CE - Sentencia 11001031500020250594500

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 11001031500020250594500
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00

(acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00 11001-03-15-000-2025-06164-00 (acumulado) 11001-03-15-000-2025-05960-00 (acumulado)

Demandante: PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES Y OTRO

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA, Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia por falta de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se pretende utilizar la tutela como una instancia adicional / SUBSIDIARIEDAD – La parte actora contaba con otros mecanismos idóneos y eficaces para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. / DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO – DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No se acreditó su configuración.

eficaces para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. / DEFECTO PROCEDIMENTAL ABSOLUTO – DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN – No se acreditó su configuración. La decisión cuestionada fue razonable desde el punto de vista constitucional.

La Sala decide la s acciones de tutela instauradas por el Partido Colombia Justa Libres, Jaime Andrés Beltrán Martínez, Pedro Luis Padilla Hoyos, Ricardo Caballero Sarmiento y Héctor Rafael Iriarte Vitola contra la Sección Quinta del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de las demandas

  • Pretensiones expediente 11001-03-15-000-2025-05945-00

1. El 23 de septiembre de 2025, el Partido Colombia Justa Libres, a través de su representante legal 1, interpuso acción de tutela contra la s autoridades judiciales mencionadas, por considerar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política y a « la autonomía de las colectividades », con motivo de la sentencia del 21 de agosto de 2025, proferida en segunda instancia en el proceso de nulidad electoral con radicado 68001233300020230082002.

1 Óscar Manuel Vélez Reyes.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00 (acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 • Pretensiones expediente 11001-03-15-000-2025-06164-00

2. El 1° de octubre de 2025, el señor Jaime Andrés Beltrán Martínez interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la participación política, a ser elegido y a ejercer cargos públicos. Formuló las

siguientes pretensiones:

1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y derecho a ser elegido.

2. Que como consecuencia de lo anterior se deje sin efecto la sentencia atacada de la Sección Quinta del Consejo de Estado por cuanto incurre en un defecto procedimental absoluto, desconoce el precedente constitucional, realiza una inadecuada valoración proba toria, y viola directamente la

Constitución Política.

  • Pretensiones expediente 11001-03-15-000-2025-05960-00

3. El 23 de septiembre de 2025, los señores Ricardo Caballero Sarmiento, Pedro Luis Padilla Hoyos y Héctor Rafael Iriarte Vitola interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander y la Sección Quinta del Consejo de Estado, con el ob jeto de que se protejan sus derechos fundamentales a « elegir y ser gobernados por quienes votamos por el alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez ».

Formularon las siguientes pretensiones:

con el ob jeto de que se protejan sus derechos fundamentales a « elegir y ser gobernados por quienes votamos por el alcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez ». Formularon las siguientes pretensiones:

1. Que se ampare mis derechos políticos en los términos expuestos en este escrito.

2. Que se deje sin efectos la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado fecha el 21 de agosto de 2025.

4. De la s demandas de tutela , de las pruebas aportadas , la Sala extrae los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

5. En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, los señores Juan Nicolás Gómez Herrera, Fabián Díaz Plata, Édgar Solier Millares Escamilla y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, en escritos independientes, demandaron el Formulario E-26 ALC del 5 de no viembre de 2023, mediante el cual se declaró la elección del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez como alcalde de Bucaramanga, para el periodo

2024-2027.

6. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del acto de elección del señor Jaime Andrés Beltrán Martínez. La anterior decisión fue recurrida por el señor Beltrán Martínez y por el

tercero Carlos Arturo Duarte Martínez.

7. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de agosto de 2025, confirmó la decisión recurrida. La parte demandada y el demandante Édgar Solier Millares Escamilla presentaron solicitudes de aclaración y adición, las cuales

7. La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de agosto de 2025, confirmó la decisión recurrida. La parte demandada y el demandante Édgar Solier Millares Escamilla presentaron solicitudes de aclaración y adición, las cuales fueron negadas en providencia del 18 de septiembre de la misma anualidad.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00

(acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 • Argumentos expediente 11001-03-15-000-2025-05945-00

8. El Partido Colombia Justa Libres adujo que el Tribunal Administrativo de Santander acudió de manera irregular a la página web del Consejo Nacional Electoral para suplir la ausencia de una prueba válida que acreditara la doble militancia.

Asimismo, porque se valoraron documentos sin que h ubiesen sido formalmente decretados como pruebas, lo que impidió su contradicción y afectó la transparencia del proceso. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado practicó una prueba de oficio que reemplazó la carga probatoria de la demandante, quebrantando el principio de igualdad de armas.

9. Considera que se incurrió en defecto procedimental absoluto porque en la sentencia T-615 de 2019, se consideró que en un proceso en el cual se decretó una prueba de oficio en segunda instancia para cubrir la inactividad de una de las partes se vulneró el debido proceso. Expuso que, en el caso particular, los demandantes

sentencia T-615 de 2019, se consideró que en un proceso en el cual se decretó una prueba de oficio en segunda instancia para cubrir la inactividad de una de las partes se vulneró el debido proceso. Expuso que, en el caso particular, los demandantes solo aportaron los formularios E-6AL, E-8 AL y E-8CO, los cuales eran insuficientes para probar que el partido había inscrito candidatos al Concejo, dado que la Sección Quinta del Consejo de Estado reconoció que esa circunstancia generaba un punto oscuro sobre el código 14 en l os formularios, lo cual se requería para demostrar el elemento modal de la doble militancia.

10. Señaló que el Tribunal de primera instancia realizó una consulta informal en la página del Consejo Nacional Electoral, conducta que es ajena a las reglas procesales. Esa irregularidad fue consolidada por la Sección Quinta, al proferir el auto que decretó la prueba de oficio. En su criterio, el juez electoral « abandonó su rol de árbitro y actuó en la práctica como soporte procesal de una parte, lesionando de lleno los derechos del Partido Colombia Justa Libres».

11. Asimismo, considera que se incurrió en defecto fáctico al valorar la supuesta prueba que acreditaba la doble militancia por apoyo, esto es, la decretada de oficio por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en atención a que la parte demandante debía probar que el Partido Colombia Justas Libres había inscrito lista al Concejo de Bucaramanga, con el fin de demostrar la configuración de la causal de nulidad.

12. Adicionalmente, explicó que se desconocieron los derechos políticos de la colectividad, ante la imposibilidad de ejecutar su programa en el gobierno local, de

Bucaramanga, con el fin de demostrar la configuración de la causal de nulidad.

12. Adicionalmente, explicó que se desconocieron los derechos políticos de la colectividad, ante la imposibilidad de ejecutar su programa en el gobierno local, de incidir en la política pública y de representar a los ciudadanos que depositaron su confianza en él. En cuanto a la autonomía partidaria, reconocida en el artículo 107 de la Constitución, precisó que la decisión cuestionada vulneró sus estatutos, pues los mismos permiten el apoyo a candidatos de otros partidos.

13. Estimó vulnerado su derecho a la representación política , porque con la declaratoria de nulidad se incide de manera directa en los derechos del partido que otorgó el aval y en la proyección de la voluntad popular canalizada a través del partido. De igual modo, alegó la vulneración al derecho al buen nombre y a la confianza pública ante el estigma de no haber respetado las reglas democráticas, deteriorando su reputación institucional.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00

(acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

14. Por último, indicó que existe una laguna axiológica creada por la jurisprudencia sobre la prohibición de apoyo entre candidatos coaligados .

Precisó que la Ley 1475 de 2011 no prohibía al señor Beltrán Martínez en 2023 el apoyo a candidatos al Concejo de Bucaramanga postulados por el Partido de la U,

Precisó que la Ley 1475 de 2011 no prohibía al señor Beltrán Martínez en 2023 el apoyo a candidatos al Concejo de Bucaramanga postulados por el Partido de la U, toda vez que entre Colombia Justa Libres y el referido partido había una coalición. Expuso que esa prohibición fue creada por la sentencia del 14 de octubre de 2021, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.

15. De igual modo, refirió que esa prohibición niega la eficacia del artículo 262 de la Constitución, que fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015. En su criterio, esa reforma constitucional no les otorga autoridad a los jueces para que « inventen prohibiciones no previstas en la ley, que sirvan de sustento para anular actos de elección popular».

  • Argumentos expediente 11001-03-15-000-2025-06164-00

16. El señor Jaime Andrés Beltrán Martínez sostuvo que la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto procedimental absoluto y en desconocimiento del precedente. Para tal efecto, argumentó que la Corte Constitucional en la sentencia T-615 de 2019 declaró configurado el defecto porque el juez, mediante una prueba de oficio, remedió la pasividad de una de las partes.

17. Adujo que la inactividad de la parte actora en el proceso de nulidad electoral era manifiesta, pues en el material probatorio aportado no incluyó el único documento electoral que hubiera permitido establecer en grado de certeza si en la lista de «Juntos por Bucaramanga habían candidatos al Concejo de la ciudad: el E-6, pues

era manifiesta, pues en el material probatorio aportado no incluyó el único documento electoral que hubiera permitido establecer en grado de certeza si en la lista de «Juntos por Bucaramanga habían candidatos al Concejo de la ciudad: el E-6, pues solo una demandante allegó el formulario E -8CO, la que no informa si aquella lista era la de un grupo significativo de ciudadanos o una lista de coalición, y en este último caso cuáles p artidos la conformaban ». En su criterio, el hecho de que la autoridad judicial accionada hubiera decretado de oficio esa prueba rompió con la carga dinámica de la prueba y contradice los principios de igualdad y lealtad procesal.

18. Señaló que, durante el término de ejecutoria del auto del 8 de mayo de 2025, la parte demandada pidió que se decretara como prueba una certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la cual informara si la información solicitada en la prueba de oficio había sido previamente pedida por los demandantes, pero esta fue negada.

19. Refirió que la propia Sección Quinta ya había autolimitado sus facultades de instrucción dentro de los procesos de nulidad electoral. En la sentencia del 9 de febrero de 2017, expediente 2016 -00080-01 se consideró que la competencia del juez para decretar pruebas para mejor proveer no podía ejercerse para reemplazar o asumir el rol que tienen las partes. Explicó que desde el 29 de julio de 2023 los demandantes tenían las facilidades para saber si Colombia Justa Libres tuvo o no candidatos al Concejo de Buca ramanga para las elecciones locales. Agregó que la existencia de una candidatura por un partido político no es un hecho vago ni

demandantes tenían las facilidades para saber si Colombia Justa Libres tuvo o no candidatos al Concejo de Buca ramanga para las elecciones locales. Agregó que la existencia de una candidatura por un partido político no es un hecho vago ni impreciso, «pues por la propia regulación que se tiene siempre es conocido y preciso, solo que no ha sido probado por los demandantes».Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00 (acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

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20. Manifestó que la irregularidad cometida por la Sección Quinta es determinante, pues se trató del elemento fáctico central sin el cual la demanda de nulidad electoral no hubiera prosperado. La misma no puede corregirse por otra vía y fue debidamente alegada, pues fue advertida y combatida de manera sistemática a lo largo del proceso tanto en el recurso de apelación, en la presentación del incidente de nulidad y se reiteró en diversos memoriales.

21. También alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico en su dimensión positiva, porque se incorporó al proceso un elemento de prueba obtenido de forma irregular y sobre el mismo se edificó el razonamiento para anular el acto de elección. Explicó que el núcleo de la controversia del proceso giró en torno a la acreditación del elemento modal de la prohibición de doble militancia por apoyo, el cual requería la demostración de que el partido que avaló al candidato había inscrito, a su vez, una lista de candidatos al Concejo Municipal de Bucaramanga. Por

a la acreditación del elemento modal de la prohibición de doble militancia por apoyo, el cual requería la demostración de que el partido que avaló al candidato había inscrito, a su vez, una lista de candidatos al Concejo Municipal de Bucaramanga. Por tanto, sin la prueba de ese hecho, no nacía para el candidato la obligación de disciplina partidista y la acusación de doble militancia carecía de presupuesto fáctico y jurídico.

22. Indicó que la carga recaía en la parte demandante exclusivamente, pues los formularios aportados « solo crearon lo que la propia Sección Quinta denominó un “punto oscuro”: la duda irresoluta sobre a qué partido político correspondía el “código 14” con el que se inscribió una lista al Concejo». A pesar de ello, la autoridad judicial accionada decidió intervenir activamente para construir el hecho que los demandantes fueron incapaces de demostrar. Reiteró que la prueba de oficio decretada fue la conditio sine qua non para que la demanda prosperara.

23. Adicionalmente, sostuvo que la sentencia adolece de defecto fáctico por la valoración de mensajes de datos al aplicar indebidamente el régimen probatorio sobre videos y publicaciones de redes sociales. En su criterio, la vigencia de la Ley 527 de 1999 no fue desplazada por el CGP, de ahí que la fuerza probatoria de los mismos exige la verificación de los equivalentes funcionales de confiabilidad, autenticidad e integridad propios de la normativa especial.

24. Señaló que no se cumplieron con los requisitos de confiabilidad e integridad, pues no estaban los metadatos y la cadena de custodia que permitiera trazabilidad

autenticidad e integridad propios de la normativa especial.

24. Señaló que no se cumplieron con los requisitos de confiabilidad e integridad, pues no estaban los metadatos y la cadena de custodia que permitiera trazabilidad y autenticidad; hubo indeterminaciones técnicas y signos de edición y manipulación acreditados por la experticia de la defensa y, finalmente, porque no fue posible fijar con certeza las fechas y el contexto de la captura, lo que impedía satisfacer el elemento temporal de la doble militancia. Así las cosas, precisó que a partir de la valoración de dichos documentos se consideraron cumplidos los elementos objetivo y temporal del apoyo, que fueron decisivos para anular la elección.

25. Igualmente, alegó que se configuró el defecto fáctico porque se negó la incertidumbre sobre la fecha en la que ocurrieron los hechos que se observan en los videos. Indicó que la Ley 1475 de 2011 prohíbe los apoyos desde que se es candidato y desde que el propio partido inscribe sus candidatos en los otros cargos, pero como nunca se probó la fecha en la que se inscribió la lista de Juntos por Bucaramanga, al no incor porarse el formulario E -6CO, desde los alegatos de conclusión se planteó que todas esas reuniones ocurrieran antes que Jaime AndrésRadicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00

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Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 o los mismos concejales fueran formalmente inscritos como candidatos « debido a

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 o los mismos concejales fueran formalmente inscritos como candidatos « debido a que los números en el tarjetón de los candidatos a los concejos no se sortean, como sí sucede con los cargos unipersonales, sino que responden a los acuerdos políticos que se pactan antes de formalizar las inscripciones».

26. Le atribuyó a la decisión cuestionada el defecto por violación directa de la Constitución al interpretar y aplicar las facultades que le otorga la ley procesal de una forma que contraviene directamente los postulados constitucionales, bajo el pretexto de la búsqueda de la verdad. Indicó que la interpretación realizada por la Sección Quinta del artículo 213 del CPACA fue «miope y descontextualizada», pues dicha facultad está limitada por los principios de igualdad de armas, imparcialidad y carga de la prueba.

27. Adujo que se vulneró el derecho a la igualdad de trato frente a otros casos resueltos por la Sección Quinta en los cuales a falta de prueba del elemento modal se falló a favor de los demandados y no se decretaron pruebas de oficio. Citó los siguientes casos: (i) alcalde de Lebrija (expediente 68001 -23-33-000-2023-0080701); (ii) alcalde de Soacha (expediente 25000 -23-41-000-2024-00167-01); (iii)

diputado de Sucre (expediente 70001 -23-33-000-2024-00013-01); (iv ) alcalde de Firavitoba (expediente 15001-23-33-000-2023-00475-01); (v) gobernadora del Meta (expediente 11001-03-28-000-2023-00144-00)

28. Por último, argumentó que extender la causal de nulidad electoral al supuesto en el cual un aspirante a un cargo de elección popular inscrito por una coalición apoye a candidatos pertenecientes a otros partidos o movimientos políticos que hacen parte de la misma coalición que lo inscribió constituye una interpretación extensiva de las causales, lo cual es contrario a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, toda vez que al tratarse de limitaciones al ejercicio de derechos políticos deben interpretarse de manera restrictiva.

  • Argumentos expediente 11001-03-15-000-2025-06164-00

29. Los señores Ricardo Caballero Sarmiento, Pedro Luis Padilla Hoyos y Héctor Rafael Iriarte Vitola argumentaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en violación directa de la Constitución al anular la elección del alcalde de Bucaramanga mediante varias irregularidades procesales y sustanciales que lesionaron el núcleo esencial del derecho al voto y la legitimidad democrática.

30. Manifestaron que el error consistió en suplir la insuficiencia probatoria de los demandantes acudiendo a una consulta informal en la página web del Consejo Nacional Electoral para identificar la pertenencia del denominado código 14 al partido Colombia Justa Libres, y esa actuación nunca fue decretada como prueba, no se

demandantes acudiendo a una consulta informal en la página web del Consejo Nacional Electoral para identificar la pertenencia del denominado código 14 al partido Colombia Justa Libres, y esa actuación nunca fue decretada como prueba, no se tuvo oportunidad de ejercer el derecho de contradicción y carecía de validez jurídica. Cuestionó que esa circunstancia fue convalidada en segunda instancia al decretar de oficio una prueba para obtener la misma información.

31. Indicaron que se incurre en defecto procedimental absoluto al emplear pruebas de oficio para remediar la inactividad procesal de una de las partes, porque interpretó el artículo 213 del CPACA en contravía de lo previsto en los artículos 1, 3,Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00

(acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 4 y 40 de la Constitución.

32. Señalaron que se creó una laguna axiológica por la jurisprudencia de la Sección Quinta sobre la prohibición de apoyo entre candidatos coaligados, lo cual niega la eficacia del artículo 262 de la Constitución, pues lo considerado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-368 de 2025 «genera una conclusión clara: salvo que lo prohíba la ley, el apoyo entre candidatos coaligados está permitido ». De manera que, en su criterio, no existe mandato en la ley que « impidiera a Jaime Andrés Beltrán apoyar a candidatos del Partido de la U al Concejo de Bucaramanga»

manera que, en su criterio, no existe mandato en la ley que « impidiera a Jaime Andrés Beltrán apoyar a candidatos del Partido de la U al Concejo de Bucaramanga»

B. Trámite impartido e intervenciones

  • Expediente 2025-05945-00

33. Mediante auto de 29 de septiembre de 2025, se admitió la solicitud de amparo con radicado 2025 -05945-00, se ordenó notificar la decisión a la s autoridades judiciales demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, como terceros con interés, a los señores Jaime Andrés Beltrán Martínez, Juan

Nicolás Gómez Herrera, José Gualdrón Guerrero, Carlos Augusto González Duarte, Édgar Solier Millares Escamilla, Carlos Arturo Duarte Martínez, Mauricio Gómez Niño, José Augusto Támara Garrido, Fabián Díaz Plata y Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, así como al registrador nacional del Estado Civil y al pr esidente del Consejo Nacional Electoral . También se tuvieron como prueba los documentos aportados con la demanda.

34. El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ponente de la decisión censurada, indicó que ni el Partido Colombia Justa Libres ni el señor Óscar Manuel Vélez Reyes fueron parte ni sujeto procesal en el proceso de nulidad electoral en el que se profirieron las decisiones cuestionadas, por lo que no s e encuentran legitimados en la causa por activa.

35. Adicionalmente, señaló que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional porque se limitó a cuestionar de manera genérica y abstracta el

encuentran legitimados en la causa por activa.

35. Adicionalmente, señaló que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional porque se limitó a cuestionar de manera genérica y abstracta el aspecto probatorio de la decisión con fundamento en apreciaciones subjetivas sin evidenciar por qué se vulneraron los derechos fundamentales.

36. Sostuvo que no se configuraron los defectos alegados. Para tal efecto, indicó que como no había certeza sobre si la colectividad política identificada con el código 14 en el Concejo de Bucaramanga correspondía al mismo de la alcaldía de ese municipio, fue necesario aclarar ese punto que resultaba indispensable para resolver la contienda. Por esa razón se decretó la prueba de oficio.

37. Explicó que las partes sí aportaron una serie de documentos al proceso, pero sobre los mismos se generó un punto oscuro que el juez podía y debía despejar a través del auto para mejor proveer.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00

(acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

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38. El Consejo Nacional Electoral solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

39. La magistrada del Tribunal Administrativo de Santander manifestó que la parte actora no está legitimada por activa porque no intervino como parte en el proceso judicial y no acudió al juez ordinario que realizó el examen de legalidad en el proceso de nulidad electoral. Asimismo, adujo que no se cumple con el r equisito

parte actora no está legitimada por activa porque no intervino como parte en el proceso judicial y no acudió al juez ordinario que realizó el examen de legalidad en el proceso de nulidad electoral. Asimismo, adujo que no se cumple con el r equisito de relevancia constitucional.

40. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.

41. Mediante auto del 14 de noviembre de 2025, se declaró fundado el impedimento presentado por el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez y se extendió dicho pronunciamiento a todos aquellos casos que se llegaren a acumular, sin que fueran necesarias nuevas manifestaciones de impedimento por parte del mencionado consejero.

  • Expediente 2025-06164-00

42. Mediante auto del 6 de octubre de 2025, el despacho del magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez remitió el proceso para que se decidiera sobre la posible acumulación al proceso con radicado 2025-05945-00. En auto del 14 de octubre de la misma anualidad, se decretó la acumulación, se suspendió el trámite del proceso con radicado 2025-05945-00 hasta que se encontrara en la misma etapa, se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y a los terceros con interés. Asimismo, se negó la medida provisional solicitada.

43. El magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado, ponente de la decisión censurada, afirmó que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque el escrito se limitó a cuestionar el aspecto probatorio de la decisión.

decisión censurada, afirmó que la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional porque el escrito se limitó a cuestionar el aspecto probatorio de la decisión.

44. Argumentó que la prueba de oficio decretada tuvo como finalidad establecer si los candidatos que aparecen en el formulario E -8 que sí obraba en el expediente pertenecían o no al partido Colombia Justa Libres.

45. Explicó que el punto diferenciador con los casos relacionados en el escrito de tutela: alcaldes de Lebrija, Soacha, Firavitoba, diputado de Sucre y gobernadora del Meta, es que en estos no existían documentos electorales que generaban duda, porque no se aportó nada. Mientras que, en el proceso cuestionado, sí existían pruebas porque se contaba con el formulario E -8 AL en el que se certificaba que el señor Beltrán Martínez fue inscrito por el partido código 14, y del análisis conjunto con el formulario E-6AL, se derivó que dicho número correspondía a Colombia Justa Libres. Además, también se aportó el formulario E -8 CO en el cual consta que los señores Tito Alberto Rangel Arias, Isidora Galvis Mier y Aleicer Castro Jiménez fueron inscritos como candidatos al Concejo de Bucaramanga p or el partido código 14, sin precisarse a cuál organización política correspondía dicho número.Radicado: 11001-03-15-000-2025-05945-00

(acumulado)

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

Demandante: Partido Colombia Justa Libres y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9

46. Indicó que contrario a lo afirmado por el accionante, no se tuvieron en cuenta los actos de apoyo que no se hicieron en espacios públicos tal como se consideró en la sentencia de segunda instancia.

47. Expuso que, frente a los cuestionamientos relacionados con los apoyos brindados a aspirantes avalados por partidos pertenecientes a la misma coalición del demandado, la posición mayoritaria de la Sala Electoral es que, cuando el partido propio inscribe candidatos a otros cargos de elección popular, existe deber de lealtad respecto de aquellos.

48. Finalmente, ante la negativa reiterada de recursos e incidentes de la defensa, expuso que el trámite se vio afectado por múltiples peticiones abiertamente improcedentes, que debían tenerse como dilatorias conforme lo establece el artículo 295 del CPACA. Para tal efecto, hizo un recuento de las actuaciones y manifestó que se resolvieron cada uno de los planteamientos de las partes e intervinientes, conforme la normatividad sustancial y procesal.

49. El señor Fabián Díaz Plata sostuvo que la parte actora pretende revivir las etapas procesales que ya fenecieron, con el fin de quitarle validez a las pruebas que fueron incorporadas al proceso. Precisó que en

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