Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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21. Por lo tanto, para justificar la presentación tardía de la acción constitucional, resultaba necesario que la parte actora acreditara de qué manera las circunstancias especiales que alegó afectaron de forma directa y sustancial la posibilidad de acudir al juez de tutela.
22. La supuesta dificultad en la labor investigativa para identificar las decisiones en las que el Tribunal accionado había adoptado una tesis contraria a la expuesta en su caso, atribuida a la falta de conocimiento jurídico por no ostentar la calidad de profesional del derecho tampoco resulta suficiente para eximir a la actora del deber de interponer oportunamente la solicitud de amparo. D esde el momento mismo en que conoció la decisión acusada , contaba con la posibilidad de solicitar asesoría jurídica, bien sea de forma onerosa o gratuita.
23. La consideración anterior cobra más relevancia si se tiene en cuenta que en el proceso ordinario, la accionante actuó por medio de apoderado judicial, quien, tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión, advirtió sobre la existencia de fallos previos proferidos por autoridades de la misma jerarquía , en
proceso ordinario, la accionante actuó por medio de apoderado judicial, quien, tanto en la contestación de la demanda como en los alegatos de conclusión, advirtió sobre la existencia de fallos previos proferidos por autoridades de la misma jerarquía , en los que se defendió una postura contraria a la sostenida por el Tribunal accionado en la providencia censurada. Aun cuando allí no se puso de presente las decisiones que se alegaron como desconocidas en el escrito de tutela, ello evidencia que desde ese momento, la tutelante ya contaba con elementos para advertir el posible perjuicio constitucional que estima proviene de la decisión enjuiciada.
24. El hecho de q ue la sentencia objeto de reproche se hubiera ejecutado materialmente tan solo un año después de haberse proferido, tampoco resulta razón suficiente para excusar el ejercicio tardío de la acción constitucional, pues desde el momento de su notificación, la parte actora tuvo conocimiento de la decisión y pudo advertir la presunta afectación a sus derechos fundamentales.
25. La Corte Constitucional ha señalado que si bien la inmediatez no constituye propiamente un término de caducidad, ello no significa que el mecanismo de amparo no deba interponerse dentro de un plazo razonable, lo que impone al promotor de la acción la carga de justificar de forma suficiente la desatención al deber de presentarla oportunamente, más aún cuando han transcurrido varios meses desde que tuvo conocimiento de la ocurrencia del hecho al que le atribuye la vulneración que alega; carga que no se cumplió en el caso bajo estudio.
26. Por lo expuesto en precedencia , la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la demanda.
carga que no se cumplió en el caso bajo estudio.
26. Por lo expuesto en precedencia , la Sala declarará improcedente el amparo deprecado en la demanda.
27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,Radicación: 11001-03-15-000-2025-01325-00
Demandante: Laura Katerine Peña Triana Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
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III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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