CE - Sentencia 11001031500020250196400

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250196400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-01964-00

Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez y de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la accionante contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones , cuya vulneración le

judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones , cuya vulneración le atribuyó a las providencias 21 de febrero y 16 de mayo de 2019, 2 de diciembre de 2021, 11 de mayo de 2023, 1.° de agosto de 2024 y 6 de febrero de 2025 proferidas por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso ejecutivo con el número de radicación 15001-33-33-001-2016-00154-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01964-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

2.1. Manifestó que el señor Noé Enrique Pérez Pérez interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social –

CAJANAL E.I.C.E.

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja que, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2010, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que la decisión de primera instancia fue apelada y que el Tribunal

Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja que, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2010, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que la decisión de primera instancia fue apelada y que el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de sentencia de 21 de marzo de 2013, confirmó parcialmente el fallo.

2.4. Precisó que María Adalia Jiménez de Pérez interpuso demanda ejecutiva núm. 15001-33-33-001-2016-00154-00/02 contra la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

2.5. Señaló que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, a través de auto de 8 de junio de 2017, libró mandamiento de pago en contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, por la suma de $15.579.611.52.

2.6. Manifestó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, mediante providencia de 21 de febrero de 2019, decretó el “[…] embargo y consiguiente retención de los dineros a nombre de la UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION DOCIAL – UGPP

[…]”.

2.7. Señaló que contra dicha decisión presentó recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante auto de 16 de mayo de 2019, confirmó el auto indicado supra.

2.8. Aseveró que solicitó el levantamiento de la medida cautelar decretada y el

Administrativo de Boyacá, mediante auto de 16 de mayo de 2019, confirmó el auto indicado supra.

2.8. Aseveró que solicitó el levantamiento de la medida cautelar decretada y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, mediante auto de 2 de diciembre de 2021, negó dicha solicitud porque no se demostró “[…] que la medida cautelar de embargo decretada haya perdido su eficacia por alguna circunstancia como el pago de la obligación […]”.

2.9. Manifestó que el 10 de abril de 2023 presentó registro civil de defunción de la la señora María Adalia Jiménez de Pérez y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, mediante auto de 11 de mayo de 2023, negó la “[…] la sucesión procesal respecto de la demandante MARÍA ADALIA JIMENEZ DE PEREZ […]” y “[…] LIBRAR el oficio que comunica la medida cautelar decretada en providencia de 21 de febrero de 2019 […]”.3

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Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

2.10. Señaló que el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja, mediante auto de 1o. de agosto de 2024 resolvió: “[…] LIBRAR el oficio que comunica la medida cautelar decretada en providencia de 21 de febrero de 2019, de embargo y retención de dineros dirigido al gerente del Banco BBVA […]”.

comunica la medida cautelar decretada en providencia de 21 de febrero de 2019, de embargo y retención de dineros dirigido al gerente del Banco BBVA […]”.

2.11. Manifestó que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja, mediante auto de 6 de febrero de 2025, ordenó “[…] librar el oficio que comunica la medida cautelar decretada de embargo y retención de dineros dirigido al gerente del Banco

BANCOLOMBIA […]”.

2.12. Aseguró que las providencias el 21 de febrero y 16 de mayo de 2019, 2 de diciembre de 2021, 11 de mayo de 2023, 1. ° de agosto de 2024 y 6 de febrero de 2025 proferidas por las autoridades judiciales accionadas, incurrieron en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2.13. Sobre el defecto sustantivo sostuvo que “[…] este defecto se configura por la errada orden de embargo sobre los dineros que reposan en las cuentas bancarias inscritas por la UGPP en el Banco Popular y del Banco Agrario e inclusive por una de ellas la No. […], del Banco Agrario, que NO es de titularidad de la UGPP, sino que pertenece al Ministerio de Hacienda y Crédito Público […] los despachos accionados con la medida de embargo que se controvierte en esta demanda generan una desfinanciación de las obligaciones legales que tiene a cargo la UGPP con entidades públicas y con terceros aportantes, lo que hace que los recursos que allí reposan NO sean de índole Pensional por ello NO pueden tener como finalidad cubrir obligaciones pensionales como la que se están reclamando

UGPP con entidades públicas y con terceros aportantes, lo que hace que los recursos que allí reposan NO sean de índole Pensional por ello NO pueden tener como finalidad cubrir obligaciones pensionales como la que se están reclamando en el proceso ejecutivo 15001333300120160015400 […]”.

2.14. Sobre el defecto fáctico afirmó que configuró por: “[…] i.- La No valoración del acervo probatorio aportado al proceso laboral ii.- Y la valoración defectuosa del material probatorio que reposa en el proceso laboral. […] los despachos judiciales omitieron tener presente las pruebas aportadas por la UGPP que daban fe de que las cuentas corrientes que la UGPP tiene en el Banco Popular y Banco Agrario identificadas con los números […] Gastos Personal, […] Gastos Generales y […] Caja Menor, fueron creadas únicamente para recibir los dineros del Presupuesto General de la Nación para gastos de funcionamiento interno de la Entidad […] es evidente que los estrados judiciales accionados al no tener en cuenta las certificaciones aportadas como acerbo probatorio generó la configuración de este defecto impartiendo erradamente una orden de embargo de unas cuentas primero de naturaleza inembargable, por cuanto se itera los dineros allí recaudados NO tienen naturaleza pensional y segundo que la cuenta número […] NO es de la UGPP sino del Ministerio de Hacienda para la recepción de cuotas partes pensionales, lo cual está plenamente acreditado procesalmente […]”.4

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2.15. Adujo que las decisiones se encontraban viciadas en un desconocimiento del precedente jurisprudencial “[…] al desconocer varias providencias de la Corte Constitucional sobre la figura de la inembargabilidad, con la que se corrobora no solo los argumentos expuestos para incoar esta acción de tutela con ocasión de la aplicación de la medida de embargo sobre TODAS las cuentas de la UGPP en el Banco Popular y el banco Agrario como en la cuenta del Ministerio de Hacienda de cuotas partes pensionales […] Sentencia C-546 del 01 de octubre de 1992 MP Alejandro Martínez Caballero, Sentencia C-354 del 08 de agosto de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell, las sentencias C402 del 28 de agosto de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero y C793 del 24 de septiembre de 2002 MP Jorge Humberto Valero Rodríguez […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO. Sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UGPP, vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO

ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

BOYACÁ SALA DE DECISIÓN No. 6 dentro del proceso ejecutivo No. 15001333300120160015400.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:

BOYACÁ SALA DE DECISIÓN No. 6 dentro del proceso ejecutivo No. 15001333300120160015400.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:

a. DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 21 de febrero de 2019 dictada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA y confirmado mediante proveído del 16 de mayo de 2019 por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN No. 6, así como los autos del 02 de diciembre de 2021, 11 de mayo de 2023, 01 de agosto de 2024 y 06 de febrero de 2025, donde se determinó el decretó de la medida de embargo sobre TODAS las cuentas que la UGPP tiene en el Banco Popular y Banco Agrario y la identificada con el número 110 -05025359-0 de titularidad del Ministerio de Hacienda por concepto de recaudo de cuotas partes pensionales, medida cautelar que a hoy persiste dentro del proceso ejecutivo rad. 15001333300120160015400 y, en consecuencia, declarar la improcedencia de la medida de embargo sobre TODOS los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, que se administran en dichas cuentas de titularidad de la UGPP en el Banco Popular y en el Banco Agrario, así como el levantamiento de la medida de embargo sobre la cuenta de propiedad del Ministerio de Hacienda.

b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular y al Banco Agrario el desembargo de TODAS las cuentas de titularidad de la UGPP en dichas entidades financieras y la identificada con el número 110b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular y al Banco Agrario el desembargo de TODAS las cuentas de titularidad de la UGPP en dichas entidades financieras y la identificada con el número 110050-25359-0 por ser de propiedad del Ministerio de Hacienda para el recaudo de Cuotas Partes. […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]5

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IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de abril de 2025 , el Despacho a cargo de la sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincul aron en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso a los herederos de la señora María Adalia Jiménez de Pérez, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Banco Popular S.A., al Banco de Occidente S.A., al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., a Bancolombia S.A., al Banco de Bogotá S.A., al Banco Agrario de Colombia S.A. y al Banco Davivienda S.A.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada s las notificaciones a la s autoridades accionadas y a las

vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque las providencias controvertidas no están viciadas de ningún defecto y “[…] no se acredita el cumplimiento de los requisitos generales y

5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque las providencias controvertidas no están viciadas de ningún defecto y “[…] no se acredita el cumplimiento de los requisitos generales y especiales que de antaño la Corte Constitucional estableció en la sentencia C-590 de 2005, para efectos de acreditar la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales […]”.

5.2. El Banco Agrario de Colombia S.A. solicitó declarar improcedente la acción de tutela porque “[…] no se evidencia que dicha entidad haya vulnerado derechos fundamentales de la accionante […]”.

5.3. La sociedad Bancolombia S.A. solicitó su desvinculación porque no es la autoridad competente para pronunciarse respecto de “[…] las pretensiones de la acción de tutela, ya que van dirigidas a que el Juzgado 03 Administrativo del Circuito de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá dejen sin efectos los autos que decretaron las medidas de embargo sobre las cuentas bancarias de la UGPP, dentro del proceso ejecutivo bajo RAD. 15001333300120160015400. El Banco carece de legitimación para pronunciarse para esta solicitud en específico, ya que es competencia de las autoridades judiciales que ordenaron la medida de embargo […]”.

5.4. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Tunja solicitó declarar improcedente la acción de amparo por “[…] carencia de subsidiariedad y/o negar al no acreditarse vulneración de los derechos fundamentales del accionante respecto de la suscrita Juez Tercera Administrativa Oral del Circuito de Tunja […]”.

improcedente la acción de amparo por “[…] carencia de subsidiariedad y/o negar al no acreditarse vulneración de los derechos fundamentales del accionante respecto de la suscrita Juez Tercera Administrativa Oral del Circuito de Tunja […]”.

5.5. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación de la acción de tutela teniendo en cuenta que “[…] revisado el expediente del proceso6

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de tutela esta Cartera Ministerial no fue vinculada o parte del proceso ejecutivo objeto de discusión. Por lo cual, no se evidencia que exista facultad de esta Cartera Ministerial para pronunciarse frente a la veracidad de lo afirmado dentro del proceso, por no haber participado o hecho parte de las decisiones tomadas […]”.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de

20194.

VI.2. Cuestión previa

de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20194.

VI.2. Cuestión previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de desvinculación procesal presentadas por Bancolombia S.A. y el Ministerio de

Hacienda y Crédito Público.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20065, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 2 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”. 3 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. 5 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.7

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01964-00

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

9. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no fue parte demandada o tercero dentro del proceso ejecutivo con el número de radicación 15001-33-33-001-2016-00154-00/02 objeto de la presente acción de tutela, la Sala considera que no le asiste interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

15001-33-33-001-2016-00154-00/02 objeto de la presente acción de tutela, la Sala considera que no le asiste interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se accederá a la solicitud de desvinculación elevada por esta entidad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

11. En cuanto a Bancolombia S.A., la Sala considera que le asiste legitimación en la causa por pasiva en este proceso poque es una de las entidades bancarias a las que se ofició para la materialización de la medida cautelar.

12. Por lo expuesto, la Sala denegará la solicitud de desvinculación elevada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

13. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde

establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente en un defecto sustantivo, en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente judicial.

14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos

planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.8

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VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

16. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 7 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T -619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

8 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01964-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

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vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

22. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP solicitó, a través de apoderado judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, cuya vulneración le

judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, cuya vulneración le atribuyó a las providencias 21 de febrero y 16 de mayo de 2019, 2 de diciembre de 2021, 11 de mayo de 2023, 1.° de agosto de 2024 y 6 de febrero de 2025 proferidas por las autoridades judiciales accionadas dentro del proceso ejecutivo con el número de radicación 15001-33-33-001-2016-00154-00/02.

23. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez.

VI.5.1. De incumplimiento del requisito general de procedencia de la inmediatez de las providencias de 21 de febrero y 16 de mayo de 2019, 2 de diciembre de 2021, 11 de mayo de 2023 y 1° de agosto de 2024

24. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe

9 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01964-00

Accionante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Mauricio González Cuervo.10

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ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración10. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”11.

25. Al respecto, la jurisprudencia constitucional12, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particula

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