CE - Sentencia 11001031500020250704900
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 11001031500020250704900
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07049-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ
QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA. ADEMÁS, TAMPOCO CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD, PUES EL MEDIO DE CONTROL
OBJETO DE ESTUDIO SE ENCUENTRA EN CURSO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE
SANTANDER1.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1 En adelante el Tribunal.2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07049-00
nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
1 En adelante el Tribunal.2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07049-00
Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a l a administración de justicia y al principio de moralidad administrativa, los cuales estima vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido la providencia de 2 de octubre de 2025 dentro del medio de control de nulidad identificado con el número único de radicación 2025-0008501, al cual se acumuló el expediente número 2025-00110-00.
I.2. Hechos
Adujo que junto con los señores JORGE RODRÍGUEZ CARRILLO , YESID AVELLA MARTÍNEZ y CARLOS FERNANDO SÁNCHEZ , promovieron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad contra el MUNICIPIO2 y el CONCEJO DE PAMPLONA3, con el fin de obtener la nulidad del Acuerdo núm. 005 de 28 de abril de 2025, “Por medio del cual se autoriza al alcalde para contratar un empréstito con destino a la ejecución de proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo Pamplona cívica, ordenada y segura para el periodo 2024-2027”.”
Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de
empréstito con destino a la ejecución de proyectos de inversión contemplados en el plan de desarrollo Pamplona cívica, ordenada y segura para el periodo 2024-2027”.”
Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2025-00085-004 y le correspondió por reparto en primera
2 En adelante MUNICIPIO. 3 En adelante CONCEJO. 4 Al cual se le acumuló el expediente número 2025-00110-00.3
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co instancia al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE PAMPLONA5 que, mediante auto de 23 de julio d e 2025, suspendió provisionalmente los efectos del acto administrativo demandado.
Advirtió que inconforme con lo anterior, el MUNICIPIO interpuso recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante auto de 2 de octubre de 2025, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó la solicitud de medida cautelar.
I.3. Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, en la medida en que no valoró en debida forma las pruebas documentales que reposaban en el expediente ordinario, entre ellas, la notificación del auto proferido por el JUZGADO que
defecto fáctico, en la medida en que no valoró en debida forma las pruebas documentales que reposaban en el expediente ordinario, entre ellas, la notificación del auto proferido por el JUZGADO que decretó la medida cautelar solicitada, previo al desembolso del dinero correspondiente al empréstito por parte de BANCOLOMBIA S.A.
Sostuvo que también incurrió en defecto sustantivo al desnaturalizar la finalidad preventiva de las medidas cautelares dentro de los procesos ordinarios, puesto que suprimió y/o pasó por
5 En adelante Juzgado.4
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co alto la obligatoriedad d e los efectos de la suspensión provisional dictada por el JUZGADO.
Adujo que la providencia judicial cuestionada incurrió en defecto procedimental, dado que fue notificada de manera extemporánea, esto es, 35 días después de la fecha en que fue proferida, lo cual le impidió ejercer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.
Por último, aseguró que el TRIBUNAL incurrió en violación directa de la Constitución, por cuanto dejó de lado los artículos 209 y 334 y desconoció el principio de moralidad administrativa.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia:
de la Constitución, por cuanto dejó de lado los artículos 209 y 334 y desconoció el principio de moralidad administrativa.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia:
“[…] PRIMERO: ADMITIR la presente Acción de Tutela por la configuración de la Vía de Hecho Judicial en sus causales concurrentes de defecto fáctico, sustantivo y procedimental absoluto.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.P.), Acceso a la Administración de Justicia (Art. 229 C.P.) y el principio de Moralidad Administrativa (Art. 209 C.P.) del accionante y de la comunidad pamplonesa.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS JURÍDICOS el Auto Interlocutorio proferido por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander el 02 de octubre de 2025, que revocó la medida cautelar.5
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co CUARTO: RESTITUIR Y ORDENAR LA VIGENCIA INMEDIATA de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 005 de 2025, del contrato de empréstito con Bancolombia S.A. y de la pignoración de rentas futuras, decretada
de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acuerdo 005 de 2025, del contrato de empréstito con Bancolombia S.A. y de la pignoración de rentas futuras, decretada por Auto N.º 304 del 23 de julio de 2025 (y ratificada por Auto N.º 364 del 12 de agosto de 2025), MANTENIENDO SUS
EFECTOS INELUDIBLES HASTA LA SENTENCIA DE FONDO.
QUINTO: ORDENAR a la Sala Accionada que, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas, profiera una nueva decisión con valoración integral del acervo probatorio y documental de los expedientes acumulados (Auto 260), con base en la cronología probada de la notificación, y con plena observancia de los Arts. 229 -231 y 233 del CPACA , y la jurisprudencia constitucional. […]
SÉPTIMO: EXHORTAR Y ORDENAR a la Alcaldía de Pamplona y a Bancolombia S.A. al cumplimiento estricto e inmediato de la restituida medida cautelar, previniéndolos de las consecuencias penales, disciplinarias y fiscales que implica su desacato. […]”.
(Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó desestimar la acción de tutela de la referencia, toda vez que no se configur aron los defectos manifestados por el actor que haga procedente su estudio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El MUNICIPIO señaló que no está legitimado en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación, puesto que el presunto
manifestados por el actor que haga procedente su estudio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El MUNICIPIO señaló que no está legitimado en la causa por pasiva, por lo que solicitó su desvinculación, puesto que el presunto responsable de la trasgresión de los derechos fundamentales alegados es el TRIBUNAL.6
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co I.6.2.- BANCOLOMBIA S.A. solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional de la referencia, por cuanto no ha vulnerado derecho fundamental alguno en sus actuaciones.
I.6.3.- Los señores JORGE RODRÍGUEZ CARRILLO , YESID AVELLA MARTÍNEZ , CARLOS FERNANDO SÁNCHEZ , el CONCEJO y el JUZGADO, a pesar de ser notificados en debida forma, guardaron silencio
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Cuestión previa La Sala advierte que el MUNICIPIO solicitó ser desvinculado de la presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva.7
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos: “[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente: “2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
sustancial que se discute en el proceso. (…). La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción. La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisi ón que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto). Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya8
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya8
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que el MUNICIPIO funge como demandado dentro del medio de control objeto de tutela , la Sala concluye que le asiste interés directo en la acción constitucional de la referencia, razón por la que se denegará la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debién dose
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debién dose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia9
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternati vo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.10
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
cumplimiento de las funciones de esta última.10
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible [8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.11
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.11
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado[11].
- Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se deje sin efecto la providencia de 2 de octubre de 2025, proferida por el TRIBUNAL, que revocó la decisión de 23 de julio de este año dictada por el JUZGADO y, en su lugar, denegó la medida cautelar solicitada dentro del medio de control de nulidad identificado con el número único de radicación 2025-00085-01.12
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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
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A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a juicio de l actor, incurrió en defecto fáctico, en la medida en que no valoró en debida forma las pruebas documentales que reposaban en el expediente ordinario, entre ellas, la notificación del auto proferido por el JUZGADO que decretó la medida cautelar solicitada, previo al desembolso del dinero correspondiente al empréstito por parte de BANCOLOMBIA S.A.
Sostuvo que también incurrió en defecto sustantivo al desnaturalizar la finalidad preventiva de las medidas cautelares dentro de los procesos ordinarios, puesto que suprimió y/o pasó por alto la obligatoriedad de los efectos de la suspensión provisional dictada por el JUZGADO.
Adujo que el TRIBUNAL incurrió en defecto procedimental, dado que la providencia cuestionada fue notificada de manera extemporánea, esto es, 35 días después de la fecha en que fue proferida, lo cual le impidió ejercer los recursos previstos en el ordenamiento jurídico.13
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Por último, aseguró que el TRIBUNAL incurrió en violación directa de la Constitución, por cuanto pasó por alto los artículos 209 y 334
www.consejodeestado.gov.co Por último, aseguró que el TRIBUNAL incurrió en violación directa de la Constitución, por cuanto pasó por alto los artículos 209 y 334 y desconoció el principio de moralidad administrativa.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial ; y ii) de superarse tal derrotero , establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados e incurrió en los defectos alegados.
De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, los requisitos de la relevancia constitucional y la subsidiariedad.
- De la relevancia constitucional
De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta14
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Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud d e amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.
6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.15
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-07049-00
Actor: EDUARDO ANDRÉS ABAD NAVARRO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [12]. El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales.
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