CE - Sentencia 11001031500020250209300
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250209300
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C. siete (7) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides Accionado: Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de
Carrera Judicial
Tema: Acción de tutela por la presunta vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, la protección a la familia y el mínimo vital
Decisión: Se declara la improcedencia de la acción de tutela, por no cumplir requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela interpuesta por la señora Natalia Eugenia Duque Benavides,
quien actúa en nombre propio, contra el Consejo Superior de la JudicaturaUnidad de Administración de Carrera Judicial, al considerar trasgredidos sus derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad humana y la salud, con ocasión de la respuesta negativa de la autoridad accionada a su solicitud de traslado recíproco con el servidor público Rubén Darío Duque Arenas, del Juzgado Primero Civil Municipal de CartagoValle del Cauca al Juzgado Noveno
ocasión de la respuesta negativa de la autoridad accionada a su solicitud de traslado recíproco con el servidor público Rubén Darío Duque Arenas, del Juzgado Primero Civil Municipal de CartagoValle del Cauca al Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia Quindío.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
2. La señora Natalia Eugenia Duque Benavides, ostenta el cargo de oficial mayor en el Juzgado Primero Civil Municipal de CartagoValle del Cauca, desde el 5 de octubre de 2023.
3. La accionante manifestó que su madre, quien vive en la ciudad de Armenia – Quindío, en el año 2024 fue diagnosticada con cáncer, por lo que requiere de cirugía y tratamiento de quimioterapia, aparte de su acompañamiento y cuidado, al ser su única hija. Indicó que esta circunstancia está afectando su vida personal y laboral.
1 Índice 2, del aplicativo SAMAI. La acción de tutela fue presentada el 9 de abril de 2025.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
Accionante: Natalia Eugenia Duque Benavides
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4. Ante la situación descrita, el 7 de octubre de 2024, elevó una solicitud de traslado recíproco2, de manera conjunta con su homólogo del Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia Quindío, el señor Rubén Darío Duque Arenas , pero
traslado recíproco2, de manera conjunta con su homólogo del Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia Quindío, el señor Rubén Darío Duque Arenas , pero se emitió un concepto3 desfavorable a su petición. Sostuvo que presentó recurso de reposición contra la anterior decisión, pero esta fue confirmada 4 por la autoridad accionada.
2.2. Fundamento jurídico
5. La accionante alegó que la negativa al traslado recíproco vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad humana y la salud, debido a que el concepto desfavorable fue emitido sin ajustarse estrictamente a la normatividad vigente. Argument ó que, a su juicio, el artículo 134 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 no establecen que la calificación integral de servicios deba corresponder estrictamente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del año respectivo.
6. Sostuvo que el Acuerdo PSAA16 -10618 de 20 16 permite evaluaciones de mínimo tres meses por motivos de servicio, por lo que su desempeño en el cargo durante 17 meses supera el requisito exigido. Asimismo, consider ó que la interpretación de la administración sobre la exigencia de la calificación de servicios es errónea y constituye una extralimitación de funciones, afectando su
derecho al traslado como servidora judicial de carrera.
7. Señaló que el concepto desfavorable de traslado, confirmado en la Resolución CJR25-0060 de febrero de 2025, no tomó en cuenta su situación personal, específicamente la enfermedad grave de su madre, quien requiere cuidados
7. Señaló que el concepto desfavorable de traslado, confirmado en la Resolución CJR25-0060 de febrero de 2025, no tomó en cuenta su situación personal, específicamente la enfermedad grave de su madre, quien requiere cuidados constantes. Afirmó que la normativa no excluye consideraciones humanitarias en los procedimientos administrativos y que la decisión afecta de manera desproporcionada su núcleo familiar y su estabilidad emocional.
8. Finalmente, argumentó que la interpretación restrictiva de la administración desconoce su derecho a acceder al traslado como mecanismo de protección y
promoción de la carrera judicial. Consideró que la decisión vulnera el principio de igualdad al impedir su movilidad sin una j ustificación objetiva por lo que solicitó la revisión del caso en virtud de la protección de sus derechos fundamentales.
Pretensiones
9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«1. Que se amparen mis derechos fundamentales a la igualdad, y a los beneficios y prerrogativas que tienen los empleados que pertenecemos al régimen de carrera judicial respecto al mérito, traslado y ascenso; al debido proceso, salud y dignidad humana.
2 Ante la Secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca - Cali y la Secretaría de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío - Armenia ; Carrera Judicial - Nivel Central. 3 Mediante el oficio CJO024-7584-05/11/24: Asunto: Concepto desfavorable de traslado recíproco, radicado EXTCSJ24-8767, EXTCSJ24 -8819, EXTCSJ24 -9128 de octubre de 2024 emitido por la Unidad de
EXTCSJ24-8767, EXTCSJ24 -8819, EXTCSJ24 -9128 de octubre de 2024 emitido por la Unidad de Administración de la Unidad de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. 4 Mediante la Resolución CJR25-0060 del 26 de febrero de 2025 expedida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura , al considerar que la solicitud no cumple con los presupuestos determinados en el artículo 134 de la Ley Est atutaria de Administración de Justicia y el Acuerdo PCSJA17 -10754 de 2017, modificado por el Acuerdo PCSJA22 -11956 de 2022, para la procedencia del concepto favorable de traslado recíproco.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
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2. En consecuencia, se disponga DEJAR SIN EFECTO el concepto “desfavorable” de traslado recíproco, emitido por el Consejo Superior de la
JudicaturaUnidad de Administración de Carrera Judicial, mediante oficio CJO024-7584-05/11/24: Asunto: Concepto desfavorable de traslado recíproco. Radicado EXTCSJ24-8767, EXTCSJ24-8819, EXTCSJ24-9128 de octubre de 2024 y Resolución CJR25-0060 del 26 de febrero de 2025
3. Que se ordene a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , que en el
2024 y Resolución CJR25-0060 del 26 de febrero de 2025
3. Que se ordene a la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , que en el término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) horas, EMITA CONCEPTO FAVORABLE DE TRASLADO RECÍPROCO, Y FORMALICE EL TRASLADO SOLICITADO.» SIC en toda la cita.
2.3. Intervenciones
10. Mediante auto del 115 de abril de 2025 se admitió la acción de tutela de la referencia, se ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de Carrera Judicial como accionados y al Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, al Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia y al señor Rubén Darío Duque Arenas como terceros interesados en el resultado del proceso. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.
2.3.1 El Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago, Valle del Cauca , a través de su titular, indicó que por economía procesal para todos los involucrados, (incluso la autoridad judicial accionada ), y toda vez que los dos despachos judiciales se encontraban de acuerdo con la solicitud de traslado recíproco y la accionante ya había cumplido dieciocho meses (18) laborados desde el 15 de octubre de 2023 no debía incurrirse en formalidades excesivas en e l asunto tratado pues estas que van en detrimento de los derechos de los empleados de carrera judicial.
11. En ese entendido, afirmó que no le era dable a la Unidad de Administración
tratado pues estas que van en detrimento de los derechos de los empleados de carrera judicial.
11. En ese entendido, afirmó que no le era dable a la Unidad de Administración
de Carrera Judicial, que solo brinda un concepto, hacer parte del proce so decisorio e interpretar y dar alcance a las normas que regulan el trámite.
2.3.2. El Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia Quindío 6, a través de su titular, indicó que la solicitud de traslado recíproco se ajustó a las exigencias de la normativa y contaba con el aval de todos los interesados, así como el visto bueno de los nominadores, por lo que darle una mayor relevancia a un requisito de forma y no a los d erechos sustanciales de la accionante en su situación particular, desconocía la finalidad de los procedimientos.
2.3.3. La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Seccional de la Judicatura 7, solicitó negar el amparo solicitado pues sostuvo que no vulneró ningún derecho fundamental de la accionante.
5 Índice 5, del aplicativo SAMAI 6 Índice 12 del aplicativo SAMAI 7 Índice 13 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
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12. Indicó que la señora Duque Benavides no cumplió con el requisito objetivo de presentar su última calificación integral de servicios en firme del cargo desde el
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12. Indicó que la señora Duque Benavides no cumplió con el requisito objetivo de presentar su última calificación integral de servicios en firme del cargo desde el cual se solicita el traslado, según lo establecido en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y el artículo décimo tercero del Acuerdo PCSJA17 -10754 de 2017 .
Afirmó que estos, al igual que el Acuerdo PCSJA22 -11956 de 2022, son requisitos obligatorios para los servidores judiciales y para la administración.
13. Sostuvo que el Consejo de Estado ratificó esta interpretación en una sentencia de tutela del 4 de febrero de 2021 8, donde aclaró que la nulidad del requisito de puntaje no eliminaba la obligación de presentar la evaluación de servicios.
14. Adicionalmente, señaló que el Acuerdo PSAA16-106189 de 2016 que regula la calificación de servicios, determinó que el período de evaluación para empleados comprende el año completo. Asimismo, indicó que debe consolidarse hasta agosto del año siguiente.
15. Expuso que la accionante no acreditó la calificación de servicios de 2023, ya
que solo presentó una evaluación parcial de su cargo en carrera entre octubre y diciembre de 2023. Además, no cumplió con el mínimo de tres meses en el cargo durante ese año, requisito establecido en el artículo 5° del Acuerdo PSAA1610618 de 2016. Por estas razones, la autoridad judicial accionada determinó que no cumplía con los criterios necesarios para el traslado.
16. Señaló que la Sentencia C-295 de 200210 validó que el proceso de traslado
10618 de 2016. Por estas razones, la autoridad judicial accionada determinó que no cumplía con los criterios necesarios para el traslado.
16. Señaló que la Sentencia C-295 de 200210 validó que el proceso de traslado debe basarse en los resultados de la evaluación de desempeño, lo que confirma que el concepto desfavorable de la solicitud del 5 de noviembre de 2024, ratificado en la Resolución CJR25-0060 de febrero de 2025, no fue arbitrario, sino consecuencia del incumplimiento de este requisito legal.
17. Adicionalmente, manifestó que, aunque la accionante enfrenta una situación familiar difícil, las normativas de traslado de servidores judiciales no contemplan excepciones por motivos personales pues ley exige igualdad en la aplicación de sus reglas para garantizar transparencia y mérito en los procedimientos administrativos.
18. Finalmente, indicó que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para impugnar actos administrativos como el Oficio C JO24-7584 de noviembre de 2024 y la Resolución CJR25-0060 de febrero de 2025, ya que estos cuentan con presunción de legalidad y son susceptibles de ser demandados mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.3.4. El señor Rubén Darío Duque Arenas , oficial mayor nominado del Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia, intervino en la acción constitucional señalando que se cumplieron los requisitos del artículo 10 del Acuerdo PCSJA1710754 para el traslado recíproco con la accionante. Señaló que, más allá de los aspectos formales, la solicitud debía ser atendida por razones humanitarias, dado
10754 para el traslado recíproco con la accionante. Señaló que, más allá de los aspectos formales, la solicitud debía ser atendida por razones humanitarias, dado
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 4 de febrero de 2021, rad. 11001 -03-15-000-202005062-00, MP Julio Roberto Piza Rodríguez 9 Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo No. PSAA16-10618 de diciembre 7 de 2016 10 Corte Constitucional, Sentencia C-295 de 2002, MP Álvaro Tafur GalvisAcción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
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5 el delicado estado de salud de la madre de la señora Duque Benavides y el impacto en un menor dependiente de su cuidado.
19. Resaltó que existe un acuerdo de voluntades entre las partes involucradas y el aval de sus nominadores, por lo que solicit ó el amparo de los derechos fundamentales de la actora.
2.3.5. No se rindieron más informes.
I. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
20. La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Problema jurídico
21. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a determinar si el Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de Administración de
Carrera Judicial , incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la dignidad humana y la salud de la señora Natalia Eugenia Duque Benavides, con ocasión de su respuesta negativa a la solicitud de la accionante de autorizar un traslado recíproco con el servidor público Rubén Darío Duque Arenas, del Juzgado Primero Civil Municipal de CartagoValle del Cauca al Juzgado Noveno Civil Municipal de Armenia Quindío.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
22. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección m aterial de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
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6 es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.
24. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
esa medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
3.3.1. Del requisito de subsidiariedad
25. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial» , precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
26. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
27. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento juríd ico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia11.
28. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia11.
28. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados, momento en el cual la tut ela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.
4. Análisis del caso concreto
29. Al respecto, esta Sala considera, que la presente acción es improcedente, porque la parte actora aún no ha agotado todos los mecanismos ordinarios disponibles previstos en el ordenamiento jurídico antes de acudir a la tutela.
11 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic) un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a la s disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
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30. En ese entendido, el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 establecen que la tutela procede solo cuando no exista otro medio judicial idóneo o cuando se configure un perjuicio irremediable.
31. Así las cosas, la accionante cuenta todavía con la posibilidad de interponer una demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso -administrativa, para controvertir los actos administrativos que le fueron desfavorables conforme a lo previsto en e l artículo 138 de Ley 1437 de 2011, lo que evidencia que la tutela no es el mecanismo adecuado para controvertirlos.
32. En el caso concreto, pese a que se entiende la situación difícil por la que pasa la accionante con relación a la complicación de salud de su progenitora, esta no ha acreditado que el medio judicial ordinario sea ineficaz ni que el perjuicio alegado no pueda ser reparado a través de las instancias correspondientes.
33. Por otro lado, no se advierte que la autoridad accionada haya trasgredido sus derechos fundamentales con su negativa, sino que ha dado cumplimiento a la normativa establecida con relación a los traslados , que no prevén como excepciones las circunstancias expuestas en el presente asunto.
34. Ahora bien, en gracia de discusión , como lo indicó la autoridad accionada,
normativa establecida con relación a los traslados , que no prevén como excepciones las circunstancias expuestas en el presente asunto.
34. Ahora bien, en gracia de discusión , como lo indicó la autoridad accionada, “una vez el calificador emita la evaluación del período completo, o no la califique dentro del térm ino señalado en el acuerdo, la recurrente podrá solicitar el traslado, conforme con las vacantes que en su oportunidad se publiquen”.
35. Por lo expuesto, emerge con claridad la improcedencia de la acción de tutela respecto del acto administrativo por med io del cual se confirmó el concepto desfavorable de traslado reciproco emitido por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial, mediante Oficio CJO24-7584 del 05 de noviembre de 2024 , en tanto, es un acto administrativo de carácter definitivo, de confo rmidad con lo establecido en el artículo 43 del CPACA, pues decidió directamente el fondo del asunto.
36. En ese entendido , la parte actora tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionarlo, a fin de que sea el juez natural de la causa el que determine si las decisiones particulares adoptadas se ajustaron o no al ordenamiento jurídico.
37. Por lo expuesto, dado que, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conj urar la situación que estimen lesiva de sus derechos.Acción de Tutela
salvaguarda de los derechos, ese reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los que cuenten para conj urar la situación que estimen lesiva de sus derechos.Acción de Tutela Radicado: 11001-03-15-000-2025-02093-00
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38. Adicionalmente , se recuerda a la parte accionante que la jurisprudencia constitucional12 ha sido clara en reiterar que las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.
39. Por las razones expuestas , la Sala declarará improcedente la presente acción, pues, se reitera, dentro de las facultades del juez constitucional no se encuentra la de sustituir las herramientas judiciales idóneas para obtener la protección iusfundamental quebrantada, porque de lo contrario, la acción de tutela se convertiría irremediablemente en un medio de protección alternativo que lejos de amparar un derecho vulne rado, propiciaría un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones que le encomendó la Carta a los jueces constitucionales.
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
constitucionales.
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Natalia Eugenia Duque Benavides , por las razones expuestas en la presente providencia.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: De no ser impugnada la presente decisión, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Con salvamento de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
12 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.