CE - Sentencia 11001031500020250142000
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250142000
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01420-00 Demandante: ROBERTO RAMÍREZ DÍAZ Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA Temas: Tutela contra providencia judicial – improcedente por no superar el requisito general de la relevancia constitucional. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151. I. ANTECEDENTES 1.1. La tutela 1. El señor Roberto Ramírez Díaz, actuando en nombre propio y en representación de la Asociación Afrodescendiente Pro Defensa Nativos y Descendientes Desplazados de la Comunidad de Roche, por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de La Guajira2. Con su solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al «debido proceso, igualdad, autonomía, autorreconocimiento, libertad de culto, derechos [a] ser reasentados». 2. Las anteriores garantías, a su juicio, fueron vulneradas con ocasión de la providencia del 18 de noviembre de 2024 proferida por la autoridad judicial accionada. En dicha decisión se abstuvo de abrir el incidente de desacato propuesto por el actor, al interior del expediente de tutela identificado con el radicado 44001-23-40-000-2016-00058-00. 1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de
se abstuvo de abrir el incidente de desacato propuesto por el actor, al interior del expediente de tutela identificado con el radicado 44001-23-40-000-2016-00058-00. 1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021. 2 El escrito de tutela fue enviado el 11 de marzo de 2025 al correo de la Secretaría General del Consejo de Estado.Demandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1.2. Pretensiones 3. La parte actora solicitó lo siguiente: 1Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, autonomía, autorreconocimiento, derechos hacer reasentados y libertad de culto de las 286 personas de la comunidad afrodescendientes de roche viejo no reasentadas municipio de Barrancas La Guajira, vulnerados por el auto de fecha 18 de noviembre del año 2024 proferido por el Tribunal contencioso administrativo de La Guajira Ministerio del Interior y empresa Carbones del cerrejón limited, ocasionando perjuicio irremediables por no conceder lo ordenado en los ordinales segundo y tercero de la sentencia del Consejo de estado. 2Ordenar dejar sin efectos el auto de fecha 18 de noviembre del año 2024, proferido por el Tribunal contencioso administrativo de La Guajira, por violar el artículo 13, 29 y 94 de la carta política, violar los ordinales segundo y tercero de lo establecido en la sentencia del Consejo de estado, y en su defecto ordenar que se profiera un nuevo auto acorde a los ordinales segundo y tercero, donde se incluyan el plan de reasentamientos de las 286 personas de la comunidad étnica de roche viejo no reasentada para que se garantice la subsistencia , social, cultura, espiritual y territorial colectiva, porque se están cometiendo unos perjuicios irremediables y comenzar a las 286 personas beneficiadas modificando los acuerdos de fecha 23 de junio de 2022, esa compensación es por los daños y perjuicios de los traslados forzosos de los restos mortales de sus seres queridos del cementerio del viejo roche a un lugar escogido por cada familia. 3Ordenar al Ministerio del interior y a la empresa Carbones del cerrejón limited, que convoquen a una asamblea general donde participen las 286 personas para modificar los acuerdos de fecha 23 de junio del año 2024, para
viejo roche a un lugar escogido por cada familia. 3Ordenar al Ministerio del interior y a la empresa Carbones del cerrejón limited, que convoquen a una asamblea general donde participen las 286 personas para modificar los acuerdos de fecha 23 de junio del año 2024, para incluir el Plan de reasentamiento de las 286 personas de la comunidad afrodescendientes de roche viejo no reasentadas, porque las 286 personas nunca manifestaron que no querían el plan de reasentamiento, esa decisión la tomó de manera unilateral la empresa carbones del cerrejón limited, porque ni siquiera es facultad del consejo comunitario ancestral del caserío de roche, ya que el reasentamiento es un derecho colectivo fundamental irrenunciable de las 286 personas, y ese derecho esta tutelado en el ordinal tercero de la sentencia del Consejo de estado, porque para poder subsistir, social, cultural, espiritual como eran antes, deben estar reasentadas las 286 personas de la comunidad étnica del viejo roche no reasentadas, sino desaparecerán muy pronto su tejido social, además en este caso en concreto debe aplicar el derecho fundamental a la igualad de la misma manera como la empresa carbones del cerrejón limited, reasento a las 25 familias en el nuevo roche municipio de Barrancas La Guajira, en el año 2003, de no hacerlo así se estará violando el derecho fundamental a la igualad. (Sic a toda la cita). 1.3. Hechos 4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:Demandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
1.3.1. De la acción de tutela 5. El señor Roberto Ramírez Díaz, representante legal del Consejo Comunitario Ancestral del Caserío de Roche, ubicado en el municipio de Barrancas (Guajira), ejerció acción de tutela en contra de la Nación – Ministerio del Interior, Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Carbones de Cerrejón Limited, con el fin de que le fueran protegidos los derechos fundamentales a la consulta previa, debido proceso e igualdad de la comunidad. 6. Adjudicó la vulneración de tales garantías a la reubicación de la comunidad étnica a un nuevo territorio denominado «nuevo Roche», por parte de la empresa Carbones de Cerrejón Limited para adelantar el proceso de explotación del Carbón. Esto, en atención a que: 6.1. El nuevo territorio ponía en riesgo el tejido social y su supervivencia, al no poder desarrollar en él, sus actividades ancestrales de agricultura y pastoreo. 6.2. El territorio era de pequeña extensión (solo 12 hectáreas) y no permitía la consolidación de un verdadero grupo. 6.3. El traslado se hizo respecto de 25 de 300 familias que integran el grupo étnico. 6.4. Las viviendas donde fueron reubicadas algunas familias se conformaron como propiedad horizontal. Por lo tanto, existía un administrador y una asamblea de copropietarios como máxima autoridad, situación que reñía con el reconocimiento de un Consejo Comunitario e implicaba la estratificación y el sometimiento a un reglamento interno que no es compatible con ellos. 7. En atención ello, solicitó que se garantizara el derecho a la consulta previa, de manera que la empresa permitiera la participación de la comunidad y en la que la misma pudieran hacer valer sus derechos, con un enfoque diferencial. 8. El conocimiento del asunto
que no es compatible con ellos. 7. En atención ello, solicitó que se garantizara el derecho a la consulta previa, de manera que la empresa permitiera la participación de la comunidad y en la que la misma pudieran hacer valer sus derechos, con un enfoque diferencial. 8. El conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de La Guajira, autoridad judicial que mediante providencia del 7 de abril de 2016 amparó el derecho a la consulta previa invocado por el accionante en representación de los miembros de la comunidad de Roche. Como medida de protección, le ordenó a Carbones de Cerrejón Limited que, en el término de 1 mes instalara mesas de trabajo y de socialización, con presencia de la comunidad, para verificar el cumplimiento de lo pactado y procediera al traslado de los restos mortales que reposan en el antiguo cementerio del Caserío del Roche. 9. Asimismo, dispuso que la providencia fuera notificada al Ministerio del Interior – Dirección de Consulta Previa – Departamento de La Guajira, Defensoría del Pueblo, Municipio de Barrancas, Personería Municipal del mencionado enteDemandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
territorial, a efectos de que realizaran acompañamiento y seguimiento frente al cumplimiento de la orden de tutela. 10. El accionante impugnó la decisión, con fin de que se adoptaran otras medidas que permitieran proteger y garantizar efectivamente los derechos fundamentales de la comunidad afrodescendiente de Roche. 11. En razón a ello, el asunto fue designado a la Sección Primera de la corporación, quien en sentencia del 9 de diciembre de 2016 confirmó la decisión de primera instancia. Además, dispuso lo siguiente: TERCERO: ADICIONAR el citado fallo, en el sentido de ordenar a la empresa Carbones del Cerrejón Limited, que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie el proceso de consulta previa a la comunidad de negros afrodescendientes del caserío de Roche del municipio de Barrancas, departamento de La Guajira, en el que, conforme a los lineamientos fijados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT-, se incluya a los pobladores que vendieron sus derechos a Intercor y a Carbones de Cerrejón desde el año 1997, cuando se inició el proceso de reasentamiento, proceso en el cual se evaluarán y definirán las medidas que deban adoptarse para que los beneficios, compensaciones e indemnizaciones sean otorgadas a todos los integrantes de la comunidad que habitó el caserío de Roche consultando el principio de igualdad. CUARTO: ORDENAR que con la participación de los 25 grupos familiares reasentados en el predio denominado San Francisco, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación este fallo, se adelante un
proceso consultivo en el que, con respeto por el derecho al consentimiento previo, libre e informado, se llegue a un acuerdo sobre la forma de propiedad que adoptará el nuevo asentamiento, de manera que consulte el principio de igualdad, tenga en cuenta su identidad social y cultural y garantice la subsistencia de la comunidad de afrodescendientes de Roche. QUINTO: ORDENAR al Ministerio del Interior que coordine y haga seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en desarrollo del proceso de consulta previa que se ordena realizar, haga las recomendaciones respectivas y rinda informes mensuales al juez de tutela de primera instancia sobre el avance del proceso de consulta previa y la implementación de los compromisos asumidos por la empresa Carbones Cerrejón. 12. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial consideró que, del año 1997, fecha en la que iniciaron los procesos de adquisición de predios hasta la fecha de la providencia, no había mediado una convocatoria a consulta de la comunidad afrodescendiente. Afirmó que la comunidad que fue reubicada no tuvo el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo ni la Procuraduría General en la Nación. Ello condujo a que se desconociera el derecho a la indemnización, en contravía de lo estipulado en el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT y el bloque de constitucionalidad. 13. De otro lado, consideró que la adopción del régimen de propiedad horizontal afectó la identidad cultural de la comunidad afrodescendiente y desconocía su derecho a la propiedad colectiva. Enfatizó en que ello también debía ser objeto de consulta previa.Demandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
14. En suma, estimó que el proceso de reasentamiento de las familias de la comunidad se adelantó de manera segregada y sin tener en cuenta la identidad de la comunidad negra. 1.3.2. Del incidente de desacato 15. El señor Roberto Ramírez Díaz formuló incidente de desacato en contra del Ministerio del Interior y la empresa Carbones del Cerrejón Limited. En su sentir, las autoridades no dieron cumplimiento a las órdenes de tutela contenidas en los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro de la acción de tutela identificada con radicado 44001-23-40-000-2016-00058-00. 16. Como sustento de su solicitud, el señor Ramírez Díaz alegó que las accionadas no habían realizado gestiones tendientes a la reubicación del cementerio ancestral, instalación de mesas de trabajo para recibir apoyo social del Estado y el reasentamiento de más de 286 personas de la comunidad Roche, que se mantienen sin ser reasentadas. 17. En providencia del 6 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de la Guajira requirió al Ministerio del Interior y a la empresa Carbones de Cerrejón Limited, para que informaran qué acciones habían continuado adoptando para darle cumplimiento total a las órdenes contenidas en la sentencia del 9 de diciembre de 2016 proferida por el Consejo de Estado. 18. Recibidos los informes respectivos, mediante providencia del 18 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira se abstuvo de iniciar incidente de desacato. Como sustento de su
decisión, expuso que el incumplimiento alegado no tenía asidero, pues se basan «por un lado i) en que se trate de forma separada el grupo incidentante, por conflictos internos de la comunidad, en los que se considera que no son representados por el Consejo Comunitario de Roche, con el que se han adelantado y avanzado en las gestiones del cumplimiento de las órdenes y tutela, y, por otra parte, ii) se predica el incumplimiento sobre un tema que ni siquiera fue consignado en el acuerdo consultivo». 19. En concreto, el tribunal consideró que las órdenes impartidas en el fallo de tutela estaban encaminadas a que la empresa Carbones del Cerrejón Limited iniciara el proceso de consulta previa con la comunidad, para definir los beneficios, compensaciones e indemnizaciones que debían otorgarse a la comunidad. Proceso que, por lo demás, debía contar con el acompañamiento del Ministerio del Interior. 20. Mencionó que, en cumplimiento de lo anterior, se suscribió el acuerdo protocolizado el 23 de junio de 2022, el cual fue aprobado y ratificado por el Consejo Comunitario de Roche en la asamblea general realizada en la mismaDemandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
fecha. Proceso consultivo en el que Ministerio del Interior participó activamente. 21. Luego, refirió que los compromisos contenidos en el acuerdo fueron atendidos por la empresa accionada, en la medida que esta pagó por concepto de compensación los montos allí reconocidos a la cuenta bancaria de dicho tribunal y en favor de los beneficiarios. En lo que atañe al traslado del cementerio ancestral, mencionó que la empresa Carbones del Cerrejón ha realizado mesas de trabajo y concertación con el Consejo Comunitario de Roche, según se lograba advertir de los elementos de juicio recaudados; particularmente, las actas de tales reuniones. 22. Refirió que, si bien el incidentante no desconocía las mesas de trabajo adelantadas, su argumento de incumplimiento se erigía sobre la base de que pretende de que las mismas se realicen de manera independiente con el grupo que dice representar, sin que ello hubiera sido objeto del acuerdo y que al menos lo hubiera solicitado directamente ante la empresa. 23. En lo que atañe al cuestionamiento del señor Ramírez Díaz en relación con que en el acuerdo de consulta previa no se delimitó la forma como se realizaría el reasentamiento de 286 personas que representa, el tribunal consideró que no tenía asidero, comoquiera que el proceso fue realizado de forma exitosa y lo que se pretendía era alterar o adicionar el acuerdo, pese a que tuvo la oportunidad para poner ello de presente. 24. Por lo anterior, afirmó que era ineludible que la empresa accionada y el Ministerio del interior han efectuado acciones tendientes al cumplimiento de las órdenes de tutela en cuanto al traslado del cementerio traslado, el cual no se ha podido lograr por la complejidad del asunto y la necesidad de trabajo coordinado y consensuado con la comunidad. 1.4. Sustento de la vulneración 25. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren
el cual no se ha podido lograr por la complejidad del asunto y la necesidad de trabajo coordinado y consensuado con la comunidad. 1.4. Sustento de la vulneración 25. En primer lugar, la parte accionante afirmó que en el sub judice concurren los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. De otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que el Tribunal Administrativo de la Guajira, al proferir el auto del 18 de noviembre de 2024, incurrió en los defectos fáctico, procedimental, sustantivo y violación directa de la Constitución. 26. Como sustento de los cargos aludidos, el accionante mencionó que el Tribunal realizó una valoración equivocada y caprichosa de las pruebas recaudadas. Además, se apartó del procedimiento legal establecido; en concreto, los ordinales segundo y tercero de la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado. Al tiempo, refirió que la decisión se fundó en normas inexistentes y desconoció los artículos 13, 29 93 de la Carta Política. 27. Finalmente, caracterizó de manera breve los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso administrativo y al concepto de «perjuicioDemandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
irremediable de comunidades étnicas». 1.5. Trámite de primera instancia 28. Por auto del 14 de marzo de 2025, el magistrado ponente de esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de La Guajira. 29. De otro lado, dispuso la vinculación como terceros con interés del Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA, el departamento de la Guajira, la Defensoría del Pueblo y la empresa Carbones del Cerrejón Limited. Adicionalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del CGP. 30. Finalmente, se le ordenó al Tribunal Administrativo de La Guajira la fijación de una anotación dentro del expediente designado con el radicado 44001-23-40-000-2016-00058-00, con el fin de que los sujetos procesales conocieran de la existencia de este trámite constitucional y, si lo consideran pertinente, intervinieran. 1.6. Intervenciones 1.6.1. Gobernación de La Guajira 31. El ente territorial solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. Alegó que no ha vulnerado los derechos aducidos por la comunidad de la referencia, al tiempo que tampoco tiene competencia en los procesos del plan de reasentamiento del grupo étnico. 1.6.2. Empresa Carbones del Cerrejón Limited 32. Pidió que se nieguen las pretensiones de la acción, toda vez que lo perseguido por el accionante es modificar los acuerdos protocolizados en desarrollo de la consulta previa que adelantó con la comunidad de Roche. 33. Al respecto, la empresa adujo que el incumplimiento alegado por la parte actora no tiene
las pretensiones de la acción, toda vez que lo perseguido por el accionante es modificar los acuerdos protocolizados en desarrollo de la consulta previa que adelantó con la comunidad de Roche. 33. Al respecto, la empresa adujo que el incumplimiento alegado por la parte actora no tiene fundamento, dado que adelantaron y culminaron de forma exitosa el proceso consultivo ordenado en las sentencias de tutela y, ello permitió la suscripción del acuerdo protocolizado el 23 de junio de 2022, en el cual se establecieron una serie de compromisos que fueron debidamente atendidos. 34. En este punto, señaló que, frente al compromiso de indemnizar, no ha habido incumplimiento. Y, respecto del traslado del cementerio ancestral, adujo que han realizado mesas de trabajo y concertación con el Consejo Comunitario de Roche.Demandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
35. Aunado a lo anterior, señaló que la solicitud de amparo no acreditó los requisitos específicos de procedencia de la tutela contra providencia judicial. En concreto, la empresa consideró que el tutelante no expuso el sustento jurídico por el cual consideró que la autoridad accionada incurrió en los defectos aducidos en el escrito tutelar. 1.6.3. ANLA 36. Alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, de conformidad con los Decretos 3573 de 2011 y el 1076 de 2015, dicha autoridad carece de competencia en asuntos relacionados con incidentes de desacato y el cumplimiento de las órdenes de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2016 por el Consejo de Estado. 37. De forma subsidiariedad, señaló que la demanda es improcedencia toda vez que no ha vulnerado por acción, ni omisión, los derechos fundamentales del accionante. 1.6.4. Tribunal Administrativo de La Guajira 38. La magistrada ponente de la decisión proferida el 18 de noviembre de 2024 indicó que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, ni incurrió en los defectos alegados. Por el contrario, indicó que la decisión encuentra sustento en los postulados normativos y jurisprudenciales aplicables al caso, por lo cual está a justada a derecho. 39. Se detuvo en los cargos alegados por la parte actora. En ese orden, expuso que, si bien se invocó un defecto fáctico, no se mencionó en qué modalidad se habría incurrido. En todo caso, mencionó que la providencia fue producto de los informes y elementos de juicio allegados al trámite incidental. 40. De otro lado, en lo que atañe al defecto procedimental, precisó que le impartió el trámite adecuado a la solicitud de desacato, comoquiera
todo caso, mencionó que la providencia fue producto de los informes y elementos de juicio allegados al trámite incidental. 40. De otro lado, en lo que atañe al defecto procedimental, precisó que le impartió el trámite adecuado a la solicitud de desacato, comoquiera que requirió a las partes involucradas y luego decidió sobre los informes recibidos. En este punto, también indicó que el actor ni siquiera explicó qué procedimiento se desconoció y únicamente hizo referencia a los «ordinales segundo y tercero de la sentencia de la tutela», lo que se aparta de la noción del defecto. 41. Con relación al defecto sustantivo o material, mencionó que profirió la decisión de conformidad con lo estipulado en el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional sobre el desacato, por lo que no es cierto que aplicó disposiciones inexistentes como alegó el accionante. 42. Luego, refirió que la tutela estaba instituida para la salvaguarda de derechos fundamentales y no para estructurarla como una nueva instancia procesal que soslaye su carácter excepcional, residual y subsidiaria. Por ende, solicitó la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo.Demandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
43. Posteriormente, remitió el link de acceso al expediente 44001-23-40-000-2016-00058-00 y aportó la constancia publicada al interior de dicho trámite, en la que informó de la existencia de la acción de tutela de la referencia. 1.6.5. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 44. Refirió que dicha cartera no está legitimada en la causa por pasiva, dado que no ha vulnerado o puesto en peligro los derechos de la comunidad accionante, ni es la competente para pronunciarse sobre temas relacionados con la consulta previa. Por lo anterior, solicitó su desvinculación de la presente tutela. 1.6.6. Ministerio del Interior 45. La cartera hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas al interior del incidente de desacató que motivaron la presentación de la acción de tutela de la referencia. 46. En seguida, hizo mención a las actuaciones realizadas para darle cumplimiento a lo ordenado por la Sección Primera del Consejo de Estado de 2016 a la fecha. Se destaca la mención especial a: 1) el liderazgo y supervisión del proceso consultivo, 2) la protocolización de acuerdos, 3) el seguimiento y verificación del cumplimiento de acuerdos y 4) el cierre del proceso consultivo. 47. Con ello, indicó que las reclamaciones de la parte actora no podían ser endilgadas a dicha autoridad; específicamente, a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. En vista de ello, solicitó su desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva. 1.6.7. Los demás terceros con interés vinculados, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 48. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por
Los demás terceros con interés vinculados, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 48. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela presentada por la parte actora contra el Tribunal Administrativo de la Guajira. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado. 2.2. Cuestión previa 49. La Gobernación de La Guajira, la ANLA y los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Interior solicitaron su desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva.Demandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
50. La Sala desestimará las solicitudes referidas, en atención a que la vinculación de tales autoridades fue realizada en calidad de terceros por el interés que les asiste en el proceso de la referencia, y no como sujetos demandados. 2.3. Legitimación en la causa 51. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala advierte que el señor Roberto Ramírez Díaz promovió el incidente de desacato con radicado 44001-23-40-000-2016-00058-00. Por tanto, es el titular de los derechos fundamentales cuya protección reclama. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa. 53. Por otro lado, la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada se encuentra legitimada en la causa por pasiva. Lo anterior, por ser quien dictó la providencia objeto de reproche. 2.4. Problemas jurídicos 54. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes: ● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales? 55. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente: ● ¿El Tribunal Administrativo de la Guajira vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora con la expedición de la providencia del 18 de noviembre de 2024? 56. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
la Guajira vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora con la expedición de la providencia del 18 de noviembre de 2024? 56. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso concreto. 2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial 57. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providenciasDemandante: Roberto Ramírez Díaz Demandado: Tribunal Administrativo de la Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2025-01420-00
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20123. Lo anterior, porque hasta ese momento, la
Estás viendo una vista previa
Lee el documento completo con Ariel
Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.