CE - Sentencia 11001031500020250481200
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250481200
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-04812-00
Demandantes: MYRIAM CASTILLO BALLESTEROS Y OTROS
Demandados: MUNICIPIO DE PALMIRA Y OTROS
Tema: Tutela por presunta vulneración de derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la educación
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 1º de agosto de 20251, el señor Nicolás Andrés Martínez Naranjo , actuando en nombre propio y en representación de sus hijas Valeria Andrea y Esther Manuela Martínez Sepúlveda; al igual que como apoderado judicial de las señoras Diana
El 1º de agosto de 20251, el señor Nicolás Andrés Martínez Naranjo , actuando en nombre propio y en representación de sus hijas Valeria Andrea y Esther Manuela Martínez Sepúlveda; al igual que como apoderado judicial de las señoras Diana Lorena Monje Albarracín Lady Daniela Monje Castillo y Myriam Castillo Ballesteros, quien a su vez actúa en nombre p ropio y en representación de su hijo menor Juan José Monje Castillo ejercieron acción de tutela contra el municipio de Palmira, el Juzgado 20 Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la que pretenden el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y a la educación.
Lo anterior, con ocasión de: i) la falta de pago de los perjuicios reconocidos en el proceso 76001-33-31-705-2012-00158-00/01, por parte del municipio de Palmira y, ii) la mora judicial en la que ha incurrido el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en resolver la oposición de pago presentada por el municipio de Palmira el 26 de agosto de 2025, en el medio de control de reparación directa, identificado con el mismo radicado señalado anteriormente.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Acción de tutela radicada en el buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado.Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
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2 1) Que se resuelva la medida de urgencia, ordenándole al MUNICIPIO DE PALMIRA, realizar dentro de las 48 Horas, el pago de la sentencia de Segunda Instancia dentro del radicado No. 76001 — 3333 – 20 – 2012 - 00158 - 00 у notificada por edicto el día 22 de Abril de 2025. 2) Que se tutelen como mecanismo transitorio y con medida de protección urgente los derechos fundamentales de los Señores MYRIAM CASTILLO
BALLESTEROS, DIANA LORENA MONJE ALBARRACIN, LADY DANIELA
MONJE CASTILLO y VALERIA ANDREA MARTINEZ SEPULVEDA), igualmente
los menores JUAN JOSE MONJE CASTILLO y ESTHER MANUELA MARTINEZ
SEPULVEDA., al TRABAJO, EN CONEXIDAD CON LA RENTA MINIMA VITAL, LA EDUCACION Y DERECHOS DE UN MENOR Y DEBIDO PROCESO. 3) Que como consecuencia de la declaración anterior se produzcan las siguientes o similares declaraciones, mientras las autoridades jurisdiccionales revisan los procesos de conocimientos a que hubiere lugar: a. Se le ordene al ente municipal accionado o sus agentes, abstenerse de impedir el pago de la sentencia por motivos inexistentes o extemporáneos y que acaten los lineamientos del Art 35 de la ley 254 de 2000 - modificado por la Ley 1105 de 2006, como también lo decidido en
impedir el pago de la sentencia por motivos inexistentes o extemporáneos y que acaten los lineamientos del Art 35 de la ley 254 de 2000 - modificado por la Ley 1105 de 2006, como también lo decidido en el Auto interlocutorio numero 03170, proferido durante la audiencia del 27 de Agosto de 2024, sin más excusas ni dilaciones injustificadas. b. Ordenarle al Tribunal Administrativo del valle del Cauca o Juzgado 20 Administrativo del Circuito de Cali, según corresponda, resolver la oposición a del 31 de Julio de 2025, de manera favorable al litisconsorcio demandante de esta acción constitucional, a la mayor brevedad posible2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
La señora Diana Lorena Monje Albarracín y otros3, por medio de apoderado judicial4, presentaron demanda5 en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Hospital San Vicente de Paul E.S.E., la Clínica Nuestra Señora del Rosario S.A.6 y Coomeva E.P.S. S.A., por la pérdida de oportunidad derivada de la tardanza en la remisión del señor John Monje Gaitán (Q.E.P.D.), reduciendo sus probabilidades de recuperación.
En sentencia del 10 de diciembre de 2020, el Juzgado 20 Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali accedió parcialmente a las pretensiones. En consecuencia, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación material en la causa por pasiva de la
Circuito Judicial de Cali accedió parcialmente a las pretensiones. En consecuencia, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación material en la causa por pasiva de la Empresa Promotora de Salud, Salud Vida EPS y la Sociedad N.S.D.R. S.A.S. - Clínica Nuestra Señora del Rosario-, acorde a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial del Hospital San Vicente de Paul E.S.E., por el daño antijurídico padecido por los demandantes, consistente en el truncamiento de la oportunidad que tenía el señor John Monje Gaitán de recuperar su salud, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de este proveído.
2 Transcripción literal que puede contener errores. 3 Myriam Castillo Ballesteros en nombre propio y en representación de los menores Lady Daniela Monje Castillo y Juan José Monje Castillo. 4 Nicolás Andrés Martínez Naranjo. 5 El proceso se identificó con el radicado 76001-33-31-705-2012-00158-00/01/02. 6 Realizó llamamiento en garantía de Liberty Seguros S.A.Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
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TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de reparación, CONDENAR al
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TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de reparación, CONDENAR al Hospital San Vicente de Paul E.S.E., a pagar a los demandantes, como indemnización por los perjuicios causados, las siguientes sumas de dinero:
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 en fallo del 3 de abril de 2025, confirmó la decisión del a quo y la modificó en el siguiente sentido:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del 10 de diciembre de 2020 proferida por el juzgado Veinte Administrativo Mixto del Circuito de Cali, el cual quedará
así:
Pérdida de una oportunidad Myriam Castillo Ballesteros Esposa de la víctima 40 SMLMV Diana Lorena Monje Albarracín Hija de la víctima 40 SMLMV Juan José Monje Castillo Hijo de la víctima 40 SMLMV Lady Monje Castillo Hija de la víctima 40 SMLMV Daños morales Myriam Castillo Ballesteros Esposa de la víctima 30 SMLMV Diana Lorena Monje Albarracín Hija de la víctima 30 SMLMV Juan José Monje Castillo Hijo de la víctima 30 SMLMV Lady Monje Castillo Hija de la víctima 30 SMLMV
En memorial radicado el 26 de agosto de 2025, el municipio de Palmira solicitó ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dilucidara si existía alguna condena en su contra y, en consecuencia, si éste debía pagar la condena impuesta
En memorial radicado el 26 de agosto de 2025, el municipio de Palmira solicitó ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que dilucidara si existía alguna condena en su contra y, en consecuencia, si éste debía pagar la condena impuesta en el proceso referenciado. Lo anterior, ya que, a su juicio, como sucesor procesal del Hospital San Vicente de Paúl E.S.E., no fue demandado originalmente, no fue vinculado por auto que le reconociera formalmente esa calidad, ni figuró como sujeto condenado en las sentencias de primera y segunda instancia.
En atención a ello, en auto del 9 de septiembre del presente año, el tribunal ordenó remitir la solicitud del ente territorial al Juzgado 20 Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali para que resolviera la cuestión dentro del marco de su competencia.
7 Magistrados: Andrés González Arango; Zoranny Castillo Otálora y Víctor Adolfo Her nández Díaz.Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
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1.4. Fundamentos de la vulneración
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que el municipio de Palmira se encontraba eludiendo su obligación de cumplir con el pago resultante de la condena impuesta por los jueces de primera y segunda instancia del proceso de reparación directa, puesto que, en varias providencias, entre ellas la que concedió el recurso
encontraba eludiendo su obligación de cumplir con el pago resultante de la condena impuesta por los jueces de primera y segunda instancia del proceso de reparación directa, puesto que, en varias providencias, entre ellas la que concedió el recurso de apelación, se había indicado la calidad de sucesor procesal que tenía el ente territorial del Hospital San Vicente de Paul E.S.E.
Así las cosas, al encontrarse estas ejecutoriada y en firme, sin que el municipio las hubiera recurrido, era lógico que había quedado reconocida su condición de sucesor procesal y, por lo tanto, no podía formular peticiones extemporáneas que se constituían en actos de mala fe.
Aunado a ello, el referenciado abogado adujo que su hija Esther Manuela Martínez Sepúlveda es estudiante del colegio Liceo Benalcázar de Cali y tiene una deuda educativa de más de $ 24.000.000. Igualmente, respecto a su otra hija, Valeria Andrea Martínez Sep úlveda presenta una deuda de más de $ 11.000.000 con la Universidad Icesi de Cali.
Por lo tanto, expuso que la falta de cumplimiento del municipio de Palmira vulnera sus garantías fundamentales al trabajo y al mínimo vital en condición de padre cabeza de familia, así como el derecho a la educación de sus hijas.
Asimismo, indicó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aún no había resuelto la oposición de pago presentada por el municipio de Palmira.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El 6 de agosto de 2025, la Magistrada Ponente inadmitió la acción de tutela para que fueran allegados los poderes otorgados por las jóvenes Valeria Andrea y Esther
1.5. Trámite de la acción de tutela
El 6 de agosto de 2025, la Magistrada Ponente inadmitió la acción de tutela para que fueran allegados los poderes otorgados por las jóvenes Valeria Andrea y Esther Manuela Martínez Sepúlveda al abogado Nicolás Andrés Martínez Naranjo que diera cuenta de la representación judicial que se pretendía.
Una vez cumplida la exigencia, en auto del 5 de septiembre del año en curso, se admitió el mecanismo constitucional y ordenó notificar a la parte demandante 8 y, como parte demandada, al municipio de Palmira 9, al Juzgado 20 Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali10 y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca11.
Asimismo, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul 12, a la Clínica Nuestra Señora del Rosario 13, a la E.P.S.
8 Índice 17 de Samai. La notificación fue realizada e n el siguiente buz ón web: martinezasociados700@hotmail.com. 9 Índice 17 de Samai. La notificación fue remitida a: notificaciones.judiciales@palmira.gov.co. 10 Índice 17 de Samai. Notificación realizada a: adm20cali@cendoj.ramajudicial.gov.co. 11 Índice 17 de Samai. Notificación realizada a: sgtadmincli@notificacionesrj.gov.co; s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co y rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co. 12 Índice 17 de Samai. Enviado a: notificaciones.judiciales@palmira.gov.co y notificacionesjudiciales@hrob.gov.co. 13 Índice 17 de Samai. Notificación enviada al buzón: aux2.acp@clinicanuestra.com.Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
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5 Coomeva S.A.14 y a Liberty Seguros S.A.15
Por otro lado, se negó la solicitud de medida provisional formulada por el apoderado judicial, referente a que se le ordenara al municipio que efectuara el pago de la condena de forma inmediata.
Aunado a ello, se le reconoció personería al señor Nicolás Andrés Martínez Naranjo, para actuar como apoderado de la parte actora.
Por medio de auto del 31 de octubre del presente año, la Magistrada Ponente ordenó la vinculación en calidad de tercero con interés de la Fiduprevisora S.A16.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present ó la siguiente:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se present ó la siguiente:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
A través de memorial allegado el 9 de septiembre de 2025, el Magistrado Ponente de la decisión de segunda instancia del proceso de reparación directa indicó que, la acción tutelar resultaba improcedente, al existir medios ordinarios de defensa judicial, como el proceso ejecutivo, para exigir el pago de la condena . En consecuencia, el mecanismo de tutela no podía utilizarse como un medio alterno para obtener el cumplimiento de una sentencia debidamente ejecutoriada.
Aunado a ello, señaló que no se encontraba alguna condición de vulneración o perjuicio irremediable que la hiciera viable.
1.6.2. Alcaldía Municipal de Palmira
En documento remitido el 10 de septiembre del año en curso, el apoderado judicial del municipio adujo que, no era cierto que estuviera retrasando el pago de la condena, pues de acuerdo con el artículo 5 del Decreto 218 de 2013, la Fiduprevisora S.A. era la entidad encargada del pago. Aunado a ello, recordó que el ente territorial tenía hasta 10 meses para realizar el pago de la sentencia, lo cual, desde la constancia de la ejecutoria, daba hasta el 13 de marzo de 2026 para ello.
Así, puso de presente que no ha vulnerado ninguna de las garantías fundamentales de la parte actora y que, por el contrario, la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, al tener a su disposición el proceso ejecutivo como medio idóneo para obtener el pago de la sentencia.
de la parte actora y que, por el contrario, la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, al tener a su disposición el proceso ejecutivo como medio idóneo para obtener el pago de la sentencia.
14 Índice 17 de Samai. Notificación remitida a los correos electrónicos: liquidacioneps@coomevaeps.com, comunicados@coomeva.com.co y notificaciones.judiciales@coomeva.com.co. 15 Índice 17 de Samai. Notificación realizada a: contacto@libertyseguros.com.co y conotificacionesjudiciales@libertycolombia.com. 16 Índice 44 de Samai.Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
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6 1.6.3. Clínica Nuestra Señora del Rosario
El 10 de septiembre del presente año, la representante legal del ente de salud expuso se configuraba la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que en el medio de control se había declarado la misma situación frente a la clínica.
Igualmente, señaló la improcedencia del mecanismo por existir al alcance de la parte actora el proceso ejecutivo.
1.6.4. Fiduprevisora S.A.
Por medio de memorial remitido el 10 de noviembre de 2025, la entidad advirtió que no se encontró registro alguno que evidenciara la existencia de un negocio fiduciario
1.6.4. Fiduprevisora S.A.
Por medio de memorial remitido el 10 de noviembre de 2025, la entidad advirtió que no se encontró registro alguno que evidenciara la existencia de un negocio fiduciario activo en el cual figurara como fideicomitente el Hospital San Vicente de Paúl.
Igualmente, expuso que de la verificación del histórico de los negocios que en su momento fueron administrados por la fiduciaria, el hospital correspondió a un negocio fiduciario que actualmente se encontraba liquidado.
Por lo tanto, solicitó que se efect uara su desvinculación del presente trámite en la medida en que no se evidencia ba vulneración alguna de derechos fundamentales, ni existía legitimación en la causa por pasiva frente a las pretensiones formuladas en el escrito de tutela.
1.6.5. Pese a que el Juzgado 20 Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Cali, la E.S.E. Hospital San Vicente de Paul , la E.P.S. Coomeva S.A. y Liberty Seguros S.A. fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.
1.7. Manifestación de impedimento
Mediante providencia del 1 8 de septiembre de 2025, la Magistrada Ponente d el presente proveído, manifestó impedimento en atención a la amistad íntima y entrañable que sostiene con la Magistrada Zoranny Castillo Otálora p erteneciente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Sin embargo, en auto del 2 de octubre del presente año, fue declarado infundado el impedimento por los demás magistrados que conforman la Sección Quinta de esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
impedimento por los demás magistrados que conforman la Sección Quinta de esta Corporación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción tutelar presentada por la señora Myriam Castillo Ballesteros y otros, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige, entre otros, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
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7 2.2. Solicitud de desvinculación
La Clínica nuestra Señora del Rosario y la Fiduprevisora S.A. solicitaron su desvinculación en atención a su falta de legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dicha s peticiones no será n aceptadas, dado que los entes fueron vinculados como terceros con interés en las resultas del mecanismo y no, como parte accionada.
2.3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
- ¿Tiene el señor Nicolás Andrés Martínez Naranjo y sus hijas la legitimación
parte accionada.
2.3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
- ¿Tiene el señor Nicolás Andrés Martínez Naranjo y sus hijas la legitimación en la causa por activa para solicitar la protección de sus derechos fundamentales en la presente tutela? • ¿La acción de tutela es el mecan ismo idóneo para solicitar que el municipio de Palmira pague la condena reconocida en la sentencia del 3 de abril de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca? • ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en mora judicial al no resolver la oposición de pago presentada por el municipio de Palmira el 26 de agosto de 2025 en el medio de control de reparación directa?
Para el efecto se estudiará n: (i) las generalidades de la acción de tutela ; (ii) la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela ; (iii) la subsidiariedad y,
(iv) el caso concreto.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Generalidades de la acción de tutela
Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.
Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ej ercicio
Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ej ercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos judiciales pertinentes.
En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demand e la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
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8 2.4.2. La legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
La acción de tutela, que se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, obra como mecanismo que puede ser ejercido por toda persona «[…] por sí mismo o por quien actúe a su nombre […]», que pretenda obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando éstos sean violados por la acción u omisión de cualquier autoridad estatal o
por toda persona «[…] por sí mismo o por quien actúe a su nombre […]», que pretenda obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando éstos sean violados por la acción u omisión de cualquier autoridad estatal o eventualmente por una entidad particular.
En el mismo sentido el Decreto 2591 de 1991, «[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]», en los artículos 1°, 10°, 46 y 49, precisa que esa acción puede ser presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y los personeros municipales17.
De esa manera el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «[…] Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las casos que señale este Decreto»18.
El artículo 10 de la disposición anotada consagra que la «[…] acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se
ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]».
La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 200319, manifestó que la acción de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada, quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre. Por consiguiente, no se «[…] requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos, ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad […]»20.
17Corte Constitucional. Sentencia T-793 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández. 18«Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C018 de 1993». 19 M.P. Jaime Córdoba Triviño 20«Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991».Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros
018 de 1993». 19 M.P. Jaime Córdoba Triviño 20«Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991».Demandantes: Myriam Castillo Ballesteros y otros Demandados: Municipio de Palmira y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-04812-00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
9 En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño, señaló:
[…] La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la Corte en anteriores oportunidades21, a partir de las normas de la Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades, permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en los procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso […].
Es así que la norma, aunada a la jurisprudencia vigente al respecto, establece como uno de los requisitos de procedibilidad, el hecho de que quien invoque este mecanismo para la protección de sus derechos fundamentales, se encuentre «[…] legitimado en la causa por activa […]», siendo exigible que el accionante sea quien detenta los derechos a proteger.
En relación con la legitimación en la causa, ésta «[…] es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso […]»22. «[…] Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo […]»23.
Así, el artículo 86 Superior señala que la tutela puede ser ejercida por el titular de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados: (i) en forma directa, (ii) por medio de representante legal (cuando se trata de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y/o personas jurídicas), (iii) a través de apoderado judicial, (iv)
medio de representante legal (cuando se trata de menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y/o personas jurídicas), (iii) a través de apoderado judicial, (iv) por intermedio de agente oficioso, siempre que el interesado esté imposibilitado para promover su defensa; o (v) por el defensor del pueblo y los personeros municipales.
2.4.3. Subsidiariedad
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procede
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