CE - 010306000202200073001AUTOQUERESUEL20231205110421

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-06-000-2022-00073-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación -Procuraduría Regional de Nariño - y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño Asunto: Autoridad competente para adelantar actuación disciplinaria contra un auxiliar de justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 28 de enero de 2022 2, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto

(Nariño) remitió al Consejo Superior de la Judicatura un informe con implicaciones disciplinarias en contra del señor Juan David Aguirre Portilla, para que lo excluya de la lista de auxiliares de justicia, porque siendo secuestre, dentro del proceso ejecutivo laboral 2016-00160, presuntamente dejó de rendir cuentas de su gestión y no devolvió un bien que estaba bajo su responsabilidad.

la lista de auxiliares de justicia, porque siendo secuestre, dentro del proceso ejecutivo laboral 2016-00160, presuntamente dejó de rendir cuentas de su gestión y no devolvió un bien que estaba bajo su responsabilidad.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 2 Expediente digital, actuación procesal 2, expedientes anexos, carpeta 01, PDF 44, folio 1 al 3.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 2 de 24

2. Mediante Auto del 9 de marzo de 2022 3, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño dispuso remitir este asunto a la Procuraduría Regional de Nariño4.

3. El 18 de marzo de 2022 5, la Procuraduría Regional de Nariño rechazó la competencia para asumir las actuaciones disciplinaria y, en el mismo auto, dispuso remitir el expediente a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39, inciso 3 de la Ley 1437 de 2011, modificado, por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto núm. 045 del 6 de abril de 2022 6, por el término de 5 días hábiles, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

del 6 de abril de 2022 6, por el término de 5 días hábiles, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

En el expediente, consta que se comunicó la existencia del conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Nariño, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño , así como a los señores Juan David Aguirre Portilla, María Eugenia Bárcenas Inguilán, Erick William D íaz Ramos, Juan Francisco Rosero García, Manuel Jesús Zambrano Gómez y Jaime Vicente Agreda7.

De acuerdo con el informe secretarial del 25 de abril de 20228, «[d]entro del término de fijación, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio».

El 3 de junio de 2022 9, mediante auto, la consejera ponente Ana María Charry Gaitán emitió un auto de individualización, en procura de que se conformara un expediente relacionado con cada actuación administrativa, particular y concreta, en razón de que, en el auto mediante el cual la Procuraduría Regional de Nariño le

3 Expediente digital, actuación procesal 2, expedientes anexos, carpeta 01, PDF 002. 4 Vale mencionar que, si bien en la parte resolutiva del auto del 9 de marzo de 2022 la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño ordenó «[r]emitir por competencia, ante la Procuraduría Regional de Nariño, la indagación preliminar adelantada en con tra de JUAN DAVID AGUIRRE

Seccional de Disciplina Judicial de Nariño ordenó «[r]emitir por competencia, ante la Procuraduría Regional de Nariño, la indagación preliminar adelantada en con tra de JUAN DAVID AGUIRRE PORTILLA, en su condición de secuestre […]». En la parte motiva de la providencia se había indicado que «lo procedente sería estudiar la posibilidad de abrir indagación preliminar o investigación formal». En todo caso, de estos hechos resulta claro que el proceso no inició antes del 13 de enero de 2021. 5 Expediente digital, actuación procesal 2, formulación presunto conflicto, PDF 3, folios 41 a 45. 6 Expediente digital, actuación procesal 3, PDF 11. 7 Expediente digital, actuación procesal 1, PDF 19. 8 Expediente digital, actuación procesal 4, PDF 23. 9 Expediente digital, actuación procesal 5, PDF 24.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 3 de 24

solicitó a la Sala dirimir el conflicto, el 18 de marzo de 2022, hizo alusión a los siguientes seis procesos disciplinarios:

• 52001250200020220008600, - 52001250200020211000900, - 52001250200020211025900, - 52001110200020170065800, - 52001110200020170003000, - 52001110200020170003600.

El auto de individualización dio origen a seis conflictos de competencia, entre ellos, el referido a l expediente disciplinario 52001250200020220008600, al cual la Secretaría de la Sala le asignó el radicado número: 11001-03-06-000-2022-00073el referido a l expediente disciplinario 52001250200020220008600, al cual la Secretaría de la Sala le asignó el radicado número: 11001-03-06-000-2022-0007300 y fue remitido, por reparto, a este despacho.

El 24 de agosto de 2022 10, la Sala de Consulta y Servicio Civil declaró su falta de competencia para resolver este conflicto de competencias, y dispuso remitirlo a la Corte Constitucional, con fundamento en que:

En el presente asunto, el proceso disciplinario se promovió en contra de un auxiliar de justicia, por compulsa de copias efectuada el 28 de enero de 2022. La autoridad que debe conocer el proceso puede ser, seg ún las entidades en pugna, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño o la Procuraduría Regional de Nariño. Ambas autoridades ejercen funciones jurisdiccionales. Por ende, la Sala carece de competencia para emitir un pronunciamiento de fondo.

Por consiguiente, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR SU FALTA DE COMPETENCIA para resolver el conflicto de competencias suscitado entre la Procuraduría Regional de Nariño y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño frente al proceso disciplinario adelantado en contra de Juan David Aguirre Portilla, por sus conductas en calidad de auxiliar de la justicia.

SEGUNDO: REMITIR POR COMPETENCIA el expediente a la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

Sin embargo, mediante Auto 1363 del 12 de julio de 202311, la Corte Constitucional resolvió declararse inhibida para pronunciarse sobre el presente asunto, y ordenó

10 Expediente digital, actuación procesal 14, PDF 29. 11 Expediente digital, actuación procesal 23, zip, carpeta 35, CJU0002 430 CC, PDF 05.Auto_136323.CJU_2430. pdf.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 4 de 24

«REMITIR el expediente CJU -2430 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para lo de su competencia», con sustento en que:

[…] no se comparte la afirmación según la cual la Procuraduría Regional de Nariño ejerce funciones jurisdiccionales. Sobre el punto, debe destacarse que, con posterioridad a la emisión de la providencia antes citada, la Sala Plena de la Corte Constitucional profirió la Sentencia C-030 de 2023 en la cual, entre otros, declaró la inexequib ilidad de las funciones jurisdiccionales antes atribuidas a la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, atendiendo los efectos de las decisiones proferidas en sede de control abstracto por esta Corporación, hoy en día no es posible predicar que en el asunto subyacente al conflicto de la referencia verse “entre dos autoridades que están actuando en ejercicio de funciones jurisdiccionales”.

las decisiones proferidas en sede de control abstracto por esta Corporación, hoy en día no es posible predicar que en el asunto subyacente al conflicto de la referencia verse “entre dos autoridades que están actuando en ejercicio de funciones jurisdiccionales”.

El expediente fue remitido a la Sala el 3 de agosto de 2023, mediante el oficio SGCJU-1572, suscrito por la secretaria general de la Corte Constitucional.

El despacho sustanciador emitió un auto de mejor proveer el 6 de septiembre de 2023, en el cual puso en conocimiento de las partes la actuación procesal. Sin embargo, según informe secretarial en relación con este asunto las partes guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. De la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño

La entidad no presentó consideraciones ante la Sala, sin embargo, los argumentos para declarar su falta competencia se expresaron en el Auto del 9 de marzo de 2022, mediante el cual la entidad señaló que, por disposición del artículo 257A de la Constitución Política, adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2015, a partir de la entrada en vigencia del nuevo marco institucional judicial disciplinario, únicamente se encarga de «examinar la conducta de los funcionarios y empleados judiciales y de los abogados», más no de los auxiliares de la justicia.

Según indicó, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que atribuía competencia a las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura para examinar las conductas y sancionar las faltas de los auxiliares de justicia, no es aplicable «por

Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura para examinar las conductas y sancionar las faltas de los auxiliares de justicia, no es aplicable «por excepción de inconstitucionalidad», a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional mencionada . Actualmente, es la PGN la competente para conocer procesos contra los auxiliares de justicia, por ser particulares que ejercen funciones públicas.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 5 de 24

2. De la Procuraduría Regional de Nariño

La entidad no presentó alegatos, no obstante, el sustento para de clarar su falta de competencia puede consultarse en el Auto de fecha 18 de marzo de 2022, mediante el cual la entidad, a la vez que tomó dicha decisión, ordenó remitir el expediente disciplinario a esta Sala.

Según la Procuraduría, por disposición del ar tículo 2º de la Ley 1952 de 2019, modificado por la Ley 2094 de 2021, los auxiliares de justicia, como particulares disciplinables que prestan apoyo a la justicia, son investigados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, según corresponda.

Sin embargo, resaltó que, si la Salta de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado decide que la competencia es de la Procuraduría General de la Nación, entonces de conformidad con el artículo 76 numeral 1 literal e) del Decreto Ley 262 de 2000, dicha competencia estaría en las procuradurías distritales o provinciales

Estado decide que la competencia es de la Procuraduría General de la Nación, entonces de conformidad con el artículo 76 numeral 1 literal e) del Decreto Ley 262 de 2000, dicha competencia estaría en las procuradurías distritales o provinciales con jurisdicción en el lugar donde el auxiliar prestó su apoyo a la administración de justicia.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 6 de 24

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido

[…] [Subrayas añadidas]Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 6 de 24

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, la Procuraduría Regional de Nariño y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, carecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La Parte Primera del Código de P rocedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»12 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo

que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territor iales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado […].

En el mismo sentido, el numeral 10.° del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

12 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 7 de 24

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tri bunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40)

o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tri bunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se analizan a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en determinar la autoridad competente para seguir conociendo el proceso disciplinario abierto contra el señor Juan David Aguirre Portilla , designado como secuestre dentro del proceso ejecutivo laboral 2016-00160, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto.

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C -030 de 2023 13, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplina rias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, ejerce una

la actualidad, las funciones disciplina rias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen, una de ellas, función administrativa (la Procuraduría General de la Nación), y la otra, función jurisdiccional (la Comisión Nacio nal de Disciplina Judicial o las seccionales), por cuanto no se trata de un conflicto entre

13 La Ley 2094 de 2021, en su artículo 1, otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74, que modificaron los artículos 2, 238A y 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-030 de 2023, declaró la inexequibilidad de las funciones ju risdiccionales de la Procuraduría, atribuidas por las referidas normas. Esta decisión fue dada a conocer por la Corte, con el comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 8 de 24

jurisdicciones ni entre autoridades que ejerzan la función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así

jurisdicciones ni entre autoridades que ejerzan la función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3, 39 y 112 del Cpaca, y de los artículos 2 y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Así lo ratificó, además, la Corte Constitucional, en este caso concreto, al devolver el conflicto de competencias a la Sala, mediante el Auto 1363 del 12 de julio de 2023.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen la competencia para conocer de la actuación o el asunto en particular.

Las dos autoridades involucradas en el conflicto -la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Regional de Nariño, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño - rechazaron la competencia para continuar con la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por medio de la Procuraduría Regional de Nariño, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, que forma parte de la Rama Judicial.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la

Regional de Nariño, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Nariño, que forma parte de la Rama Judicial.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Códi go de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»14.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

14 La remisión al artículo 14 del Cpaca debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 9 de 24

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas p or autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará

deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la función de definir la autoridad competente para iniciar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario que se sigue contra el señor Juan David Aguirre Portilla, en su calidad

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar el proceso disciplinario que se sigue contra el señor Juan David Aguirre Portilla, en su calidad de auxiliar de la justicia (secuestre), por los pre suntos in cumplimientos de los deberes que le imponía su encargo, dentro de l proceso ejecutivo laboral 201600160, adelantado por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pasto.

En concepto de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conllev ó la pérdida de la competencia que estaba asignada a las salas disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales, para investigar disciplinariamente a los auxiliares de la justicia.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 10 de 24

En contraste, la Procuraduría Regional de Nariño declaró su falta de competencia, por considerar que la Ley 1952 de 2019, modific ada por la Ley 2094 de 2021 le otorgó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las respectivas seccionales la función de investigar a los particulares disciplinables conforme a esa ley, dentro de los cuales se encuentran los auxiliares de la justicia.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración;

1. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable, y vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración15

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 201216, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos . Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas , imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…] [Subrayas fuera del texto original].

15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 22 de junio de 2021, expediente 11001-03-06-000-2021-00025-00. 16 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Radicación núm.:11001-03-06-000-2022-000073-00 Página 11 de 24

Ahora bien, la Corte Constitucional 17 ha señalado que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas, de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado18 que los auxiliares de la justicia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo

servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer d e procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, as