CE - Sentencia 11001031500020250156400

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250156400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

Accionantes: YENI ALEJANDRA MARTÍN SALAS Y JORGE ENRIQUE

GARZÓN RIVERA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN E

Tesis: No está legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela quien pretende controvertir una providencia proferida en un proceso ejecutivo en el que no fue parte, sino que actuó como apoderado de la parte ejecutante.

La acción de tutela es improcedente cuando la controversia planteada por la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Yeni Alejandra Martín Salas y el señor Jorge Enrique Garzón Rivera , en contra de la

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Yeni Alejandra Martín Salas y el señor Jorge Enrique Garzón Rivera , en contra de la providencia proferida el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024 00208 00/01.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

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1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Yeni Alejandra Martín Salas y el señor Jorge Enrique Garzón Rivera, actuando en nombre propio , promovieron acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello formul aron las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Que el Consejo de Estado tutele los derechos fundamentales de la accionante al acceso a la justicia, al debido proceso y al trabajo en condiciones dignas.

2. Que el Consejo de Estado ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocar su decisión y decretar el embargo de la cuenta de Davivienda de la Subred Integrada de Servicios de Salud

Sur E.S.E.

3. Que, como medida cautelar, se suspenda la negativa del embargo y se ordene el embargo preventivo de los recursos en cuestión hasta que se resuelva de fondo la presente acción.

Sur E.S.E.

3. Que, como medida cautelar, se suspenda la negativa del embargo y se ordene el embargo preventivo de los recursos en cuestión hasta que se resuelva de fondo la presente acción.

4. Que se adopten las medidas necesarias para evitar que la negativa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca continúe afectando derechos fundamentales […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

Los accionantes informaron que la señora Martín Salas promovió demanda ejecutiva en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. con el fin de obtener el pago de las prestaciones sociales reconocidas en las sentencias del 8 de febrero de 2019 y 7 de febrero de 2020, proferidas por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, respectivamente.

Manifestaron que, “(…) a pesar de la existencia de una sentencia firme, la entidad demandada no ha cumplido voluntariamente con su obligación

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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de pago, por lo que la accionante inició proceso ejecutivo para obtener el cobro forzado (…)”2.

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de pago, por lo que la accionante inició proceso ejecutivo para obtener el cobro forzado (…)”2.

Relataron que, en el precitado proceso ejecutivo, la parte ejecutante solicitó el embargo de los recursos de la entidad ejecutada que se encuentran en la cuenta bancaria nro. 004800391056 del Banco Davivienda, designados exclusivamente, según afirmaron, para el pago de sentencias y conciliaciones.

Indicaron que, por auto del 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá negó la precitada solicitud de embargo argumentando que los recursos destinados a sentencias y conciliaciones son inembargables en virtud del artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Señalaron que, inconforme con la decisión anterior , la parte ejecutante interpuso recurso de apelación y que la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 14 de marzo de 2025 la confirmó, reiterando que los precitados recursos son inembargables.

Anotaron que “(…) la decisión del Tribunal desconoce precedentes judiciales claros, como los Autos del Consejo de Estado de 5 de diciembre de 2022 y 23 de marzo de 2023, que han admitido el embargo de recursos en cuentas destinadas al pago de sentencias cuando el ejecutado incumple su obligación (…)”3.

Alegaron que, “(…) la negativa del Tribunal vulnera el derecho fundamental de la accionante al acceso a la justicia y a la ejecución efectiva de las decisiones judiciales, pues no le permite cobrar una obligación clara y exigible (…)”4.

Alegaron que, “(…) la negativa del Tribunal vulnera el derecho fundamental de la accionante al acceso a la justicia y a la ejecución efectiva de las decisiones judiciales, pues no le permite cobrar una obligación clara y exigible (…)”4.

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00. 3 Ibidem. 4 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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Adujeron que la Corte Constitucional, en sentencia C -354 de 1997, estableció que la inembargabilidad de recursos públicos no es absoluta y que existen excepciones cuando se trata de la ejecución de decisiones judiciales.

Resaltaron que “ (…) [la] Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones judiciales, afectando gravemente los derechos laborales de la accionante (…)”5. En ese sentido, agregaron que “(…) la negativa del Tribunal permite que una entidad pública desacate órdenes judiciales sin consecuencia alguna, dejando a la accionante en un estado de indefensión (…)”6.

Aseveraron que “(…) el Consejo de Estado ha reconocido que el embargo sí es procedente en estos casos, siempre que se trate de la ejecución de

dejando a la accionante en un estado de indefensión (…)”6.

Aseveraron que “(…) el Consejo de Estado ha reconocido que el embargo sí es procedente en estos casos, siempre que se trate de la ejecución de sentencias judiciales firmes, lo que demuestra la contradicción en la decisión del Tribunal (…)”7.

En el acápite denominado “FUNDAMENTOS JURÍDICOS ”, hicieron referencia a algunas providencias, de la siguiente manera8:

“[…] • Auto de 5 de diciembre de 2022 (Rad. 4877-2019): El Consejo de Estado estableció que el embargo procede cuando se persigue el cumplimiento de un fallo judicial firme.

  • Auto de 23 de marzo de 2023 (Rad. 4105 -2021): Se reiteró que, si los recursos están destinados al pago de sentencias y conciliaciones, estos pueden ser embargados si el ejecutado incumple.
  • Sentencia C-354 de 1997 (Corte Constitucional) […]”.

Reiteraron que “(…) el principio de inembargabilidad no es absoluto y que, cuando se trata de recursos destinados al pago de sentencias judiciales, el embargo sí puede proceder (…)”9.

5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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Finalmente arguyeron que “(…) al no existir ningún otro recurso judicial

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Finalmente arguyeron que “(…) al no existir ningún otro recurso judicial ordinario o extraordinario, es imperativo que el Consejo de Estado ordene el embargo de los recursos destinados al pago de la sentencia, garantizando así la efectividad de la justicia (…)”10.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 17 de marzo de 202511 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial , y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 25 de marzo de 202512 la admitió , negó la medida provisional solicitada y dispuso notificar13 a la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte accionada, así como vincular14 al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, requirió al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , para que allegaran copia digital del expediente identificado con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024 00208 00/01, el cual fue remitido15.

10 Ibidem. 11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con

cual fue remitido15.

10 Ibidem. 11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00. 12 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00. 13 Esta orden se cumplió el 27 de marzo de 202 5. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 202 5 01564

00. 14 Ibidem. 15 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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3.2. La titular del Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá allegó escrito16 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo.

Manifestó que, por auto del 13 de diciembre de 2024, resolvió negar la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias y del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 50S -40764275 de las

Manifestó que, por auto del 13 de diciembre de 2024, resolvió negar la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias y del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 50S -40764275 de las que es titular la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., cuyos fundamentos de hecho y derecho , según afirmó, se ajustan a los postulados constitucionales y legales vigentes.

Expuso que “(…) entre las consideraciones de la providencia del 13 de diciembre de 2024, se indicó que el actor no discriminó la naturaleza y destinación de las cuentas bancarias que pretende embargar, y respecto al embargo del bien inmueble, se negó la solicitud por tratarse de recursos inembargables los cuales financian la salud y cuentan con destinación específica, conforme lo contempla el artículo 25 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” . Aunado a lo anterior, en el presente asunto resulta necesario determinar el monto de la obligación , y así establecer si es procedente seguir adelante la ejecución (…)”.

Agregó que “(…) solicitudes de medida cautelar respecto de los mismos inmuebles y cuentas bancarias que se discuten dentro del presente asunto, de propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., han sido objeto de debate en múltiples procesos ejecutivos que cursan en este Despacho, frente a lo cual se tiene que mediante Resolución 980 del 24 de mayo de 2024, el Ministerio de Salud categorizó el riesgo de la Subred en "riesgo medio" (…)”.

cursan en este Despacho, frente a lo cual se tiene que mediante Resolución 980 del 24 de mayo de 2024, el Ministerio de Salud categorizó el riesgo de la Subred en "riesgo medio" (…)”.

3.3. La abogada de la oficina jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. presentó escrito 17 en el que se opuso a las

16 Ibidem. 17 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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pretensiones de la parte actora y solicitó que se niegue por improcedente la acción de tutela.

Señaló que “(…) la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se basó en la aplicación del artículo 195 del CPACA, que establece la inembargabilidad de los recursos públicos destinados al pago de sentencias y conciliaciones. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido esta inembargabilidad como una regla general, permitiendo excepciones solo en casos en que la falta de pago sea injustificada y sistemática, lo que no se ha acreditado en el presente asunto (…)”.

Indicó que “(…) si bien existen precedentes que han permitido el embargo en circunstancias específicas, estos deben analizarse caso a caso. En el

sistemática, lo que no se ha acreditado en el presente asunto (…)”.

Indicó que “(…) si bien existen precedentes que han permitido el embargo en circunstancias específicas, estos deben analizarse caso a caso. En el presente proceso, no se evidencia un incumplimiento doloso o una negativa arbitraria por parte de la entidad demandada, sino la aplicación de una norma que protege los recursos destinados al pago de obligaciones judiciales (…)”.

Resaltó que “ (…) el accionante ya inició un proceso ejecutivo con la finalidad de hacer efectivo el pago de la sentencia, sin necesidad de acudir a la acción de tutela para este trámite, desgastando el aparato jurisdiccional para temas que, si lo ameritan y no insistiendo de manera TEMERARIA, haciendo incurrir en el error e insistiendo en lo relacionado con el embargo, aun sabiendo la naturaleza de la entidad y el estado financiero actual, situación que ya se co noce como quiera que ya ha instaurado derechos de petición y tutelas con el mismo requerimiento (…)”.

Aseveró que “ (…) esta acción de tutela no supera el requisito de subsidiaridad indispensable para su procedencia, pues contrario a lo manifestado por el accionante, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental y de ninguna manera está demostrando que se le está causando un perjuicio irremediable (…)”.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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3.4. La magistrada ponente de la providencia acusada rindió informe18 en el que solicitó que se niegue el amparo deprecado.

Precisó que la parte actora no determinó de manera expresa el defecto en el cual presuntamente se incurrió en el auto del 14 de marzo de 2025, cuestionado en esta sede constitucional ; sin embargo, anotó que del contenido del escrito de tutela se entiende que los accionantes alegan un presunto desconocimiento del precedente , comoquiera que , según se adujo, se desconocieron los autos del Consejo de Estado proferidos el 5 de diciembre de 2022 y 23 de marzo de 2023, en los procesos identificados con los radicados nro. 68001 23 33 000 2015 00473 01 y 20001 23 39 000 2015 00609 02, respectivamente.

Al respecto, sostuvo que, con base en los anteriores pronunciamientos, la Sala de decisión determinó que no había lugar a decretar la medida cautelar solicitada, en tanto que los recursos destinados al pago de sentencia y conciliaciones, no pueden ser objeto de embargo conforme la prohibición prevista en el parágrafo 2 del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.

Como sustento de lo anterior, citó apartes de la providencia cuestionada y aseveró que “(…) lo anterior guarda relación con lo señalado en el auto de 23 de marzo de 2023 -citado en la providencia objeto de la presente acción de tutela-, en donde precisó que aun en las excepciones al principio

y aseveró que “(…) lo anterior guarda relación con lo señalado en el auto de 23 de marzo de 2023 -citado en la providencia objeto de la presente acción de tutela-, en donde precisó que aun en las excepciones al principio de inembargabilidad, la medida cautelar únicamente deb e decretarse sobre cuentas abiertas a favor de la entidad; y no, sobre dineros destinados presupuestalmente al pago de sentencias y conciliaciones (…)”.

3.5. El expediente ingresó al despacho para fallo el 4 de abril de 202519.

18 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00. 19 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199120 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 21 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de

noviembre de 199120 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 21 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202122, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 201923, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:

4.2.1. La señora Yeni Alejandra Martín Salas , actuando por conducto de su apoderado el señor Jorge Enrique Garzón Rivera , promovió demanda ejecutiva en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. pretendiendo lo siguiente:

“[…] PRIMERA: Se libre mandamiento de pago por el valor de

CIENTO DOCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CT ($112.084.528)

deducidas en las siguientes sumas de dinero:

A. Se ordene pagar los intereses corrientes y moratorios conforme artículos 192 y siguientes del C.P.A.C.A. desde la fecha de exigibilidad, hasta la fecha que se cancele el total de la obligación,

20 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 21 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.

Constitución Política” 21 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 22 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 24 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024 00208 00/01. Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 01564 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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el día 06 de noviembre de 2020 fecha de ejecutoriedad de la sentencia.

B. AUXILIO DE TRANSPORTE: por la suma de $1.823.129

Que corresponden al valor total de este ítem $ 1.558.767 junto con la indexación que arroja la suma de $ 264.362 (y que se ordene su

sentencia.

B. AUXILIO DE TRANSPORTE: por la suma de $1.823.129

Que corresponden al valor total de este ítem $ 1.558.767 junto con la indexación que arroja la suma de $ 264.362 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

C. SUBSIDIO DE ALIMENTACION: por la suma de $1.226.781

Que corresponden al valor total de este ítem $ 1.049.225 junto con la indexación que arroja la suma de $ 177.556 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

D. PRIMA DE VACACIONES: por la suma de $6.134.494

Que corresponden al valor total de este ítem $ 4.706.003 junto con la indexación que arroja la suma de $ 1.428.491 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

E. VACACIONES EN DINERO: por la suma de $8.588.289

Que corresponden al valor total de este ítem $ 6.588.402 junto con la indexación que arroja la suma de $ 1.999.887 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

F. BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN: por la suma de $709.849

Que corresponden al valor total de este ítem $ 543.067 junto con la indexación que arroja la suma de $ 166.782 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

G. RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA: por la suma de

$3.769.413 Que corresponden al valor total de este ítem $3.138.480 junto con la indexación que arroja la suma de $ 630.933 (y que se ordene su

G. RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA: por la suma de

$3.769.413 Que corresponden al valor total de este ítem $3.138.480 junto con la indexación que arroja la suma de $ 630.933 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

H. BONIFICACION POR SERVICIOS: por la suma de $4.745.806

Que corresponden al valor total de este ítem $ 3.627.842 junto con la indexación que arroja la suma de $ 1.117.964 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

I. PRIMA DE SERVICIOS O SEMESTRAL: por la suma de

$12.460.476 Que corresponden al valor total de este ítem $ 9.567.876 junto con la indexación que arroja la suma de $2.892.600 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

J. PRIMA DE ANTIGUEDAD: por la suma de $1.561.973

Que corresponden al valor total de este ítem $1.268.970 junto con la indexación que arroja la suma de $ 293.003 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

K. PRIMA DE NAVIDAD: por la suma de $12.758.928

Que corresponden al valor total de este ítem $ 9.788.421 junto con la indexación que arroja la suma de $2.970.507 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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su actualización en el momento procesal oportuno).Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

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L. CESANTIAS: por la suma de $13.778.319

Que corresponden al valor total de este ítem $ 10.571.628 junto con la indexación que arroja la suma de $ 3.206.691 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

M. INTERESES A CESANTIAS: por la suma de $1.586.339

Que corresponden al valor total de este ítem $ 1.218.854 junto con la indexación que arroja la suma de $ 367.485 (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

N. COTIZACION DE APORTES A PENSIÓN: por la suma de $12.930.493 ya indexados. (y que se ordene su actualización en el momento procesal oportuno).

O. COSTAS: por la suma de $530.000.

SEGUNDO: Se tenga como prueba los valores de las prestaciones sociales y aportes a seguridad social junto con todos los emolumentos aportados por la parte ejecutante que asciende a la

suma de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CT ($82.604.289) sumas que deben ordenarse su actualización en el momento procesal oportuno.

TERCERO: Se ordene a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CT ($82.604.289) sumas que deben ordenarse su actualización en el momento procesal oportuno.

TERCERO: Se ordene a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E a trasladar los porcentajes de cotización a pensión al fondo correspondiente durante el periodo acreditado conforme se ordenó en la sentencia […] ”. (Mayúsculas, negrillas y resaltado originales del escrito de la demanda).

4.2.2. En escrito aparte, la señora Martín Salas, actuando a través de su apoderado, solicitó la siguiente medida cautelar:

“[…] Solicito de la manera más atenta se libren oficios de embargo y retención de los dineros que posea la ejecutada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. bajo el NIT 900.958.564-9 en la CUENTA DE AHORROS No. 004800391056 del BANCO DAVIVIEDA con designación específica Pago sentencias y conciliaciones; lo anterior petición bajo la gravedad de juramento […] ”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito).

4.2.3. Posteriormente, en otro escrito, la parte demandante solicitó la siguiente medida provisional:

“[…] Solicito de la manera más atenta y respetuosa se decrete el embargo y secuestro de los bienes inmuebles identificados con los números de MATRÍCULA INMOBILIARIA 50S -40764275, propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, hastaRadicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

números de MATRÍCULA INMOBILIARIA 50S -40764275, propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, hastaRadicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

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cubrir la suma adeudada, los intereses y las costas procesales […]”. (Mayúsculas y negrillas originales del escrito).

4.2.4. La demanda correspondió por reparto al Juzgado quince Administrativo del Circuito de Bogotá que, p or auto del 13 de diciembre de 2024 dispuso “LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, en contra de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. y a favor de la demandante, señora YENI ALEJANDRA MARTÍN SALAS, (…), para que dentro de los cinco (5) días siguientes a este proveído cumpla cabalmente con la obligación impuesta en la sentencia proferida por este despacho el día el día 08 de febrero de 2019 y de segunda instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “E”, el 07 de febrero de 2020, y así mismo efectúe el pago de los intereses moratorios causados, desde el 07 de noviembre de 2020 al 06 de febrero de 2021, y desde el 23 de abril de 2021 hasta el pago de la sentencia, junto con las costas del proceso ordinario”.

los intereses moratorios causados, desde el 07 de noviembre de 2020 al 06 de febrero de 2021, y desde el 23 de abril de 2021 hasta el pago de la sentencia, junto con las costas del proceso ordinario”.

4.2.5. Posteriormente, por auto del mismo día, esto es el 13 de diciembre de 2024, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá negó las solicitudes de la parte demandante tendientes “al embargo de cuentas bancarias e inmuebles” de la entidad ejecutada.

4.2.6. Inconforme con la decisión anterior, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación y la Subsección E, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la confirmó.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

En el asunto bajo examen, la señora Yeni Alejandra Martín Salas y el señor Jorge Enrique Garzón Rivera, actuando en nombre propio, interpusieron acción de tutela en contra del auto proferido el 14 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que confirmó el dictado el 13 de diciembre de 2024 por el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Bogotá, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado nro. 11001 33 35 015 2024 00208Radicación: 11001 03 15 000 2025 01564 00

Accionante: Yeni Alejandra Martín Salas y Jorge Enrique Garzón Rivera

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00/01, promovido por la señora Martín Salas en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

La Sala advierte que, en este caso, el señor Garzón Rivera no se encuentra legitimado para interponer la solicitud de amparo, por las razones que pasan a explicarse:

El artículo 86 de la Constitución Política establece que: “(…) toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales , cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)”. (Se destaca).

A su vez,

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