CE - 010324000202100368001AUTOQUERESUEL20230321075020

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad Expediente: 11001-0324-000-2021-00368-00

Actor: Aida Helena Vergara Vergara Demandados: Superintendencia Nacional de Salud Tema: Niega medida cautelar de suspensión provisional del literal B) de la Circular Externa N.o 02 de 2021 que modificó el párrafo 1° del numeral 1° del literal II de la Circular Externa N.o 013 de 2020. Competencias de la Superintendencia Nacional de Salud para impartir instrucciones sobre el cálculo del patrimonio adecuado

Auto que resuelve solicitud de medida cautelar

El Despacho procede a resolver la solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del numeral 1° del literal b) de la Circular No. 02 de 2021 que modificó el párrafo 1° del numeral 1° del literal II de la Circular Externa No. 013 de 2020 1, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La ciudadana Aida Helena Vergara Vergara, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la Superintendencia Nacional de Salud en la que elevó las siguientes pretensiones:

[…] Declarar la nulidad del párrafo 1 del numeral 1 del literal II Capital mínimo y

Contencioso Administrativo – CPACA, presentó demanda en contra de la Superintendencia Nacional de Salud en la que elevó las siguientes pretensiones:

[…] Declarar la nulidad del párrafo 1 del numeral 1 del literal II Capital mínimo y Patrimonio Adecuado de la Circular Externa 013 de 2020 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Declarar la nulidad del numeral 1 literal a, del literal B de la Circular 02 de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud […]

2. Este Despacho, mediante auto de 30 de agosto de 2021, admitió la demanda y ordenó notificar al Superintendente Nacional de Salud.

I.2. Solicitud de medida cautelar

3. En un acápite del libelo petitorio, la demandante solicitó la suspensión provisional del párrafo 1° del numeral 1° del literal II de la Circular Externa No. 013 de 2020 y del

1 Denominado: «de capital mínimo y patrimonio adeudado»Radicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

2 numeral 1° del literal b) de la Circular No. 02 de 2021, tras considerar que esos actos administrativos vulneran el artículo 240 de la Ley 1955 , el artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016, las Resoluciones 205 del 2020 y 586 del 2021, el artículo 6 del Decreto 2462 de 2013, la Ley 100 de 1993 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

4. Como sustento de tal vulneración, sostuvo que la Superintendencia Nacional de

Decreto 2462 de 2013, la Ley 100 de 1993 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

4. Como sustento de tal vulneración, sostuvo que la Superintendencia Nacional de Salud carecía de competencia para expedir la regulación cuestionada, teniendo en cuenta que ni la Ley 100 de 1993, ni el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 y tampoco el artículo 6 del Decreto 2462 de 2013 , le encomendaron tal atribución.

Sumado a ello, agregó que la autoridad demandada «excedió su potestad reglamentaria» porque incluyó como ingresos operacionales par a el cálculo del patrimonio adecuado y de las reservas técnicas de las EPS, de las entidades adaptadas al SGSSS y de las Cajas de Compensación Familiar, «unos ingresos que no tienen connotación de operacionales».

5. Aclaró que: «tanto la Resolución 205 de 2020 sustituida por la Resolución 586 de 2021, así como el artículo 240 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), no contemplan que los recursos destinados para la financiación de servicios y tecnologías en salud no contenidos en el plan de beneficios y/o no financiados con cargo a la UPC, es decir los denominados “presupuestos máximos”, sean considerados ingresos de las EPS y demás actores , y menos aún que sean ingresos operacionales, pues el mismo contenido del artículo 240 de la Ley 1955 d e 2019 descarta ese alcance y naturaleza».

6. Destacó que el artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016 «establece los

ingresos operacionales, pues el mismo contenido del artículo 240 de la Ley 1955 d e 2019 descarta ese alcance y naturaleza».

6. Destacó que el artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016 «establece los diferentes componentes y criterios para establecer y calcular el patrimonio de los actores antes mencionados, dentro de los cuales se des tacan aquellos que componen el capital primario de las Entidades o sujetos, que no es otro que las diferentes fuentes de ingresos que allí se señalan, y que permiten desarrollar la operación que les fue encomendada a estos actores como delegatarios del Est ado Colombiano por mandato legal».

7. Adujo que: «dentro de este listado de ingresos que trae el numeral 1° del artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016 que componen el capital primario, no se hace relación alguna de los recursos que reciben las EPS, las Cajas de Compensación Familiar y las Entidades adaptadas al SGSSS para la prestación y garantía de los servicios no financiados con cargo a la UPC y/o no cubiertos en el Plan de Beneficios en Salud - NO PBS». Dichos recursos, añadió, tampoco se incluyen dentro de los componentes que para el cálculo del patrimonio adecuado determina el parágrafo 2° de la misma norma y, menos aun, dentro del régimen de las reservas técnicas.

8. Expuso que: «los servicios y tecnologías en salud no contenidas en el plan de beneficios y/o no financiadas con cargo a la UPC son servicios cuya garantía se encuentra en cabeza exclusiva y directa del Estado, tal como lo disponen la Ley 100

8. Expuso que: «los servicios y tecnologías en salud no contenidas en el plan de beneficios y/o no financiadas con cargo a la UPC son servicios cuya garantía se encuentra en cabeza exclusiva y directa del Estado, tal como lo disponen la Ley 100 de 1993, y según se ha desa rrollado en las Sentencias T-760 de 2008 y SU-480 deRadicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

3 1998 de la Corte Constituciona l. Ello significa que estos recursos no comportan la ejecución de la operación de las Entidades destinatarias de las Circulares objeto de demanda, sino la intermediación o delegación del Estado a través de las mismas para la garantía de servicios y tecnologías en salud que no se encuentran financiadas con los demás recursos que si comportan los ingresos operacionales».

9. Finalmente, e xplicó que la Superintendencia « está creando y modificando situaciones jurídicas determinadas a los administrados al reglamentar los ingresos que deben ser considerados como operacionales y (…) al cambiar las reglas de juego a las aseguradoras agregando otro tipo de ingresos, empero no operacionales, para el cálculo del patrimonio adecuado y reservas técnicas, lo que conlleva a la capitalización desequilibrada en contra de estos actores o sujetos vigilados».

II.TRASLADO DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

10. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado2 a la entidad demandada para que se pronunciara sobre la misma en el término de cinco días (5) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

10. De la solicitud de medida cautelar se corrió traslado2 a la entidad demandada para que se pronunciara sobre la misma en el término de cinco días (5) días, de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del CPACA.

11. La Superintendencia Nacional de Salud, por conducto de apoderada3, se opuso al decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de las disposiciones acusadas por cuanto, a su juicio, la solicitud no cumple con lo s presupuestos y requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA, toda vez que no fue debidamente sustentada, pues la parte actora se limitó a indicar que los apartes de la Circular Externa N .o 13 y 2 de 2021 que se demandan desconocen que los servicios y tecnologías en salud no contenidas en el plan de beneficios o no financiadas con cargo a la UPC son servicios cuya garantía se encuentra en cabeza exclusiva y directa del

Estado.

III. CONSIDERACIONES

12. Para efectos de resolver la solicitud cautelar y por razones metodológicas, la Sala Unitaria empezará por efectuar: (i) un análisis de las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo; (ii) un estudio de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo; para posteriormente (iii) resolver cada uno de los reparos.

III.1. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

13. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011 está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como

13. Uno de los motivos que inspiraron la expedición del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA - Ley 1437 de 2011 está relacionado con el fortalecimiento de los poderes del juez. Fue así como

2 Auto de 30 de agosto de 2021. Índice 5 Expediente Digital Samai 3 Índice 12 Expediente Digital Samai.Radicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

4 el nuevo Código creó un moderno y amplio régimen de medidas cautelares, adicionales a la suspensión provisional de actos administrativos, y en su artículo 229 le da una amplia facultad al juez para que decrete las medidas cautelares que estime necesarias para «proteger y garantizar, temporalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia».

14. En esta última disposición (art. 229) se indica que las medidas cautelares proceden: i) en cualquier momento; ii) a petición de parte debidamente sustentada , y iii) en todos los procesos declarativos promovidos ante la Jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo.

15. En cuanto al compendio de medidas cautelares que hace el CPACA en su artículo 230, es importante resaltar su clasificación como: i) preventivas (numeral. 4), cuando impiden que se consolide una afectación a un derecho; ii) conservativas (numeral 1 primera parte), si buscan mantener o salvaguardar un statu quo; iii) anticipativas de un perjuicio irremediable (numerales 1 segunda parte, 2 y 3) , por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión

un perjuicio irremediable (numerales 1 segunda parte, 2 y 3) , por lo que vienen a satisfacer por adelantado la pretensión del demandante; y iv) de suspensión (numerales 2 y 3), que corresponden a la medida tradicional en el proceso contencioso administrativo de privación temporal de los efectos de una decisión administrativa4.

16. En cuanto a los criterios de aplicación que debe seguir el juez para la adopción de una medida cautelar, como ya se anunció, este cuenta con un amplio margen de discrecionalidad, si se atiende a la redacción de la norma que señala que «podrá decretar las que considere necesarias»5. No obstante lo anterior, a voces del artículo 229 del CPACA, su decisión estará sujeta a lo regulado en dicho Estatuto, previsión que apunta a un criterio de proporcionalidad, si se armoniza con lo dispuesto en el artículo 231 ídem, según el cual para que la medida sea procedente el demandante debe presentar «documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla».

III.2. La medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo acusado

17. En el marco de las diversas medidas cautelares, instauradas en el nuevo proceso contencioso administrativo6 se encuentra la figura de la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos , prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes del CPACA.

4 Artículo 230 del CPACA 5 Artículo 229 del CPACA

efectos de los actos administrativos , prevista en el artículo 238 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 231 y siguientes del CPACA.

4 Artículo 230 del CPACA 5 Artículo 229 del CPACA 6 El artículo 230 del CPACA. señala que el Juez puede decretar, cuando haya lugar a ello, “ una o varias de las siguientes” cautelas: ordenar que se mantenga una situación, o se restablezca el estado de cosas anterior a la conducta “vulnerante o amenazante”, cuando fuere posible (numeral 1); suspender un procedimiento o actuación administrativa, incluso de carácter contrac tual, dentro de ciertas condiciones (numeral 2); suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (numeral 3); ordenar que se adopte una decisión, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos; (numeral 5) Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.Radicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

5

18. Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida, esto en razón de que s u finalidad está dirigida a «evitar, transitoria mente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».7

administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho».7

19. Respecto de los requisitos previstos en el artículo 231 del CPACA sobre la procedencia de una solicitud cautelar de suspensión provisional, esta Sección recientemente precisó que la verificación de los criterios de: (i) fumus boni iuris , o apariencia de buen derecho, y (ii) periculum in mora , o perjuicio de la mora, se entiende acreditada en el evento en que el demandante demuestre que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas8. En tal sentido, la Sala, en la providencia de 13 de mayo de 20219, precisó lo siguiente:

[…] Para el caso de la suspensión provisi onal de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), el perjuicio por la mora se configura cuando se advierte prima facie la vulneración de las normas superiores invocadas en la demanda , porque no es admisible en el marco de un Estado de Derecho que actos que lesionan el ordenamiento jurídico superior pueden continuar produciendo efectos jurídicos mientras transcurre el proceso judicial.

En cuanto al “fumus boni iuris ”, o la apariencia de buen derecho, (…) [e]n relación con la s uspensión provisional de los efectos jurídicos de un acto administrativo (art. 231 del CPACA), (…) basta que, como consecuencia de la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […] 10 (negrillas fuera del

la argumentación jurídica planteada por el peticionario, el juez advierta la vulneración del ordenamiento jurídico superior para acceder a la suspensión provisional de los efectos del acto acusado […] 10 (negrillas fuera del texto original

III.3. El caso concreto

20. Tal y como se expuso en los antecedentes de la presente providencia , la ciudadana Aida Helena Vergara Vergara solicitó la suspensión provisional del párrafo 1° del numeral 1° del literal II de la Circular Externa No. 013 de 2020 modificado por el numeral 1° del literal b) de la Circular No. 02 de 2021, tras sostener que esos preceptos normativos vulneran el artículo 240 de la Ley 1955 , el artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016 , las Resoluciones 205 del 2020 y 586 del 2021, el artículo

7 Providencia citada ut supra, consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez; auto de 19 de junio de 2020; Expediente con núm. único de radicación: 110010324000201600295-00. 9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Secció n Primera, número único de radicación 54001 -23-33-000-201800285-01, CP. Oswaldo Giraldo López. 10 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez

10 Criterio que la Sala ya había sostenido en providencia de 20 de junio de 2020 (número único de radicación 11001-03-24-000-2016-00295-00, CP: Hernando Sánchez Sánchez) al señalar que: “[…] cuando el juez administrativo determina, dentro de un proceso de nulidad, que el acto acusado es contrario a las normas superiores invocadas, se entiende que está implícita per se la verificación de los criterios de fumus boni iuris y periculum in mora […]”.Radicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

6 6 del Decreto 2462 de 2013 , la Ley 100 de 1993 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016.

21. Es pertinente tener en cuenta que el numeral 1° del literal b) de la Circular No. 02 de 2021 modificó el párrafo 1° del numeral 1° del literal II de la Circular Externa No. 013 de

2020, en el siguiente sentido:

[…] B. INSTRUCCIONES PARA LAS ENTIDADES ADAPTADAS AL SISTEMA,

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y

SUBSIDIADO

a.) Modifíquese el numeral 1 del literal II Capital mínimo y Patrimonio Adecuado de la Circular Externa 013 de 2020, expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, el nuevo texto será el siguiente:

1. Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 205 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos asignados del presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios y tecnologías

1. Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 205 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, los recursos asignados del presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), son considerados ing resos operacionales y serán tenidos en cuenta en el cálculo de que trata el literal a) del numeral 2 del artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016. Asimismo, se tendrán en cuenta los costos de los servicios y tecnologías financiados con cargo a este pre supuesto para el cálculo que trata el literal b) del numeral 2 del artículo 2.5.2.2.1.7. del Decreto 780 de 2016.

La aplicación de las disposiciones del presente numeral, se realizarán de la siguiente manera: Hasta noviembre de 2021 el 0%, a partir del 1 de diciembre 2021 se tendrá en cuenta el 25% de dichos costos e ingresos operacionales; a partir del 1º de diciembre 2022 se tendrá en cuenta el 50%, a partir del 1º de diciembre de 2023 se tendrá en cuenta el 75%, y a partir del 1º de diciembre de 2024, se tendrá en cuenta el 100% de los costos e ingresos operacionales. […]

22. Como puede apreciarse, la norma acusada clasificó como ingresos operacionales de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, de las Entidades

22. Como puede apreciarse, la norma acusada clasificó como ingresos operacionales de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), de las organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud, de las Entidades Adaptadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y de las Cajas de Compensación Familiar, a «los recursos asignados del presupuesto máximo para la gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la Unidad de Pago por Capitación - UPC y no excluidos de la financiación con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS»

23. Este precepto también precisó que tales recursos serian considerados en el cálculo del patrimonio adecuado de que tratan los literales a) y b) 11 del artículo

11 a) (…)El ocho por ciento (8%) de los siguientes ingresos operacionales percibidos en los últimos doce (12) meses: La Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor reconocido a las EPS del Régimen Contributivo para el desa rrollo de las actividades de promoción y prevención, los aportes del plan complementario, el valor reconocido por el sistema para garantizar el pago de incapacidades, el valor de cuotas moderadoras y copagos, el valor reconocido para enfermedades de alto costo y demás ingresos de la operación de acuerdo con lo que defina la Superintendencia Nacional de Salud. (…) b) La suma anterior se multiplicará por el valor resultante de la relación existente entre los costos y gastos originados en los siniestros relati vos a la atención de la cobertura del riesgo en salud , menos el montoRadicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

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originados en los siniestros relati vos a la atención de la cobertura del riesgo en salud , menos el montoRadicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

7 2.5.2.2.1.7. del Decreto 780 de 2016. Además, fijó unos plazos para que los actores del sistema progresivamente cumplan con ese respaldo presupuestal.

24. En atención a lo anterior, la demandante solicitó la suspensión provisional de ese acto administrativo con fundamento en dos razones. En primer lugar, adujo que la Superintendencia Nacional de Salud no era la entidad competente para determinar cuáles son los ingresos de las EPS que tienen connotación de operacionales o que hacen parte de su régimen de reservas técnicas, pues el artículo 6° del Decreto 2462 de 2013, la Ley 100 de 1993 y el Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 , no le otorgaron tal competencia.

25. En segundo lugar, explicó que ni el artículo 240 de la Ley 1955, ni el artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016, ni las Resoluciones 205 del 2020 y 586 del 2021, prevén que los recursos destinados para la financiación de servicios y tecnologías en salud no contenidos en el plan de beneficios y/o no financiados con cargo a la UPC, deban ser considerados como ingresos de las EPS, de las Cajas de Compensación Familiar y de las Entidades adaptadas al SGSSS.

26. En su criterio, el artículo 240 de la Ley 1955 no delegó a las EPS y demás actores del sistema de salud el deber de garantizar el acceso a los servicios y tecnologías

Familiar y de las Entidades adaptadas al SGSSS.

26. En su criterio, el artículo 240 de la Ley 1955 no delegó a las EPS y demás actores del sistema de salud el deber de garantizar el acceso a los servicios y tecnologías en salud no contenidos en el PBS o no financiados con cargo a la UPC, sino que adoptó un nuevo mecanismo de giro para su financiación, el cual reconoce los costos con anterioridad a la prestación del servicio.

27. Con fundamento en las anteriores premisas, este Despacho, por razones metodológicas, procederá al estudio separado de ambos reparos para posteriormente establecer si resulta o no procedente el decreto de la medida cautelar solicitada.

III.3.1. La facultad de la Superintendencia Nacional de Salud para determinar cuáles son los ingresos de las EPS que hacen parte del presupuesto adecuado

28. Para abordar el primer planteamiento, es necesario tener en cuenta que : «la validez del acto administrativo depende, entre otras razones, de que sea expedido por el funcionario o la autoridad pública habilitada por el ordenamiento jurídico para ello, es decir, que tal función se encuentre dentro de la órbita de las atribuciones asignadas en la Constitución, la ley o el reglamento» 12.

29. En ese orden , cabe mencionar que el artículo 39 de la la Ley 1122 de 2007 13 encomendó a la Superintendencia Nacional de Salud la función de «velar por la

correspondiente a los siniestros de la misma naturaleza reconocidos a la entidad por un tercero reasegurador originados en la transferencia de riesgo, sobre los costos y gastos originado s en los siniestros a cargo de la entidad ya mencionados.

correspondiente a los siniestros de la misma naturaleza reconocidos a la entidad por un tercero reasegurador originados en la transferencia de riesgo, sobre los costos y gastos originado s en los siniestros a cargo de la entidad ya mencionados. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Exp. 11001032400020160045700. C.P. Oswaldo Giraldo López. 13 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.Radicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

8 eficiencia en la generación, recaudo, flujo, administración, custodia y aplicación de los recursos con destino a la prestación de los servicios de salud».

30. En armonía con lo anterior , dicha entidad es la encargada de efectuar el «seguimiento, monitoreo y evaluación del Sistema General de Seguridad Social en Salud para solicitar, confirmar y analizar de manera puntual la información que se requiera sobre la situación de los servicios de salud (…) sus recursos (…) (y) la situación (…) financiera», y tiene la función de «advertir, prevenir, orientar, asistir y propender porque las entidades encargadas del financiamiento, aseguramiento, prestación del servicio de salud (…), cumplan con las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud», todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los literales b) y c) del artículo 35 y en los literales a) y g) del articulo 40 ibidem.

31. Cabe destacar, igualmente, que el artículo 7° del Decreto 1080 de 10 de

en los literales b) y c) del artículo 35 y en los literales a) y g) del articulo 40 ibidem.

31. Cabe destacar, igualmente, que el artículo 7° del Decreto 1080 de 10 de septiembre de 2021, también indicó que al Superintendente Nacional de Salud le corresponde: «emitir instrucciones a los sujetos vigilados sobre el cumplimiento de las disposiciones normativas que regulan su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación».

32. Estas atribuciones «evita(n) que los recursos destinados a la seguridad social en salud se destinen a fines diferentes », pues la eficiencia, la sostenibilidad y la transparencia son principios que guían del Sistema General de Seguridad Social en Salud, según lo ordenado por el literal g) del artículo 154 de la Ley 100 , y por el artículo 3° de la Ley 1438 de 2011.

33. En este contexto normativo, el Gobierno nacional precisó, a través del D ecreto 2702 de 2014 14, la forma en que el Estado verifica ría si los actores del sistema cuentan con los márgenes de solvencia y de capacidad financiera necesarios para operar de manera adecuada.

34. Por las mismas razones, el artículo 18 de la Resolución 205 de 202015 facultó a la Superintendencia Nacional de Salud para que definiera los recursos del “presupuesto máximo” que harían parte del «patrimonio adecuado», tal y como puede apreciarse

a continuación:

[…] Artículo 18. Condiciones financieras. Las entidades a que hace referencia

máximo” que harían parte del «patrimonio adecuado», tal y como puede apreciarse a continuación:

[…] Artículo 18. Condiciones financieras. Las entidades a que hace referencia el artículo 2.5.2.2.1.2 del Decreto 780 de 2016 deberán atender lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud en relación con los recursos del presupuesto máximo de cada EPS o EOC, y su incidencia en las condiciones financieras:

14 Compilado en el Decreto 780 de 2016 y modificado por los Decretos 2117 de 2016, 718 de 2017, 1424 de 2019 y 1683 de 2019. Adicionalmente, el artículo 24 de la Ley 1438 de 2011 facultó al Gobierno Nacional para expedir la reglamentación encaminada a que las EPS cuenten con los márgenes de solvencia, la capacidad financiera, técnica y de calidad para operar de manera adecuada. 15 Expedida por el Ministerio de Salud y Protección SocialRadicación: 11001032400020210036800

Demandante: Aida Helena Vergara Vergara

9 18.1. Patrimonio Adecuado . En el marco de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.5.2.2.1.7 del Decreto 780 de 2016. la Superintendencia Nacional de Salud definirá l a forma en que se reflejarán los recursos del presupuesto máximo en el cálculo del patrimonio adecuado.

18.2. Reservas técnicas. La Superintendencia Nacional de Salud definirá el tipo de reservas técnicas asociadas a los recursos del presupuesto máximo a que hace referencia la presente resolución , atendiendo lo establecido en el

18.2. Reservas técnicas. La Superintendencia Nacional de Salud definirá el tipo de reservas técnicas asociadas a los recursos del presupuesto máximo a que hace referencia la presente resolución , atendiendo lo establecido en el numeral 1 del artículo 2.5.2.2.1.9 del Decreto 780 de 2016, así como sus condiciones de aplicabilidad y transición” […] (negrillas fuera del texto)

35. Esa norma posteriormente fue sustituida por el artículo 17 de la Resolución 586 de 2021 manteniendo la aludida competencia, en los siguientes términos:

[…] Artículo 17. — Condiciones financieras. Las entidades a que hace referencia el artículo 2.5.2.2.1.2 del Decreto 780 de 2016, deberán atender lo establecido por la Superintendencia Nacional de Salud en relación con los recursos del presupuesto máximo de cada EPS o EOC, y su incidencia en las condiciones financieras:

17.1. P