CE - Sentencia 11001031500020250134300

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250134300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: Carlos Andrés Collazos Silva

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: CARLOS ANDRÉS COLLAZOS SILVA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Tema: Contra providencia que decretó la pérdida de investidura . Defecto s fáctico, sustantivo, orgánico y violación directa de la Constitución

Política. Deniega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Carlos Andrés Collazos Silva contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 7 de marzo de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado, el demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido.

A juicio de l tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la

el demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a elegir y ser elegido.

A juicio de l tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la sentencia del 3 de octubre de 2024, con la que el Consejo de Estado, Sección Primera, decretó la pérdida de su investidura al decidir en segunda instancia el expediente 5000123-33-000-2024-00026-00/01.

2. Pretensiones

El actor formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERA. En virtud de lo expuesto, sustentado y probado, solicito respetuosamente al H. despacho amparar el derecho fundamental al debido proceso y a elegir y ser elegido de CARLOS ANDRÉS COLLAZOS mediante medida provisional, supendiendo los efectos de la sentencia de segunda instancia del 03 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del radicado No. 500012333000 20240002601, mediante la cual se le decretó la pérdida de investidura co mo concejal de Villavicencio, Meta, para el período constitucional 2020-2023, mientras se surte el presente proceso de acción de tutela contra providencia judicial.

SEGUNDA. En virtud de lo expuesto, sustentado y probado, solicito respetuosamente al H. despacho amparar el derecho fundamental al debido proceso y a elegir y ser elegido de CARLOS ANDRÉS COLLAZOS dejando sin efectos la sentencia de segunda instancia del 03 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del

COLLAZOS dejando sin efectos la sentencia de segunda instancia del 03 de octubre de 2024, proferida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro del radicado No. 50001233300020240002601, mediante la cual se le decretó la pérdida de investidura como concejal de Villavicencio, Meta, para el período constitucional 2020-2023 (sic para toda la cita).

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

1 Índice 1 de Samai.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: Carlos Andrés Collazos Silva

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3.1. Actuación administrativa

El tutelante celebró el contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019 con la gobernación del Meta, cuyo objeto consistió en prestar «asesoría jurídica externa para el apoyo en la secretaría de salud de la Gobernación del Meta». Allí se estipuló de manera expresa que las funciones debía ejecutarlas en Villavicencio.

El mencionado contrato fue cedido por la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Meta, a través de la Resolución 015 del 3 de julio de 2019.

El 26 de julio de ese año, el señor Carlos Andrés Collazos Silva se inscribió como candidato al concejo de Villavicencio y resultó electo el 27 de octubre siguiente, por lo que se

El 26 de julio de ese año, el señor Carlos Andrés Collazos Silva se inscribió como candidato al concejo de Villavicencio y resultó electo el 27 de octubre siguiente, por lo que se posesionó como cabildante el 1º de enero de 2020.

3.2. Proceso de nulidad electoral 50001-23-33-000-2019-00456-00

El señor Jorge Iván Gómez Urrego promovió demanda de nulidad electoral el tutelante como concejal de Villavicencio, (a la que se le asignó el número de radicación 52001-2333-000-2019-00456-00). Estuvo fundada en que el allí demandado había incurrido en la causal de inhabilidad señala da en el numeral 3º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000), porque dentro del año anterior a su elección celebró el contrato de prestación de servicio 943 del 7 de mayo de 2019, cuyas actividades fueron ejecutadas en esa ciudad.

Mediante sentencia del 2 de octubre de 20222, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la nulidad de la elección como concejal del accionante, en razón a que, en efecto, incurrió en la mencionada causal de inhabilidad, pues dentro del año anterior a su elección como cabildante celebró el contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019 que debía ejecutarse en Villavicencio.

El 29 de octubre de 2023, el tutelante resultó electo como diputado del Meta para el período constitucional 2024-2027 y se posesionó el 1º de enero de 2024.

El 29 de octubre de 2023, el tutelante resultó electo como diputado del Meta para el período constitucional 2024-2027 y se posesionó el 1º de enero de 2024.

3.3 Proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00026-00/01

El señor Carlos Alberto Martínez Patiño promovió acción de pérdida de investidura contra Carlos Andrés Collazos Silva como concejal de Villavicencio (a la que se le asignó el número de radicación 50001 -23-33-000-2024-00026-00/01), porque, a su juicio, el allí demandado incurrió en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 (violación del régimen de inhabilidades), pues celebró el contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019 dentro del año anterior a su elección como cabildante en el 2019.

Del asunto conoció el Tribunal Administrativo del Meta, que el 9 de febrero de 2024 lo admitió y el 19 de marzo siguiente decretó como pruebas los testimonios de los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan Eugenio Pinzón Ortiz, quienes presuntamente le habían indicado al allí demandado que la suscripción del contrato de prestación de servicios con la Gobernación del Meta no lo inhabilitaba para aspirar al concejo de Villavicencio.

El 13 de marzo de 2024 se celebró la audiencia de pruebas, en la que el abogado Germán Muñoz Murcia (especialista en derecho administrativo, público y penal y decano de la Universidad del Meta) declaró que el allí demandado le consultó antes de firmar el contrato

Muñoz Murcia (especialista en derecho administrativo, público y penal y decano de la Universidad del Meta) declaró que el allí demandado le consultó antes de firmar el contrato si su suscripción lo inhabilitaba para aspirar al concejo de Villavicencio y él le indicó que no, «en virtud del principio de la territorialidad», dado que el contratante era el departamento del Meta y no ese municipio. En igual sentido, testificó en la diligencia el abogado Juan Eugenio Pinzón Ortiz.

2 Decisión que no fue apelada.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: Carlos Andrés Collazos Silva

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Mediante sentencia del 11 de abril de 2024 , el a quo denegó las pretensiones de la demanda, al estimar que no se cumplía el elemento subjetivo de la causal de pérdida de investidura invocada, ya que hubo «buena fe calificada» del señor Carlos Andrés Collazos Silva, derivada de los conceptos que emitieron los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan Eugenio Pinzón Ortiz, quienes le indicaron en el 2019 que la suscripción de un contrato de prestación de servicios con la Gobernación del Meta no lo inhabilitaba para aspirar al concejo de Villavicencio en ese año.

Que el allí demandado fue diligente antes de suscribir el contrato de prestación de servicios, por ende, se evidenciaba que actuó con la convicción de que su candidatura al concejo de Villavicencio no se vería perjudicada por la suscripción del referido negocio

Que el allí demandado fue diligente antes de suscribir el contrato de prestación de servicios, por ende, se evidenciaba que actuó con la convicción de que su candidatura al concejo de Villavicencio no se vería perjudicada por la suscripción del referido negocio jurídico, por tanto, no se configuró el «elemento cognitivo del dolo» ni la culpa grave.

La anterior decisión fue apelada por Carlos Alberto Martínez Patiño, con el argumento de que el demandado era abogado y tenía 16 años de experiencia, en consecuencia, conocía que la firma d el contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019 lo inhabilitaba para ser concejal de Villavicencio en el período 2020 – 2023, de ahí que se configurara la violación al régimen de inhabilidades y acaeciera la causal de pérdida de investidura invocada en la demanda.

Por sentencia del 3 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, revocó la decisión de primera instancia y decretó la pérdida de investidura de Carlos Andrés Collazos Silva, al considerar que el elemento subjetivo de responsabilidad se configuró en los hechos debatidos, pues el allí demandado estaba en el deber de asesorarse debidamente sobre la inhabilidad que le provocaba la suscripción del contrato de prestación de servicios y ello no aconteció.

Que las asesorías de los abogados consultados por el tutelante no justificaban su conducta, pues, de acuerdo por lo declarado por ellos, el aquí actor no les formuló todas las preguntas pertinentes, pese a que era su deber, ya que no les indicó que el contrato de prestación de servicios se ejecutaría en Villavicencio, situación que impedía la configuración de la buena

pertinentes, pese a que era su deber, ya que no les indicó que el contrato de prestación de servicios se ejecutaría en Villavicencio, situación que impedía la configuración de la buena fe calificada o del error invencible.

El 18 de octubre de 2024 , el tutelante pidió la aclaración del fallo porque, a su juicio, no hizo mención de los efectos de la pérdida de investidura frente a su condición de diputado del departamento del Meta y fue denegado por auto del 14 de noviembre de ese año, en razón a que sobre el particular no era dable emitir pronunciamiento alguno.

4. Fundamentos de la tutela

De manera preliminar, el tutelante expuso las razones por las que la acción de tutela cumplía los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

En cuanto al fondo del asunto, el accionante afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en:

Defecto fáctico, porque:

(i) No analizó en debida forma los testimonios de los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan Eugenio Pinzón Ortiz, de los cuales se infería que no concurrió el factor subjetivo de responsabilidad en los hechos que causaron la declaratoria de la pérdida de su investidura, porque fue diligente para determinar si incurría en inhabilidad al suscribir el contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019;

(ii) No advirtió que Carlos Alberto Martínez Patiño no allegó pruebas al expediente 50001-23-33-000-2024-00026-00/01 que diera n cuenta de que haya incurrido en alguna de las causales de pérdida de investidura, sino que la autoridad accionada

50001-23-33-000-2024-00026-00/01 que diera n cuenta de que haya incurrido en alguna de las causales de pérdida de investidura, sino que la autoridad accionada invirtió la carga de la prueba , para que él demostrara diligencia antes de suscribir el mencionado negocio jurídico; yRadicado: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: Carlos Andrés Collazos Silva

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(iii) Al establecer que las asesorías de los profesionales del derecho fueron parciales, asumió de manera equivocada que la abogacía es una profesión de resultado y no de medios.

En defecto sustantivo, dado que no advirtió que la causal de pérdida de investidura del numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 fue derogada de manera tácita por el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que la limitó únicamente a la violación del régimen de incompatibilidades y no al de inhabilidades, situación de la que se infería que la autoridad accionada «le aplicó una disposición normativa que no se encontraba vigente para el momento de los hechos». Además, en todo caso, debió aplicársele «el régimen más benevolente», en virtud de los principios de buena fe, presunción de inocencia, favorabilidad, in dubio pro reo y pro homine, de los cuales se infería que no actuó con dolo o culpa grave.

En violación directa de la Constitución Política y defecto orgánico, porque (i) se

homine, de los cuales se infería que no actuó con dolo o culpa grave.

En violación directa de la Constitución Política y defecto orgánico, porque (i) se desatendió el principio de doble conformidad, ya que no contó con la oportunidad de apelar la sanción de pérdida de investidura, y (ii) se contrarió el principio non bis in idem, porque por el presunto incumplimiento de régimen de inhabilidades ya se había decretado la nulidad de su elección como concejal de Villavicencio, por ende, no podía ser nuevamente sancionado en el proceso de pérdida de investidura, conforme al artículo 1º de la Ley 1881 del 2018.

5. Trámite procesal

Por auto del 13 de marzo de 2025, el Despacho sustanciador admitió la acción de la referencia, negó la medida provisional solicitada y, entre otras cosas, ordenó notificar a la autoridad accionada y vincular como tercero con interés al señor Carlos Alberto Martínez Patiño.

En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría General del Consejo de Estado practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 14 y el 21 de marzo de 2025.

6. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Primera, adujo que la tutela resultaba improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues la controversia planteada por el demandante concernía a aspectos netamente legales y los argumentos por él formulados estaban orientados a reabrir una discusión decidida en debida forma, lo que denotaba que empleaba la acción de amparo como una tercera instancia, en desconocimiento de su carácter excepcional.

formulados estaban orientados a reabrir una discusión decidida en debida forma, lo que denotaba que empleaba la acción de amparo como una tercera instancia, en desconocimiento de su carácter excepcional.

El Tribunal Administrativo del Meta allegó a estas diligencias el proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00026-00/01, pero no se pronunció sobre las pretensiones formuladas por el demandante.

El señor Carlos Alberto Martínez Patiño guardó silencio, pese a que se le notificó el auto que admitió la acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el demandante, con el fin de dejar sin efectos la sentencia del 3 de octubre de 2024, dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, que accedió en segunda instancia a las pretensiones de la demanda de pérdida de investidura 50001 -23-33-000-2024-0002600/01 promovida por el señor Carlos Alberto Martínez Patiño.Radicado: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: Carlos Andrés Collazos Silva

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La Sala anticipa que denegará el amparo pretendido, toda vez que la providencia cuestionada no adolece de defectos fáctico, sustantivo y orgánico ni viola directamente la

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La Sala anticipa que denegará el amparo pretendido, toda vez que la providencia cuestionada no adolece de defectos fáctico, sustantivo y orgánico ni viola directamente la Constitución Política, pues fue dictado bajo interpretaciones razonables de las pruebas que obraban en el expediente 50001-23-33-000-2024-00026-00/01 y del ordenamiento jurídico.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por el demandante cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada , toda vez que la discusión planteada por el tutelante involucra la posible configuración de la s causales

cumple los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada , toda vez que la discusión planteada por el tutelante involucra la posible configuración de la s causales específicas de procedibilidad denominada s defectos fáctico, sustantivo y orgánico y violación directa de la Constitución Política, las cuales, de acontecer, involucrarían trasgresión de preceptos superiores.

Asimismo, se constata que la discusión planteada por el accionante es constitucional y no netamente legal o económica , toda vez que concierne a la limitación del derecho a elegir y ser elegido del demandante , pues la declaratoria de pérdida de investidura comporta una sanción que le impide al demandante ocupar cargos de elección popular5, lo que constituye una limitación a esa garantía de trascendental importancia en el marco de una democracia participativa6, la cual le permite a los ciudadanos integrar los órganos decisorios e incidir en la adopción de las determinaciones que los afectan, conforme a los artículos 40 7 de la Constitución Política y 23 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

no se cuestione un fallo de tutela. 4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 5 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado: «La pérdida de investidura impone la prohibición perpetua de ejercer el derecho político a ser elegido popularmente, de manera que comporta la imposibilidad de realizar un derecho constitucional […]». 6 Corte Constitucional, sentencia T -637 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa: « El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la Carta. Es una extensión del concepto de ciudadanía y un replanteamiento de su papel en una esfera pública que rebasa lo meramente electoral y estatal. El ciudadano puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán en el rumbo de su vida». 7 «Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido […]». 8 «Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice l a libre

los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice l a libre expresión de la voluntad de los electores, y c) De tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país […]».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: Carlos Andrés Collazos Silva

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Además, n o se evidencia que la tutela se utilice como un instrumento para reiterar argumentos, ya que la providencia cuestionada se emitió en segunda instancia.

La demanda también cumple el requisito de inmediatez porque, de acuerdo con la verificación del proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00026-00/01, el correo electrónico con el que se comunicó la providencia cuestionada fue enviado el 16 de octubre de 2024 , por lo que se entiende notificada el 18 del mismo mes y año, conforme al artículo 2059 del CPACA, y la tutela fue presentada e l 7 de marzo de 2025 (4 meses y 19 días después), es decir, cuando no habían transcurrido los 6 meses jurisprudencialmente reconocidos como el plazo razonable para formular la acción de tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que el fallo censurado se profirió en segunda instancia, por ende, contra la sentencia

tutela contra providencias judiciales.

Asimismo, el demandante agotó los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios, dado que el fallo censurado se profirió en segunda instancia, por ende, contra la sentencia cuestionada no procedía recurso ordinario alguno, como se señaló en precedencia. Además, los cargos formulados por el demandante no comportan alguna de las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA.

También advierte la Sala que la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generan la amenaza o vulneración de las garantías superiores, esto es, expuso de manera clara que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene de la providencia censurada, la cual, a su juicio, adolece de defectos fáctico, sustantivo y orgánico y de violación directa de la Constitución Política.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela , pues, como se dijo, el tutelante ataca una providencia emitida en un proceso de pérdida de investidura.

4. Análisis del caso concreto

El demandante indica que la providencia cuestionada incurre en (i) defecto fáctico, ya que no analizó en debida forma los testimonios de los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan Eugenio Pinzón Ortiz, no advirtió que el Carlos Alberto Martínez Patiño no allegó pruebas de que haya incurrido en alguna causal de pérdida de investidura y asumió que la abogacía es una profesión de medios y no de resultados; (ii) defecto sustantivo, por cuanto aplicó la causal de pérdida de investidura del numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, sin

es una profesión de medios y no de resultados; (ii) defecto sustantivo, por cuanto aplicó la causal de pérdida de investidura del numeral 2 del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, sin advertir que fue derogada tácitamente por el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, y (iii) defecto orgánico y violación directa de la Constitución Política, porque desconoció los principios de doble conformidad y non bis in ídem.

Para resolver los anteriores planteamientos del demandante, la Sala realizará un recuento de los hechos debatidos en el proceso de pérdida de investidura 50001-23-33-000-202400026-00/01.

El tutelante suscribió con la Gobernación del Meta el contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019, en el que se pactó de manera expresa que las actividades de asesoramiento a la Secretaría de Salud del departamento se ejecutarían en Villavicencio. El negocio jurídico fue cedido por el ente territorial, mediante Resolución 015 del 3 de julio de 2019.

El 27 de octubre de 2019 el demandante fue elegido como concejal de Villavicencio y el 22 de noviembre siguiente se promovió demanda de nulidad electoral 50001-23-33-000-201900456-00 contra esa elección, por configurarse la causal de inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 (modificado por el artículo 40 de la Ley

9 «La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:

1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán

9 «La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas:

1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.

2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación».Radicado: 11001-03-15-000-2025-01343-00

Demandante: Carlos Andrés Collazos Silva

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617 de 2000) , pues Carlos Andrés Collazos Silva ejecutó el contrato de prestación de servicios en Villavicencio dentro del año anterior a los comicios celebrados el 27 de octubre de 2019.

Mediante sentencia del 2 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta declaró la nulidad de la elección de concejal del accionante, en razón a que, en efecto, incurrió en la precitada causal de inhabilidad. El 29 de octubre de 2023 el accionante fue elegido como diputado de la asamblea departamental del Meta.

El señor Carlos Alberto Martínez Patiño promovió la demanda de pérdida de investidura 50001-23-33-000-2024-00026-00/01 contra el tutelante, al estimar que había incurrido en la causal del numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, esto es, haber violado el

50001-23-33-000-2024-00026-00/01 contra el tutelante, al estimar que había incurrido en la causal del numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, esto es, haber violado el régimen de inhabilidades por ejecutar el contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019 en la misma ciudad en la que resultó electo como concejal ese mismo año.

Dentro del trámite de primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta declaró como pruebas los testimonios de los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan Eugenio Pinzón Ortiz, quienes indicaron que el actor les consultó antes de firmar el contra de prestación de servicios si lo inhabilitada para aspirar al concejo de Villavicencio en el 2019, ante lo cual los profesionales del derecho le indicaron que no, por cuanto el contratante era el departamento del Meta, en consecuencia, no acontecía el elemento de la territorialidad que exige la correspondiente causal de inhabilidad.

Con sentencia del 11 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Meta denegó la pérdida de investidura del tutelante, al considerar que si bien estaba inhabilitado para desempeñarse como concejal en Villavicencio por la ejecución del contrato de prestación de servicios 943 del 7 de mayo de 2019, no concurrió el elemento subjetivo de responsabilidad, ya que hubo la buena fe calificada, pues los conceptos emitidos por los aludidos abogados le generaron la convicción de que ese negocio jurídico no lo inhabilitada para ser concejal de Villavicencio, en consecuencia, no actuó con dolo o culpa grave.

La anterior decisión fue apelada por Carlos Alberto Martínez Patiño al estimar que el

para ser concejal de Villavicencio, en consecuencia, no actuó con dolo o culpa grave.

La anterior decisión fue apelada por Carlos Alberto Martínez Patiño al estimar que el tutelante era abogado y tenía amplia experiencia, por tanto, debía conocer que no podía aspirar al concejo de Villavicencio por haber ejecutado allí el referido contrato dentro del año anterior a su elección.

Mediante sentencia del 3 de octubre de 2024, el Consejo de Estado, Sección Primera, revocó el de primera instancia y declaró la pérdida de investidura de Carlos Andrés Collazos Silva como concejal de Villavicencio para el período 2020 -2023, por cuanto no fueron completas las consultas que les hizo a los abogados Germán Muñoz Murcia y Juan Eugenio Pinzón Ortiz, pues no les indicó que el lugar de ejecución del contrato era Villavicencio, por tanto, no conocieron de la concurrencia del presupuesto que determinaba la configuración de la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 , de ahí que no haya acaecido la buena fe calificada o el error invencible, circunstancia de la que se infería el elemento subjetivo de responsabilidad, máxime cuando el actor debía saber que incurr

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