CE - Sentencia 11001031500020250150900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250150900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-0315-000-2025-01509-00
Accionante: Oscar Alonso Vargas Jaramillo Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otro1
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia emitida dentro de proceso de nulidad electoral . Acto de elección de diputado.
Parentesco con funcionario público que ejerce autoridad administrativa en el departamento / DECLARA IMPROCEDENCIA – Falta de cumplimiento de requisitos de subsidiariedad, relevancia constitucional e inmediatez – Se encontraba pendiente de decidir solicitud de aclaración de providencia acusada y s e pretende emplear la acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario y reproches carecen de carga argumentativa , además de cuestionar autos que resolvieron una solicitud probatoria, proferidos y notificados hace más de 6 meses.
Surtido el trámite de ley 2, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 14 de marzo de 2025 el señor Oscar Alonso Vargas Jaramillo promovió acción
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 14 de marzo de 2025 el señor Oscar Alonso Vargas Jaramillo promovió acción de tutela3, con el fin de que se dejaran sin efectos las sentencias de 14 de junio de 2024 y 27 de febrero de 2025 , emitidas dentro del proceso de nulidad electoral 4 instaurado por el señor Androw Montoya Londoño en su contra, encaminado a obtener la anulación de su acto de elección como diputado de la Asamblea de Caldas, para el período 2024 -2027, bajo el fundamento de haber incurrido en la causal de inhabilidad enunciada en el numeral 6 del artículo 49 5 de la Ley 2200 de
1 Tribunal Administrativo de Caldas. 2 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 Invocó sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y a ser elegido. También hizo referencia a los principios de prevalencia del derecho sustancial y seguridad jurídica. 4 Expediente 17001-23-33-000-2023-00253-00/02. 5 “DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las inhabilidades establecidas en la
principios de prevalencia del derecho sustancial y seguridad jurídica. 4 Expediente 17001-23-33-000-2023-00253-00/02. 5 “DE LAS INHABILIDADES DE LOS DIPUTADOS. Además de las inhabilidades establecidas en la Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido diputado:Radicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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2022. Asimismo, pidió que se ordenara tramitar ante la Sala Plena del Consejo de Estado la solicitud de unificación jurisprudencial que presentó en ese asunto ordinario.
2. Mediante la providencia de 27 de febrero de 2025, se confirmó la decisión judicial de 14 de junio de 2024, que accedió a las pretensiones ordinarias. Se determinó que tenía parentesco en segundo grado con una funcionaria (gerente de la Terminal de Transportes de Manizales S. A.) que ejerció autoridad civil y administrativa (entre el 28 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023) en el departamento de Caldas dentro del año anterior a su elección (29 de octubre de 2023).
3. La parte actora sostuvo que se configuró desconocimiento del precedente , porque se omitió la aplicación de la sentencia SU -207 de 2022 de la Corte Constitucional, en particular, en lo referente a que en los casos de inhabilidades por ejercicio de autoridad administrativa, se debe realizar un examen específico para determinar la probabilidad real de ejercerla , máxime cuando su hermana era
Constitucional, en particular, en lo referente a que en los casos de inhabilidades por ejercicio de autoridad administrativa, se debe realizar un examen específico para determinar la probabilidad real de ejercerla , máxime cuando su hermana era empleada de una entidad del orden municipal y que se rige por el derecho privado y su vínculo de consanguinidad solo se originó por vía paterna y no tenían cercanía.
4. De igual modo, se constituye defecto sustantivo, en tanto no se tuvo en cuenta la interpretación constitucional del numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
5. Las autoridades judiciales también incurrieron en defecto fáctico , pues para dilucidar lo referente a la no incidencia real en su elección como diputado , frente al eventual ejercicio de autoridad administrativa por parte de su hermana , solicitó el decreto de testimonios y requerir información del Consejo Nacional Electora l y del Partido Liberal Colombiano, sin embargo ello le fue negado.
6. Por último, indicó que solicitó se unificara por importancia jurídica lo relacionado con la necesidad de que se tomara el criterio contenido en la aludida sentencia SU207 de 2022 para aplicarlo a la causal de inhabilidad consagrada para los diputados
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
7. Mediante auto de 25 de marzo de 20256, se aceptó el impedimento manifestado por el consejero Fernando Pardo Flórez, se admitió la acción de tutela, se negó la medida provisional solicitada, se ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al señor Androw Montoya Londoño, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en calidad de terceros con interés. De igual
medida provisional solicitada, se ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó al señor Androw Montoya Londoño, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en calidad de terceros con interés. De igual
(…)
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, pol ítica, administrativa o militar en el respectivo departamento (…). Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del tercer grado consanguinidad, segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento en la misma fecha”. 6 Notificado el 28 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.
(i) Tribunal Administrativo de Caldas
8. Sostuvo que el presente asunto debe ser declarado improcedente, porque no supera los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.
9. Indicó que la providencia emitida se ajustó a derecho, con sustento en los medios de prueba allegados con la demanda y en las normas y pronunciamientos del Consejo de Estado para el momento de su expedición. No se advierte algún punto o
9. Indicó que la providencia emitida se ajustó a derecho, con sustento en los medios de prueba allegados con la demanda y en las normas y pronunciamientos del Consejo de Estado para el momento de su expedición. No se advierte algún punto o elemento concreto que determine o explique la supuesta infracción de sus derechos fundamentales, más allá de la reiteración de los argumentos planteados dentro del proceso de nulidad electoral.
10. Además, se explicaron las razones por las cuales no se aplicó la hermenéutica plasmada en la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional.
(ii) Consejo de Estado – Sección Quinta
11. Advirtió que no se cumple la exigencia de relevancia constitucional. Se emplea la tutela como una instancia adicional o paralela al proceso ordinario. Se insiste e n la inaplicación de la sentencia SU -207 de 2022 de la Corte Constitucional, en la precaria relación entre el demandado y su hermana y en la naturaleza jurídica de la
Terminal de Transportes de Manizales S. A.
12. En cuanto a la negativa del decreto de pruebas, esa discusión fue zanjada en la correspondiente etapa procesal, por lo que se decidió el asunto con base en las pruebas que oportuna y regularmente fueron aportadas al expediente.
13. Frente a la solicitud de unificación de jurisprudencia, esta fue rechazada mediante auto de 19 de diciembre de 2024 y confirmada por auto de 30 de enero de 2025, al no reunir los presupuestos del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
(iii) Consejo Nacional Electoral
no reunir los presupuestos del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
(iii) Consejo Nacional Electoral
14. Adujo que carece de competencia para intervenir en la acción de tutela, ya que recae sobre actuaciones judiciales surtidas dentro de un proceso de nulidad electoral. Es decir, no tiene participación directa ni indirecta en la configuración de los hechos materia de l a acción constitucional, así como tampoco es el facultado para satisfacer las pretensiones del tutelante. Por tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva, por lo que resulta procedente su desvinculación.
(iv) Androw Montoya LondoñoRadicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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15. Indicó que la tutela deviene en improcedente, al no colmar los presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional. El tutelante debía dirigir la acción contra una providencia judicial en firme, no obstante, para la fecha de su presentación no se había despachado la solicitud de aclaración formulada frente a la sentencia de segunda instancia acusada.
16. Por otro lado, la parte actora pretende que la acción de tutela se convierta en una especie de tercera instancia o recurso adicional para reabrir el debate del proceso de nulidad electoral que ya fue definido, terminado y ejecutoriado, simplemente porque las decisiones allí proferidas no fueron favorables a sus intereses.
17. No corresponde a la realidad que se haya omitido aplicar la sentencia SU-207 de
de nulidad electoral que ya fue definido, terminado y ejecutoriado, simplemente porque las decisiones allí proferidas no fueron favorables a sus intereses.
17. No corresponde a la realidad que se haya omitido aplicar la sentencia SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional. Diferente es que las autoridades judiciales hayan determinado que no se avenía al caso, pues se analizó en ese caso una situación distinta. No obstante, el tutelante insiste en su aplicación.
18. Respecto de la negativa de pruebas, se debe tener en cuenta que se alegó una causal de inhabilidad objetiva, por consiguiente, las pruebas solicitadas en nada aportaban al tema objeto de controversia, en razón a que los hechos sobre los cuales se iba a dec larar ya se encontraban probados documentalmente. En esa medida, dicha negativa no resultó arbitraria, caprichosa e irracional, por el contrario, tuvo sustento en su impertinencia, inconducencia y falta de idoneidad. Además, el auto que definió esa discusión no supera el presupuesto de inmediatez.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Solicitud de desvinculación
19. La Sala negará la solicitud del Consejo Nacional Electoral, pues su vinculación no se realizó en condición de accionado. Resulta claro que dicha entidad carece de la facultad de emitir una decisión judicial de reemplazo, que es lo que se pretende en este asunto. No obstante, al juez de tutela le asiste la obligación de integrar de oficio el contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada al proceso electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 277 del CPACA, mediante auto de 2 de
el contradictorio y comoquiera que la referida entidad fue vinculada al proceso electoral, en virtud del numeral 2 del artículo 277 del CPACA, mediante auto de 2 de febrero de 2024, que admitió la demanda de nulidad electoral formulada contra el tutelante, resultaba indispensable que fuera llamada a estas diligencias como tercera interesada.
D. Análisis del caso concreto
20. La tutela no satisface los presupuestos de subsidiariedad y relevancia constitucional. La sentencia acusada no se encontraba en firme cuando se presentó la solicitud de amparo y lo referente a la procedencia de la petición de unificación de jurisprudencia fue definido en el proceso ordinario. En todo caso, se evidencia queRadicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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la parte actora pretende se acoja la manera como, a su juicio, se debió haber zanjado el litigio, para cuyo efecto se limita a presentar inconformidad con la decisión judicial atacada para revivir el debate que en ese aspecto fue definido por el juez natural . Además se cuestionan autos que resolvieron una solicitud probatoria, proferidos y notificados hace más de 6 meses.
21. En cuanto a la exigencia de subsidiariedad, se precisa que la tutela tiene una naturaleza residual y subsidiaria, esto es, que procede en los eventos en que el ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la
ordenamiento jurídico no disponga de otro instrumento diferente para obtener la protección constitucional que se invoca, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable (artículo 86 de la Constitución Política).
22. Conforme al artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
23. Consultado el proceso de nulidad electoral en el aplicativo Samai, se observa que el tutelante, el 5 de marzo de 2025 , solicitó la aclaración de la sentencia objeto de censura constitucional, con el propósito de que se le indicaran los efectos de esa providencia y si se tuvo en cuenta la sentencia SU -207 de 2022 de la Corte Constitucional, en cuanto a la influencia de la pariente en el electorado, es decir, la probabilidad real y no la potencialidad abstracta de quien ostenta un cargo de autoridad y su injerencia en una elección. Dicha petición le fue negada, con auto de 20 del mismo mes y año7.
24. El accionante presentó el escrito de tutela el 14 de marzo de 2025 , es decir, de manera previa a que se atendiera la mencionada solicitud de aclaración. Por tal razón, se colige que empleó esta acción como mecanismo alterno, pues una de las inconformidades planteadas en la petición de aclaración estaba relacionada con la
manera previa a que se atendiera la mencionada solicitud de aclaración. Por tal razón, se colige que empleó esta acción como mecanismo alterno, pues una de las inconformidades planteadas en la petición de aclaración estaba relacionada con la aplicación del fallo SU -207 de 2022 de la Corte Constitucional, que constituye uno de los reproches esbozados en estas diligencias constitucionales.
25. Por consiguiente, lo procedente hubiera sido que el accionante esperara a que fuera atendida su solicitud de aclaración, con el propósito de que en el evento de que le fuera negada, como ocurrió, acudiera a promover esta acción y no antes, con el objeto de obtener un pronunciamiento por parte del juez constitucional frente a una cuestión puesta en conocimiento ante el juez natural del litigio, pero sobre la cual no se había adoptado decisión alguna.
7 Notificado al día siguiente. Conforme a la constancia secretarial que obra en las diligencias ordinarias, la sentencia quedó ejecutoriada el 27 de marzo de 2025.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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26. Por otro lado, el tutelante solicita que se disponga tramitar ante la Sala Plena del Consejo de Estado la solicitud de unificación jurisprudencial que formuló en el proceso ordinario.
27. Al respecto, la Sala advierte que tampoco se supera el requisito de subsidiariedad, en atención a que, además de que al juez de tutela le está vedado analizar la procedencia de una solicitud de unificación de jurisprudencia, dado que
27. Al respecto, la Sala advierte que tampoco se supera el requisito de subsidiariedad, en atención a que, además de que al juez de tutela le está vedado analizar la procedencia de una solicitud de unificación de jurisprudencia, dado que ello invadiría la órbita de competencia propia del juez natural de la causa, ello le fue negado con autos de 19 de diciembre de 2024 y 30 de enero de 2025. Decisiones judiciales frente a las cuales no se planteó reproche constitucional alguno, por tanto, no resulta dable efectuar su examen de constitucionalidad.
28. Sin perjuicio de lo anterior, la tutela no satisface la exigencia de relevancia constitucional. Cabe anotar que la causal de inhabilidad de los diputados, contenida en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, la cual, al hallarse acreditada en el proceso de nulidad electoral, produjo la anulación del acto de elección del tutelante, se configura para la persona que “ tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, ad ministrativa o militar en el respectivo departamento”.
29. El tutelante indica que se debieron haber acogido los lineamientos impartidos en la sentencia SU -207 de 2022 de la Corte Constitucional, en la medida en que se debía examinar la probabilidad real de que el ejercicio de autoridad administrativa por parte de su familiar impactara su elección, máxime cuando labora en una entidad de orden municipal que se rige por el derecho privado y, en todo caso, su vínculo de
debía examinar la probabilidad real de que el ejercicio de autoridad administrativa por parte de su familiar impactara su elección, máxime cuando labora en una entidad de orden municipal que se rige por el derecho privado y, en todo caso, su vínculo de consanguinidad no representa un lazo afectivo.
30. Al respecto, cabe anotar que tal reproche fue planteado en sede ordinaria y frente al cual la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunció en cuanto a justificar las razones por las cuales aquel fallo constitucional no se avenía al caso. En ese sentido, el accionante pretende imponer que se acoja una jurisprudencia respecto de la cual la autoridad judicial explicó los motivos por los cuales ello no proc edía, argumentación contra la cual el tutelante no dirige planteamientos para desvirtuarla o para acreditar que esta involucra la afectación constitucional que alega.
31. La autoridad judicial anotó que la aplicación de la sentencia SU -207 de 2022 de la Corte Constitucional es una solicitud que el tutelante había planteado en el proceso ordinario desde la contestación de la demanda y frente al cual el a quo le explicó que el asunto abordado en ese caso estaba relacionado con la influencia de un cargo de rango departamental en un municipio, lo cual no correspondía a lo planteado en ese litigio, criterio que se compartía. En la medida en que no se estudió si la autoridad que se ejerce en un cargo público del nivel municipal influye en el departamento, que es el escenario en este asunto. Y, en todo caso, la tesis que se adopta frente al cuestionamiento de elecciones del orden departamental, como losRadicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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adopta frente al cuestionamiento de elecciones del orden departamental, como losRadicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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diputados, es que los funcionarios de los municipios que integran el departamento ejercen su autoridad en una parte de este, en consecuencia, pueden llegar a inhabilitar a su pariente.
32. En todo caso, precisó que la mencionada providencia tuvo la intención de avanzar “hacia la valoración de la probabilidad real del ejercicio de las funciones que comportan autoridad en la respectiva circunscripción, a partir del análisis de la naturaleza del cargo y de las funciones que le establecen la ley o el reglamento ”.
Con base en ello, indicó que la señora Juliana Vargas Ramírez, hermana del accionante, se desempeñó como gerente de la Terminal de Transportes de Manizales S. A. entre el 28 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023 y tenía a su cargo, conforme al Manual Específico de Funciones y Requisitos, labores de dirección general, en particular, “«nombrar, remover y administrar el personal de la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, así como fijarles su remuneración salarial». Así mismo, es de su resorte «ordenar el gasto de la entidad» y «suscribir los a ctos y celebrar los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los programas de la entidad»”. Con lo anterior se demostraba su calidad de autoridad.
33. De lo descrito en precedencia, se evidencia que la autoridad judicial justificó el
necesarios para el cumplimiento de las funciones y la ejecución de los programas de la entidad»”. Con lo anterior se demostraba su calidad de autoridad.
33. De lo descrito en precedencia, se evidencia que la autoridad judicial justificó el motivo por el cual la aludida sentencia de la Corte Constitucional no se avenía al caso analizado. No obstante, conforme a lo dispuesto en aquella providencia, examinó que la pariente del tutelante tuviera la condición de autoridad, por ende, no se aplicó de manera irreflexiva la inhabilidad prevista en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022 . Diferente es que lo concluido en ese sentido no haya resultado favorable a los intereses del tutelante y, por ende, pretenda se acoja la tesis que ha pregonado tanto en sede ordinaria como en sede de tutela.
34. Además, también se abordó lo relacionado con la naturaleza de la entidad en la que labora la pariente, así como el impacto de la falta de cercanía en el vínculo de consanguinidad. Al respecto, se anotó que (i) la relación estrecha del parentesco no es un punto que deba verificarse al momento de definir la configuración de la inhabilidad, pues la norma impone un análisis objetivo ; y , (ii) la Terminal de Transportes de Manizales S. A. no es una sociedad de economía mixta, sino una sociedad comercial anónima conformada entre entidades públicas descentralizadas indirectas de segundo grado del orden municipal, sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado, es decir, no tiene aportes de particulares. En todo caso, se trata de una entidad descentralizada de derecho público, naturaleza pública que no se elimina por la aplicación del régimen privado a las funciones
industriales y comerciales del Estado, es decir, no tiene aportes de particulares. En todo caso, se trata de una entidad descentralizada de derecho público, naturaleza pública que no se elimina por la aplicación del régimen privado a las funciones administrativas y las actividades industriales y comerciales que desarrollan.
35. Para la Sala las anteriores conclusiones no involucran arbitrariedad alguna, en la medida en que encuentran sustento en el material probatorio allegado al expediente ordinario y en la normativa y jurisprudencia aplicables.Radicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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36. Por otro lado, aduce el accionante la configuración de defecto fáctico, porque se negó el decreto de pruebas que resultaban necesarias para zanjar la controversia.
Sin embargo, tal inconformidad no se dirige contra la sentencia cuestionada, sino que tiene como fin controvertir los autos que adoptaron esa decisión, los cuales fueron proferidos el 16 de abril y 9 de mayo de 2024.
37. De lo anterior se evidencia que entre el último de los mencionados proveídos y la presentación de la tutela (14 de marzo de 2025) transcurrió un término mayor a los 6 meses jurisprudencialmente fijado s para acudir oportunamente a promover este mecanismo constitucional cuando tiene como fin atacar una providencia judicial. En ese sentido, no es viable analizar aquellas decisiones judiciales, máxime cuando no se estructuró alguna causal específica de procedibilidad en su contra y la razón de desacuerdo consiste en insistir en la importancia de su decreto para su defensa sin
ese sentido, no es viable analizar aquellas decisiones judiciales, máxime cuando no se estructuró alguna causal específica de procedibilidad en su contra y la razón de desacuerdo consiste en insistir en la importancia de su decreto para su defensa sin que se despliegue argumentación alguna tendiente a desvirtuar lo decidido en ese sentido por el juez natural de la contienda.
38. Esta Sala advierte que lo pretendido por el tutelante es imponer la manera como debió zanjarse el litigio , al no compartir el modo en que lo hizo el juez natural del litigio, frente a lo cual cabe anotar que la tutela no fue instituida como una instancia adicional al proceso ordinario. Por tanto, analizar de nuevo en sede constitucional la controversia con base en las inconformidades planteadas por el accionante, sin que se acredite la afectación constitucional que se alega, invadiría la órbita de competencia del juez natural de la controversia.
39. De igual modo, la parte actora no despliega argumentación dirigida a desvirtuar las conclusiones a las que arribó la autoridad judicial ni a demostrar arbitrariedad alguna que implique vulneración de derechos fundamentales. Insiste en que no se configuró la causal de inhabilidad que dio lugar a anular su acto de elección como diputado, sin considerar la argumentación empleada por el juez natural para tal propósito.
40. Por consiguiente, el hecho de que el juez natural de la causa no haya decidido la controversia de la manera pretendida por el tutelante, no lo habilita para que acuda a este mecanismo judicial para imponer su tesis , con el fin de que se decida en determinado sentido, máxime cuando no se evidencia que en ese ejercicio se hayan
controversia de la manera pretendida por el tutelante, no lo habilita para que acuda a este mecanismo judicial para imponer su tesis , con el fin de que se decida en determinado sentido, máxime cuando no se evidencia que en ese ejercicio se hayan contrariado los postulados de la sana crítica o involucre algún tipo de arbitrariedad. La simple inconformidad de criterios no comporta por sí sola afectación constitucional.
41. Así las cosas , las inconformidades del tutelante no demuestran afectación constitucional alguna ni contienen la suficiente carga argumentativa que acredite algún yerro de índole constitucional que implique vulneración de derechos fundamentales, cuanto más si su objeto era dejar sin efectos una sentencia proferida por una Alta Corte, para cuyo propósito resulta indispensable que se acredite la configuración de una irregularidad de tal envergadura que atente de manera abierta con la Carta políticaRadicación: 11001-03-15-000-2025-01509-00
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42. Por tanto, dicha discusión no trasciende al ámbito constitucional , pues la acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional al proceso ordinario, con el propósito de efectuar un juicio de corrección, dado que en este escenario se debe desarrollar uno de validez.
43. En ese orden de ideas, esta Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
amparo.
44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN formulada por el
Consejo Nacional Electoral.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente pro videncia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite v alidar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de
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