CE - Sentencia 11001031500020250543500
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250543500
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Radicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 13 de noviembre de 2025
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: INSTITUTO FINANCIERO DEL CASANARE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE Y OTRO
Temas: Contra providencia s judiciales dictadas en proceso ejecutivo.
Violación directa de la Constitución , defecto fáctico, sustantivo , procedimental y por desconocimiento del precedente . Ampara y deniega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el Instituto Financiero del Casanare contra el Tribunal Administrativo del Casanare y el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 1 de septiembre de 2025, en ejercicio de la acción de tutela, el Instituto Financiero del Casanare, quien actúa a través de su gerente, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a los autos del 20 de
Casanare, quien actúa a través de su gerente, pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión a los autos del 20 de febrero y del 29 de mayo de 2025, dictados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, respectivamente, por medio de los cuales no se libró mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 850013333-0042024-00230-00.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Solicitamos de manera muy respetuosa a los Honorables Magistrados, obtener a través de su justicia la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia de mi representado Instituto Financiero de Casanare , por indebida valoración probatoria, exceso ritual manifiesto y violación directa de la Constitución, dentro del proceso ejecutivo de radicado 850013333004-2024-00230-00, en que incurren el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo de Casanare, así como otros que sufren la misma suerte por la misma interpretación. Con las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, en auto de 20 de febrero de 2025, en la cual se dispuso: "DEJAR SIN EFECTOS los autos de fecha 11 de marzo de 2024 mediante los cuales el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, de un lado, dispuso librar mandamiento de pago, y de otro, decretar medidas cautelares, (...) DISPONER, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas (...) NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la EICE
mandamiento de pago, y de otro, decretar medidas cautelares, (...) DISPONER, el levantamiento de las medidas cautelares decretadas (...) NO LIBRAR MANDAMIENTO EJECUTIVO a favor de la EICE INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE (IFC) en contra de GEIVER VIANEY RIOS GUTIERREZ Y MIREYA GUTIERREZ PIRABAN'. Decisión confirmada por el Tribunal Administrativo de Casanare en providencia de fecha 29 de mayo de 2025, se desconocen los derechos fundamentales al debido proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del IFC, en consecuencia solicito comedidamente: PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE, que se desconocieron por el JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE YOPAL en auto emitido en fecha 20 de febrero de 2025 y confirmadoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Casanare dentro del proceso 850013333 -0042024-00230-00.
SEGUNDO: En consecuencia, declarar sin valor ni efecto el auto de fecha 20 de Febrero de 2025 emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en fecha 29 de Mayo de 2025, dentro del medio de
emitido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, así como la decisión que desato la apelación, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare en fecha 29 de Mayo de 2025, dentro del medio de control 850013333 -004-2024-00230-00; por encontrarse tales decisiones afectadas por indebida valoración probatoria al restarle merito ejecutivo al pagare 4120752 y exceso ritual manifiesto al exigir adosar al expediente un contrato de mutuo con la ritualidad de constar por escrito, ajena a este tipo de contratos, así como por defecto sustancial dado el sacrificio del derecho sustancial y el desconocimiento de precedente judicial vertical y por esa vía cercenar injust amente los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la Administración de Justicia del INSTITUTO FINANCIERO DE
CASANARE - IFC.
TERCERO: Que se ordene a los accionados Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de su competencia, en el impostergable término de 48 horas, contadas a partir de la notificación del fallo de tutela, rehacer la s actuaciones procesales censuradas, para que en su lugar el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, libre mandamiento de pago y/o ordene seguir adelante en la ejecución, decrete medidas cautelares a favor del INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE y en contra d e los demandados GEIVER VIANEY RÍOS GUTIÉRREZ Y MIREYA GUTIÉRREZ PIRABAN, dentro del proceso ejecutivo 850013333-004-2024-00230-00 y se abstenga de exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos.
CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda, respecto de
exigir requisitos innecesarios en este tipo de procesos. CUARTO. Que se ordene que el presente fallo tenga efecto Inter comunis o se extienda, respecto de los procesos ejecutivos que cursen en los Juzgados Administrativos de Yopal, en los que sea demandante el Instituto Financiero de Casanare, y en los que se desconozca el pagare como título ejecutivo autónomo, existan similares su puestos fácticos y jurídicos o que se presente análogas circunstancias, así como ordenar al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare, que en lo de sucesivo se abstengan de incurrir en las conductas que dieron origen a la presente acción. QUINTO. Que por parte del Juez Constitucional se realice verificación del cumplimiento del fallo de tutela proferido.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El Instituto Financiero del Casanare (IFC) promovió demanda ejecutiva contra Geiver Vianey Ríos Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban, para que se ordenara el pago del capital pendiente por pagar del pagaré 4120752 de fecha 17 de diciembre del 2019, que había sido suscrito por la suma de $8.500.000, más los intereses corrientes y moratorios.
La demanda, en un principio, se adelantó bajo el radicado 85001-40-03-002-20230083400 y correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal que, por auto del 11 de marzo de 2024, libró mandamiento de pag o a favor del mencionado instituto por las sumas de $1.281.130, correspondientes al capital pendiente de pago y contenido en el
00 y correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal que, por auto del 11 de marzo de 2024, libró mandamiento de pag o a favor del mencionado instituto por las sumas de $1.281.130, correspondientes al capital pendiente de pago y contenido en el pagaré 4120752 y por $17.078 por concepto de intereses corrientes causados desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 4 de septiembre de 2022, así como por los intereses moratorios.
Por auto separado de la misma fecha, el juzgado decretó el embargo y retención de los dineros que poseían Geiver Vianey Ríos Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban en entidades bancarias, así como de las sumas de dinero que, por concepto de convenios, contratos, salarios, honorarios u otros conceptos , recibieran los ejecutados de la gobernación del Casanare y la alcaldía municipal de Trinidad.
El 28 de octubre de 2024, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal declaró su falta de jurisdicción y ordenó que se remitiera el expediente a los juzgados administrativos de Yopal, debido a que la Corte Constitucional había dirimido un conflicto de competencias en un asunto con supuestos fácticos y jurídicos iguales y había ordenado que el asunto era de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
El 3 de diciembre de 2024 el proceso fue asignado al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, y se le otorgó el radicado 85001-33-33-004-2024-00230-00, que, por auto del 23 de enero de 2025, requirió a la parte ejecutante para que, aportara la totalidad de
Yopal, y se le otorgó el radicado 85001-33-33-004-2024-00230-00, que, por auto del 23 de enero de 2025, requirió a la parte ejecutante para que, aportara la totalidad de documentos que hacían parte de los antecedentes de la actuación objeto del procesoRadicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co ejecutivo y los documentos que integraban el título ejecutivo complejo, presentara informe en el que manifestara si existía un contrato escrito que fuere la causa del título valor que se pretendía ejecutar y para que, de ser positiva la respuesta anterior, indicara si el contrato correspondía al giro ordinario de los negocios del IFC y allegara los correspondientes soportes.
El 30 de enero de 2025, el Instituto Financiero del Casanare aportó la carpeta de la solicitud de crédito que dio origen al pagaré 4120752 e informó que se encontraba constituido un contrato de mutuo a través del título valor pagaré y que ese contrato correspondía al giro ordinario de los negocios de esa entidad.
El 20 de febrero de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal resolvió: i) avocar conocimiento, ii) dejar sin efectos los autos del 11 de marzo de 2024 dictados por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, iii) levantar las medidas cautelares que habían sido decretadas y, iv) no librar mandamiento ejecutivo.
conocimiento, ii) dejar sin efectos los autos del 11 de marzo de 2024 dictados por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Yopal, iii) levantar las medidas cautelares que habían sido decretadas y, iv) no librar mandamiento ejecutivo.
Explicó que no se aportó el contrato de mutuo suscrito entre las partes, que, por lo anterior, no se podía presumir la existencia de este, debido a la solemnidad que caracteriza a los contratos estatales . Que se debió aportar el contrato escrito en el que constara la existencia de la obligación y que el título ejecutivo era complejo, pero no se había integrado, porque no se podía tener como base de la ejecución un simple pagaré.
Que tampoco se había aportado un acto administrativo que declarara el incumplimiento del contrato, un acta de liquidación o cualquier otro acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en el que constara que la obligación era clara, expresa y exigible.
Inconforme, la parte ejecutante presentó recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en los que manifestó que la obligación contenida en el pagaré era clara, expresa y exigible, porque cumplía los requisitos de un título valor, estos eran, literalidad, circulación y autonomía.
Que el título no era complejo, debido a que los elementos del contrato se encontraban plasmados en el pagaré, por lo que, a su juicio, se trataba de un título singular. Que el contrato de mutuo no requería ser por escrito, puesto que se perfeccionaba con la entrega y tradición de la cosa.
Que era una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que, en
y tradición de la cosa.
Que era una empresa de gestión económica de carácter departamental, sometida al régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado, que, en consecuencia, desarrollaba actividades crediticias en competencia con el sector privado y su actividad contractual estaba regulada por las normas civiles y comerciales.
Por proveído del 27 de marzo de 2025, el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal no repuso la decisión recurrida, debido a que no se cumplían los requisitos para librar mandamiento de pago, y concedió el recurso de apelación.
El 29 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo del Casanare confirmó la decisión apelada. Explicó que, la acreencia plasmada en el pagaré objeto de ejecución había sido adquirida a través de un contrato de mutuo o préstamo de consumo que no había sido aportado, que el Instituto Financiero de Casanare se regía por las normas que regulan las empresas industriales y comerciales del Estado, por lo que , de acuerdo con los artículos 93 de la Ley 489 de 1998 y 39 de la Ley 80 de 1993, ese contrato debía constar por escrito, porque de lo contrario no era posible determinar con certeza las obligaciones contraídas.
Por otro lado, que la parte ejecutante no había cumplido con la exhibición del título valor, en los términos del artículo 624 del Código de Comercio, debido a que no había aportado copia original de este, sino que se había limitado a enseñar una digitalización , lo que, a su juicio, impedía su cobro.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
su juicio, impedía su cobro.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Uno de los magistrados que integra el Tribunal Administrativo del Casanare salvó su voto, al estimar que, sí se debió librar mandamiento de pago, porque no se trataba de un título complejo y porque el cambio de jurisdicción no podía alterar la naturaleza del derecho.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los siguientes vicios de fondo:
Desconocimiento del precedente fijado en el auto A-2014 de 2024 dictado por la Corte Constitucional, que, seg ún la parte actora , explicó la forma en cómo celebraran los contratos de mutuo las empresas industriales y comerciales del Estado, así como que los pagarés prestaban mérito ejecutivo, de acuerdo con el artículo 297 del CPACA.
Adujo que, en esa providencia, la Corte Constitucional había definido que, la competencia de los procesos ejecutivos relacionados con el cobre de pagarés suscritos con ocasión de un contrato estatal de mutuo regido por el derecho privado, la debía asumir la jurisdicción contenciosa administrativa . Que en esos procesos no debía mediar el
de los procesos ejecutivos relacionados con el cobre de pagarés suscritos con ocasión de un contrato estatal de mutuo regido por el derecho privado, la debía asumir la jurisdicción contenciosa administrativa . Que en esos procesos no debía mediar el contrato de mutuo por escrito, conforme con los artículos 2221 y 2222 del Código Civil, porque ese contrato se perfeccionaba con la entrega de la cosa dada en préstamo y que en esos pagarés constaba una obligación clara, expresa y exigible, por lo que constituía un título ejecutable en la jurisdicción contenciosa administrativa, por ser uno de los documentos a los que se refería el numeral 3 del artículo 287 del CPACA.
Violación directa de la Constitución porque las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Dijo que, de acuerdo con el auto A -2014 de 2024 dictado por la Corte Constitucional, el contrato de mutuo no debía constar por escrito, debido a que ese contrato se perfeccionaba con la entrega de la cosa dada en préstamo, que la mencionada corte había afirmado que ese tipo de pagarés prestaba mérito ejecutivo, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 297 del CPACA1.
Que las autoridades judiciales demandadas se sirvieron del referenciado auto para avocar el conocimiento del asunto, pero desconocieron lo dicho por la Corte Constitucional sobre la idoneidad del pagaré como título valor independiente que prestaba mérito ejecutivo.
Que las decisiones cuestionadas trasgredían el principio de buena fe, debido a que hace varios años ha otorgado créditos sin constituir contrato de mutuo por escrito, porque los
prestaba mérito ejecutivo.
Que las decisiones cuestionadas trasgredían el principio de buena fe, debido a que hace varios años ha otorgado créditos sin constituir contrato de mutuo por escrito, porque los asuntos judiciales que se presentaron con anterioridad al mencionado auto de 2024 fueron resueltos por los jueces civiles.
Que las autoridades judiciales demandadas le restaron mérito ejecutivo al título valor presentado, le exigieron documentos imposibles de aportar materialmente y que, por la naturaleza del negocio jurídico, no eran exigibles.
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria del pagaré 4120752 y de la carta de instrucciones aportada al proceso ejecutivo, que, según la parte actora, constitu ían un
1 Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo: (…)
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co título valor con una obligación clara, expresa y exigible, que, además, e ra simple y no
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co título valor con una obligación clara, expresa y exigible, que, además, e ra simple y no complejo.
Señaló que es una empresa industrial y comercial del Estado, regulada por la Ley 489 de 1998, que esa norma, en su s artículos 85 y 93, dispone que sus actividades se regulan por el derecho privado. Que los créditos que había entregado correspondían a su actividad propia y al giro ordinario de sus negocios, que, itera, su regulación es conforme a derecho privado.
Que las autoridades judiciales demandadas se equivocaron al restarle mérito ejecutivo al mencionado pagaré, pese a que contenía una obligación clara, expresa y exigible. Que también se equivocaron al imponerle condiciones imposibles de cumplir, como que aportara el contrato de mutuo por escrito y exigirle requisitos que la ley no contempla.
Que las decisiones de las autoridades judiciales demandadas implicaban que no pudiera exigir el pago de obligaciones contenidas en paga rés. Que los contratos de mutuo se perfeccionan con la entrega de la cosa y no resultaba necesario elevarse por escrito.
Que, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 297, así como del numeral 5 del artículo 99 del CPACA 2, el pagaré sí constitu ía un título valor exigible en la jurisdicción contenciosa administrativa, debido a que era un acto proferido con ocasión de la actividad contractual, que provenía del deudor.
Defecto sustantivo porque las autoridades judiciales demandadas omitieron aplicar el
contenciosa administrativa, debido a que era un acto proferido con ocasión de la actividad contractual, que provenía del deudor.
Defecto sustantivo porque las autoridades judiciales demandadas omitieron aplicar el artículo 297 del CPACA, que ordena ba que cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual constituía un título ejecutivo, como sería el caso del pagaré 4120752.
Manifestó que las decisiones cuestionadas eran una forma de torpedear el proceso ejecutivo, porque no e ra necesario aportar el contrato de mutuo por escrito para librar mandamiento de pago. Que, con lo anterior, las autoridades judiciales demandadas lo que pretendían era abstenerse de tramitar su demanda ejecutiva.
Que también se inaplicó el artículo 299 ibidem, que ordenaba que se observaran las reglas del CGP para tramitar los procesos ejecutivos ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Que las decisiones acusadas dejaron de apreciar que el contrato de mutuo fue suscrito conforme a derecho privado, debido a su naturaleza jurídica, que esas providencias no realizaron una interpretación sistemática de las normas aplicables al caso concreto y contrariaron lo dispuesto por la Corte Constitucional en el auto A -2014 de 2024, lo que, a su juicio, vulnera sus garantías fundamentales reclamadas.
Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que las decisiones cuestionadas vulneraron su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia sin justificación constitucional y le exigieron formalismos que no contempla la ley, puesto que el pagaré 4120752 s í prestaba mérito ejecutivo y por ello se debió librar mandamiento de pago.
5. Trámite procesal
justicia sin justificación constitucional y le exigieron formalismos que no contempla la ley, puesto que el pagaré 4120752 s í prestaba mérito ejecutivo y por ello se debió librar mandamiento de pago.
5. Trámite procesal
Por auto del 11 de septiembre de 2025, el Despacho sustanciador admitió la demanda y, entre otras cosas, ordenó notificar en calidad de demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Casanare y a la juez cuarta administrativa de Yopal, y en calidad de terceros con interés, a Geiver Vianey Ríos Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban.
2 Artículo 99. Documentos Que Prestan Mérito Ejecutivo A Favor Del Estado. Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible, los siguientes documentos: (…)
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adicionalmente, denegó la solicitud de medida provisional solicitada por la parte actora, relacionada con que se ordenara al Tribunal Administrativo del Casanare que se abstuviera de proferir decisiones como las del auto del 29 de mayo de 2025 hasta tanto no se hubiere decidido la presente acción de tutela.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
abstuviera de proferir decisiones como las del auto del 29 de mayo de 2025 hasta tanto no se hubiere decidido la presente acción de tutela.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 15, 17, 24 y 25 de septiembre de 2025.
6. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo del Casanare, ponente de la providencia del 29 de mayo de 2025, manifestó que se oponía a las pretensiones de la parte accionante, porque la decisión objeto de tutela se ajustó a las normas y la jurisprudencia aplicable.
Que el título que la parte actora había solicitado ejecutar era complejo, porque la acreencia que se encontraba plasmada en el pagaré 4120752 que suscribió con la parte ejecutada provenía de un contrato de mutuo que no fue aportado y sin el cual no era posible tener certeza de las obligaciones contraídas. Que, además, el pagaré no se había aportado en original como lo exigía la ley.
El Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal solicitó que se denegaran las pretensiones de la parte actora, al estimar que no se cumplían los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial. Dijo que se incumplía el requisito de relevancia constitucional, porque se pretend ía utilizar la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ejecutivo.
Que no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales reclamados y que, por el contrario, solo se expusieron inconformidades con las decisiones que resultaron desfavorables a la parte accionante.
instancia adicional del proceso ejecutivo.
Que no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales reclamados y que, por el contrario, solo se expusieron inconformidades con las decisiones que resultaron desfavorables a la parte accionante.
Los señores Geiver Vianey Ríos Gutiérrez y Mireya Gutiérrez Piraban no se pronunciaron, pese a que, como se vio, fueron debidamente notificados.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa. Competencia.
La parte actora solicitó que se estudiara la presente acción constitucional en la Sala Plena del Consejo de Estado, porque, a su juicio, el asunto es de relevancia económica y social.
Sin embargo, Sala debe precisar que el presente trámite constitucional se adelanta de acuerdo con las reglas de reparto previstas en el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 2591 de 1991 y conforme con los artículos 13 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 , por lo que corresponde decidirlo a la autoridad a quien le haya sido asignada por reparto, en este caso, esta Sala de decisión.
En consecuencia, no hay lugar a acceder a esa solicitud.
2. Problema jurídico y solución
La Sala empieza por precisar que, si bien la parte demandante cuestiona los autos del 20 de febrero y del 29 de mayo de 2025, dictados por el Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal y el Tribunal Administrativo del Casanare, respectivamente, el análisis de los cargos propuestos se centrará en la última providencia por ser la que decidió de manera definitiva sobre el asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
cargos propuestos se centrará en la última providencia por ser la que decidió de manera definitiva sobre el asunto.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05435-00
Demandante: Instituto Financiero del Casanare
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Siendo así, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el Instituto Financiero del Casanare para dejar sin efectos el auto del 29 de mayo de 2025, dictado por el Tribunal Administrativo del Casanare que confirmó la decisión de primera instancia de no librar mandamiento de pago en el proceso ejecutivo con radicado 850013333-004-2024-00230-00/01.
La Sala anticipa que amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte actora, por cuanto, el tribunal demandado inobservó el precedente constitucional aplicable al caso concreto. Adicionalmente, se declarará improcedente la pretensión relacionada con que está decisión tenga efectos inter comunis.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) la verificación de los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencia judicial y, (iii) el análisis del caso concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala comienza por verificar si la acción de tutela promovida por la parte actora cumple los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La relevancia constitucional se encuentra acreditada. Si bien la decisión de prime ra y segunda instancia coinciden en que no era procedente librar mandamiento de pago, lo cierto es que lo alegado por la parte actora es que las autoridades judiciales demandadas, al parecer, no tuvieron en cuenta lo dispuesto en el artículo 297 del CPACA, con lo que se transgrediría sus derechos fundamentales , además, de encontrarse acreditados los cargos alegados por la parte actora estaríamos ante una genuina afectación al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, debido a que la entidad no podría volver a presentar la demanda ejecutiva porque la acción estaría caducada.
Adicionalmente, aunque en principio pudiera afirmarse que el asunto alude a una discusión de orden legal o económico , lo cierto es que la decisión que se cuestiona no
volver a presentar la demanda ejecutiva porque la acción estaría caducada.
Adicionalmente, aunque en principio pudiera afirmarse que el asunto alude a una discusión de orden legal o económico , lo cierto es que la decisión que se cuestiona no constituye una decisión de fondo sino a una etapa inicial del proceso ejecutivo que, se insiste, podría afectar
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