CE - Sentencia 11001031500020250599400
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250599400
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C, trece [13] de noviembre de dos mil veinticinco [2025]
Referencia: ACCIÓN TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2025-05994-00
Demandante: JULIÁN DE JESÚS PANIAGUA VALDERRAMA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial – reparación directa – hacinamiento carcelario – Ampara por trasgresión al derecho a la igualdad e improcedencia por falta de agotamiento de todos los medios de defensa judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la presente acción de tutela de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
El 24 de septiembre de 2025, el señor Julián de Jesús Paniagua Valderrama interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.
Consideró que las anteriores garantías superiores fueron vulneradas con ocasión de la sentencia de 29 de julio de 2025 mediante la c ual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en segunda instancia, accedió a las pretensiones del accionante en el proceso de reparación directa por hacinamiento carcelario identificado con el radicado 05001 -33-33-029-201800261-01.
1.2. Pretensiones
Lo requerido en el mecanismo constitucional es lo siguiente:
[…]
E.2. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, verdad, justicia y reparación, conculcados al señorDemandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co JULIÁN DE JESÚS PANIAGUA VALDERRAMA y como consecuencia de lo anterior adoptar las siguientes determinaciones.
E.2.1. Dejar sin efecto, PARCIALMENTE, la providencia proferida por el
JULIÁN DE JESÚS PANIAGUA VALDERRAMA y como consecuencia de lo anterior adoptar las siguientes determinaciones.
E.2.1. Dejar sin efecto, PARCIALMENTE, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia atrás reseñada.
E.2.2. Ordenar que se corrijan los errores de la sentencia #108 del 29 de julio de 2025, previa solicitud ante el INPEC de los índices de hacinamiento año a año desde el 2008 al 2017 del patio 4, para saber con exactitud el porcentaje de hacinamiento máximo en el patio 4 de Bellavista y poder aplicar la regla de tres simple, para tasar correctamente la indemnización1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
- El señor Julián de Jesús Paniagua Valderrama y otros 2, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho , Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [en adelante INPEC], y la Unidad de Servicios Penitenciari os y Carcelarios [en adelante USPEC ] por los presuntos perjuicios derivados de la condición de hacinamiento carcelario 3 que padeció cuando estuvo privado de la libertad en la Cárcel Bellavista del Distrito de Medellín4 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en calidad de condenado.
- El 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito
Medellín4 por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en calidad de condenado.
- El 30 de septiembre de 2021, el Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda al considerar que «solo se acreditó, la limitación d e algunos de sus derechos que se constituyen consecuencias por estar privado de la libertad […] No justifica el Despacho el hacinamiento presentado en las cárceles a nivel nacional y menos aún en el EPMSC-Bellavista, pues es claro que esta situación repres enta, como bien lo ha establecido en reiteradas oportunidades y desde 1998 la Corte Constitucional, un estado de cosas inconstitucionales, lo que constituye un hecho notorio […]».
- El 29 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión revocó lo dispuesto por el a quo , para en su lugar declarar administrativamente responsable a las demandadas y condenó al pago de 3 .2
SMLMV por concepto de daño moral, y 3.2 por afectación a bienes constitucionales y/o convencionalmente protegidos.
- Para sustentar el monto de la condena otorgada a la víctima directa el tribunal hizo alusión del criterio de tasación de perjuicios contenido de la sentencia de 20 de noviembre de 2020 , proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
1 Transcrito con posibles errores ortográficos del texto original. 2 Flor Elisa Valderrama de Paniagua, Juan David Paniagua Valderrama, Sandra Marcela Paniagua Valderrama y María del Pilar Paniagua Valderrama.
1 Transcrito con posibles errores ortográficos del texto original. 2 Flor Elisa Valderrama de Paniagua, Juan David Paniagua Valderrama, Sandra Marcela Paniagua Valderrama y María del Pilar Paniagua Valderrama. 3 En el expediente contencioso «se encuentra probada la situación de hacinamiento en prome dio cercano al 303% que afrontó el patio 4 del penal en el periodo que estuvo privado de la libertad el señor Paniagua Valderrama, lo cual es informado por el INPEC en el Oficio con radicado 502EPMSCMED-DIR fechado el 21 de noviembre de 2019 […]». 4 «entre el 13 de noviembre de 2008 y el 16 de diciembre de 2017, esto es 8.09 años ».Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Subsección B5, en donde se condenó a la Nación por hacinamiento carcelario.
- Agregó, que también se debe tener en cuenta la jurisprudencia respecto a los topes indemnizatorios en casos de privación injusta de libertad, «por cuanto se debe considerar una afectació n menos gravosa; además porque de alguna manera la conducta delictiva del demandado dio lugar al perjuicio; y que se debe tener en cuenta el daño causado a la sociedad y a las víctimas, así como los gastos en que incurre el Estado en la manutención de los reclusos y los centros
manera la conducta delictiva del demandado dio lugar al perjuicio; y que se debe tener en cuenta el daño causado a la sociedad y a las víctimas, así como los gastos en que incurre el Estado en la manutención de los reclusos y los centros carcelarios», por lo que el límite máximo de los perjuicios morales será del 20% de lo fijado para la privación injusta de la libertad6.
- Por lo anterior, concluyó que:
Para establecer la variable H se tiene que de la respuesta dada por el INPEC se extrae que durante el tiempo que la víctima estuvo en Bellavista el índice de hacinamiento era en promedio del 303%, porcentaje al que le corresponderían 12.1
SMMLV7.
(20 SLMV 0,5) + (12.1 0,5) = i
10 SLMV + 6 SMLV = i
16 SLMV = i
Ahora bien, en el entendido que, en la figura de la privación injusta, la ausencia total de libertad injustamente representa el 100%. Entre tanto, en la privación justa (desde un ámbito estrictamente jurídico y no material) lesionada con la afectación irregular por el hacinamiento, se debe tener un valor inferior, que sea proporcional al grado de hacinamiento padecido durante el tiempo de reclusión y tomando en cuenta el arbitrio judicial.
Por [lo] antedicho se tendrá en cuenta la tabla del monto de l os perjuicios morales fijados líneas arriba partiendo de que el límite máximo en el sub examine será el 20% de lo fijado para la privación injusta de la libertad, […]
Así las cosas, la Sala condenará a las entidades demandadas a pagar al
fijados líneas arriba partiendo de que el límite máximo en el sub examine será el 20% de lo fijado para la privación injusta de la libertad, […]
Así las cosas, la Sala condenará a las entidades demandadas a pagar al demandante la suma equivalente a 3.2 S[M]LMV a título de daño moral.
[…]
Corolario a lo expuesto, se condenará a las entidades demandadas al pago de un monto igual al reconocido por perjuicios morales por concepto de grave afectación a bienes constitucionales y/o convenc ionalmente protegidos, a favor de JULIAN DE
JESÚS PANIAGUA VALDERRAMA
- La providencia de segunda instancia fue notificada el 30 de agosto de 2025.
- Los demandantes solicitaron corregir la providencia que definió la controversia , oportunidad en la que cuestionaron la operación aritmética que usó el ad-quem para otorgar los perjuicios.
5 Rad 18001-23-33-000-2013-00216-01(AG) M.P Alberto Montaña Plata. 6 Se aclara que si bien el tribunal advirtió que realizaría una deducción del 20% frente a lo que ha considerado la jurisprudencia en los casos de privación injusta de libertad, en realidad dicha disminución la realizó respecto de los montos establecidos por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en un caso de hacinamiento carcelario [18001 -23-33-000-201300216-01(AG)]. 7 Este dato lo extrajo de la sentencia 18001-23-33-000-2013-00216-01(AG).Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión
00216-01(AG)]. 7 Este dato lo extrajo de la sentencia 18001-23-33-000-2013-00216-01(AG).Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
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- El 28 de agosto de 2025 la autoridad judicial accionada negó tal requerimiento al precisar que lo pretendido era «modificar la cuantía de la condena y, por ende, alterar el s entido mismo de la parte resolutiva, lo que constituye una modificación sustancial del fallo y no una simple corrección».
- El auto que resolvió de manera desfavorable la petición del extremo activo fue notificado el 29 de agosto de 2025 y la acción de tute la de la referencia fue radicada el 24 de septiembre de 2025.
1.4. Fundamentos de la solicitud
En este caso el accionante, luego de recordar los fundamentos de la demanda contenciosa en donde se profirió la sentencia controvertida , expuso que se le vulneraron sus derechos fundamentales al configurarse un desconocimiento del precedente.
Para fundamentar tal cargo p recisó que, aunque la autoridad judicial accionada sustentó su decisión en la «jurisprudencia» de la Subsección B de la Sección Tercera del Con sejo de Estado, no determinó en debida forma la tasación de los perjuicios, ya que otorgó la misma suma por concepto de daño moral y perjuicio
Tercera del Con sejo de Estado, no determinó en debida forma la tasación de los perjuicios, ya que otorgó la misma suma por concepto de daño moral y perjuicio inmaterial a derechos constitucionalmente protegidos, cuando la indemnización que corresponde al segundo concepto deber ser el doble del primero8.
Destacó que el ad quem realizó una doble reducción de los perjuicios, ya que , en la tabla de la sentencia d e 20 de noviembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B 9, ya se había efectua do la reducción respecto de los valores otorgados en casos de privación injusta de la libertad.
Precisó que el monto otorgado en la sentencia controvertida corresponde solo a un mes de l tiempo efectivo de reclusión contenido en «la tabla de la cárcel EPCMS CUNDUY de mujeres de Florencia -Caquetá», cuando la víctima directa estuvo recluida por 9 años, 1 mes y 3 días.
Indicó que el tribunal no tuvo en cuenta los rangos establecidos en el antecedente en cita, al punto que la autoridad judicial accionada debió clasificarlos en un total de 11010.
Agregó que otro error en el que incurrió la accionada fue que no tuvo en cuenta el dato real del hacinamiento de la cárcel Bellavista, durante las fechas exactas, por lo que era necesario requerir información al INPEC para realizar la correcta
8 En la sentencia proferida en el expediente 18001 -23-33-000-2013-00216-01(AG), la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso: « La S ala reconocerá como tope
8 En la sentencia proferida en el expediente 18001 -23-33-000-2013-00216-01(AG), la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado dispuso: « La S ala reconocerá como tope indemnizatorio para el perjuicio moral 20 SMLMV para compensar los intensos sufrimientos de las detenidas, y 40 SMLMV para compensar el otro perjuicio inmaterial a los derechos de las int ernas». 9 Rad 18001-23-33-000-2013-00216-01(AG) M.P Alberto Montaña Plata. 10 El rango de 110 se infiere que corresponde a la división de la totalidad de los meses en los que estuvo recluido en condiciones de hacinamiento, teniendo en cuenta el tope de los 20 SMLMV en los términos fijados por la subs ección en cita. A modo de ejemplo, en este hipotético caso, el accionante establece que a cada rango le correspondería 0,1818 SMLMV.Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tasación de los perjuicios, tal y como lo dispuso en la providencia que más adelante se relacionará.
En resumen, resaltó que se trasgredió el «principio de congruencia», porque el tribunal concedió «algo distinto y muy inferior de lo que se probó en la demanda».
Además, expuso que el tribunal desconoció su propio precedente, ya que en la
En resumen, resaltó que se trasgredió el «principio de congruencia», porque el tribunal concedió «algo distinto y muy inferior de lo que se probó en la demanda».
Además, expuso que el tribunal desconoció su propio precedente, ya que en la sentencia de 31 de octubre de 2025, proferida al interior del expediente 05001 -3333-022-2017-00492-04, y suscrita por los mismos magistrados qu e emitieron la providencia aquí cuestionada, la autoridad judicial accionada fijó unos parámetros para determinar los perjuicios en casos de hacimiento carcelario, al punto de que en ese asunto, al no contar con los índices exactos de haci namiento correspondiente a todos los meses, procedió a condenar en abstracto.
Enfatizó que el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión en la sentencia en cita determinó:
A manera de ejemplo si una persona estuvo recluida en condiciones de hacinamiento durante tres años (36 meses), con un porcentaje de hacinamiento en el primer año del 150%, en el segundo del 200% y en el tercer año del 300%, vamos a la tabla de la sentencia de perjuicios morales y le correspondería una indemnización de 100 SMLMV p or haber estado mas de 18 meses, le aplicamos el 20%, nos daría 20 SMLMV, esa seria la indemnización si el hacinamiento hubiera sido del 300% durante los tres años, pero como no fue así, hay que aplicar una regla de tres simple, si por trescientos por ciento la indemnización es de 20 SMLMV, por el promedio de hacinamiento durante los tres años, que es 216.6%, cuánto seria?, y nos da una indemnización de 14,4 SMLMV.
regla de tres simple, si por trescientos por ciento la indemnización es de 20 SMLMV, por el promedio de hacinamiento durante los tres años, que es 216.6%, cuánto seria?, y nos da una indemnización de 14,4 SMLMV.
Así las cosas, del material obrante en el expediente se desprende que Jhon Jairo Julio Diaz, estuvo recluido por 36,4 meses, por lo cual se condenará en abstracto a las demandadas al pago de perjuicios morales a favor de la víctima directa11.
Dicho proveído fue objeto de adición en el siguiente tenor:
PRIMERO: Adiciona un numeral noveno en la s entencia proferida el 31 de octubre de 2024, el cual quedará con el siguiente tenor literal.
NOVENO. SE REQUIERE a la parte demandante que, antes de presentar el incidente de liquidación, gestione ante el INPEC la certificación correspondiente al grado de hacinamiento registrado mes a mes durante el período en que John Jairo Julio Díaz estuvo privado de la libertad. Dicha certificación deberá detallar específicamente el grado de hacinamiento de los patios en los que el afectado estuvo recluido, a fin de g arantizar una v aloración precisa de las condiciones de reclusión y de los perjuicios ocasionados. Subsidiariamente, en caso de que lo anterior sea imposible, se tomara en cuenta el grado de hacinamiento anual y general de la cárcel.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 2 de octubre de 2025 el despacho sustanciador admitió el mecanismo constitucional de la referencia, oportunidad en la que dispuso notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda
Mediante auto de 2 de octubre de 2025 el despacho sustanciador admitió el mecanismo constitucional de la referencia, oportunidad en la que dispuso notificar en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión. Por su parte, v inculó como terceros con interés en las resultas del
11 Transcrito del texto original con posibles errores ortográficos.Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso al Juzgado 29 Administrativo del Circuito de Medellín y «a las partes e intervinientes del expediente 05001-33-33-029-2018-00261-01».
El magistrado instructor al evidenciar de que no se había notificado a los demás integrantes de la parte activa del proceso contencioso, dispuso dar cumplimiento a la orden dada en el auto admisorio, a lo cual Secretaría General procedió.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. El INPEC pidió declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que las pretensiones van dirigidas contra el tribunal accionado.
1.6.2. La Nación, Ministerio de Jus ticia y del Derecho alegó que , si bien no compartía la decisión controvertida, ésta cumplía con los presupuestos necesarios
1.6.2. La Nación, Ministerio de Jus ticia y del Derecho alegó que , si bien no compartía la decisión controvertida, ésta cumplía con los presupuestos necesarios para su emisión. Destacó que la tutela no fue concebida para reabrir el debate probatorio.
Puso de presente que la autoridad judici al accionada ha «proferido decisiones en el mismo sentido, por los mismos hechos, por el mismo motivo y en el mismo centro carcelario […] Proceso No. 05001333301820180019501 […] Proceso No. 05001-33-33-022-2018-00404-03» en donde ha resuelto de igual forma.
1.7. Trámite para resolver impedimento
El despacho sustanciador presentó proyecto de fallo a la sala, no obstante, el 12 de noviembre de 2025, la magistrada Gloria María Gómez Montoya manifestó estar impe dida para conocer del asunto de la referencia co n fundamento en la causal 6. º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en atención a que:
[…]conocí del medio de control de reparación directa objeto de la presente acción de tutela cuando me desempeñaba como Magistrada del Tribunal Administra tivo de Antioquia, Sala Segunda de Oralidad. Específicamente, el 24 de enero de 2022 dicté auto que admitió el recurso de apelación contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Juzgado Vei ntinueve Administrativo del Circuito Judicial de Medellín […].
Con providencia de 13 de noviembre de 2025, la referida manifestación se declaró fundada debido a que al dictar el auto que admite la apelación de 24 de enero de
de Medellín […].
Con providencia de 13 de noviembre de 2025, la referida manifestación se declaró fundada debido a que al dictar el auto que admite la apelación de 24 de enero de 2022 del proceso ordinario, la magistrada conoció y actuó en el proceso que culminó con la sentencia que se acusa en el sub examine. Por lo que, mal haría la magistrada Gómez Montoya en pronunciarse sobre las consideraciones expuestas por el tribunal del cual hizo, ya que, al conocer d icho asunto con anterioridad, podría tener una «posición tomada» frente al fondo del asunto.Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela presentada por Julián de Jesús Paniagua Valderrama , de conformidad con lo establecido en los Decretos 1069 de 2015 y 333 de 2021, y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa - solicitud de desvinculación
Esta colegiatura advierte que , si bien el INPEC solicitó su desvinculación del presente trámite, la referida petición será negada, en razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las
Esta colegiatura advierte que , si bien el INPEC solicitó su desvinculación del presente trámite, la referida petición será negada, en razón a que su comparecencia a este mecanismo se hizo en calidad de tercero con interés en las resultas del proceso y no como autoridad judicial demandada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sección determinar si, en el caso concreto, se presenta una vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferida en segunda instancia el 29 de julio de 2025.
Para el efecto, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva , y (iii) estudio del caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 12 unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acció n de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificar los para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros proce dería ese estudio,
modificarlos y unificar los para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales14.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros proce dería ese estudio, pues la sentencia de unificac ión simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento jurisprudencialmente».
12 Sala Plena . Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María Elizabeth García González. 13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 14 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Co rte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Co rte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial
En primer lugar, la sala considera que no se cumple el requisito de agotamiento de todos los medios de defensa judicial, en cuanto al cargo sustentado en que el ad quem trasgredió el «principio de congruencia», porque concedió «algo distinto y muy inferior de lo que se probó en la demanda », toda vez que la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión previst o en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, par ticularmente por la causal del numeral 5. ° del artículo 250 ibidem, esto es, «[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación», como se pasará a explicar.
En efecto, sea válido o no este fundamento, lo cierto es que esta sección no puede determinar si el proveído bajo cuestionamiento es incongruente , porque este estudio le incumbe al funcionario judicial que debe resolver el eventual recurso extraordinario de revisión.
Frente al punto, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de Decisión de esta Corporación16, la incongruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, en los siguientes términos:
[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia
Decisión de esta Corporación16, la incongruencia da lugar a la nulidad originada en la sentencia, en los siguientes términos:
[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA c onsagra en su numeral 5º, como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CP ACA, por nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
15 Consejo de Es tado. Sala Plena de lo Contencioso Administr ativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contenci oso Administrativo. Sala Veintidós Especial de Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 1100103-15-000-2015-02342-00(REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro.Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión
03-15-000-2015-02342-00(REV). M.P. Alberto Yepes Barreiro.Demandante: Julián de Jesús Paniagua Valderrama Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión Radicado: 11001-03-15-000-2025-05994-00
9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la causa petendi.
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En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte demandada . Y, en e l segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
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En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACAantes 6 del artículo 188 del C.C.A. -, es decir, nulidad originada en la sentencia,
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACAantes 6 del artículo 188 del C.C.A. -, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, e n específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar.
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Fuerza concluir
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