CE - Sentencia 11001031500020250581300

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250581300
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05813-00

Demandante: PATRICIA EUNICE HERNÁNDEZ PIANETA

Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y

OTROS.

Tema: Tutela contra providencia judicial y por presunta vulneración del derecho a salud. Declara improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Patricia Eunice Hernández Pianeta, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Penal para

La señora Patricia Eunice Hernández Pianeta, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela1 contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali, el Juzgado Doce Civil Municipal de Cartagena, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, el Juzgado Cuarenta y Nueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá, las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial de Cartagena y de Cali, «las Fiscalías de Cartagena y Cali», la EPS Sanitas, la Presidencia de la República de Colombia (a través del Departamento Administrativo de la Presidencia - DAPRE), la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante ADRES), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), la Superintendencia Nacional de Salud, Colfondos S.A. y la Unión Temporal PI, con el

1 Índice 02 Samai. 2 Sala de decisión integrada por los magistrados Oscar Alonso Valero Nisimblat, Luz Elena Sierra Valencia y Patricia Feuillet Palomares.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al mínimo vital, a la dignidad humana, a la seguridad social, a la «integridad física y mental», a la igualdad, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la «estabilidad laboral reforzada».

Dichas garantías constitucionales las estimó vulneradas por las entidades del sistema de seguridad social al tener su estado de afiliación como “retirado” impidiéndole desde el 30 de diciembre de 2024 acceder a los servicios de salud que requiere y por los cuales ha venido siendo tratada, así como al dejar de percibir el pago de sus respectivas incapacidades desde el 27 de noviembre de 2022.

Igualmente, atribuyó responsabilidad a la Unión Temporal PI por omitir el pago de sus aportes a seguridad social desde el 2020, así como a las demás autoridades administrativas accionadas por la falta de atención a las denuncias y peticiones presentadas frente a tal situación.

Por último, acusó a las autoridades judiciales accionadas de vulnerar los referidos derechos al dictar providencias en el trámite de las acciones de tutela y en el proceso laboral donde se han archivado los procesos sin velar por el efectivo cumplimiento de las sentencias y se ha negado el decreto de medidas cautelares, así como la fijación de una audiencia que resuelva definitivamente el asunto.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos

así como la fijación de una audiencia que resuelva definitivamente el asunto.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] REVOCAR en su totalidad la Sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, proferida por el Magistrado OSCAR ALONSO VALERO NISIMBLAT, con Radicado No. 76001-33-33-011-2025-00204-01, del 10 de septiembre de 2025, por violar el debido proceso y desconocer la gravedad de la vulneración de mis derechos fundamentales.

ORDENAR a EPS SANITAS S.A.S.: Pagar, dentro de las 48 horas, TODAS las incapacidades médicas adeudadas desde el 27 de noviembre de 2022 hasta la fecha, con sus intereses y actualizaciones, reconociendo que la interrupción de los servicios médicos por parte de la EPS impide la generación de nuevos soportes, pero no exonera de la deuda ya reconocida y de la que se deriva de dicha interrupción.

Restablecer de manera inmediata mi afiliación en el régimen contributivo, sin exigir encuesta SISBEN mientras mi contrato laboral no esté formalmente terminado y mi proceso de definición de invalidez esté en curso en la vía ordinaria laboral. Garantizar, autorizar y materializar, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, TODAS las órdenes médicas pendientes (consultas, exámenes, cirugías, terapias, medicamentos, acompañante, etc.) emitidas por mis médicos tratantes.

notificación, TODAS las órdenes médicas pendientes (consultas, exámenes, cirugías, terapias, medicamentos, acompañante, etc.) emitidas por mis médicos tratantes. ORDENAR a la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA:Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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Responder de manera integral, de fondo y sustancial al derecho de petición presentado el 17/06/2025, asumiendo su responsabilidad política y constitucional frente a la crisis humanitaria que enfrento. Coordinar, dentro de las 48 horas, una mesa de trabajo con todas las entidades involucradas (MinSalud, Superintendencia de Salud, ADRES, UGPP, EPS SANITAS, UNIÓN TEMPORAL PI) para diseñar e implementar un plan de acción inmediato que garantice mis derechos a la salud y al mínimo vital. Cumplir de manera inmediata la orden del Juzgado Once Administrativo Oral de Cali del 4 de agosto de 2025, comunicándome formalmente la falta de competencia y el traslado de mi petición, so pena de incurrir en desacato.

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, SALA DE

DECISIÓN, y al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI: Acatar las decisiones en el expediente Rad. 76001-33-33-011-2025-00204-00,

DECISIÓN, y al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI: Acatar las decisiones en el expediente Rad. 76001-33-33-011-2025-00204-00, teniendo en cuenta la totalidad de las pruebas aportadas, la gravedad de la situación, y la solicitud de medidas cautelares ante la CIDH. ORDENAR a los JUZGADOS 6 PENAL PARA ADOLESCENTES DE CALI, 12 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA y 19 LABORAL DE BOGOTÁ: Reabrir y resolver de fondo los incidentes de desacato interpuestos, imponiendo las sanciones del caso a EPS SANITAS y a mi empleador por el incumplimiento de las sentencias de tutela y las obligaciones laborales. El Juzgado 19 Laboral de Bogotá deberá SUSPENDER DE INMEDIATO el traslado del expediente al Juzgado 49 Laboral del Circuito de Bogotá, y fijar, dentro de las 48 horas, una fecha de audiencia para la demanda ordinaria laboral radicada desde el 31 de julio de 2023, adoptando de manera inmediata una medida cautelar que ordene a EPS SANITAS restablecer mi acceso a todos los servicios de salud mientras se resuelve el fondo de la demanda. ORDENAR a la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, ADRES y UGPP: Adoptar medidas concretas y efectivas de control y vigilancia sobre EPS SANITAS, imponiendo sanciones ejemplares por su conducta. Garantizar que mi afiliación sea restablecida en el sistema (BDUA) de manera inmediata. La UGPP deberá ejecutar de manera inmediata los recobros de aportes omitidos por mi empleador, UNIÓN TEMPORAL PI.3

Garantizar que mi afiliación sea restablecida en el sistema (BDUA) de manera inmediata. La UGPP deberá ejecutar de manera inmediata los recobros de aportes omitidos por mi empleador, UNIÓN TEMPORAL PI.3

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

La señora Patricia Eunice Hernández Pianeta, tiene 47 años y certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Fue contratada por la Unión Temporal PI desde el 27 de abril de 2012 y su vínculo laboral terminó el 23 de abril de 2020. Ha contado con incapacidades médicas desde el 13 de enero de 2014.

  • Reproches relativos a su actual estado de afiliación en el sistema de seguridad social en salud y omisión de pago de incapacidades.

La actora afirmó que desde el 30 de diciembre de 2024 su afiliación al sistema de salud se encuentra en estado «retirado» pese a que necesita tratamientos y tiene

3 Transcripción original del texto con posibles errores.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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órdenes médicas pendientes de ser atendidas. Así mismo, explicó que desde el 27 de noviembre de 2022, no recibe pago por concepto de incapacidades y su

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órdenes médicas pendientes de ser atendidas. Así mismo, explicó que desde el 27 de noviembre de 2022, no recibe pago por concepto de incapacidades y su empleador dejó de realizar los aportes a salud desde el año 2020, lo que ha venido siendo denunciado ante las diferentes entidades administrativas como el Departamento Administrativo de la Presidencia, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y la Superintendencia Nacional de Salud, sin atención alguna.

  • Fallo de acción de tutela y trámite incidental identificados bajo el radicado 76001-33-33-011-2025-0204-00/01, tramitados por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

En razón a lo anterior, interpuso una anterior acción de tutela contra la Presidencia de la República por vulneración a su derecho de petición al no habérsele dado respuesta a la solicitud por ella radicada el 17 de junio de 2025 donde requirió la intervención de la entidad ante las situaciones expuestas. En dicha oportunidad también solicitó al juez constitucional disponer lo pertinente para que se le garantizara el acceso a los servicios de salud, el cumplimiento de las órdenes médicas y el pago de sus incapacidades.

Dicha acción constitucional fue tramitada bajo el radicado 76001-33-33-011-20250204-00 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali quien

médicas y el pago de sus incapacidades.

Dicha acción constitucional fue tramitada bajo el radicado 76001-33-33-011-20250204-00 por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali quien profirió sentencia el 4 de agosto de 2025, a través de la cual amparó el derecho de petición de la actora y ordenó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República comunicar la respuesta emitida a la señora Patricia Eunice donde se informa sobre la falta de competencia y la remisión de la petición al competente. Frente a las demás pretensiones las negó por improcedentes por falta del requisito de subsidiariedad e inmediatez.

Inconforme con la decisión, la tutelante elevó impugnación que fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en fallo del 10 de septiembre de 2025, que modificó lo decidido en primera instancia atribuyendo la vulneración del derecho de petición a la Superintendencia Nacional de Salud y confirmó en los demás aspectos la sentencia impugnada. Ello en razón a la remisión que por competencia realizó y comunicó el DAPRE.

Posteriormente, la señora Patricia Eunice elevó incidente de desacato ante el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali por el incumplimiento de lo ordenado contra el DAPRE por lo cual fue proferido auto de apertura al trámite incidental el 1.° de septiembre de 2025 y 23 de septiembre de 2025 dirigiéndose este último de manera correcta contra la persona responsable de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el fallo de segunda instancia.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros

este último de manera correcta contra la persona responsable de la Superintendencia Nacional de Salud, de acuerdo con el fallo de segunda instancia.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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Luego de surtido el trámite, en proveído del 6 de septiembre de 2025 el juzgado accionado resolvió no sancionar al incidentado atendiendo que mediante oficio 20251610002125811 del 18 de septiembre de 2025 se había dado respuesta a la señora Hernández Pianeta informándole sobre el traslado del asunto la EPS SANITAS a quien le ordenó en el marco de sus funciones garantizar el servicios de salud a la usuaria «dando cumplimiento a la orden médica y/o servicios requeridos por el usuario y/o relacionada con el RECLAMO número 20259300419998162». Proveído comunicado a los interesados el 7 de octubre de 20254 y puso fin a las diligencias.

  • Providencias emitidas en el trámite incidental identificado bajo el radicado 76001407100620220004200, adelantado por el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali.

Por otra parte, la accionante ha venido elevando una serie de acciones constitucionales a fin de obtener el amparo de sus derechos de salud y vida digna por la falta de atención a los servicios médicos que requiere y en tal sentido en

Por otra parte, la accionante ha venido elevando una serie de acciones constitucionales a fin de obtener el amparo de sus derechos de salud y vida digna por la falta de atención a los servicios médicos que requiere y en tal sentido en sentencia del 21 de abril de 2022 el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali declaró improcedente la tutela identificada con radicado 76001407100620220004200 adelantada contra SANITAS EPS S.A. y concedió el amparo únicamente frente al derecho de petición, ordenándole a la accionada emitir respuesta a las peticiones del 25 de febrero de 2022 y 28 de marzo de 2022.

En sustento, sostuvo que del plenario no se advertía orden médica donde se le prescribiera por parte de los médicos tratantes un acompañante post operatorio a en la ciudad de Cali, tal como ella lo pretendía y lo que sí estaba acreditado era que la EPS había ordenado y suministrado todos los servicios requeridos en la ciudad de Cali, por lo que no se evidenciaba negación alguna a la usuaria.

En cuanto al rembolso del dinero de los gastos asumidos por la actora de su estadía en Cali para recibir los tratamientos ordenados y el pago de incapacidades, pretendidos con la tutela, concluyó que se trataban de asuntos reclamados a través de peticiones elevadas el 5 de febrero y 28 de marzo de 2022 que no habían tenido respuesta de la entidad accionada, por lo que en tal sentido emitió la orden de amparo mencionada.

Impugnada la decisión, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento profirió sentencia el 26 de mayo de 2022 en la que revocó lo

amparo mencionada.

Impugnada la decisión, el Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento profirió sentencia el 26 de mayo de 2022 en la que revocó lo resuelto por el a quo frente a la negativa e improcedencia declarada y en su lugar profirió orden de amparo en la que ordenó a la EPS SANITAS realizar «los trámites pertinentes a fin de que se lleve a cabo junta médica técnico - científica que defina si lo que requiere la accionante es el servicio de técnico de enfermería o servicio de cuidador, conforme a la orden dada por el especialista en Ortopedia y Traumatología Dr. Eduardo Gil Osorio. Así mismo, deberá autorizar, garantizar y materializar, de

4 Índice 052, 053 Samai del expediente 76001333301120250020400.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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manera inmediata, la prestación del servicio definido en dicha junta, por el término que así se determine y con las especificaciones correspondientes, sin que exista dilaciones de tipo administrativa».

Igualmente, se ordenó a la accionada EPS SANITAS «Autorizar y materializar, de manera inmediata, la prestación del servicio Infiltración intraarticular para Rodilla izquierda, 20 secciones de terapias físicas Rodilla izquierda, Cita de Control de

Igualmente, se ordenó a la accionada EPS SANITAS «Autorizar y materializar, de manera inmediata, la prestación del servicio Infiltración intraarticular para Rodilla izquierda, 20 secciones de terapias físicas Rodilla izquierda, Cita de Control de Ortopeda y traumatología, El servicio de Hidroterapias en el Centro Médico Imbanaco está suspendido y pendiente desde el 27 de diciembre de 2021, Trabajo Social, Cita con Neurocirugía, Cita con Medicina Física y Rehabilitación, prescritas por los galenos tratantes y que fueron radicadas para su autorización», todo esto acompañado de la orden de tratamiento integral frente a los diagnósticos de «POP

REPARO SLAP + TENODESIS DE BICEPS + CAPSULORRAFIA HOMBRO IZQ,

POP CONDROPLASTIA CFM – PATELAR RODILLA IZQ»5.

En razón al anterior amparo, la señora Patricia Eunice ha interpuesto catorce escritos de incidentes de desacato desde el 2022 al presente año, siendo el último el formulado el día 23 de mayo de 2025 a través del cual expuso que la EPS accionada no había dado cumplimiento completo a la orden de tutela. En tal sentido, solicitó al despacho hacer la verificación de la «validez de cada autorización generadas por la eps sanitas para cada ordenes TENGA EN CUENTA QUE LA EPS SANITAS IMPIDIO EL ACCESO A LOS SERVICIOS MEDICOS DESDE Noviembre de 2024 y hasta la presente se ha negado a emitir estas autorizaciones – La vigencia de las ordenes fueron vencidas por la EPS Sanitas razón por la cual para la renovación debe ser la misma EPS gestionando las citas con cada uno de los especialistas –no con medicina general puesto que hay procedimientos

de las ordenes fueron vencidas por la EPS Sanitas razón por la cual para la renovación debe ser la misma EPS gestionando las citas con cada uno de los especialistas –no con medicina general puesto que hay procedimientos

PENDIENTES Y LA DILATACION EN ESTA BARRERA ADMINISTRATIVA ESTA

CAUSANDO MAYOR DETERIORO A MI INTEGRIDAD».

Atendiendo lo requerido, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías [hoy Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali] profirió auto del 23 de mayo de 2025 requiriendo al Representante Legal y/o encargado de cumplimiento de la entidad SANITAS EPS para que informara el sobre el acatamiento de la sentencia.

En respuesta el requerimiento, la EPS SANITAS manifestó que la usuaria no contaba con afiliación activa en sistema de salud, pues desde agosto de 2020 la empresa empleadora había dejado de cancelar los aportes sin informar novedad de retiro. Así mismo, informó que en el Juzgado Veintisiete Penal Municipal de Control de Garantías de Cali en auto del 19 de marzo de 2025 dentro del radicado 202400320 se había archivado el incidente de desacato formulado por la actora a quien se le conminó para que solicitara a la autoridad competente la encuesta del Sisbén que le permita acceder a los servicios de salud a que hubiera lugar. Gestión que advirtió no haber sido realizada por la interesada.

5 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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5 Transcripción literal del texto original con posibles errores.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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Por lo anterior, en auto del 3 de junio de 2025 el juzgado requirió a la empresa empleadora para que informara sobre la vigencia del vínculo laboral de la señora Patricia Eunice, a lo cual obtuvo respuesta donde se indicó que la UNION TEMPORAL PI, había recibido de la EPS SANITAS recomendaciones médicas y orden de reintegro a favor de la trabajadora, quien había remitido también correo donde manifestaba estar lista para laborar y enviaba incapacidad hasta el 20 de noviembre de 2019, por lo que el 26 de noviembre de 2019 se le comunicó sobre la terminación de su contrato de trabajo por finalización de la labor contratada o duración de la obra.

En dicha oportunidad la empleadora advirtió que la señora Patricia Eunice envió el 27 de noviembre de 2019 correo informando que continuaba incapacitada y a la espera de cirugías; por lo que le solicitaron las incapacidades, pero ella nunca las envió y el 5 de diciembre de 2019, les interpuso una tutela en su contra que se tramitó bajo el radicado 13001400400220190023400 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías quien en sentencia del 23 de diciembre de 2019 amparó su derecho a la estabilidad laboral

tramitó bajo el radicado 13001400400220190023400 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Cartagena con Funciones de Control de Garantías quien en sentencia del 23 de diciembre de 2019 amparó su derecho a la estabilidad laboral reforzada y ordenó el reintegro dándole a la demandante el término de cuatro meses para agotar la vía ordinaria, so pena de cesar los efectos del amparo, lo que en efecto ocurrió, porque la actora no interpuso la demanda dentro del término señalado, quedando así terminada su relación laboral de manera definitiva el 23 de abril de 2020.

Producto de lo anterior, el Juzgado Sexto Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Cali mediante auto del 10 de junio de 2025 resolvió no dar apertura al incidente de desacato formulado, señalando que las cuestiones correspondientes al estado de afiliación de la actora no había sido objeto del amparo constitucional del cual se discutía su incumplimiento. Auto que no fue objeto de recurso alguno.

  • Providencias emitidas en el trámite incidental identificado bajo el radicado 13001400301220190033200, adelantado por el Juzgado Doce Civil

Municipal del Distrito Judicial de Cartagena de Indias.

Otra acción constitucional que interpuso la actora y de la cual discute el trámite incidental, corresponde a la adelantada por el Juzgado Doce Civil Municipal del Distrito Judicial de Cartagena de Indias con radicado 13001400301220190033200, donde se profirió fallo de segunda instancia el 28 de agosto de 2019 por el Juzgado

Distrito Judicial de Cartagena de Indias con radicado 13001400301220190033200, donde se profirió fallo de segunda instancia el 28 de agosto de 2019 por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena ordenando a la EPS SANITAS reconocer y pagar las incapacidades generadas entre el 18 de mayo de 2019 y el 9 de julio de 2019 así como las que se sigan generando hasta tanto se surta por la EPS la totalidad del trámite de invalidez.

Decisión que conllevó a la radicación de más de doce incidentes de desacato, correspondiendo el último al resuelto mediante proveído del 18 de diciembre de 2024 que declaró el incumplimiento y sancionó con multa al coordinador NacionalDemandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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de Prestaciones Económicas de SANITAS EPS. Decisión que en sede de consulta fue confirmada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito Judicial de Cartagena en providencia del 15 de enero de 2025.

Sin embargo, cabe resaltar que, mediante auto del 4 de febrero de 2025, última actuación del trámite incidental, el Juzgado accionado decidió dejar sin valor ni efecto la sanción impuesta como consecuencia del cumplimiento del ente accionado. Esto, toda vez que con escrito del 30 de enero de 2025 la EPS anexó

actuación del trámite incidental, el Juzgado accionado decidió dejar sin valor ni efecto la sanción impuesta como consecuencia del cumplimiento del ente accionado. Esto, toda vez que con escrito del 30 de enero de 2025 la EPS anexó los soportes de pago de las incapacidades generadas en el mes de diciembre de 2024 entre los días 09 al 25 a favor de la accionante.

  • Negativa de medida cautelar y remisión de la demanda laboral interpuesta por la accionante.

Finalmente, se tiene que la señora Patricia Eunice interpuso demanda ordinaria laboral contra la Unión Temporal PI, la cual fue conocida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá bajo el radicado 11001310501920230031400 y admitida en proveído del 6 de febrero de 2024.

Luego de surtida la etapa de notificación y contestación de la demanda en mención, el apoderado de la demandante elevó solicitud de medida provisional tendiente a que se ordenara el pago de los aportes a seguridad social y le fuera restablecido el régimen de afiliación a la señora Patricia Eunice, así como que se le autorizaran los tratamientos médicos que necesitara a futuro. Requerimiento que fue resulto desfavorablemente en auto del 8 de agosto de 2025 que entre otras decisiones rechazó por improcedente la solicitud de medida provisional.

Ejecutoriada la anterior decisión, sin formulación de recursos, en proveído del 9 de septiembre de 2025 se emitió auto que dispuso la remisión del asunto al Juzgado Cuarenta y Nueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá con fundamento en lo

septiembre de 2025 se emitió auto que dispuso la remisión del asunto al Juzgado Cuarenta y Nueve Laboral del Circuito Judicial de Bogotá con fundamento en lo consagrado por el artículo 1.° del Acuerdo CSJBTA24-54 del 18 de abril de 2024 a través del cual el Consejo Superior de la Judicatura ordenó la redistribución de procesos en dicha especialidad. Trámite que se surtió en correo remisorio del 16 de septiembre de 20256, siendo recibido en dicha fecha por el juzgado mencionado, quien hasta la presente no ha emitido pronunciamiento alguno dentro del trámite.

1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que tras haber sufrido accidente laboral el 13 de enero de 2014 padece múltiples patologías graves que requieren un seguimiento médico constante, el cual incluye cirugías, terapias, medicamentos y procedimientos especializados para evitar un deterioro irreversible.

Señaló que, pese a lo anterior, desde el 30 de diciembre de 2024 su afiliación en salud ante la EPS SANITAS aparece en estado “Retirado”, por lo que no puede

6 Archivo 37 del cuaderno principal del expediente 11001310501920230031400.Demandante: Patricia Eunice Hernández Pianeta Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-05813-00

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acceder a los mencionados servicios médicos que necesita aun cuando cuenta con

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acceder a los mencionados servicios médicos que necesita aun cuando cuenta con órdenes vigentes. Situaciones que refirió haber denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde cursa su radicado P-482-21, MC-841-25.

Asimismo, indicó que desde el 27 de noviembre de 2022 no recibe el pago de sus incapacidades médicas a pesar de tener días reconocidos y liquidados por la EPS

SANITAS.

De otra parte, cuestionó que la Unión Temporal PI presenta mora en el pago de sus aportes desde el año 2020, lo cual fue denunciado ante las autoridades respectivas, como la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES y la UGPP, sin que estas tomaran medidas al respecto ni dieran respuestas de fondo a sus peticiones.

Alegó que el 17 de junio de 2025 elevó una petición ante la Presidencia de la República solicitando intervención ante el abandono estatal en el que considera estar, pero dicha entidad no contestó de fondo su solicitud y por competencia la remitió a la Superintendencia Nacional de Salud, sin brindar una solución real. Circunstancia puesta en conocimiento ante el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali que en sentencia del 4 de agosto de 2025 amparó su derecho de petición y ordenó a la entidad comunicarle formalmente la falta de competencia y el traslado de su solicitud, lo cual, en su sentir, no ha sido cumplido para la fecha de radicación

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