CE - Sentencia 11001031500020250197200

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250197200
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-01972-00

Demandante: PIEDAD CHARRY RUBIANO

Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y

COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL

HUILA

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara improcedencia por falta de relevancia constitucional y subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Piedad Charry Rubiano, quien actúa en nombre propio , presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila . Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana,

presentó acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila . Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores garantías las estimó vulnerada con ocasión de las sentencias del 29 de agosto de 2024 y 26 de febrero de 2025, dictadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente, dentro del proceso disciplinario 41001 -2502-000-2022-00549-00/01.

1.2. Pretensiones

3. La parte accionante solicitó lo siguiente:

1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Con base en las razones explicadas, se solicita al juez constitucional;

1. Se conceda el amparo de manera directa, eficaz e idóneo de protección de los derechos fundamentales invocados ante los graves y evidentes vicios existente con la consecuencia jurídica que produjo, dado que para el caso particular se presentó una vía de hecho, concurriendo su procedibilidad constitucional al verificarse los presupuestos genéricos y específicos, declarando que los fallos disciplinarios dictados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y

presentó una vía de hecho, concurriendo su procedibilidad constitucional al verificarse los presupuestos genéricos y específicos, declarando que los fallos disciplinarios dictados por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneraron mis derechos esenciales reclamados y aquellos que resulten inescindiblemente vinculados.

2. Se ordene a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al igual que a la Oficina del Registro Nacional de esta entidad, se abstengan respectivamente, de ordenar y tomar nota de la suspensión del registro de la sanción, mientras se resuelva la presente tutela.

3. Como consecuencia del reconocimiento ostensible de quebrantamiento constitucional de los derechos invocados, se declare sin efectos los fallos de primera y de segunda instancia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Co misión Nacional de Disciplina Judicial, para que, en su lugar, ordene el amparo constitucional, dejando sin efecto lo actuado en primera y en segunda instancia desde que se presentó el vicio y de los fallos mismos para que se amparen los derechos fundamentales, se reponga y subsane la afectación constitucional arbitraria y caprichosa que con llevó al desconocimiento de los derechos y garantías fundamentales.

1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la siguiente manera:

4. La accionante ostenta el cargo de fiscal 8 Local de Neiva. El 5 de agosto de 2022, el Tribunal Superior de Neiva, Sala 1 de Decisión Penal, ordenó la remisión de copias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del

4. La accionante ostenta el cargo de fiscal 8 Local de Neiva. El 5 de agosto de 2022, el Tribunal Superior de Neiva, Sala 1 de Decisión Penal, ordenó la remisión de copias con destino a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila para que se analizara la posible configuración de la conducta disciplinable por parte de la señora Piedad Charry dentro el proceso penal con radicado 41001-60-00-586-2014-06337-00, promovido por el delito de lesiones personales, en atención a presuntos errores en el documento de formulación de acusación que ocasionó la declaratoria de nulidad de todo lo actuado con la consecuente declaratoria de prescripción de la acción penal.

5. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila ordenó la apertura de investigación disciplinaria , y luego de surtirse todas las etapas del proceso, con la plena intervención de la investigada, en primera instancia, con sentencia del 29 de agosto de 2024 , se declaró a la accionante disciplinariamente responsable, a título de falta gravísima, por el incumplimiento del numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 19962 y el numeral 2 del artículo 337 de la Ley 906

2 ARTÍCULO 153. DEBERES. <Artículo modificado por el artículo 76 de la Ley 2430 de 2024. El nuevo texto es el siguiente:> Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.Demandantes: Piedad Charry Rubiano

Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

los siguientes:

1. Respetar, cumplir y, dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos.Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de 20043, al encontrar probado que incurrió en irregularidades en la relación de los hechos jurídicamente relevantes contenidos en el escrito de formulación de acusación. En consecuencia, la sancionó con suspensión del cargo por el término de 2 meses.

6. La señora Charry Rubiano presentó recurso de apelación contra la anterior decisión, que fue desatado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de sentencia del 26 de febrero de 2025, en la que confirmó la decisión recurrida. Como sustento de tal decisión, se explicó que la tutelante desconoció las reglas de la formulación de acusación en materia penal, lo cual no solo vulneró el derecho al debido proceso del investigado, sino que impuso en el juzgador el deber de declarar la nulidad de lo actuado con la consecuente prescripción de la acción penal.

1.4. Sustento de la vulneración

7. Según la parte accionante, las decisiones cuestionadas incurrieron en los yerros de defecto procedimental absoluto y violación directa de la constitución.

8. En cuanto al defecto procedimental , indicó que las decisiones fueron adoptadas con una clara vulneración de su derecho a la defensa técnica, a ser

yerros de defecto procedimental absoluto y violación directa de la constitución.

8. En cuanto al defecto procedimental , indicó que las decisiones fueron adoptadas con una clara vulneración de su derecho a la defensa técnica, a ser juzgada con las formas propias de cada juicio y el desconocimiento del principio de congruencia. De ese modo, aseguró que no se le designó defensor de oficio, lo cual desconoce los derechos consignados en los artículos 29, 93 y 94 de la

Constitución Política.

9. En esa misma línea, manifestó que su proceso disciplinario debió seguirse por las directrices fijadas en la Ley 734 de 2002, pero que las accionadas acudieron a la Ley 1952 de 2019 para la elaboración del pliego de cargos, la fijación de la competencia para conocer el asunto y el análisis de la culpabilidad.

La anterior irregularidad fue alegada a través de la figura de la nulidad, pero fue negada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la sentencia cuestionada, bajo el argumento de que sí es aplicable la Ley 1952 de 2019, porque a la fecha de su entrada en vigencia aún no se había formulado ni notificado el pliego de cargos.

10. Además, señaló que se desconoció el principio de congruencia en atención a que la decisión se basó en una supuesta omisión de las reglas fijadas por la Corte Suprema de Justicia para la elaboración del escrito de formulación de acusación, pues la accionant e no indicó la norma de tránsito desconocida ni el deber de cuidado obviado por el investigado en el proceso penal, lo que llevó

3 ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito de

el deber de cuidado obviado por el investigado en el proceso penal, lo que llevó

3 ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito de

acusación deberá contener: […]

2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible.

…[Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

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a la declaratoria de nulidad de lo actuado y a la prescripción de la acción . Sin embargo, la investigación disciplinaria no se inició por el desconocimiento de la jurisprudencia, lo quiere decir que se le sancionó por una conducta que no fue endilgada inicialmente.

11. Finalmente, sobre la violación directa de la Constitución señaló que se incurrió en este yerro por no garantizar «los derechos al debido proceso, derecho de defensa y contradicción, legalidad, dignidad humana, presunción de inocencia, in dubio pro disciplinario acceso a la administración de justicia» e incumplir los principios de «celeridad, eficiencia y respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso».

1.5. Trámite de primera instancia

12. Por medio del auto del 9 de abril de 2025, el despacho ponente de esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como entidades accionadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la

12. Por medio del auto del 9 de abril de 2025, el despacho ponente de esta decisión admitió la solicitud de amparo. En consecuencia, ordenó notificar como entidades accionadas a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Huila y como tercero con interés al Tribunal Superior de Neiva, Sala 1 de Decisión Penal, por haber sido la autoridad judicial que conoció el proceso penal 41001-60-00-586-2014-06337-00 y haber remitido las copias por las que se inició el proceso disciplinario de hoy se cuestiona.

13. Además de lo anterior, en la citada providencia se negó la medida provisional solicitada por la accionante, relacionada con la suspensión de los efectos jurídicos de la sanción disciplinaria hasta tanto se decidiera de fondo el presente asunto. La decisión obedeció a que : (i) ello podría ser decidido en la sentencia, (ii) no se encontró demostrada la urgencia de tal solicitud y (iii) lo pedido se relacionaba intrínsecamente con el fondo del asunto.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Superior de Neiva4

14. Manifestó que los hechos y pretensiones no se relacionan con el proceso penal adelantado por esa Sala, sino por el proceso disciplinario adelantado en contra de quien fungió como fiscal en ese asunto, por lo que considera que debe ser desvinculado del presente trámite.

1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila5

15. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia al estimar que no se ha incurrido en la vulneración de derechos

1.6.2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila5

15. Solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia al estimar que no se ha incurrido en la vulneración de derechos

4 Documento 14 del expediente digital. Si bien el documento se rotula como Sala Cuarta de Decisión, fue suscrito por la misma magistrada ponente de la decisión penal que originó el proceso disciplinario revisado. 5 Documento 16.Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

fundamentales que la accionante alega.

16. Explicó que en materia disciplinaria no es obligatoria la designación de defensor de oficio por parte de la autoridad judicial , pues, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 1952 de 2019, solo hay lugar a ello cuando el procesado lo solicite o cuando se le investigue en calidad de persona ausente, circunstancias que no se presentaron en el proceso. Así, indicó que la investigada nunca manifestó, por ejemplo, no contar con los medios económicos para contratar a un abogado o estar imposibilitada para ejercer su propia defensa. Por el contrario, participó activamente durante todo el trámite.

17. Argumentó que la hoy accionante promovió solicitudes de nulidad en primera y segunda instancia, las cuales fueron negadas al no advertir irregularidades que afectaran el correcto desarrollo del proceso y el ejercicio de los derechos de las partes.

17. Argumentó que la hoy accionante promovió solicitudes de nulidad en primera y segunda instancia, las cuales fueron negadas al no advertir irregularidades que afectaran el correcto desarrollo del proceso y el ejercicio de los derechos de las partes.

18. En cuanto a las normas aplicables, manifestó que el proceso disciplinario seguido contra la señora Piedad Charry se adecuó, sustancialmente, a la Ley 734 de 2002 y, procesalmente, a la Ley 1952 de 2019. Lo anterior en atención a que la última norma citada dispone en su artículo 263 que los asuntos que para la fecha de su entrada en vigencia y a contaran con pliego de cargos o instalación de audiencia del proceso verbal se seguirían tramitando con base en la ley

anterior. El argumento puntual fue el siguiente:

Dentro de la investigación disciplinaria que se adelantó contra la doctora Piedad Charry Rubiano como Fiscal 08 Local de Neiva, le correspondió la aplicación de la Ley 734 de 2002 sustancialmente y, de otra parte, la Ley 1952 de 2019 procedimentalmente, motivo por el que la indagación, investigación y cierre se realizaron bajo esta última norma citada; diferente, frente a la formulación de cargos del 21 de marzo de 2024 exclusivamente en la tipificación de la falta y la culpa le fueron sustancialmente aplicable la Ley 734 de 2002.

19. En cuanto a la alegada incongruencia, manifestó que el pliego de cargos obedeció a la omisión, por parte de la disciplinada, de relacionar, sucinta y claramente, los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación, lo cual desconoce los principi os y garantías que orientan la administración de

obedeció a la omisión, por parte de la disciplinada, de relacionar, sucinta y claramente, los hechos jurídicamente relevantes en el escrito de acusación, lo cual desconoce los principi os y garantías que orientan la administración de justicia, mismas razones por las que fue sancionada. En se sentido, estimó que no existe contradicción ni incoherencia alguna entre lo investigado y lo decidido, sino que se acudió a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia para establecer los límites y condiciones del citado escrito de acusación.

1.6.3. Comisión Nacional de Disciplina Judicial6

20. Manifestó que lo pretendido por la accionante es la utilización de la acción de tutela como una tercera instancia para extender la discusión legal sobre un asunto ya zanjado en las instancias que correspondía.

6 Documento 20 del expediente digital.Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

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21. Expresó que la señora Piedad Charry nunca manifestó necesitar un defensor ni expuso en el proceso ordinario irregularidad alguna relacionada con su defensa y trae a colación una serie de antecedentes en los que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial h a declarado la nulidad de procesos por falta de defensa técnica, pero omite indicar que en esos asuntos las personas investigadas no tenían la condición de abogado y sí era necesaria la designación de abogados de oficio.

defensa técnica, pero omite indicar que en esos asuntos las personas investigadas no tenían la condición de abogado y sí era necesaria la designación de abogados de oficio.

22. Expuso que la falta de defensa técnica es un nuevo argumento que no fue formulado en la oportunidad que correspondía y que la accionante ejerció su propia defensa en atención a su calidad de abogada y funcionaria pública, pues presentó versión libre, descargos y realizó la solicitud de pruebas que consideró necesarias.

23. Sobre la aplicación de las leyes 734 de 2002 o 1952 de 2019 , se incluyó un amplio acápite en la sentencia de segunda instancia en donde se explicó lo pertinente. Por último, señaló que lo relativo a la congruencia no fue propuesto como argumento de la apelación , a pesar de que la sentencia de primera instancia fue en el mismo sentido, es decir, si considera ba que la decisión de segunda instancia no era congruente, debió considerar lo mismo respecto de la decisión de primera instancia, pero no lo expuso así en la alzada, por lo que ello constituye un argumento nuevo que no fue debatido en el proceso ordinario.

24. Aun así, para la accionada no se incurrió en la incongruencia alegada porque la sanción obedeció al mismo cargo por el que se inició la investigación, es decir, la inobservancia de lo dispuestos en el numeral 2 del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, sobre la formulación de la acusación, lo que, a su vez, implica una inobservancia del deber consignado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

25. Según la Corporación disciplinaria, los anteriores argumentos demuestran

una inobservancia del deber consignado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996.

25. Según la Corporación disciplinaria, los anteriores argumentos demuestran la falencia argumentativa por parte de la accionante para demostrar la supuesta vulneración de los derechos fundamentales reclamados, más aún cuando intenta cuestionar la decisión de una alta corte, lo que le exige una mayor carga considerativa.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro . Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 , modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2.2. Cuestiones previas

27. En primer lugar, debe decirse que pesar de que la accionante cuestion ó las sentencias de primera y segunda instancia dictadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Huila y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en esta oportunidad se estudiara lo pertinente solo respecto de la sentencia del 26 de febrero de 2025, por ser la decisión que puso fin al asunto disciplinario que se cuestiona.

esta oportunidad se estudiara lo pertinente solo respecto de la sentencia del 26 de febrero de 2025, por ser la decisión que puso fin al asunto disciplinario que se cuestiona.

28. En segundo lugar, el Tribunal Superior de Neiva solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela porque los hechos vulneradores y las pretensiones de amparo no se deprecan de esa autoridad. Sin embargo, ello será negado en atención a que su vinculación al presente proceso fue en calidad de tercero con interés por haber promovido el proceso disciplinario cuestionado y no como demandado.

2.3. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. La Sala advierte que la señora Piedad Charry Rubiano está legitimada en la causa por activa por ser la destinataria de la sanción impuesta a través de la sentencia del 26 de febrero de 2025, dentro del proceso disciplinario con radicado 41001-25-02-000-2022-00549-01.

31. Asimismo, se evidencia que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial está legitimada en la causa por pasiva por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia de la que se predica una supuesta vulneración de garantías constitucionales.

2.4. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados , los problemas

de garantías constitucionales.

2.4. Problema jurídico

32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados , los problemas jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales?

33. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará

lo siguiente:

● ¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos fundamentales deprecados por la actora con la expedición de la sentenciaDemandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de segunda instancia del 26 de febrero de 2025, en la que impuso una sanción de suspensión del cargo por el término de 2 meses, dentro del proceso disciplinario 41001-25-02-000-2022-00549-01?

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos generales en el presente asunto , y, en caso de superar el citado estudio, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de

caso de superar el citado estudio, (iii) el caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 7. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales9.

36. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 11 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente

manera:

Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 11 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado

fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.Demandantes: Piedad Charry Rubiano Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-01972-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración . iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

37. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los

siguientes requisitos generales de procedencia:

  1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
  1. que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

38. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o ne gación del amparo impetrado, se

requerirá:

  1. que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
  1. que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

39. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

40. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional12.

evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una

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