CE - Sentencia 11001031500020250220800
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250220800
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-02208-00
Demandante: JUAN DAVID CALDERÓN ABANTO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial - declara improcedente la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción constitucional de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20151.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Juan David Calderón Abanto, actuando en nombre propio , presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN). Con la
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN). Con la solicitud de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada, así como a la defensa y contradicción.
2. Las anteriores garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión del auto proferido el 14 de noviembre de 2024 por la Sección Primera del Consejo de Estado. Mediante esta decisión se confirmó el auto del 24 de agosto de 2024 , dictado por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , que rechazó la demanda al considerar que la acción se encontraba caducada y que el acto administrativo reprochado no era susceptible de control judicial. Esto, dentro del trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-41-000-2024-00971-00/01.
1 Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.Demandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales constitucionales al Derecho al
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1.2. Pretensiones
3. La parte actora solicitó lo siguiente:
PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales constitucionales al Derecho al debido proceso (artículo 29 C.P) Derecho de defensa y contradicción (derivado del artículo 229 C.P.); Derecho a la administración de justicia (artículo 229 C.P.); Derecho a la propiedad privada (artículo 58 C.P.); Principio de confianza legítima y buena fe (artículos 83 de 209 C.P.).
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las autoridades judiciales Sección Primera Consejo de Estado, Subsección B Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizar y decidir de fondo la acción judicial presentada.
TERCERO: Como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales constitucionales ordenar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, realizar la devolución de la aeronave de matrícula argentina modelo 210D, matrícula LV-INT, marca CESSNA, Serie 21058400, año de fabricación 1964, Tripulantes 1, Pasajeros S., con la liquidación y pagos correspondientes.
CUARTO: Ordenar que los amparos constitucionales sean cumplidos dentro de las 48 horas siguientes al fallo de tutela. (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia de la siguiente manera:
5. El actor sostiene que 16 de febrero del 2021, la aeronave con matrícula LV-INT marca CESSNA arribó al Aeropuerto Guaymaral debido a fallas técnicas
referencia de la siguiente manera:
5. El actor sostiene que 16 de febrero del 2021, la aeronave con matrícula LV-INT marca CESSNA arribó al Aeropuerto Guaymaral debido a fallas técnicas que impedían su movilización. El 27 de mayo de 2021, funcionarios de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, mediante el Acta No. 1182, realizaron la aprehensión del avión, con fundamentos en las causales contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo 647 del Decreto 1165 de 2019.
6. Mediante la Resolución No. 000399 del 6 de octubre de 2021 , la DIAN decomisó la aeronave debido a que se encontraba en el territorio aduanero nacional, sin estar amparada en una declaración de importación o cualquier otro documento que la soporte. El 28 de octubre de 2021 , el actor interpuso recurso de reconsideración, mecanismo que fue tramitado por la División Jurídica de Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, autoridad que, a través de la Resolución No. 601-000821 del 4 de marzo de 2022, confirmó la decisión.
7. El 17 de junio de 2022, el actor solicitó la declaratoria de los efectos del silencio administrativo positivo debido a que, en su sentir, no fue resu elto el recurso de reconsideración interpuesto. No obstante, mediante la Resolución No. 670-003854 del 25 de julio de 2022, la entidad negó su solicitud, decisión que fue confirmada el 5 de septiembre del mismo año en la Resolución No. 004641.Demandante: Juan David Calderón Abanto
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
confirmada el 5 de septiembre del mismo año en la Resolución No. 004641.Demandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
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8. El 24 de abril de 202 3, el actor solicitó nuevamente la aplicación del silencio administrativo positivo, debido a la falta de decisión frente al recurso de
reconsideración interpuesto. La petición fue rechazada mediante Oficio No. 1-91259-502-2015 del 3 de mayo de 2023, debido a que ya se había resuelto previamente su solicitud.
9. Por lo anterior, el 30 de octubre de 2023 el actor presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la DIAN, con el fin de que se declarara la nulidad de la decisión proferida el 3 de mayo de 2023 , y, en consecuencia, se ordenara: i) aplicación al silencio administrativo positivo , ii) la devolución de la aeronave y, iii) el pago de los perjuicios que le fueron causados.
10. Al proceso se le asignó el radicado 25000-23-41-000-2024-00971-00 y le fue asignad o al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. Esa autoridad judicial, por auto del 23 de agosto de 2024, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.
11. Sostuvo que, pese a que en las pretensiones de la demanda se solicitó la
la demanda por haber operado el fenómeno de la caducidad.
11. Sostuvo que, pese a que en las pretensiones de la demanda se solicitó la nulidad de la decisión proferida el 3 de mayo de 2023 por la DIAN, lo cierto es que en los argumentos se reprochan los actos administrativos que ordenaron decomisar la aeronave, debido a que en las pretensiones fue solicitada su devolución.
12. En ese sentido, rechazó la demanda porque: i) caducó la acción frente a la pretensión de nulidad de las Resoluciones No. 000399 de 2021 y 601-000821 de 2022 y, ii) el objeto de la demanda no es susceptible de control judicial, debido a que la actuación administrativa finalizó con la Resolución No. 601-000821 de 2022 que resolvió el recurso de reconsideración.
13. Inconforme con la decisión, el actor presentó recurso de apelación. Indicó que, contrario a lo afirmado por el tribunal, la demanda tiene como finalidad
declarar la nulidad del Oficio No. 1-91-259-502-2015 del 3 de mayo de 2023, por lo que la acción no se encuentra caducada. Sostuvo que esa decisión es susceptible control judicial, debido a que produjo efectos jurídicos al decidir no aplicar el silencio administrativo positivo en el trámite de la decisión del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución No. 000399 de 2021.
14. La Sección Primera del Consejo de Estado, por auto del 14 de noviembre
de 2024, confirmó el rechazo de la demanda al concluir que el Oficio No. 1-91259-502-2015 del 3 de mayo de 2023 no es susceptible de control judicial, puesto que no crea, modifica o extingue ninguna situación jurídica, ya que en esa decisión la DIAN se limitó a informarle al actor que su solicitud ya había sido resuelta previamente de manera negativa.
1.4. Sustento de la vulneraciónDemandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
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15. La parte actora indicó que la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto sustantivo , por aplicar de manera irrazonable los artículos 705 y 707 del Decreto 1165 de 2019 , en los que se determinó que la DIAN tiene 4 meses para resolver el recurso de reconsideración y, en caso de no pronunciarse dentro del término legal, opera el silencio administrativo positivo.
16. En ese sentido, refirió que el Consejo de Estado desconoció que el término legal que tenía la entidad pronunciarse venció el 7 de julio de 2022, por lo que, al operar dicha figura debido a que la entidad no se pronunció dentro del plazo, tiene derecho a la devolución de la mercancía decomisada.
17. Por otra parte, sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico debido a que no fueron valorados los siguientes sucesos: «i) la fecha exacta de notificación de
tiene derecho a la devolución de la mercancía decomisada.
17. Por otra parte, sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico debido a que no fueron valorados los siguientes sucesos: «i) la fecha exacta de notificación de la Resolución 821 (7 de marzo de 2022), ii) la fecha de presentación del recurso de reconsideración (28 de octubre de 2021), iii) la inactividad de la DIAN durante más de 4 meses, lo cual configuró el fenómeno del silencio administrativo positivo y, iv) la existencia del acto presunto favorable a partir del vencimiento del término legal».
18. Además, sostuvo que «el Oficio del 3 de mayo de 2023, lejos de ser una mera notificación de información, constituye un acto expreso de negación de un derecho previamente adquirido por el silencio positivo, lo que debía analizarse como un nuevo acto jurídico con efectos jurídicos autónomos».
19. Finalmente, señaló que fue desconocida la sentencia T -456 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, en la que se señaló que el silencio administrativo positivo genera un acto tácito con efectos jurídicos sustanciales, cuya negación da lugar a control judicial. Asimismo, refirió que la Sección Tercera del Consejo de Estado en «sentencia del 2018» reconoció que estos actos administrativos pueden ser demandados.
1.5. Trámite de la tutela
20. Por medio del auto del 22 de abril de 2025, el despacho ponente de esta decisión admitió la tutela . En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados al Consejo de Estado, Sección Primera, al Tribunal Administrativo de
20. Por medio del auto del 22 de abril de 2025, el despacho ponente de esta decisión admitió la tutela . En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionados al Consejo de Estado, Sección Primera, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , y a la DIAN . Además, vinculó como tercero con interés a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera
21. La magistrada ponente de la decisión solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo, debido a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional. Señaló que el escrito de tutela es una reiteración deDemandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
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los argumentos expuestos en el recurso apelación, pues el actor insiste en que el Oficio No. 1-91-259-502-2015 del 3 de mayo de 2023 es susceptible de control judicial.
22. Por otra parte, refirió que, de aceptarse la procedencia de la acción de tutela, debe negarse las pretensiones, dado que el auto del 14 de noviembre de 2024, por medio del cual rechazó la demanda , tuvo como fundamento la causal prevista en el numeral 3 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.
tutela, debe negarse las pretensiones, dado que el auto del 14 de noviembre de 2024, por medio del cual rechazó la demanda , tuvo como fundamento la causal prevista en el numeral 3 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011.
1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera , Subsección B
23. El magistrado ponente de la decisión sostuvo que el rechazo de la demanda se efectuó en observancia del marco legal vigente y dentro del ejercicio legítimo de la función jurisdiccional que le compete a la corporación a la que pertenece.
24. Señaló que el análisis efectuado por la subsección al momento de decidir sobre la admisión de la demanda no fue de fondo, es decir, no estudió la legalidad del acto administrativo, sino que se dirigió exclusivamente a verificar el cumplimiento de los requisitos procesales exigidos por la ley para ejercer válidamente el medio de control. En ese orden, indicó que su decisión se basó en dos elementos: el cómputo del término de caducidad y la naturaleza del acto objeto de demanda.
25. Finalmente, consideró que no se configuraron ninguno de los defectos que la jurisprudencia constitucional ha reconocido como causales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, razón por la cual solicitó que se niegue la solicitud de amparo.
1.6.3. DIAN
26. El apoderado judicial de la Subdirección de Representación Externa de la entidad sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que el escrito de tutela carece de la carga
26. El apoderado judicial de la Subdirección de Representación Externa de la entidad sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, debido a que el escrito de tutela carece de la carga argumentativa requerida para que proceda un estudio de fondo.
27. Lo anterior, debido a que el requisito no se satisface con el simple hecho de señalar los derechos fundamentales que se consideraron vulnerados e indicar los presuntos defectos en los que incurrieron las autoridades judiciales demandadas, pues en estos casos se requiere que la parte actora exponga con suficiencia porque la decisión lesiona sus garantías constitucionales.
II. CONSIDERACIONES
2.1. CompetenciaDemandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
28. Esta Sala es competente para decidir la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Sección Primera del Consejo de Estado, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la DIAN.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
29. La Sala advierte que el demandante adjudica tanto al Tribunal
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Cuestión previa
29. La Sala advierte que el demandante adjudica tanto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , como al Consejo de Estado, Sección Primera , la vulneración de sus garantías constitucionales con ocasión de los autos proferidos el 24 de agosto y 14 de noviembre de 2024, respectivamente.
30. No obstante, esta Sala de decisión se limitará a analizar la providencia proferida el 14 de noviembre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Primera, comoquiera que fue la que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-41-000-2024-00971-00/01.
2.3. Legitimación en la causa
31. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
32. La Sala advierte que el señor Juan David Calderón Abanto está legitimado en la causa por activa , porque fue la parte demandante dentro del medio de control en el que se dictó la providencia que se reprocha mediante esta vía.
33. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Primera , está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente mecanismo constitucional.
2.4. Problema jurídico
33. Por otro lado, se evidencia que el Consejo de Estado, Sección Primera , está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada mediante el presente mecanismo constitucional.
2.4. Problema jurídico
34. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material probatorio recaudado y los informes presentados; la sala deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:
- ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela contra providencias judiciales?
35. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala examinará lo siguiente:Demandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
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36. ¿El Consejo de Estado, Sección Primera, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la propiedad privada, a la defensa y contradicción con ocasión del auto proferido el 14 de noviembre de 2024?
37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
providencias judiciales, (ii) los requisitos generales de procedibilidad, y de superarse los anteriores supuestos, (iii) el caso en concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 2012 2. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 3. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales4.
39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 5. En esta sentencia establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia 6 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial, de la siguiente
manera:
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 6 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son: i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.Demandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
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y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración . iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afec ta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:
- que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha establecido que, para la prosperidad o ne gación del amparo impetrado, se
requerirá:
- que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,
- que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.
2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
44. Al respecto, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se haceDemandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
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evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional7.
45. De esta manera, en esa oportunidad, se planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia SU -215 de 2022, los cuales fueron acogidos por esta Corporación. En concreto, estos presupuestos se refieren a:
- que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
- que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
- que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
- que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces or dinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera instancia.
46. Adicionalmente, en el fallo de unificación referenciado la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».
47. Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y «no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
en términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad».
48. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental para «lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se previene la irrupción del juez de tutela
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.Demandante: Juan David Calderón Abanto Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-02208-00
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
en asuntos que no son de su competencia
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