CE - Sentencia 11001031500020250570400

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250570400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

Accionante: LUIS FERNANDO VÉLEZ VERGARA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA

SÉPTIMA DE ORALIDAD

Tesis: La acción de tutela es improcedente porque no cumple el requisito de subsidiariedad.

La acción de tutela es improcedente cuando la controversia planteada por la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por el juez natural

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por el señor Luis Fernando Vélez Vergara en contra de la providencia dictada el 12 de marzo de 2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05001 33 33 036 2018 00122 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Fernando Vélez Vergara , actuando por conducto de apoderado , interpuso acción de tutela contra la providencia indicada supra y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Luis Fernando Vélez Vergara , actuando por conducto de apoderado , interpuso acción de tutela contra la providencia indicada supra y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

“[…] 1. Admita la presente acción de tutela contra providencia judicial.

2. Declare vulnerados los derechos fundamentales del señor Luis Fernando Vélez Vergara al debido proceso (art. 29 C.P.), a la defensa técnica y a ser juzgado por un juez imparcial.

3. Declare que la Magistrada Dra. Martha Nury Velásquez Bedoya debió haberse declarado impedida para conocer y decidir el expediente radicado

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

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05001-33-33-036-2018-00122-01, por las razones de hecho y derecho expuestas.

4. Ordene que otro magistrado distinto a la Magistrada Dra. Martha Nury Velásquez Bedoya conozca y decida de manera plena sobre los recursos y pronunciamientos pendientes relacionados con el proceso de referencia, garantizando la plena aplicación de la Ley 842 de 2003 y demás normas pertinentes.

5. Como medidas provisionales, si el despacho lo considera procedente, se

pronunciamientos pendientes relacionados con el proceso de referencia, garantizando la plena aplicación de la Ley 842 de 2003 y demás normas pertinentes.

5. Como medidas provisionales, si el despacho lo considera procedente, se ordene la suspensión de efectos de la providencia impugnada hasta tanto se adopte nueva decisión por magistrado distinto.

6. Tómese en cuenta para notificaciones las direcciones consignadas y las pruebas allegadas en el expediente de tutela y en el proceso principal […]

Adicionalmente, en el acápite del escrito de tutela denominado “SUPLICA”, el accionante también solicitó lo siguiente2:

“[…] solicito a la Honorable Sala que se sirva admitir la presente acción de tutela, declarar la vulneración de los derechos fundamentales señalados, disponer la declaración de impedimento a la Magistrada Dra. Martha Nury Velásquez Bedoya respecto del expe diente 05001-33-33-036-2018-0012201 y ordenar que un magistrado distinto conozca y decida sobre lo pertinente […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra d el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, con el fin que se declarara la nulidad de las Resoluciones nro. 087 del 3 de octubre de 2013 y nro. 064 del 21 de enero de 2015, por medio de las cuales fue sancionado con la suspensión en el ejercicio de la profesión de ingeniero por un término de 6 meses.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del

con la suspensión en el ejercicio de la profesión de ingeniero por un término de 6 meses.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín que, en sentencia del 13 de mayo de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones.

Inconformes con la anterior decisión, tanto la parte demandante como la demandada, interpusieron recurso de apelación y la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 22 de mayo de 2024 la revocó y, en su lugar, declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

Manifestó que interpuso acción de tutela en contra de la sentencia de 22 de mayo de 2024 y que la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia de 21 de febrero de 2025 amparó sus derechos fundamentales, dejó sin efectos la sentencia controvertida y ordenó dictar decisión de reemplazo.

2 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

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Indicó que, “en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado, la Sala Séptima del Tribunal expidió sentencia de reemplazo el 12 de marzo de 2025, confirmando finalmente la nulidad de los actos sancionatorios y reconociendo que la aplicación de la Ley 842 de 2003 era la adecuada. No obstante, lo anterior, la decisión inicial

finalmente la nulidad de los actos sancionatorios y reconociendo que la aplicación de la Ley 842 de 2003 era la adecuada. No obstante, lo anterior, la decisión inicial del Tribunal en la que se aplicaron normas que ya no resultaban aplicables, fue proferida sin que la Magistrada ponente se declarara impedida, actitud que constituye el núcleo de la presente solicitud de tutela”3.

Expuso que “ aun cuando el daño de fondo (anulación y reconocimiento de perjuicios) fue eventualmente reconocido en la decisión de reemplazo, persiste la necesidad constitucional de que sean los jueces imparciales y que no hubieren adoptado decisiones con base en normas inaplicables, quienes conozcan y decidan los asuntos; en consecuencia, procede tutelar la garantía de imparcialidad por el acto inicial del magistrado que no se declaró impedido”4.

Advirtió que “el objeto de la presente solicitud se contrae, de manera exclusiva, a la omisión de declararse impedida por parte de la Magistrada ponente de la sentencia del 22 de mayo de 2024 del Tribunal Administrativo de Antioquia, omisión que constituye una violación autónoma y diferenciada del derecho fundamental al juez imparcial, protegido por el artículo 29 de la Constitución”5.

Aclaró que “la primera acción de tutela se circunscribió al estudio del defecto sustantivo en la aplicación de normas derogadas o inaplicables (Ley 270 de 1996 y Decreto 196 de 1971), y su finalidad fue restablecer el derecho a la defensa técnica del disciplinado. En cambio, la presente acción se fundamenta en un aspecto distinto y autónomo, cual es la vulneración del derecho a la imparcialidad judicial

Decreto 196 de 1971), y su finalidad fue restablecer el derecho a la defensa técnica del disciplinado. En cambio, la presente acción se fundamenta en un aspecto distinto y autónomo, cual es la vulneración del derecho a la imparcialidad judicial por la omisión del deber de declararse impedida”6.

En el acápite del escrito de tutela denominado “FUNDAMENTOS JURÍDICOS” , explicó que el derecho al debido proceso comprende, entre otras garantías, el derecho a ser juzgado por un juez imparcial y a la debida defensa técnica.

Agregó que “la jurisprudencia constitucional y administrativa ha reconocido que ciertas circunstancias objetivas, por ejemplo, la adopción de criterios jurídicos contrarios a normas vigentes o la actuación previa que revele parcialidad, pueden configurar causal objetiva de impedimento”7.

En ese sentido, resaltó que “la Sala que conoció la tutela (Subsección B, Sección Tercera) ya estableció que el Tribunal incurrió en defecto sustantivo y concedió el amparo. Esa decisión refuerza la tesis de la existencia de un error claro y determinante en la Decisión judicial inicial. Por tanto, la presente solicitud se dirige

3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem. 6 Ibidem. 7 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

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a la declaración de impedimento del magistrado que falló inicialmente sin declarar

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a la declaración de impedimento del magistrado que falló inicialmente sin declarar la causal objetiva que aquí se invoca”8.

Adujo que “la imparcialidad no sólo se verifica por vínculo directo (amistad, parentesco, interés económico), sino también por la existencia de actuaciones o razonamientos jurídicos manifiestamente incompatibles con normas superiores o especiales, que generan aparien cia de parcialidad o una lesión grave al derecho fundamental de acceso a un juez imparcial. El principio pro actione judicial requiere que el proceso sea conocido por autoridades que no tengan cuestionamientos razonables sobre su neutralidad”9.

Posteriormente, en el acápite del escrito de tutela denominado “ARGUMENTACIÓN SOBRE EL IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA ”, solicitó “ la declaración de impedimento en razón de la existencia de un defecto sustantivo objetivo en la decisión de 22 de mayo de 2024: la Sala aplicó normativa que no era aplicable al caso concreto y omitió la regla especial contenida en la Ley 842 de 2003 (art. 66), lo cual produjo una sentencia basada en premisas jurídicas erróneas”10.

Alegó que “la Sala integró normativamente la Ley 270 de 1996 y el Decreto 196 de 1971 para justificar la actuación del estudiante de consultorio jurídico como defensor de oficio, pese a que el artículo 66 de la Ley 842 de 2003 dispone la designación de un abogado ins crito. Además, el Decreto 196/1971 fue modificado/derogado

de oficio, pese a que el artículo 66 de la Ley 842 de 2003 dispone la designación de un abogado ins crito. Además, el Decreto 196/1971 fue modificado/derogado respecto de lo invocado, razón por la cual su uso en la integración normativa carecía de sustento”11.

Precisó que “aunque la decisión de reemplazo subsanó el vicio material en sede del proceso de fondo, la actuación inicial del magistrado afectó el derecho del accionante a ser juzgado por quien no haya aplicado normas manifiestamente inaplicables y que, por ende, pueda ser objetivamente cuestionado en su imparcialidad”12.

Finalmente aseveró que “la tutela es procedente, en su modalidad excepcional, para ordenar la declaración de impedimento y que la nueva decisión sea adoptada por magistrado distinto, a fin de garantizar la confianza pública en el órgano jurisdiccional y la tutela efectiva de los derechos fundamentales (SU-918/13)”13.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

8 Ibidem. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem. 12 Ibidem. 13 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

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3.1. La tutela fue radicada el 11 de septiembre de 202514 y correspondió por reparto

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3.1. La tutela fue radicada el 11 de septiembre de 202514 y correspondió por reparto a esta Sección que, por auto del 19 de septiembre de 202515 requirió al accionante para que identificara la providencia judicial contra la cual interponía la solicitud de amparo.

3.2. En razón a que se subsanó la acción de tutela, mediante auto del 6 de octubre de 202516 se admitió, se negó la medida provisional solicitada y se dispuso notificar17 a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, como parte accionada ; así como vincular 18 al Consejo Profesional Nacional de Ingeniería - COPNIA y al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín para que allegara copia digital del expediente correspondiente al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con el radicado nro. 05001 33 33 036 2018 00122 00/01, el cual fue remitido19.

3.3. El subdirector jurídico del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA allegó escrito 20 en el que solicitó la desvinculación de dicha entidad del presente trámite y, en consecuencia, se declare la improcedencia de la solicitud de amparo.

Manifestó que “la vinculación oficiosa que hace del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería a la presente Acción Constitucional resulta improcedente puesto que esta entidad no tiene injerencia dentro del trámite para resolver impedimentos o

amparo.

Manifestó que “la vinculación oficiosa que hace del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería a la presente Acción Constitucional resulta improcedente puesto que esta entidad no tiene injerencia dentro del trámite para resolver impedimentos o recusaciones en los que se pudiesen ver inmersos los funcionarios judiciales o magistrados de los tribunales administrativos que toman decisiones que adoptan las decisiones en los procesos contencioso administrativas”.

Aclaró que “acorde con las funciones legales delegadas al este Consejo Profesional, no tiene injerencia en el cumplimiento de una eventual orden de amparo, para que en ejercicio de la garantía consagrada en el artículo 29 superior, puedan intervenir en el trámite, pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, aportar y solicitar las pruebas que consideren pertinentes, en general; es necesario recalcar que el COPNIA no está comprometido o facultado de modo alguno en la aparente vulneración del derecho fundamental invocado por el tutelante, ni puede de ninguna

14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00. 15 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00. 16 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00. 17 Esta orden se cumplió el 9 de octubre de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para

11001 03 15 000 2025 05704 00. 17 Esta orden se cumplió el 9 de octubre de 2025. Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 0 5704 00. 18 Ibidem. 19 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00. 20 Visto en l os índices 15 y 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

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manera intervenir en el eventual cumplimiento de medida de amparo que se llegue a proferir sobre los mismos”.

Sin perjuicio de lo anterior, anotó que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, comoquiera que “en el presente caso, la parte accionante pretende que, por vía de tutela, se tramite o declare el impedimento o recusación de un funcionario judicial, según se lee de sus pretensiones, así: “(…) Declare que la Magistrada Dra. Martha Nury Velásquez Bedoya debió haberse declarado impedida para conocer y decidir el expediente

declare el impedimento o recusación de un funcionario judicial, según se lee de sus pretensiones, así: “(…) Declare que la Magistrada Dra. Martha Nury Velásquez Bedoya debió haberse declarado impedida para conocer y decidir el expediente radicado 05001 -33-33-036-2018-00122-01, por las razones de hecho y derecho expuesta”. Asunto que cuenta con procedimientos específicos en la legislación procesal, normativa que regula de manera expresa las causales y tramite, tanto para la manifestación de impedimentos como para las recusaciones”.

3.4. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe21 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

Indicó que, “no basta con alegar la vulneración de derechos fundamentales; es necesario que, a partir de la carga argumentativa del accionante, se pueda concluir de manera razonada y suficiente que efectivamente ha existido una vulneración a dichos derechos, y no simpl emente una inconformidad frente a la decisión judicial cuestionada”, por lo que sostuvo que, lo expuesto por el accionante “obedece a una manifestación de inconformidad respecto del fallo adoptado en virtud de una orden de tutela, el cual se cumplió en est ricto cumplimiento del mismo y dentro de los términos ordenados”.

Sin perjuicio de lo anterior, explicó que “la providencia impugnada se dio en cumplimiento de lo ordenado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien en sentencia del 21 de febrero de 2025 ordenó expedir sentencia de reemplazo dentro del proceso de la referencia. En acatamiento de esa orden, el

cumplimiento de lo ordenado por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, quien en sentencia del 21 de febrero de 2025 ordenó expedir sentencia de reemplazo dentro del proceso de la referencia. En acatamiento de esa orden, el Tribunal profirió la sentencia del 12 de marzo de 2025, en la cual se confirmó la nulidad de los actos administrativos demandados, al considerar que no era procedente la representación judi cial por parte de un estudiante de consultorio jurídico. Respecto al restablecimiento del derecho, se concluyó que la parte no acreditó los perjuicios reclamados, razón por la cual no se concedieron”.

Adujo que “la providencia se ajustó plenamente a lo dispuesto por el Consejo de Estado y no incurrió en ningún tipo de defecto. En cuanto al supuesto uso de una norma no vigente, se aclara que todas las disposiciones aplicadas se encuentran vigentes. Por otro lado, no existía obligación legal de que el magistrado se declarara impedido, ya que las causales de impedimento están taxativamente señaladas en el artículo 141 del Código General del Proceso y ninguna contempla el supuesto de haber participado en una decisión previamente tutelada”.

21 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 05704 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

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Por último, arguyó que “la decisión del 12 de marzo de 2025 fue adoptada en estricto cumplimiento de una orden judicial superior, sin que se haya incurrido en irregularidades procesales ni en vulneración de derechos fundamentales. Por tanto, no se configura vía de hecho ni defect o alguno que justifique la procedencia de la acción de tutela”.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 199122 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, 23 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 24, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo de 2019 25, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:

4.2.1. El señor Luis Fernando Vélez Vergara , actuando a través de apoderad o, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Consejo

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente26:

4.2.1. El señor Luis Fernando Vélez Vergara , actuando a través de apoderad o, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, con el fin que “se declaren nulas en bloque la Resolución de Primera instancia Resolución 087 del 03 de octubre de 2013 que impuso 6 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de ingeniero emitida por el COPNIA Seccional Antioquia, al igual que la Resolución de segunda instancia nro. 0064 d el 21 de enero de 2015 expedida por parte del Consejo Profesional de Ingeniería COPNIA (Nacional) la cual confirmó la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión”.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le reconocieran los siguientes perjuicios: (i) “ la suma de 20 millones de pesos de honorarios para adelantar la presente acción Y OTRAS ”, (ii) “ la suma de 90 millones de pesos

22 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 23 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela. 24 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 25 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913. 26 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05001 33 33 036 2018 00122 00/01. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2025 0 5704 00.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

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dejados de percibir por concepto de honorarios durante los 6 meses de suspensión”, (iii) “perjuicios materiales, consistentes en la perdida de de (sic) oficina profesional y remate de apartamento mediante remate por no haber podido pagar las cuotas de amortización de deuda, perjuicios que se estiman en 300.000.00”, (iv) “por concepto de perjuicios morales: la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a $737.717.000 ”, y (v) “ daño a la vida de relación: la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a $737.717.000”.

4.2.2. La demanda fue asignada por nuevo reparto al Juzgado Treinta y Seis

salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a $737.717.000”.

4.2.2. La demanda fue asignada por nuevo reparto al Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín que, en sentencia del 13 de mayo de 2019, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de CUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL, INEXISTENCIA DE ILEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL propuestas por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones 087 del del 03 de octubre del 2013 y 064 del 21 de enero de 2015, mediante las cuales se impuso sanción de seis (06) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión de ingeniero, emitidas por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, en disfavor del señor

LUIS FERNANDO VELEZ VERGARA (…).

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda […]”.

(Mayúsculas, negrillas y resaltados originales de la providencia).

4.2.3. Inconformes con la decisión anterior, el señor Vélez Vergara y COPNIA presentaron recurso de apelación y la Sala Séptima de Oralidad d el Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 22 de mayo de 2024 la revocó y en consecuencia declaró probada la excepción de caducidad y se inhibió para pronunciarse de fondo.

Administrativo de Antioquia, en sentencia del 22 de mayo de 2024 la revocó y en consecuencia declaró probada la excepción de caducidad y se inhibió para pronunciarse de fondo.

4.2.4. El señor Luis Fernando Vélez Vergara presentó acción de tutela 27 en contra del fallo del tribunal la cual correspondió por reparto a la Sección Quinta de esta Corporación que, en sentencia del 23 de enero de 2025 la declaró improcedente.

4.2.5. El señor Vélez Vergara impugnó el fallo de tutela de primera instancia y la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 23 de enero de 2025 por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en su lugar, AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso del accionante.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 22 de mayo de 2024 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de

27 Radicado nro. 11001 03 15 000 2024 06414 00/01.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

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Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-036 2018-00122-01.

TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE a la Sala Séptima de Oralidad

Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-036 2018-00122-01.

TERCERO: En consecuencia, ORDÉNASE a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de los diez días siguientes a la notificación, profiera una providencia de reemplazo que se ajuste a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia […]”. (Negrilla original del texto).

4.2.6. En cumplimiento de la anterior orden impartida, la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, decidió nuevamente los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada del proceso ordinario y, en sentencia del 12 de marzo de 2025, confirmó la proferida el 13 de mayo de 2019 por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Medellín.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

Frente a la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, la Sala advierte que no es procedente, comoquiera que dicha entidad fue vinculada al presente trámite procesal en calidad de tercero interesado , debido a que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de debate en esta sede constitucional se presentó en su contra.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, el señor Luis Fernando Vélez Vergara promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 12 de marzo de 2025 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo Antioquia, en el proceso de nulidad

En el asunto bajo examen, el señor Luis Fernando Vélez Vergara promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 12 de marzo de 2025 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo Antioquia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05001 33 33 0 36 2018 00122 00/01. Lo anterior, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales “al debido proceso, defensa técnica y juez imparcial”.

Analizado en conjunto el escrito de tutela inicial, como la subsanación, la Sala advierte que la solicitud de amparo se fundamenta en dos inconformidades: (i) el presunto impedimento de la magistrada ponente de la sentencia acusada ; y (ii) la falta del restablecimiento efectivo de los derechos en el proceso ordinario.

En ese sentido, la Sala analizará de manera separada cada uno de los reparos formulados por la parte actora en aras de determinar si se cumplen los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial.

4.4.1. En cuanto al presunto impedimento de la magistrada ponente de la sentencia cuestionada para conocer del asunto

Frente a este reparo, la Sala considera que no se cumple con el requisito general de subsidiariedad por las razones que pasa a explicarse.Radicación: 11001 03 15 000 2025 05704 00

Accionante: Luis Fernando Vélez Vergara

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo

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El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que “la acción de tutela no procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a no ser que busque evitar un perj

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